Yaritzi Ximena García Sánchez
Expediente 1071/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1071/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yaritzi Ximena García Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda ante la autoridad responsable. Por escrito presentado el dieciséis de agosto de dos mil veintitrés (fojas 2-19), en el Buzón Judicial del Décimo Primer Circuito, con sede en Morelia, Michoacán, ********************, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Rectora y Presidenta del Consejo Universitario; Secretario General y Secretario del Consejo Universitario; y, de la Directora de la Escuela Preparatoria "Ingeniero Pascual Ortiz Rubio"; autoridades adscritas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 8°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 1 y 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán; órgano de control constitucional que la registró con el número 1071/2023; en proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, la admitió (foja 25); solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; reservó el reconocimiento de carácter de tercero interesado; otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, fijó hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Tercero. Reconocimiento de carácter de tercero. En proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés (foja 60), se reconoció el carácter de tercera interesada a ********************y se ordenó su emplazamiento. Seguido el juicio por sus demás trámites legales, tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; por lo que se procede a resolver el presente juicio de amparo; y CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49, 50 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, toda vez que los actos reclamados tienen ejecución en el lugar en el que este órgano de control constitucional tiene jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, previo al análisis de la certeza de los actos, debe precisarse cuáles son éstos con base en la integridad de la demanda, armonizando los datos y elementos que la conforman, sin cambiar su alcance y contenido, para determinar con exactitud la intención de la parte promovente, así como que ésta no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 192097 que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 181810, cuyo texto es del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal, con los criterios transcritos y en atención además al contenido integral de la demanda de amparo, el acto reclamado por la quejosa a la Rectora y Presidenta del Consejo Universitario; al Secretario General y Secretario del Consejo Universitario; y, a la Directora de la Escuela Preparatoria "Ingeniero Pascual Ortiz Rubio"; autoridades adscritas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgol, es: El oficio 1089/2023, emitido el once de agosto de dos mil veintitrés, por el Secretario General del H. Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y todos los actos tendentes a removerla de su cargo de consejera alumna. En dicho oficio, con base en el artículo 26, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en diverso 13 fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitario Profesores y Alumnos, agradecieron a la quejosa su participación en las actividades del H. Consejo Universitario. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. La Directora de la Escuela Preparatoria "Ingeniero Pascual Ortiz Rubio"; de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, al rendir su informe justificado adujo que no era cierto el acto reclamado (foja 65). Con dicho informe se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, la promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la mencionada autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con su informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Aunado de lo anterior, de la lectura del acto reclamado se advierte que quien lo suscribió fue el Secretario General del Consejo Universitario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En esas condiciones, quien esto resuelve no está en condiciones de llevar a cabo el análisis correspondiente y por ende, el acto reclamado a Directora de la Escuela Preparatoria "Ingeniero Pascual Ortiz Rubio"; de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, deben declararse inexistentes. Es aplicable la tesis aislada VI.2o.A.4 K, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, registro digital 187728, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". En ese estado de cosas, ante la inexistencia de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Rectora y Presidenta del Consejo Universitario; el Secretario General y el Secretario del Consejo Universitario, autoridades adscritas a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo al rendir su informe justificado adujeron que era cierto el acto reclamado (foja 35). Certeza que se corrobora con las constancias que ofreció la quejosa, así como con las que acompañaron a su informe las referidas autoridades responsables, entre otras, copia certificada del oficio 1089/2022 de once de agosto de dos mil veintitrés. Documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2°, entre cuyas constancias se encuentra el oficio 1089/2023; de ahí que se tenga por cierto el acto reclamado en esta instancia constitucional. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Quinto. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, lo conducente es examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En el caso, las autoridades responsables al rendir sus informes justificados manifestaron que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo. Al respecto las responsables son coincidentes en manifestar que no se violan derechos fundamentales de la quejosa porque no tiene el carácter de gobernada frente la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, porque habiendo sido alumna fue electa por sus compañeros como su representante ante el Consejo Universitario, con lo cual se integró como parte de ese órgano de gobierno universitario, es decir, asumió el carácter de autoridad universitaria. Esto es, si bien señalan que el acto reclamado no le afecta a la quejosa, lo basan en el hecho de que no es gobernada por lo que cualquier conflicto derivado de esos actos, debe ser resuelto al interior de la casa de estudios y por ende la institución educativa no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo. Incluso, el Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Secretario del H. Consejo Universitario citaron la tesis de rubro "UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO. SU COMISIÓN DE RECTORÍA NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL NOMBRAR A SU RECTOR". Por lo que, quien resuelve -de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo- considera que la causal de improcedencia que estiman actualizada las autoridades responsables es la contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 5°, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo y no la estipulada por la fracción XII del primero de los numerales citados, como lo plantearon. Causal de improcedencia que este juzgador considera infundada. Lo anterior es así porque la quejosa tenía el carácter de alumna de la Escuela Preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, lo que implicaba que tenía incorporada a su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones, por lo que el oficio en el que hacen de su conocimiento que dejó de formar parte del H. Consejo Universitario de dicha institución académica, constituye un acto de autoridad, toda vez que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia 2ª./J.12/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de tesis 12/2000 [Entre las sustentadas por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el entonces Quinto Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, actualmente Segundo en Materias Penal y Civil del propio circuito], con registro digital 187358, del rubro y texto siguientes: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las universidades públicas autónomas son organismos descentralizados que forman parte de la administración pública y, por ende, integran la entidad política a la que pertenecen, esto es, la Federación o la correspondiente entidad federativa; además, se encuentran dotadas legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de independencia para determinar por sí solas, supeditadas a los principios constitucionales que rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, los términos y condiciones en que desarrollarán los servicios educativos que presten, los requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y la forma en que administrarán su patrimonio, destacando que en la ley en la que se les otorga la referida autonomía, con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se les habilita para emitir disposiciones administrativas de observancia general. En ese tenor, una vez que un gobernado cumple con los requisitos que le permiten adquirir la categoría de alumno previstos en las respectivas disposiciones legislativas y administrativas, incorpora en su esfera jurídica un conjunto específico de derechos y obligaciones, por lo que la determinación mediante la cual una universidad pública autónoma lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable a través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una potestad administrativa, expresión de una relación de supra a subordinación, que tiene su origen en una disposición integrada al orden jurídico nacional y que implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario acudir a los tribunales ordinarios para que surtan efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin el consenso del afectado". Ahora bien, toda vez que las partes no hicieron valer otra causa de improcedencia, ni este juzgador advierte la actualización de una diversa, se procederá al estudio de los motivos de inconformidad hechos valer por la quejosa. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Lo anterior, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 50/2010 [Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito], registro digital 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Antes de analizar los motivos de inconformidad hechos valer por la quejosa, se considera necesario recordar que reclama de las autoridades responsables el oficio 1089/2023, de once de agosto de dos mil veintitrés, el cual es del tenor siguiente: "H. CONSEJO UNIVERSITARIO Morelia, Michoacán, a 11 de agosto del 2023. Of. No. 1089/2023 C. ******************** Escuela Preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" Presente. En virtud de que, concluyó sus estudios en la Escuela Preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" de esta Casa de Estudios, con fundamento en el artículo 26 fracción III de la Ley Orgánica vigente y el artículo 13, fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos; por este conducto me permito manifestar a usted mi profundo agradecimiento por su participación en las actividades del H. Consejo Universitario, en el cual siempre se desempeñó con absoluto respecto y dedicación, mirando por el bien y superación tanto del plantel que representó ante ese Cuerpo Colegiado, así como de nuestra Universidad. Deseándole el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su vida, aprovecho la ocasión para reiterarle mi consideración atenta y distinguida. Atentamente Dr. Javier Cervantes Rodríguez Secretario General C.c.p. Rectora dela Universidad. Presente. C.c.p. Director