Yareth Sarahi Pineda Arce
Expediente 212/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 23 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 212/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 20/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yareth Sarahi Pineda Arce
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio electrónico de cuenta, firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, mediante el cual informa que ese órgano colegiado admitió a trámite el conflicto competencial, suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, derivado de que éste último no aceptó la competencia declinada; asimismo, informa que a dicho conflicto se le asignado el número 54/2023. De lo anterior, se toma nota, quedando a la espera que la superioridad resuelva en relación a dicho conflicto.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, Encargada del Despacho por Vacaciones del Titular, con sede en Acapulco, por medio del cual informa que ese Juzgado no aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, mediante acuerdo de treinta de junio del año en curso, y devuelve los autos originales del juicio de amparo 212/2023, así como los cuadernos incidentales y un tomo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, como lo establece en el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, se procede a resolver si este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, insiste o no en declinar la competencia, para lo cual habrá de considerarse lo manifestado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, con sede en Acapulco, Guerrero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, con sede en Acapulco, Guerrero, estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo que remitió este juzgado, al considerar medularmente que: "(.) En ese sentido, se advierte que los actos reclamados se han comenzado a ejecutar en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, en razón de que la autoridad exactora que va a hacer efectiva la multa ordenada por la Sala indicada, reside en la citada localidad, por tanto, su materialización ha iniciado en Chilpancingo, Guerrero, esto es, fuera del lugar en el que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción, evento en el cual la competencia se surte a favor del Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, Guerrero. En el caso, como se apuntó, el acto del que se duele la parte quejosa, no implica que se materializó o se exige el requerimiento del pago de la multa, a través de la ejecución del oficio, sino que ataca y va dirigido a analizar la legalidad del auto que determinó la multa, máxime si se toma en cuenta que la parte promovente en sus conceptos de violación de las demandas iniciales combate la falta de fundamentación y motivación de la multa que le fue impuesta." [Énfasis añadido] Al respecto, este órgano de control constitucional, difiere de los argumentos realizados por la referida Secretaria encargada del Despacho del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, Guerrero, e insiste y reitera en que la competencia para conocer del presente juicio de amparo debe de recaer en el mencionado juzgado, a quien le fue turnada la demanda derivado de la incompetencia planteada, por las razones siguientes. En primer lugar, la impetrante de amparo reclama en esta vía el acuerdo de treinta de enero del año en curso, dictado dentro del expediente de ejecución de sentencia TJA//SS/070/2018, en el la autoridad responsable Sala Superior de Tribunal de Justicia Administrativa le impuso una multa por la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional). En ese orden, es evidente que al haberse decretado la multa a la aquí quejosa en un juicio administrativo, la ejecución o cobro de dicha medida habrá de materializarse o ejecutarse en el lugar en que la persona física reside, en el caso, en la ciudad de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, dado que la quejosa ostenta el cargo de Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Tlacoachistlahuaca, Guerrero, como lo refiere bajo protesta de decir verdad en los antecedentes que narró en el escrito inicial de demanda, de ahí, el hecho de que la autoridad responsable llegue a girar un oficio a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, que reside en esta ciudad, implique que ésta realizará el cobro, pues, es de conocimiento público y de explorado derecho que, las oficinas centrales radican en esta ciudad; sin embargo, cuentan con oficinas auxiliadoras para llevar a cabo los distintos trámites de cobro encomendados. Por ello, se difiere de lo considerado por el Juzgado Tercero de Distrito mencionado, al decir que la competencia se surte a favor de este juzgado debido a que, el acto reclamado habrá de iniciarse a ejecutar en esta ciudad de Chilpancingo, Guerrero, ya que de ninguna forma se advierte tal circunstancia como a continuación se explica. Es cierto que el artículo 37 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo refiere que, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se está ejecutando el acto reclamado, o se haya ejecutado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requiere de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. Entonces, al ser en este asunto el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta de enero del año en curso, dictado dentro del juicio administrativo de ejecución de sentencia TJA/SS/070/2018, en el que la autoridad responsable impuso a la aquí quejosa Yareth Sarahí Pineda Arce, una multa equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 moneda nacional), ya que la quejosa ostenta el cargo de Presidenta Constitucional del municipio de Tlacoahistlahuaca, Guerrero, entonces, es posible concluir que la multa impuesta a la inconforme deberá ser cubierta, de su propio peculio, debiendo ser aplicada y pagada, por consiguiente, en el lugar en el cual percibe sus ingresos, pues de conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Ley Federal del Trabajo, el pago de salario debe efectuarse en el lugar en el cual los trabajadores presten sus servicios; por tanto, se desprende que la aludida medida de apremio, en su momento y de ser procedente (lo cual no se prejuzga), deberá ser cubierta en el lugar de residencia de la ahora impetrante, y evidentemente al ostentar un cargo público la quejosa radica en ese municipio de Tlacoahistlahuaca, Guerrero; por tanto, se insiste es allá, en que iniciará la materialización de dicha multa, pues es en ese lugar en que habrá de apersonarse un funcionario o servidor público, a efecto de cobrar dicha sanción; de ahí la incompetencia de este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda que originó el presente sumario. