Yaritsandra Ramirez Ruiz
Expediente 599/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 599/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yaritsandra Ramirez Ruiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Principal 599/2023-V CUENTA. El dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, CERTIFICA que: 1. El término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran la sentencia de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo, transcurrió a la parte quejosa del veintiocho de septiembre al once de octubre actual y tercero interesado del veintidós de septiembre al cinco de octubre del año en curso, sin que lo hayan hecho. Doy fe. El Secretario César Barajas García Cuenta. En la misma fecha, el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos. Conste. El Secretario César Barajas García Acapulco de Juárez, Guerrero; dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Visto; la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este sumario; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que ampara y protege a Yaritsandra Ramírez Ruíz, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo599/2023-V, promovido por ****, por derecho propio, contra el acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: "a).- C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (.)" ACTO RECLAMADO: "La ejecución del resolutivo número tres de la sentencia definitiva dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, en juicio especial de alimentos del expediente 22-2/2020, consistente en dejar sin efecto mediante el oficio número 698 de fecha doce de mayo del dos mil veintitrés, el pago de alimentos a favor de la suscrita, sin que dicha sentencia definitiva haya causado ejecutoria." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró con el número 599/2023-V, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, una vez debidamente integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El presente juicio constitucional fue promovido oportunamente, ya que la demanda se presentó dentro del plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de junio de dos mil veintitrés, sin que de un análisis al sumario se desprenda que tuvo conocimiento con anterioridad. En ese tenor, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de junio del año en curso, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio pasado, por haber sido inhábiles, por lo que al haberse presentado la demanda el doce de junio anterior, se deduce que fue promovida en tiempo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS . DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado en sede constitucional, consiste en lo siguiente: ? La ejecución del resolutivo número tres de la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, sin que previamente haya causado ejecutoria; lo cual, se materializó mediante oficio número 698, de doce de ese mes y año, girado dentro del juicio especial de alimentos 22-2/2020, que ordenó dejar sin efectos el diverso oficio 170, de siete de febrero de dos mil veinte, correspondiente a la orden de descuento del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia decretado inicialmente a la aquí quejosa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS , CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS . TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares , con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le reclama; aseveración que no deviene aislada, sino que, por el contrario, se corrobora con las documentales que anexó, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los preceptos 129, 197 y 202 de la citada legislación adjetiva del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Estudio de fondo. Precisada la certeza del acto reclamado, al no haberse invocado, ni tampoco advertirse alguna causal de improcedencia de manera oficiosa por esta juzgadora, se procede a examinar el asunto a la luz del concepto de violación vertido por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal del mismo, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La parte quejosa en su único concepto de violación aduce que el juez responsable viola en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, en virtud de que ordenó la cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada en su favor, sin que la sentencia definitiva dictada en el juicio especial de alimentos haya causado ejecutoria. Es fundado dicho motivo de disenso y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, de autos se advierte que el Juez responsable, en sentencia definitiva de tres de mayo de dos mil veintitrés, resolvió el juicio especial de alimentos 22-2/2020, en el que declaró que la actora, aquí quejosa no acreditó su acción de alimentos, por lo que absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas y ordenó girar oficio a su fuente de trabajo para que se sirviera dejar sin efecto el diverso oficio 170, de siete de febrero de dos mil veinte. De tal suerte que el juez responsable en cumplimiento al resolutivo tercero del referido fallo, giró el oficio número 698, de doce de mayo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, a fin de que se ejecute la referida resolución, no obstante