Yareth Gisela Reyna Gómez
Expediente 231/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 24 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 13/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yareth Gisela Reyna Gómez
- Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. Ciudad.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, y la certificación de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes promovieran inconformidad contra el acuerdo de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, en el que este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha lo hayan hecho así, no obstante estar legalmente notificadas para ello, como se desprende de las constancias relativas; por tanto, se les tiene consentido dicho acuerdo. Por otra parte, devuélvase el presente expediente a la mesa III de trámite de este órgano jurisdiccional, a efecto de que provea lo conducente respecto al archivo del mismo.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, informando el acatamiento al fallo protector; ello, a través del oficio 2961/2023, recibido en la oficialía de partes este juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, al que adjuntó copia certificada del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 131/2008 de su índice, con el que a su criterio, se justifica el cumplimiento de la ejecutoria que nos ocupa en el presente juicio. Por lo que este Juzgador ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, se acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdo que se le notificó vía electrónica a la parte quejosa el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, sin que a la fecha haya desahogado dicha vista. Así es, al ser el cumplimiento de la ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto o si hubiera imposibilidad para cumplirla, de acuerdo con la naturaleza de los actos reclamados, los efectos y alcances del fallo protector y sin incluir elementos ajenos a la litis ventilada. Lo anterior, porque no queda a cargo de la autoridad responsable fijar los términos en que debe cumplir la sentencia que concede la protección constitucional, ya que corresponde al juzgador federal declarar si la sentencia está o no cumplida. Ello, a la luz de la tesis IV.2o.C.8 K (10a.) que este órgano jurisdiccional comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, página 3501, cuyo rubro dispone: "EJECUTORIA DE AMPARO. NO QUEDA A CARGO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE FIJAR LOS TÉRMINOS EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL FALLO PROTECTOR.". Ahora bien, a fin de resolver si en el caso la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en el presente juicio, es necesario precisar los efectos para los que se concedió la protección constitucional, siendo el siguiente: "1. Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, declare insubsistente el auto de siete de febrero de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 131/2008; y 2. En su lugar, dicte otro, en donde, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, dé contestación a todas las cuestiones planteadas por la aquí impetrante mediante escritos presentados el ocho y trece de febrero, cinco y veintiocho de marzo, ocho y veintiséis de abril, treinta y uno de mayo, veintisiete de junio (dos escritos), ocho de julio, dieciséis de agosto, dos de septiembre, diez y dieciséis de octubre, y diez de diciembre de dos mil diecinueve; así como el siete de enero de dos mil veinte, en específico, (i) aplicación de multas más efectivas como ejecución forzada, ante la contumacia de la demandada, y en ese sentido, establecer los trámites a seguir a fin de llevar a cabo la ejecución forzada del fallo definitivo, así como tenerse por no justificado el impedimento legal señalado por el Ayuntamiento demandado para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral de origen." De ahí que, en cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante oficio 2961/2023, recibido en la oficialía de partes este juzgado el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, adjuntó copia certificada del auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente laboral 131/2008 de su índice. Documental a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitida por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. Ahora, en auto de dos de marzo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable, en lo que interesa al caso, determinó lo siguiente: "- - - Chilpancingo, Guerrero, a dos de marzo del dos mil veintitrés. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El licenciado Rubén García Linzaga, Secretario de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, tiene por recibidos, el día 07 de octubre del 2022, 01 de diciembre del 2022 y 09 de enero del 2023 tres escritos signados por el C. JESÚS MONTALVÁN RAMIREZ, apoderado legal de la parte actora; el día 25 de octubre del 2022 el escrito signado por la C. ELÍA JIMENEZ FIGUEROA, apoderado legal de la parte demandada; escritos relativos al expediente número 131/2008 relacionado al 623/2010 que promueve e1 YARETH GISELA REYNA GÓMEZ en contra del H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO, con que la Secretaría da cuenta se acuerda: Agréguense los escritos de referencia a los autos del expediente en que se actúa para que surtan los efectos legales correspondientes. En atención al escrito signado por ELÍA JIMENEZ FIGUEROA se tiene al Ayuntamiento condenado por manifestando al cumplimiento del laudo, requerido por auto de fecha 28 de septiembre de 2022, lo anterior para los efectos legales, correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - En atención a los escritos signados por JESUS MONTALVAN RAMÍREZ resulta improcedente la solicitud de aplicar los artículos 843 y 844 de la Ley Federal del Trabajo supletoriamente a la Ley de la Materia, toda vez