Yasiel Rojas Álvarez
Expediente 567/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 1 actuación registrada, la última del 25 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 567/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 25/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Yasiel Rojas Álvarez
Actuaciones
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Víctor Moisés Sánchez Ramírez a favor de Yasiel Rojas Álvarez, contra actos de este juzgado y de otras autoridades, por violación a diversos preceptos Constitucionales, la Jueza acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 567/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la citada demanda, habida cuenta que se señala como autoridad responsable al Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. Se afirma ello pues la parte quejosa señala como responsable: "I. Autoridades responsables. a) Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la Ciudad del mismo nombre." Las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, en virtud de que el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o de las partes. De la demanda de amparo presentada por Víctor Moisés Sánchez Ramírez, en representación de Yasiel Rojas Álvarez, contra actos del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas y otras autoridades, en su capítulo relativo a los actos reclamados, se desprende, que reclama los siguientes: falta de atención médica, (ii) incomunicación, (iii) la detención ilegal fuera de procedimiento en la Estación Migratoria con fines de deportación, expulsión o repatriación." Asimismo, en el apartado referente a las autoridades responsables, en lo que interesa, señala como tal al: uez Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la Ciudad del mismo nombre." Y, aunque de la demanda de amparo recibida no se advierte de forma específica y puntual, qué acto reclama de cada una de las autoridades, lo cierto es que la parte quejosa señala de manera concreta a este juzgado como autoridad responsable, por lo que, debemos atender al contenido de los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo, remítase la demanda de que se trata a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, a efecto de que remita los autos originales al Juzgado de Distrito de Zacatecas, que por razón de turno le corresponda conocer el presente asunto, dejando en este Juzgado copia certificada de dicha demanda a fin de formar el cuaderno de antecedentes correspondiente. TURNO A LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMUN. En mérito de lo expuesto, sin proveer sobre la admisión de la demanda, con apoyo en los artículos citados de la Ley de Amparo, remítase oficio a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, para que realice registro correspondiente de la demanda (con registro OCC: 20220922005000059, folio electrónico 3280216) y expida la boleta de turno respectiva, a fin de estar en condiciones de remitirla al juzgado que así corresponda. SUSPENSIÓN DE PLANO. El promovente hace consistir los actos reclamados en: Falta de atención médica. Incomunicación. Detención ilegal fuera de procedimiento en la Estación Migratoria con fines de deportación, expulsión o repatriación. En el entendido que el directo quejoso Yasiel Rojas Álvarez es extranjero, de nacionalidad Cubana. Así las cosas, con sustento en los artículos 15, 125, 160 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de oficio y de plano en favor de Yasiel Rojas Álvarez, respecto de los actos precisados con antelación. Para que cesen de inmediato los actos consistentes en Incomunicación. Debiendo las autoridades responsables hacer del conocimiento del directo quejoso el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, para lo cual, las responsables Migratorias deberán permitir al directo quejoso que utilice el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para tales efectos; asimismo, para que se le permita ver a sus abogados o persona de confianza. Para que en caso de haberse ordenado la deportación, expulsión o repatriación, del quejoso, estas no se ejecuten, hasta en tanto se resuelva el presente juicio de amparo. Para que en caso de que las autoridades responsables se encuentren ejecutando la detención "ilegal fuera de procedimiento" que refiere el promovente, con vista en las manifestaciones realizadas en la demanda de amparo y en las constancias que obren en sus respectivos expedientes, las autoridades determinen si dicho quejoso se encuentra en situación legal en el territorio nacional, en términos de los artículos 68, 100 y 111 de la Ley de Migración, y se sitúa en alguna hipótesis legal para obtener su libertad; de ser así, deberán poner en inmediata libertad personal a Yasiel Rojas Álvarez, lo cual procederá sólo en el caso de que dichos actos se hayan llevado a cabo fuera de procedimiento y sin orden o mandamiento escrito, conforme a lo previsto a los artículos 15, 126 y 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que quede a disposición de la autoridad migratoria competente para la continuación del procedimiento administrativo migratorio que, en su caso, se haya instaurado en su contra, supuesto en el cual, dicho quejoso deberá ser inmediatamente notificado de la existencia de dicho procedimiento, y las causas y fundamentos con base en los cuales fue instaurado. Ahora bien, para el caso de que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional en vigor, la medida cautelar se concede para el efecto que el quejoso Yasiel Rojas Álvarez quede a disposición de este juzgado por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo noveno del artículo 16 Constitucional establece, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. En esos casos, el efecto de la suspensión será que el quejoso Yasiel