Yaset Remis Domínguez

Expediente 369/2019 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
369/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
05/06/2019

Partes del expediente

  • Yaset Remis Domínguez

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a cinco de junio de dos mil diecinueve. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió el auto en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado estado dicho proveído. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el numeral 214 de la ley de la materia, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda, en autos no constan documentos originales exhibidos por la parte quejosa y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente y una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de destrucción por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción I, del punto vigésimo primero del referido acuerdo.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, a través del cual remite el juicio de amparo 724/2019, promovido por Yaset Remis Domínguez, contra actos del director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, al considerar que es legalmente incompetente para conocer de dicho asunto por razón de materia, y declina competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, correspondiendo su conocimiento a este órgano de control constitucional. En ese sentido, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 369/2019; acúsese recibo. Ahora, destaca que los actos reclamados consisten en "la orden de detención, la prohibición o limitante para transitar libremente por territorio nacional, retención, deportación, destierro y posible desaparición forzada y su ejecución", de cuyos antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: ". me encuentro establecido de manera temporal en esta Ciudad de México, sin embargo, tal como se habla en las noticias y como un hecho notorio, han ocurrido detenciones y deportaciones masivas de extranjeros, por lo que tengo el temor fundado de que la autoridad responsable ordenadora, de manera ilegal, infundada y motivada, ordene mi detención y me imponga la prohibición o limitante para transitar libremente por territorio nacional (República Mexicana), me retenga, me deporte, me destierre y/o me exponga o propicie mi posible desaparición forzada y, la autoridad responsable ejecutora efectúe la ejecución de los actos que se reclaman". Asimismo, se aprecian en la foja 8 del escrito de demanda, las siguientes manifestaciones: ". ese H. Juzgado Federal no debe menos que otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables en el ámbito de su competencia, no ordenen mi detención.". Establecido lo anterior, este juzgado considera que en el caso, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". El artículo 5°, fracción I, de la legislación de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del peticionario de amparo, al no existir agravio alguno, pues en el apartado correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió que tiene temor "fundado" de que se verifiquen los mencionados actos, derivado de que "tal como se habla en las noticias y como es un hecho notorio, han ocurrido detenciones y deportaciones masivas de extranjeros"; sin embargo, no aportó algún hecho o razón que permita inferir que esa afectación a su libertad personal sea real y actual, es decir, no existen elementos que permitan establecer, por lo menos indiciariamente, que se hubiesen pretendido ejecutar los actos impugnados. En el entendido que tales actos, al menos acorde con el planteamiento de la demanda, no pueden considerarse futuros e inminentes para la procedencia del juicio. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen a la parte quejosa deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia, condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de los actos, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, no le causan perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos.

  4. Principal

    Con apoyo en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa, el proveído de veintiuno de mayo pasado, por medio de lista, que en lo conducente dice: "...Ciudad de México, a veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en esta ciudad, a través del cual remite el juicio de amparo 724/2019, promovido por Yaset Remis Domínguez, contra actos del director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Secretaría de Gobernación y otras autoridades, al considerar que es legalmente incompetente para conocer de dicho asunto por razón de materia, y declina competencia en favor del Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, correspondiendo su conocimiento a este órgano de control constitucional. En ese sentido, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; fórmese expediente; regístrese en el libro de gobierno bajo el orden 369/2019; acúsese recibo. Ahora, destaca que los actos reclamados consisten en "la orden de detención, la prohibición o limitante para transitar libremente por territorio nacional, retención, deportación, destierro y posible desaparición forzada y su ejecución", de cuyos antecedentes narrados por el quejoso bajo protesta de decir verdad, se advierte lo siguiente: ". me encuentro establecido de manera temporal en esta Ciudad de México, sin embargo, tal como se habla en las noticias y como un hecho notorio, han ocurrido detenciones y deportaciones masivas de extranjeros, por lo que tengo el temor fundado de que la autoridad responsable ordenadora, de manera ilegal, infundada y motivada, ordene mi detención y me imponga la prohibición o limitante para transitar libremente por territorio nacional (República Mexicana), me retenga, me deporte, me destierre y/o me exponga o propicie mi posible desaparición forzada y, la autoridad responsable ejecutora efectúe la ejecución de los actos que se reclaman". Asimismo, se aprecian en la foja 8 del escrito de demanda, las siguientes manifestaciones: ". ese H. Juzgado Federal no debe menos que otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que las responsables en el ámbito de su competencia, no ordenen mi detención.". Establecido lo anterior, este juzgado considera que en el caso, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; .". El artículo 5°, fracción I, de la legislación de la materia, establece: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. .". De la interpretación sistemática de estos dispositivos, se aprecia que la legitimación para promover el amparo se limitó a quienes aducen ser titulares de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y que con motivo de la ley, acto u omisión reclamados, se produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica. En otras palabras, sólo quien se vea afectado en su esfera jurídica derivado de la ley, acto u omisión reclamada, es quien se encuentra legitimado para instar la acción constitucional de amparo (sea como persona en sí misma considerada o como miembro de una colectividad con interés legítimo). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha diferenciado el interés jurídico del legítimo, acorde con sus elementos estructurales, criterio que se plasmó en la tesis 2a.LXXX/2013 (10a.), publicada en la página 1854 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIV, septiembre de 2013, Tomo 3, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". En ese contexto, atendiendo a la naturaleza de los actos que nos ocupan, conviene abundar en relación con el interés jurídico. La afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto, omisión o ley violatoria de sus derechos fundamentales, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular, de ahí que para que la acción constitucional proceda, no basta que sea impulsada por un interés cualquiera o "simple", sino que es necesario que ese interés tenga sustento en un derecho derivado de la ley a exigir del gobernado determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia lógica, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el entonces Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 581, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, Tomo VI, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO". Bajo esas consideraciones, en el caso, es inconcuso que los actos reclamados no afectan el interés jurídico del peticionario de amparo, al no existir agravio alguno, pues en el apartado correspondiente a los antecedentes, bajo protesta de decir verdad, refirió que tiene temor "fundado" de que se verifiquen los mencionados actos, derivado de que "tal como se habla en las noticias y como es un hecho notorio, han ocurrido detenciones y deportaciones masivas de extranjeros"; sin embargo, no aportó algún hecho o razón que permita inferir que esa afectación a su libertad personal sea real y actual, es decir, no existen elementos que permitan establecer, por lo menos indiciariamente, que se hubiesen pretendido ejecutar los actos impugnados. En el entendido que tales actos, al menos acorde con el planteamiento de la demanda, no pueden considerarse futuros e inminentes para la procedencia del juicio. Lo anterior es así, porque el Máximo Tribunal de justicia del país determinó que para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, el agravio que los actos reclamados causen a la parte quejosa deben ser actuales, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causarán dicha afectación. En consecuencia, las posibilidades o eventualidades concernientes a que alguna autoridad cause a una persona determinada un daño o un perjuicio, sin que la producción de este sea inminente o pronta a suceder, no pueden reputarse propiamente como integrantes de un agravio que haga procedente el juicio de amparo, pues el artículo 5º de la ley de la materia, condiciona su promoción a que los actos reclamados perjudiquen a la parte quejosa. Por consiguiente, si de la lectura de la demanda no se infiere la inminencia de los actos, es evidente que no existe el agravio que refiere el amparista y, por ende, no le causan perjuicio alguno. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente la demanda de amparo, por los motivos expuestos...".

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