que aún no ha adquirido firmeza. Ese proceder de la autoridad responsable se estima desacertado, en razón de que la sentencia definitiva en la que se dejó sin efectos la pensión provisional fijada a favor de la quejosa, se encuentra subjudice, esto porque el veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora -aquí quejosa-, interponiendo recurso de apelación en contra de la citada sentencia de tres de mayo del año en curso. Debiendo destacar que sólo los acreedores alimentistas podrán ejecutar la sentencia en la que se les hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo; sin embargo, esto no ocurre así cuando quien pretende dicha ejecución es el deudor, dado que la ley no lo faculta para ello cuando la sentencia no tiene firmeza, pues así debe interpretarse el contenido del artículo 566 3 , del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dado los derechos que se controvierten. En efecto, lo establecido en el artículo 566, de dicha Ley adjetiva civil del Estado, en la cual se prevé, en la parte final, que "Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza.", debe atenderse respecto de las sentencias que conceden los alimentos, atendiendo la intención del legislador, de privilegiar el derecho de los acreedores alimentarios, en el sentido de que podrán ejecutar la sentencia en la que se les hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo, es decir sin el deber de otorgar fianza. Interpretarlo de manera distinta, equivaldría a violentar el derecho a los alimentos y el deber de los ascendientes de preservarlo. En ese contexto, evidentemente, no debió ordenarse la ejecución de la ejecución del punto resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial de alimentos 22-2/2020, a través de la emisión del oficio 698, de doce de mayo de dos mil veintitrés, porque al margen de la existencia de una sentencia, la cual resuelve el fondo del asunto y deja sin efectos la medida provisional de alimentos, es decir, la adoptada mientras dura el procedimiento, impera en el caso la necesidad de que el juzgador natural, en términos de lo establecido en los artículos 520, 521 y 566, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, atendiendo al orden público de los alimentos, se abstuviera de ordenar la ejecución del fallo, en el cual dejó sin efectos la pensión alimenticia provisional establecida, y no enviara el oficio en cumplimiento a la misma, porque tenían a salvo el derecho de agotar el recurso de apelación, como en el caso fue interpuesto por la quejosa. Inclusive, aun interpuesto el recurso de apelación por la parte aquí quejosa, debió continuar ponderando el interés de la acreedora alimentista, quien amerita que la orden de dejar sin efectos la pensión alimenticia provisional, se envíe, hasta que la sentencia definitiva quede firme, conforme a lo establecido en el artículo 372, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, porque es esa la situación que mayores beneficios acarrea a la acreedora alimentista, mientras se analiza la legalidad de la sentencia definitiva, objeto de apelación y hasta en tanto esta última quede firme. De entenderse que los efectos de la pensión alimenticia provisional decretada cesan o se reducen en forma inmediata al dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva, se pondría en riesgo la subsistencia de aquellos a quienes se reconoció el derecho de percibir alimentos por parte del demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requieren de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes, por ello, los efectos de la pensión alimenticia provisional deben subsistir hasta en tanto la sentencia que los fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo cual, sólo acontece hasta que la sentencia que los fija en definitiva queda firme. Esto es así, si se tiene en cuenta que en términos de lo establecido en los artículos 385 y 386, fracción I, del Código Procesal Civil local, el recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior y que las 3 Artículo 566. Sentencia. La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los cinco días siguientes. Las resoluciones sobre alimentos que fueron apeladas, se ejecutarán sin fianza. sentencias definitivas son apelables; lineamientos jurídicos de los cuales deriva que la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva, es susceptible de apelación y su interpretación debe ser la más favorable, la cual permita que los acreedores alimentistas continúen percibiendo el monto de los alimentos provisionales, hasta que la sentencia definitiva quede firme, velando así por el derecho a percibir alimentos, lo cual permite concluir que aunque -formalmente- el dictado de la sentencia definitiva, determina alimentos (definitivos), y sustituye a la resolución que los estableció provisionalmente, esto no es siempre así desde el punto de vista material, porque los alimentos son de tracto sucesivo y los efectos materiales de la pensión provisional en el presente caso, sólo deberán dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución. Etapa que sólo podrá considerarse actualizada, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el recurso de apelación, porque no sea objeto de petición de protección