Rojas Álvarez, permanezca en el lugar en que se encuentra detenido, retenido o alojado, en la inteligencia de que las autoridades responsables deberán en todo momento respetar los derechos de los agraviados en el Procedimiento Administrativo Migratorio a que se refiere el artículo 102 de la Ley de Migración, así como proveer lo conducente en caso de que los quejosos pretendan garantizar conforme a alguno de los supuestos ahí establecidos a efecto de lograr su estancia regular en el país. Además, otorguen el derecho fundamental de asistencia consular en términos del artículo 36, inciso C), de la Convención de Viena, sobre las relaciones consulares; esto es, deberán informar al detenido sobre su derecho a comunicarse con el representante consular de su país, quien libremente puede decir si ejerce o no, tal derecho; lo anterior, a efecto de respetar la garantía al debido proceso y su libertad a disposición de este juzgado, en términos de lo previsto en el artículo 160 de la Ley de Amparo. No obstante, si la autoridad migratoria, en el ejercicio de sus funciones y disposiciones legales aplicables, determina una causa para dejar en libertad de tránsito al quejoso Yasiel Rojas Álvarez, deberá informarlo a este Juzgado de inmediato, acompañando las constancias que la acrediten. Sin que la suspensión de plano decretada con antelación impida la continuación del procedimiento establecido en la Ley de Migración, ya que éste es de orden público. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de proporcionar atención médica al directo quejoso, ya que refiere está diagnosticado con asma desde los 6 años de edad, además de una gastritis y colitis severa, de los cuales, señala, requiere medicamento (pantoprasol, omeprazol y simedina), con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito decreta la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados. Ello es así, para salvaguardar la vida del quejoso, al guardar una vinculación directa con el derecho a la salud, respecto a tales actos que aquí se reclaman, de omisión de brindarle la atención médica que requiere y le sean brindados y suministrados los medicamentos. Dada la temática que supone el análisis de la solicitud de la medida cautelar, conviene citar el contenido del aludido 4°, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece: Dicha disposición, consagra el derecho humano a la salud, que se traduce en la obligación del Estado de garantizar el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfaga las necesidades de la población, entendiéndose por tales servicios, las acciones dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de la persona. Asimismo, debe decirse que el derecho a la salud no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo, es decir, se traduce en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica. Del citado artículo 4° de la Constitución, que establece que toda persona tiene derecho a la salud, derivan una serie de estándares jurídicos de gran relevancia. El Estado mexicano ha suscrito convenios internacionales que muestran el consenso internacional en torno a la importancia de garantizar al más alto nivel ciertas pretensiones relacionadas con el disfrute de este derecho. La realización progresiva del derecho a la salud a lo largo de un determinado periodo no priva de contenido significativo a las obligaciones de los Estados, sino que les impone el deber concreto y constante de avanzar lo más expedita y eficazmente posible hacia su plena realización. De ahí que las mejoras en salud constituyen un presupuesto para el desarrollo y no una mera consecuencia de este y, por ende, la realización del derecho humano a la salud aparece crecientemente como una regla esencial para saber si realmente hay progreso en un Estado y, al mismo tiempo, como un medio decisivo para obtenerlo. La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad incluye el acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, así como a la educación en materia de salud; programas de reconocimientos periódicos; tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades frecuentes, preferiblemente en la propia comunidad; el suministro de medicamentos esenciales, y el tratamiento y atención apropiados de la salud mental. De igual modo, el derecho a la salud previsto en el artículo 4° de la Constitución, puede entenderse como la obligación del Estado de establecer los mecanismos necesarios para que todas las personas tengan acceso a los servicios de salud encaminados a la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico psicológica. Ello implica, entre otras cuestiones, que el Estado mexicano: a) cuente con un número suficiente de establecimientos, bienes y servicios públicos de salud y centros de atención de la salud, cuya naturaleza dependerá particularmente de su nivel de desarrollo; b) que tales establecimientos estén al alcance de la población, en especial los grupos vulnerables o marginados; y c) que además de resultar aceptables desde el punto de vista cultural deberán ser apropiados desde el punto de vista científico y médico y ser de buena calidad. Así, la lucha contra las enfermedades tiene que ver con los esfuerzos individuales y colectivos de los Estados para facilitar, entre otras cosas, las tecnologías pertinentes, en tanto que la creación de condiciones que aseguren a las personas asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad, no se limita al acceso igual y oportuno a los servicios de salud básicos preventivos, curativos y de rehabilitación, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades. En ese contexto, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 126 del mismo ordenamiento legal, se decreta la suspensión de plano con efectos preventivos y tutelares, para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de