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." También tiene aplicación por las razones que la sustentan, el criterio contenido en la Jurisprudencia 2ª./J.68/2015 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 916, Materia Común, del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO." Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2023, 19/2023 y 23/2023, que se suscitó entre éste Juzgado Séptimo y los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Acapulco, Guerrero, mismos que pueden ser visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En mérito de lo expuesto, y al insistir este juzgado en declinar la competencia para conocer del juicio de amparo 747/2023, de este índice, por las razones aquí expuestas y las diversas contenidas en el auto de treinta de junio de dos mil veintitrés; con fundamento en el artículo 48, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, remítanse los autos originales del juicio de amparo 212/2023-III, así como un tomo de pruebas, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en Acapulco, Guerrero, para que conozca del conflicto competencial suscitado entre este órgano de control constitucional y el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, residente en Acapulco, Guerrero. Sin que en el caso, sea necesario formar cuaderno de antecedentes toda vez que éste fue formado con motivo de la incompetencia planteada en acuerdo de treinta de junio del año en curso. Lo anterior, hágase del conocimiento del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, para los efectos legales procedentes.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, treinta de junio de dos mil veintitrés. Visto el estrado procesal que guardan el presente juicio de amparo y previo análisis de las constancias que lo integran, se advierte que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, por las consideraciones que a continuación se precisan. Primeramente, de la lectura de la demanda de amparo y constancias que integran el presente sumario, es factible para este juzgado determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." También, conviene determinar además los alcances del artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "rtículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Al interpretar la norma transcrita, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que dicho numeral contiene tres hipótesis distintas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, que se destacan en el orden siguiente: 1. Se caracteriza, porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia de un Juez de Distrito, consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; supuesto que supone como condición necesaria que dicho acto es de aquellos que, después de su emisión, por su propia naturaleza requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. 2. Consiste en que para la determinación de la competencia del Juez de Distrito, ésta se establece en razón de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro; en este supuesto, tendrá competencia legal el Juez que haya prevenido para conocer de la demanda de amparo; y, 3. Deriva del último párrafo del precepto en estudio, que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese emitido el acto impugnado; como se observa, en este supuesto, basta que esté evidenciado en autos que la responsable emisora del acto que se reclama (cuando no requiera de ejecución material) radique dentro de ese ámbito territorial de jurisdicción del Juez Federal, para que éste sea el que válidamente deba conocer del juicio de garantías. Pues bien, del análisis integral al escrito que contiene la demanda de amparo, deriva que este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, carece de competencia legal para conocer del presente juicio, como enseguida se demostrará. Ahora, es importante precisar que la quejosa ******************** por propio derecho, reclama de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, el acto siguiente: * A cuerdo de fecha treinta de enero del año dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente de ejecución ********************, emitida por la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guerrero, en el cual indebidamente la responsable hace efectivo el apercibimiento de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, imponiendo a la suscrita una multa en forma individual de ciento veces (sic) el valor de la unidad de medida y actualización (UMA) a razón de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 M.N), equivalente a la cantidad de $11,546.40 (once mil quinientos cuarenta y seis pesos 40/100 M.N), lo cual afecta mis derechos constitucionales de legalidad y seguridad jurídica, toda vez que su determinación carece de fundamentación y motivación. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, SE DECLARA INCOMPETENTE, al estimar que carece de idoneidad jurídica para conocer del asunto. Lo anterior, pone de manifiesto que el acto reclamado consiste en el acuerdo de treinta de enero de dos mil veintitrés, emitido dentro del expediente de ejecución de sentencia ********************, en el que se impuso a la aquí quejosa ******************** quien tiene el cargo de presidenta municipal de ********************, Guerrero, como se aprecia claramente del propio escrito de demanda y demás constancias que integran el presente sumario, de ahí que, evidentemente, el acto que tilda de inconstitucional tendrá "ejecución material" en ********************, Guerrero, dado que es en esa ciudad donde radica la impetrante; aseveración que se tiene así, dado que de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad narra en su escrito inicial de demanda, expuso que en el mes de septiembre de dos mil veintiuno, tomó protesta como Presidenta Municipal del Ayuntamiento de ********************, Guerrero, entonces, es dable inferir que es allá donde radica, y es allá donde materialmente iniciará la ejecución de dicho acto, ello, con el apersonamiento de un funcionario o servidor público de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, o autoridad recaudadora a la que se encomiende la ejecución o cobro de la medida de apremio aludida, ello, en su domicilio particular o al de su empleo, a efecto de cobrar dicha sanción; de ahí que la incompetencia de este órgano jurisdiccional. Sentado lo anterior, de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, así como el punto cuarto, apartado XXI, párrafo tercero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios del Circuito y de los Juzgados de Distrito, tal competencia recae en los Juzgados de Distrito, con residencia en Acapulco de Juárez, Guerrero. Se transcribe en lo conducente el Acuerdo 3/2013 en mención: "...PRIMERO. El territorio de la República se divide en treinta y dos circuitos, cuya circunscripción territorial es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: Estado de Guerrero." ".SEGUNDO. Cada uno de los Circuitos a que se refiere el punto primero comprenderá los tribunales colegiados y unitarios de Circuito y los juzgados de Distrito que a continuación se precisan: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: 1. (. . .) 2. (. . .) 3. Diez juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero: tres con residencia en Chilpancingo, cinco con residencia en Acapulco y dos con residencia en Iguala. "...CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (...) XXI. VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO: (...) (...) Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acatepec, Ahuacotzingo, Alcozauca de Guerrero, Alpoyeca, Atlamajalcingo del Monte, Atlixtac, Cochoapa el Grande, Copanatoyac, Cualac, Chilapa de Álvarez, Chilpancingo de los Bravo, Eduardo Neri, General Heliodoro Castillo, Huamuxtitlán, Iliatenco, José Joaquín de Herrera, Leonardo Bravo, Malinaltepec, Metlatónoc, Mochitlán, Olinalá, Quechultenango, Tixtla de Guerrero, Tlacoapa, Tlalixtaquilla de Maldonado, Tlapa de Comonfort, Xalpatláhuac, Xochihuehuetlán, Zapotitlán Tablas y Zitlala. Los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Acapulco, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Acapulco de Juárez, Atoyac de Álvarez, Ayutla de los Libres, Azoyú, Juchitán, Benito Juárez, Coahuayutla de José María Izazaga, Copala, Coyuca de Benítez, Cuajinicuilapa, Cuautepec, Florencio Villarreal, Igualapa, José Azueta, Juan R. Escudero, La Unión de Isidoro Montes de Oca, Marquelia, Ometepec, Petatlán, San Luis Acatlán, San Marcos, Tecoanapa, Técpan de Galeana, ********************, ******************** y Zihuatanejo de Azueta. (...)." De ese modo, como se precisó, el acto en reclamo tendrá ejecución en un lugar que se encuentra fuera de la jurisdicción de este Juzgado de Distrito, por lo cual se actualiza la primera de las reglas de competencia que establece el artículo 37 de la Ley de Amparo vigente; de lo que deviene entonces que este Juzgador es legalmente incompetente para conocer del presente juicio de amparo. Al respecto es aplicable, la tesis I.1º.A.44, A, de la instancia Tribunales Colegiados de Circuito2, que es del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Criterio que se comparte con el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, al resolver los conflictos competenciales 5/2023, 19/2023 y 23/2023, que se suscitó entre éste Juzgado Séptimo y los Juzgados Tercero y Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, residentes en Acapulco, Guerrero, mismos que pueden ser visibles en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "S.I.S.E". En consecuencia, este Juzgado declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente asunto a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en Acapulco, Guerrero, para que este a su vez lo turne al Juez de Distrito en Turno, residente en esa ciudad, quien se estima tiene idoneidad jurídica para conocer del juicio, toda vez que en su ámbito espacial de competencia está tratando de ejecutarse materialmente el acto reclamado. Con las copias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes. En mérito a lo aquí acordado, se deja sin efectos la audiencia constitucional, que fue programada en auto de quince de junio actual, para las doce horas con cincuenta minutos del dieciocho de julio del año en curso. Asimismo, remítase junto con los autos del presente sumario el original y duplicado del incidente de suspensión derivado del presente juicio, y un tomo de pruebas formado con las constancias allegadas por la autoridad responsable, solicitando el acuse respectivo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta suscrito por ********************; atento a su contenido, se le tiene apersonado al presente juicio, en su carácter de tercero interesado. Asimismo, se tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado en calle ********************, y como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, y únicamente para recibir notificaciones a las demás personas que menciona, por no contar con dicho requisito. Por otra parte, se tiene al ocursante haciendo suyas las manifestaciones realizadas mediante escrito presentado en este Juzgado, el diecinueve de junio actual, suscrito por ********************, quien ahora es señalada por dicha parte procesal como su autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por tanto, hágase relación de dichas manifestaciones como alegatos, al celebrarse la audiencia constitucional, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo.
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