constitucional o habiéndolo sido, no merezca la concesión de amparo, entre otras circunstancias. Por el principio rector que informa, se invoca la jurisprudencia 92/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página 399, con registro 2005045, de contenido siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución." -Énfasis añadidoPor tanto, se insiste, si bien se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró que la actora no acreditó su acción de alimentos y se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas, lo que motivó que se dejara sin efectos la pensión alimenticia provisional, lo cierto es que inconforme con tal determinación, la acreedora interpuso recurso de apelación, lo que evidencia que esa resolución final no ha adquirido firmeza ni causará ejecutoria hasta en tanto se resuelva el referido medio de impugnación, pues éste no sólo puede dar lugar a que se confirme o modifique dicha sentencia, sino también a que se revoque y de esa manera es que, a fin de salvaguardar los derechos incorporados a la parte acreedora mediante la pensión provisional, es que no puede llevarse a cabo la ejecución del acto que lo sustituyó. Por analogía, se invoca al respecto la tesis aislada IV.3o.C.14 C (10a.), cuyo criterio se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1786, con registro 2006638, de contenido siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO LA SENTENCIA EN LA QUE SE DECRETE SE RECURRA POR ESTIMARSE INSUFICIENTE, NO ADQUIRIRÁ FIRMEZA NI CAUSARÁ EJECUTORIA HASTA EN TANTO SE RESUELVA LA APELACIÓN, POR LO QUE EL DEMANDADO NO PUEDE PEDIR LA EJECUCIÓN DE LA QUE LA SUSTITUYÓ, PUES ELLO EQUIVALDRÍA A VIOLENTAR EL PRINCIPIO BÁSICO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y EL DEBER DE LOS ASCENDIENTES DE PRESERVARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De conformidad con los artículos 433, 434 y 436 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución ni efectos de la sentencia que en definitiva fija los alimentos, sin necesidad de que el acreedor esté obligado a prestar caución para ejecutarla y sin que el deudor pueda evitarla. Todo lo anterior conduce a que los acreedores alimentarios podrán ejecutar la sentencia en la que se les hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo; sin embargo, esto no ocurre así cuando quien pretende dicha ejecución es el deudor, dado que la ley no lo faculta para ello, pues equivaldría a violentar el principio básico del interés superior del menor y el deber de los ascendientes de preservarlo, que se resumen de una lectura conjunta del artículo 4o. constitucional, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, para el caso de que la sentencia en la que se decrete una pensión por concepto de alimentos y ésta sea recurrida por la acreedora, al estimarla insuficiente, ésta no adquirirá firmeza ni causará ejecutoria hasta en tanto se resuelva el mencionado recurso, pues éste no sólo puede dar lugar a que se confirme o modifique dicha sentencia, sino también a que se revoque y de esa manera es que, a fin de salvaguardar los derechos incorporados a la parte acreedora mediante la pensión provisional que resulte superior, es que el demandado no podrá pedir la ejecución de la que la sustituyó." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito al resolver en sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve el amparo en revisión 22/2019, actuación que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta ser un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa *****, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, mientras dure la tramitación del recurso de apelación y adquiera firmeza la sentencia dictada en el juicio natural, prevalezca o continúe surtiendo efectos la medida provisional de alimentos adoptada en el juicio especial de alimentos 22-2/2020. Sin embargo, toda vez que en el sumario está acreditado que mediante oficio 930, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable solicitó al representante legal o jefe de recursos humanos de Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable -fuente de trabajo del demandado-, dejar sin efectos el oficio 698, de doce de mayo del año en curso -acto reclamado-, ordenando se continúe ejecutando el descuento ordenado en el diverso oficio 170, de siete de febrero de dos mil veinte, esto es, continúe descontando el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene de manera mensual el demandado, con motivo de esta ejecutoria, únicamente deberá realizar lo siguiente: Ordenar al representante legal o jefe de recursos humanos de Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable -fuente de trabajo del demandado-, reintegre a la quejosa *****, el numerario que por concepto de pensión alimenticia le corresponde a partir de la fecha en que haya tenido ejecución el oficio reclamado. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, contra el acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en los términos precisados en la última parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido por César Barajas García, Secretario de Juzgado quien da fe. Doy fe.