de la Escuela Preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio". Asimismo es necesario precisar que el Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el Secretario del H. Consejo Universitario, anexaron a su informe justificado, copias certificadas de las documentales siguientes: Convocatoria para participar en el proceso de elección de representantes del H. Consejo Universitario, periodo 2022/2024 (fojas 48-54). Oficio 921/2022 emitido el cinco de julio de dos mil veintidós, a través del cual el Secretario de la Universidad y del Honorable Consejo Universitario, comunicó a la quejosa, que partir de esa fecha formaba parte del Honorable Consejo Universitario 2022-2024, en calidad de Consejera Alumna propietaria por la Escuela preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (foja 55). Memorándum de calificaciones de la quejosa, suscrito el cinco de julio de dos mil veintitrés, por la Directora de la Escuela Preparatoria Pascual Ortiz Rubio y el Jefe de la Sección de Control Escolar, en el que se hizo constar que la quejosa acreditó toda las materias hasta el sexto semestre del programa educativo "Bachillerato" y el área propedéutica "Ciencias Histórico-Sociales" bajo la matrícula 2017018B (foja 56). Oficio 1143/2023, de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, que contiene la certificación de la toma de protesta de los miembros suplentes del Consejo Universitario realizada el catorce anterior (foja 57). Oficio 1089/2023, de once de agosto de dos mil veintitrés, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo (foja 58). Una vez precisado lo anterior, este juzgador considera que los conceptos de violación hechos valer por la quejosa son infundados. En su primer concepto de violación, señala la quejosa que las responsables violaron en su perjuicio el principio de legalidad, por carecer el acto reclamado de fundamentación y motivación; sin embargo, también señaló que fue ilegal que hayan fundamentado el oficio reclamado en el artículo 26, fracción III, de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en el 13, fracción III, del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos. En ese contexto, se debe hacer la aclaración, que contrario a lo manifestado por la quejosa, el acto reclamado no carece de fundamentación y motivación sino en todo caso se trata de una indebida fundamentación y motivación. En efecto, se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número J/52, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que textualmente indica: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA. Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación; toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste". Realizada la aclaración anterior, quien resuelve estima que el concepto de violación en estudio es fundado pero inoperante. Fundado, porque efectivamente, de los artículos que cita la responsable en el oficio reclamado (26, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo y 13 fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos) no se advierte que al dejar de tener el carácter de alumna también concluye su encargo de consejera alumna propietaria, pues a lo que se refiere esa normativa es un requisito para ser nombrada y no para permanecer en el puesto que es tópico distintivo. Sin embargo; es inoperante, pues si bien es cierto que de conformidad con el artículo 1° del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesiones y Alumnos, su nombramiento de consejera alumna propietaria fue por el término de dos años a partir del cinco de julio de dos mil veintidós; también lo es que, como se advierte del memorándum de calificaciones de la quejosa, ésta ya concluyó el programa educativo de "Bachillerato", por lo que aplica la cláusula vigésima tercera de la Convocatoria para participar en el proceso de elección de representantes del H. Consejo Universitario, periodo 2022/2024, la cual es del tenor siguiente: "VIGÉSIMA TERCERA. Las y los alumnos del último grado, año o semestre, de las dependencias universitarias, podrán ser electas (os) como Consejeros Universitarios si cumplen los requisitos legales; pero únicamente por el término que les falta para concluir sus estudios. Si la o el suplente todavía es alumna (o) regular o la o el titular deja de serlo, la o el suplemente ocupará el espacio que deja la o el Titular; pero si tanto titular como suplente dejan de ser alumnas (os) regulares simultáneamente, se convocará a una nueva elección, por el término que falta para concluir el periodo. De la misma manera, la ausencia de cualquier otra (o) Consejero Universitario, sea Profesor (a), alumna (o), trabajador (a) administrativa (o) o ex alumna (o) nicolaita, será cubierta por el suplente, y a falta de éste, por quien resulte electa (o), en un nuevo proceso electoral, pero únicamente por el término que falte para concluir el periodo". Convocatoria cuya emisión regula el artículo 14 del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Alumnos. Por lo que es evidente que la responsable no coartó el derecho de la quejosa a ser consejera universitaria, sino que simplemente al ya no ser alumna de la Escuela Preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" ya no podía ser consejera alumna, en términos de la cláusula vigésima tercera, transcrita en líneas anteriores. No es obstáculo a lo anterior, que la quejosa haya manifestado en su demanda "me encuentro admitida para inscribirme como alumna ordinaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales que pertenece a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo", porque no adjuntó a su demanda prueba alguna para acreditar tal afirmación, pues únicamente ofreció las pruebas siguientes: Oficio 921/2022 emitido el cinco de julio de dos mil veintidós, a través del cual el Secretario de la Universidad y del