sus competencias, realicen los actos correspondientes, a efecto de que bajo su más estricta responsabilidad le proporcionen la atención médica, el tratamiento que estime necesario al quejoso, debiendo suministrarle los medicamentos que requiere para sus padecimientos de asma, gastritis y colitis severa, con la finalidad de no poner en riesgo su salud; lo anterior, hasta en tanto se notifique que causó ejecutoria la sentencia que se dicte en el presente juicio. En la inteligencia que dichas autoridades responsables deberán realizar todas las gestiones necesarias a fin de que, bajo su más estricta responsabilidad, la amparista reciba la atención médica y los medicamentos correspondientes, sin costo alguno. Lo anterior deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que, en el ámbito de sus competencias acaten dicha medida bajo su más estricta responsabilidad. Lo anterior, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, se hará uso de las medidas de apremio previstas en el artículo 237 de la Ley de Amparo; asimismo, se le hace saber que el incumplimiento al anterior mandato judicial constituye un delito previsto y sancionado en el artículo 265, fracción I, de la legislación citada. Comuníquese a las autoridades responsables que la violación a esta medida suspensional genera la comisión de un delito equiparable al de abuso de autoridad, en términos de lo previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. De igual modo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de no cumplir con lo ordenado, se dará vista a las autoridades competentes para que investiguen la comisión del delito que prevé el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo y, por ende, les podrá ser impuesta una pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, con independencia de los demás delitos en que pudieran incurrir. En el entendido que si la autoridad responsable se negara a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: En ese caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano y, en consecuencia, será plenamente responsable de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. OBLIGACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES DE INFORMAR CUMPLIMIENTO A LA SUSPENSIÓN DE PLANO. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 126 y 262, fracción III, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, siguientes a la legal notificación de este acuerdo, informen el inmediato cumplimiento que deberán dar a la suspensión de oficio y de plano decretada a favor del aquí quejoso. Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, como ya se precisó, no implican sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso, los quejosos estuvieran en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país." Lo anterior tiene justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado, los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentra bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarios para salvaguardar la vida de los inmigrantes. DOMICILIO ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con nombres de usuario "VicSanchez", así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio; en consecuencia, se comisiona a la oficial judicial "A", encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a la actuaria judicial para que realicen las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido que, con independencia de lo señalado en la fracción II del artículo 31 de la Ley de Amparo, en cuanto al surtimiento de efectos de las notificaciones por lista, con el objeto de brindar certeza a dichas partes y atendiendo a lo señalado en los diversos numerales 26, fracción IV, 30, fracciones I, párrafo cuarto y II, párrafo segundo, debe señalarse que las notificaciones por vía electrónica únicamente tendrán lugar con motivo de la consulta de la resolución judicial correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que generará la constancia respectiva, o cuando sin haber revocado la referida solicitud, se ingrese un acuerdo al expediente electrónico para la consulta de las partes y, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber realizado la consulta de la resolución respectiva, se genere la constancia que corresponda. Asimismo, se tiene por señalado el número de teléfono celular así como el correo electrónico que proporciona en su escrito, para los efectos que establece el artículo para los efectos a que se refiere el artículo 5º, fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo De La Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. SE AUTORIZAN COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, se autoriza a las partes la expedición a su costa de las copias fotostáticas simples o certificadas de las actuaciones que obren en autos; autorizando su entrega a quienes tengan personalidad reconocida en el presente juicio, previa identificación y constancia que por su recibo se asiente en autos. AUTORIZADOS. Ténganse por autorizados para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Víctor Hugo Venegas Ortiz y Armando Hernández Cruz y a Denisse Ortiz López, y Erika Antonia López Ortega, únicamente para imponerse de autos y oír notificaciones en términos de la segunda parte del párrafo segundo del citado numeral, toda vez que del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación se advierte que no tienen registrado el documento que las autoriza para ejercer la profesión de licenciados en derecho y/o abogados; y, en los mismos términos de estas últimas a Miriam del Carmen Ramírez Argueta, toda vez que no proporciona los datos del documento que la faculta a ejercer la profesión de licenciado en derecho y/o abogada.
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