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AVISO: SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE DIECINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE INDICA: "Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo599/2023-V, promovido por ****, por derecho propio, contra el acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el doce de junio de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, remitido el mismo día por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, *****, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que se precisa a continuación: AUTORIDAD RESPONSABLE: "a).- C. Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares (.)" ACTO RECLAMADO: "La ejecución del resolutivo número tres de la sentencia definitiva dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, en juicio especial de alimentos del expediente 22-2/2020, consistente en dejar sin efecto mediante el oficio número 698 de fecha doce de mayo del dos mil veintitrés, el pago de alimentos a favor de la suscrita, sin que dicha sentencia definitiva haya causado ejecutoria." SEGUNDO. Trámite de la demanda. Mediante acuerdo de trece de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se registró con el número 599/2023-V, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio a la Fiscal de la Federación adscrita la intervención legal que le compete y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional; la cual, una vez debidamente integrado el expediente, tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, por razón de materia y territorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, y 107 fracción V, todos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside dentro de los límites territoriales que comprenden el ámbito competencial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Oportunidad de la demanda. El presente juicio constitucional fue promovido oportunamente, ya que la demanda se presentó dentro del plazo genérico de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la parte quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad, que tuvo conocimiento del acto reclamado el siete de junio de dos mil veintitrés, sin que de un análisis al sumario se desprenda que tuvo conocimiento con anterioridad. En ese tenor, el plazo de quince días para promover la demanda de amparo, transcurrió del nueve al veintinueve de junio del año en curso, sin contar los días diez, once, diecisiete, dieciocho, veinticuatro y veinticinco de junio pasado, por haber sido inhábiles, por lo que al haberse presentado la demanda el doce de junio anterior, se deduce que fue promovida en tiempo. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "ACTOS RECLAMADOS . DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda, se advierte que el acto reclamado en sede constitucional, consiste en lo siguiente: ? La ejecución del resolutivo número tres de la sentencia dictada el tres de mayo de dos mil veintitrés, sin que previamente haya causado ejecutoria; lo cual, se materializó mediante oficio número 698, de doce de ese mes y año, girado dentro del juicio especial de alimentos 22-2/2020, que ordenó dejar sin efectos el diverso oficio 170, de siete de febrero de dos mil veinte, correspondiente a la orden de descuento del cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que perciba el deudor alimentario por concepto de pensión alimenticia decretado inicialmente a la aquí quejosa. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, en toda sentencia de amparo sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar las causas de improcedencia aducidas o que a su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, porque de no existir los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, sería legalmente imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo el asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio sea procedente. Tiene aplicación, la Jurisprudencia número 10, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 68, Tomo 76, abril de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS , CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS . TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." El Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares , con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, aceptó el acto que se le reclama; aseveración que no deviene aislada, sino que, por el contrario, se corrobora con las documentales que anexó, las cuales adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con los preceptos 129, 197 y 202 de la citada legislación adjetiva del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Es aplicable, la jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Estudio de fondo. Precisada la certeza del acto reclamado, al no haberse invocado, ni tampoco advertirse alguna causal de improcedencia de manera oficiosa por esta juzgadora, se procede a examinar el asunto a la luz del concepto de violación vertido por la parte quejosa, sin que haya obligación de realizar una cita literal del mismo, toda vez que, además de no existir en la Ley de Amparo precepto alguno que lo exija, así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la Jurisprudencia número 58/2010, visible en la página 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. La