Honorable Consejo Universitario, comunicó a la quejosa, que partir de esa fecha formaba parte del Honorable Consejo Universitario 2022-2024, en calidad de Consejera Alumna propietaria por la Escuela preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (foja 20). Oficio 1089/2023, de once de agosto de dos mil veintitrés, el cual constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo (foja 21). En dicho oficio, con base en el artículo 26, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y en diverso 13 fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitario Profesores y Alumnos, agradecieron a la quejosa su participación en las actividades del H. Consejo Universitario. Oficio 898/2023 de seis de julio de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario General de la Universidad y del H. Consejo Universitario, dirigido a los miembros del H. Consejo Universitario, a través del cual los citan a las once horas del once de julio para una sesión ordinaria en la Sala del Honorable Consejo Universitario (foja 22). Oficio 913/2023, de ocho de julio de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario General de la Universidad y del H. Consejo Universitario, dirigido a los miembros del H. Consejo Universitario, a través del cual les hicieron de su conocimiento que dos sesiones ordinarias se difirieron, así como las nuevas fechas para su verificativo (foja 23). Oficio 1069/203, de nueve agosto de dos mil veintitrés, suscrito por el Secretario General de la Universidad y del H. Consejo Universitario, dirigido a los miembros del H. Consejo Universitario, a través del cual los citaron a una sesión ordinaria (foja 24). En esas condiciones, es evidente que ninguna de esas documentales es tendente a probar que se encuentra admitida para inscribirse como alumna ordinaria en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ello, porque en el primero de dichos oficios se le informó a la quejosa su calidad de Consejera Alumna propietaria por la Escuela preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio" de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; en el segundo, se le agradeció su participación en las actividades del H. Consejo Universitario; en el tercero, se citó a los miembros del H. Consejo Universitario, para una sesión ordinaria en la Sala del Honorable Consejo Universitario; en el cuarto, se informó a los miembros del H. Consejo Universitario, que dos sesiones ordinarias se difirieron así como las nuevas fechas para su verificativo; y, en el quinto, citaron a los miembros del H. Consejo Universitario, a una sesión ordinaria. Por lo que, como lo señalaron las autoridades responsables, la quejosa ya no es alumna de esa institución educativa. Además, al ya no tener el carácter de alumna de la multicitada casa de estudios, no tendría caso que siguiera perteneciendo al H. Consejo Universitario, pues aunque cuando los alumnos hayan votado por ella para ocupar el cargo de Consejera Alumna, ya no podría ejercer adecuadamente el mismo al ya no representarlos; por lo que se estima legal la interpretación que respecto del artículo 26, fracción III de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del diverso 13 fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitario Profesores y Alumnos, efectuaron las autoridades responsables. En su segundo concepto de violación aduce la quejosa, en esencia, que las responsables tienen la obligación de garantizar el ejercicio efectivo del derecho universitario de ser votado en la vertiente del desempeño del cargo para el periodo electo, pero en contraste tienen la intención de coartar su derecho a desempeñarse como Consejera Universitaria, vulnerando su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional. Lo anterior, porque -manifiesta la quejosa- la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, tiene un Tribunal Universitario integrado por un Consejero Director, dos Consejeros profesores abogados y dos alumnos y de conformidad con las facultades señaladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, son quienes deben conocer de las remociones solicitadas por el propio Consejo Universitario y del procedimiento a seguir, lo que no aconteció en el caso, ya que las autoridades solo se limitaron a hacerle saber de su remoción mediante oficio, sin dar seguimiento al correspondiente procedimiento ante el Tribunal Universitario, por lo que se vulneró su garantía de legalidad y audiencia en cuanto Consejera Universitaria, por lo que se le dejó en estado de indefensión por no cumplirse las formalidades procesales de conformidad con la citada ley. Motivo de inconformidad que es infundado. Ello es así, porque la quejosa parte de un supuesto falso, ya que no fue removida del su cargo de Consejera Alumna propietaria por la Escuela Preparatoria "Ing. Pascual Ortiz Rubio", por haber cometido una falta administrativa, sino por haber concluido sus estudios, supuesto que está contemplado en el artículo 13 fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos; porción normativa que establece que para ser representante de Alumnos ante el Consejo Universitario se requiere no haber sido reprobado en la Escuela, Facultad, Instituto o Unidad Profesional que represente como consejero, ni haber concluido sus estudios. Como se advierte del propio oficio reclamado las responsables asentaron "En virtud de que concluyó sus estudios" y no por alguna falta administrativa en términos de los artículos 84 al 101 del Reglamento del Tribunal Universitario que ameritara su remoción. No es obstáculo a lo anterior lo señalado por la quejosa en el sentido de que el artículo 13 fracción III del Reglamento de Elección de Consejeros Universitarios Profesores y Alumnos establece la frase "Para ser consejero.", cuando ella ya estaba fungiendo como tal; porque como se asentó en líneas precedentes