parte quejosa en su único concepto de violación aduce que el juez responsable viola en su perjuicio el artículo 14 Constitucional, en virtud de que ordenó la cancelación de la pensión alimenticia provisional decretada en su favor, sin que la sentencia definitiva dictada en el juicio especial de alimentos haya causado ejecutoria. Es fundado dicho motivo de disenso y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada. En efecto, de autos se advierte que el Juez responsable, en sentencia definitiva de tres de mayo de dos mil veintitrés, resolvió el juicio especial de alimentos 22-2/2020, en el que declaró que la actora, aquí quejosa no acreditó su acción de alimentos, por lo que absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas y ordenó girar oficio a su fuente de trabajo para que se sirviera dejar sin efecto el diverso oficio 170, de siete de febrero de dos mil veinte. De tal suerte que el juez responsable en cumplimiento al resolutivo tercero del referido fallo, giró el oficio número 698, de doce de mayo de dos mil veintitrés, que constituye el acto reclamado, a fin de que se ejecute la referida resolución, no obstante que aún no ha adquirido firmeza. Ese proceder de la autoridad responsable se estima desacertado, en razón de que la sentencia definitiva en la que se dejó sin efectos la pensión provisional fijada a favor de la quejosa, se encuentra subjudice, esto porque el veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo a la parte actora -aquí quejosa-, interponiendo recurso de apelación en contra de la citada sentencia de tres de mayo del año en curso. Debiendo destacar que sólo los acreedores alimentistas podrán ejecutar la sentencia en la que se les hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo; sin embargo, esto no ocurre así cuando quien pretende dicha ejecución es el deudor, dado que la ley no lo faculta para ello cuando la sentencia no tiene firmeza, pues así debe interpretarse el contenido del artículo 566 3 , del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, dado los derechos que se controvierten. En efecto, lo establecido en el artículo 566, de dicha Ley adjetiva civil del Estado, en la cual se prevé, en la parte final, que "Las resoluciones sobre alimentos que fueren apeladas, se ejecutarán sin fianza.", debe atenderse respecto de las sentencias que conceden los alimentos, atendiendo la intención del legislador, de privilegiar el derecho de los acreedores alimentarios, en el sentido de que podrán ejecutar la sentencia en la que se les hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo, es decir sin el deber de otorgar fianza. Interpretarlo de manera distinta, equivaldría a violentar el derecho a los alimentos y el deber de los ascendientes de preservarlo. En ese contexto, evidentemente, no debió ordenarse la ejecución de la ejecución del punto resolutivo tercero de la sentencia definitiva dictada en el juicio especial de alimentos 22-2/2020, a través de la emisión del oficio 698, de doce de mayo de dos mil veintitrés, porque al margen de la existencia de una sentencia, la cual resuelve el fondo del asunto y deja sin efectos la medida provisional de alimentos, es decir, la adoptada mientras dura el procedimiento, impera en el caso la necesidad de que el juzgador natural, en términos de lo establecido en los artículos 520, 521 y 566, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, atendiendo al orden público de los alimentos, se abstuviera de ordenar la ejecución del fallo, en el cual dejó sin efectos la pensión alimenticia provisional establecida, y no enviara el oficio en cumplimiento a la misma, porque tenían a salvo el derecho de agotar el recurso de apelación, como en el caso fue interpuesto por la quejosa. Inclusive, aun interpuesto el recurso de apelación por la parte aquí quejosa, debió continuar ponderando el interés de la acreedora alimentista, quien amerita que la orden de dejar sin efectos la pensión alimenticia provisional, se envíe, hasta que la sentencia definitiva quede firme, conforme a lo establecido en el artículo 372, del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, porque es esa la situación que mayores beneficios acarrea a la acreedora alimentista, mientras se analiza la legalidad de la sentencia definitiva, objeto de apelación y hasta en tanto esta última quede firme. De entenderse que los efectos de la pensión alimenticia provisional decretada cesan o se reducen en forma inmediata al dictado de la sentencia que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva, se pondría en riesgo la subsistencia de aquellos a quienes se reconoció el derecho de percibir alimentos por parte del demandado, en tanto que éstos se otorgaron al reconocer que requieren de ellos para cubrir sus necesidades más básicas y apremiantes, por ello, los efectos de la pensión alimenticia provisional deben subsistir hasta en tanto la sentencia que los fija en definitiva es susceptible de ejecución, lo cual, sólo acontece hasta que la sentencia que los fija en definitiva queda firme. Esto es así, si se tiene en cuenta que en términos de lo establecido en los artículos 385 y 386, fracción I, del Código Procesal Civil local, el recurso de apelación tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior y que las 3 Artículo 566. Sentencia. La sentencia se pronunciará de manera breve y concisa, en el mismo momento de la audiencia de ser así posible o dentro de los cinco días siguientes. Las resoluciones sobre alimentos que fueron apeladas, se ejecutarán sin fianza. sentencias definitivas son apelables; lineamientos jurídicos de los cuales deriva que la sentencia de primer grado que fija el monto de la pensión alimenticia definitiva, es susceptible de apelación y su interpretación debe ser la más favorable, la cual permita que los acreedores alimentistas continúen percibiendo el monto de los alimentos provisionales, hasta que la sentencia definitiva quede firme, velando así por el derecho a percibir alimentos, lo cual permite concluir que aunque -formalmente- el dictado de la sentencia definitiva, determina alimentos (definitivos), y sustituye a la resolución que los estableció provisionalmente, esto no es siempre así desde el punto de vista material, porque los alimentos son de tracto sucesivo y los efectos materiales de la pensión provisional en el presente caso, sólo deberán dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución. Etapa que sólo podrá considerarse actualizada, una vez que cause ejecutoria la sentencia que se dicte en el recurso de apelación, porque no sea objeto de petición de protección constitucional o habiéndolo sido, no merezca la concesión de amparo, entre otras circunstancias. Por el principio rector que informa, se invoca la jurisprudencia 92/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Página 399, con registro 2005045, de contenido siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. NO CESA EN SUS EFECTOS CON EL MERO DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LOS FIJA EN DEFINITIVA, PUES DEBEN APRECIARSE TANTO LOS YA PRODUCIDOS COMO LOS QUE PUEDE SEGUIR GENERANDO. La causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI de la Ley de Amparo (en vigor hasta el 2 de abril de 2013), debe implicar la desaparición total de la violación de los derechos transgredidos con el acto reclamado; en consecuencia, para su actualización, es preciso que los efectos de la violación reclamada desaparezcan en su totalidad, de modo que ya no sea posible cumplir con el objetivo buscado en el amparo. En esa virtud, el dictado de la sentencia que fija la pensión definitiva, no es suficiente para considerar que cesaron los efectos de la provisional, pues si se tiene en cuenta que los alimentos son de tracto sucesivo e indispensables para la subsistencia, los efectos de la pensión provisional deben analizarse en dos sentidos, pues por un lado deben tenerse en cuenta los que se produjeron desde el momento en que se emitió, hasta el dictado de la sentencia que fija la definitiva; y por otro, aquellos que a pesar de ese dictado se pueden seguir generando. Así, viendo hacia el pasado, es dable afirmar que la pensión alimenticia definitiva no extingue los efectos que la provisional ya ha producido, pues al ser autónoma e independiente de ésta, no elimina las violaciones a los derechos humanos que a través de la provisional se hayan cometido y reclamado en el amparo, por tanto, no puede considerarse que la finalidad perseguida en el juicio constitucional carezca de objeto. En efecto, si se tiene en cuenta que la parte acreedora generalmente pretenderá combatir esa determinación en el amparo, argumentando que la pensión es deficiente, y que por su parte, el deudor puede alegar que es excesiva o que no debió concederse por no estar demostrado el vínculo en que la actora sustentó su pretensión, es claro que ante esa posibilidad de reclamos, no puede considerarse que la determinación que fija la pensión definitiva prive de sentido el análisis constitucional de la provisional, pues la pensión definitiva en modo alguno erradica las violaciones cometidas a través de la decisión que fija los alimentos de manera provisional, lo cual sí puede ocurrir con la concesión del amparo, de manera que en caso de actualizarse una causa de improcedencia ésta no es la relativa a la cesación de efectos. Por otro lado, viendo hacia el futuro, debe decirse que si bien esta Primera Sala ha señalado que la pensión provisional cesa con el mero dictado de la sentencia que fija la definitiva, pues la provisional subsiste hasta el momento en que se dicta la sentencia que resuelve la controversia planteada, esta afirmación debe entenderse desde un punto de vista meramente formal, mas no material, pues aunque formalmente el dictado de la sentencia que fija en definitiva los alimentos, sustituye a la resolución que los establece de manera provisional, ello no siempre es así desde el punto de vista material, pues como los alimentos son de tracto sucesivo, los efectos materiales de la pensión provisional sólo pueden dejar de producirse cuando la pensión definitiva ya es susceptible de ejecución." -Énfasis añadidoPor tanto, se insiste, si bien se dictó sentencia definitiva, en la que se declaró que la actora no acreditó su acción de alimentos y se absolvió al demandado de las prestaciones reclamadas, lo que motivó que se dejara sin efectos la pensión alimenticia provisional, lo cierto es que inconforme con tal determinación, la acreedora interpuso recurso de apelación, lo que evidencia que esa resolución final no ha adquirido firmeza ni causará ejecutoria hasta en tanto se resuelva el referido medio de impugnación, pues éste no sólo puede dar lugar a que se confirme o modifique dicha sentencia, sino también a que se revoque y de esa manera es que, a fin de salvaguardar los derechos incorporados a la parte acreedora mediante la pensión provisional, es que no puede llevarse a cabo la ejecución del acto que lo sustituyó. Por analogía, se invoca al respecto la tesis aislada IV.3o.C.14 C (10a.), cuyo criterio se comparte, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, página 1786, con registro 2006638, de contenido siguiente: "PENSIÓN ALIMENTICIA. CUANDO LA SENTENCIA EN LA QUE SE DECRETE SE RECURRA POR ESTIMARSE INSUFICIENTE, NO ADQUIRIRÁ FIRMEZA NI CAUSARÁ EJECUTORIA HASTA EN TANTO SE RESUELVA LA APELACIÓN, POR LO QUE EL DEMANDADO NO PUEDE PEDIR LA EJECUCIÓN DE LA QUE LA SUSTITUYÓ, PUES ELLO EQUIVALDRÍA A VIOLENTAR EL PRINCIPIO BÁSICO DEL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR Y EL DEBER DE LOS ASCENDIENTES DE PRESERVARLO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De conformidad con los artículos 433, 434 y 436 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, la apelación admitida sólo en el efecto devolutivo no suspende la ejecución ni efectos de la sentencia que en definitiva fija los alimentos, sin necesidad de que el acreedor esté obligado a prestar caución para ejecutarla y sin que el deudor pueda evitarla. Todo lo anterior conduce a que los acreedores alimentarios podrán ejecutar la sentencia en la que se les hubiese establecido ese derecho, sin que el demandado pueda evitarlo; sin embargo, esto no ocurre así cuando quien pretende dicha ejecución es el deudor, dado que la ley no lo faculta para ello, pues equivaldría a violentar el principio básico del interés superior del menor y el deber de los ascendientes de preservarlo, que se resumen de una lectura conjunta del artículo 4o. constitucional, así como de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, para el caso de que la sentencia en la que se decrete una pensión por concepto de alimentos y ésta sea recurrida por la acreedora, al estimarla insuficiente, ésta no adquirirá firmeza ni causará ejecutoria hasta en tanto se resuelva el mencionado recurso, pues éste no sólo puede dar lugar a que se confirme o modifique dicha sentencia, sino también a que se revoque y de esa manera es que, a fin de salvaguardar los derechos incorporados a la parte acreedora mediante la pensión provisional que resulte superior, es que el demandado no podrá pedir la ejecución de la que la sustituyó." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito al resolver en sesión celebrada el veinticinco de abril de dos mil diecinueve el amparo en revisión 22/2019, actuación que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, resulta ser un hecho notorio para este órgano jurisdiccional. En consecuencia, se concede el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la quejosa *****, para el efecto de que el Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, residente en esta ciudad, mientras dure la tramitación del recurso de apelación y adquiera firmeza la sentencia dictada en el juicio natural, prevalezca o continúe surtiendo efectos la medida provisional de alimentos adoptada en el juicio especial de alimentos 22-2/2020. Sin embargo, toda vez que en el sumario está acreditado que mediante oficio 930, de veintidós de junio de dos mil veintitrés, el juez responsable solicitó al representante legal o jefe de recursos humanos de Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable -fuente de trabajo del demandado-, dejar sin efectos el oficio 698, de doce de mayo del año en curso -acto reclamado-, ordenando se continúe ejecutando el descuento ordenado en el diverso oficio 170, de siete de febrero de dos mil veinte, esto es, continúe descontando el cuarenta por ciento del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene de manera mensual el demandado, con motivo de esta ejecutoria, únicamente deberá realizar lo siguiente: Ordenar al representante legal o jefe de recursos humanos de Mercadotecnia Tezontle, Sociedad Anónima de Capital Variable -fuente de trabajo del demandado-, reintegre a la quejosa *****, el numerario que por concepto de pensión alimenticia le corresponde a partir de la fecha en que haya tenido ejecución el oficio reclamado. Por lo expuesto y fundado se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a *****, contra el acto que reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con sede en esta ciudad, en los términos precisados en la última parte considerativa de la presente resolución. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta el día de hoy diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado, asistido por César Barajas García, Secretario de Juzgado quien da fe. Doy fe."
- Principal
o, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y quedan los autos pendientes de dictar la resolución correspondiente; firman electrónicamente los que en ella intervinieron para debida constancia legal.
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