fue legal la interpretación que respecto de dicho numeral efectuaron las responsables, pues ningún caso tendría que siguiera ocupando dicho cargo cuando ya no es alumna de la multicitada institución educativa m, sobre todo porque dejaría sin una adecuada representación de las personas que aún tienen el carácter de alumnos. Máxime, como quedó asentado en párrafos anteriores en cláusula vigésima tercera de la Convocatoria para participar en el proceso de elección de representantes del H. Consejo Universitario, periodo 2022/2024 en el cual participó la quejosa, se estableció que los alumnos del último grado, año o semestre, de las dependencias universitarias -supuesto en el que se encontraba la quejosa- podrán ser electas como Consejeros Universitarios si cumplen los requisitos legales; pero únicamente por el término que les falta para concluir sus estudios. Por lo que evidentemente la quejosa tenía conocimiento que, en caso de quedar electa, únicamente duraría en ese cargo, por el término que le faltaba para concluir sus estudios; y por ende, no se violó en su perjuicio el artículo 14 constitucional, no se le dejó en estado de indefensión, no se le removió de su cargo; y, como consecuencia de esto, no se violó su derecho a ser votada en su vertiente del desempeño del cargo para el periodo electo. En esas condiciones, el acto reclamado no transgrede los derechos contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por ende se debe negar el amparo solicitado, sin que se hubiera advertido motivo alguno para suplir la deficiencia de la queja. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, contra el acto, autoridad y por los motivos precisados en el considerando tercero del presente fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra el acto, autoridades y motivos contenidos en el considerando sexto de este fallo. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en su considerando último. Notifíquese por lista, personalmente a la quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1071/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa [documental, presuncional en su doble aspecto legal y humana e instrumental de actuaciones]; de igual manera, con las documentales exhibidas por el Secretario General, Secretario del Consejo Universitario; y, por el abogado general y apoderado de la Rectora de Universidad, todos de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con el pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: Vista la cuenta que antecede, con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formulados los alegatos de la representante social en cita y se por perdido el derecho de las demás partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia.Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán.
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Morelia, Michoacán, veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el escrito firmado por el delegado de la autoridad responsable Secretario General de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado en autos, informa el domicilio para llevar a cabo el emplazamiento de la tercera interesada Nadia Dominique Carranza Andrade, esto es el ubicado en la Tercer Planta del Edificio TR (antigua rectoría), del complejo estudiantil conocido como Ciudad Universitaria, sito en Avenida Francisco J. Mújica, sin número, colonia Díaz Ordaz de esta ciudad. En consecuencia, con apoyo en los artículos 26, fracción I, inciso b) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que realice lo siguiente: a) Con las formalidades que establece el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, efectúe el emplazamiento de la referida tercera interesada en el domicilio citado, personalmente o de quien al momento de la diligencia con documento idóneo, acredite ser su apoderado o representante y de ser posible recabe copia del documento; b) De no encontrar a la parte tercera interesada o a su representante, lleve a cabo el emplazamiento por citatorio de acuerdo con las formalidades que establece el referido precepto 27 del ordenamiento legal invocado; c) Le corra traslado con copia de la demanda de amparo, auto de admisión de demanda, así como del presente proveído, o en su caso, las adjunte al citatorio respectivo; d) Le haga saber la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, siendo ésta las diez horas con cincuenta minutos del treinta de octubre de dos mil veintitrés. e) Le requiera para que al momento de la diligencia, o bien, dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta sus efectos el emplazamiento respectivo, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, señalen domicilio para recibir notificaciones personales en esta ciudad de Morelia, Michoacán, ya que mientras no señalen domicilio las notificaciones siguientes a su emplazamiento se le harán por medio de lista publicada en lugar visible de este juzgado, sin previo acuerdo, de conformidad con los artículos 27, fracción II y 29 de la Ley de Amparo; f) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza a la persona encomendada para que realice el emplazamiento aun en días y horas inhábiles, en el entendido de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda realizarse, se le faculta para constituirse en el lugar respectivo y lo efectúe sin necesidad de previo acuerdo, asentando la razón correspondiente, por lo que en su caso, deberá indagar con los vecinos del lugar; y, g) Hágase saber a la parte tercera interesada que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
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Se notifica y emplaza a la parte tercera interesada por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 29 de septiembre del dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.
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