que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, tiene establecidos sus propios medios de apremios y Procedimiento de Ejecución en su título Sexto, por lo que interpretando el principio de supletoriedad sólo aplica cuando, contenida la prestación, el derecho o la institución, en la Ley de la materia, la misma no la regule con la amplitud debida, se hagan presentes algunas que puedan subsanarse con las disposiciones en ese sentido prevea la ley de aplicación supletoria, pero no es lógico ni jurídico acudir a dicha suplencia para crear instituciones extrañas al Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, como sucede con las medidas que solicita, porque ello equivaldría a integrar prestaciones, derechos o instituciones ajenas a la Ley de la Materia, sirviendo para mayor compresión las tesis de rubro: 2003161. SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE. Por cuanto hace a las vinculaciones que solicita deberá sujetarse a lo que se proveerá en líneas abajo y a la sentencia dictada en el juicio de amparo número 231/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, lo anterior para los efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Para dar cumplimiento a la sentencia dictada en el juicio de amparo número 231/2020 del índice del Juzgado Séptimo de Distrito, se deja insubsistente el auto de 07 de febrero del 2020 y se tiene a la vista los escritos recibidos el día 08 y 13 de febrero del 2019; 05 y 28 de marzo del 2019; 08 y 26 de abril del 2019; 31 de mayo del 2019; 27 de junio del 2019; 08 de julio del 2019; 16 de agosto del 2019; 02 de septiembre del 2019; 10 Y 16 de octubre de 2019); 10 de diciembre del 2019 y 07 de enero del 2020 signados por el C. JESUS MONTALVÁN RAMIREZ, apoderado legal de la parte actora, de los cuales se aprecia que son de contenido similar, es decir, sus peticiones son semejantes entre ellas, por lo que en atención a que se le aplique la multa apercibida en auto de fecha 20 de junio del 2018 ésta se proveyó en auto de fecha 19 de marzo del 2019; por cuanto hace a la multa apercibida en auto de fecha 19 de marzo del 2019 en éste no existe apercibimiento alguno; por cuanto hace a la multa apercibida en auto de fecha 25 de enero del 2019, toda vez que el Ayuntamiento condenado, mediante su escrito recibido el día 04 de marzo del 2019, solo realiza manifestaciones respecto al cumplimiento del laudo, sin embargo no cumple con el laudo, sin menoscabo de la obligación de cumplir el laudo. Como se encuentra fundamentado en el artículo 94 del Estatuto Estatal, atendiendo el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación de pago y dada la dada la autonomía hacendaria, fundamentada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, siendo renuente en dicha obligación; por lo que atendiendo el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación de pago y de una sistemática interpretación del numeral citado deriva que la multa prevista en el 95 de Estatuto Estatal, se actualiza ante la falta de cumplimiento del laudo. Consecuentemente, debe estimarse que sólo en dicho caso procede imponer la multa ya que la finalidad del legislador fue sistematizar y agrupar las sanciones a las que podrían hacerse acreedores los condenados, (.) Por otra parte, resulta improcedente la solicitud de aplicar el artículo 688 de la Ley Federal del Trabajo supletoriamente a la Ley de la Materia, toda vez que el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, tiene establecidos sus propios medios de apremio en su Título Sexto, por lo que interpretando el principio de supletoriedad sólo aplica cuando, contenida la prestación, el derecho o la institución, en la ley de la Materia, la misma no la regule con la amplitud debida, o se hagan presente algunas que puedan subsanarse con las disposiciones que en ese sentido prevea la ley de aplicación supletoria, pero no es lógico ni jurídico acudir a dicha suplencia, para crear instituciones extrañas al Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y descentralizados el Estado de Guerrero, como sucede con la medida que solicita, porque ello equivaldría a integrar prestaciones, derechos o instituciones ajenas a la Ley de la Materia sirviendo para mayor comprensión las tesis de rubro: Registro 2003161 SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITO PARA QUE OPERE. Así también es improcedente vincular al cumplimiento del laudo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, por no tener competencia para administrar en forma directa los recursos que integren la hacienda municipal de conformidad con el artículo 178 fracción III y VIII y185 y 186 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dada la autonomía hacendaria, fundamentada en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sirviendo para mayor comprensión la tesis de rubro: Registro 185982. LAUDOS, CUMPLIMIENTO DE LOS; LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA NO DEBE AFECTARLAS PARTIDAS DESTINADAS A LOS MUNICIPIOS, POR CARECER DE FACULTADES LEGALES PARA ELLO. - - - - - - - - - - Por cuanto hace a aplicar multas más efectivas este Tribunal sujeta su actuar a lo que le permite el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los (sic) - - - - - - - - - - - - Por cuanto hace a aplicar multas más efectivas este Tribunal sujeta su actuar a lo que le permite el Estatuto de los Trabajadores al Servicio del Estado, de los Municipios y de los Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados del Estado de Guerrero, en el entendido que es un Principio General de Derecho Constitucional, universalmente admitido, que las autoridades sólo pueden hacerlo que la ley les permite, por lo que se han girado las instrucciones par a que se interpreten las normas aplicables de la manera que resulten más benéficas y flexibles a sus intereses, sin atropellar los derechos de su contraparte. - - - -- - - - - - - - -- - - Por cuanto hace a la ejecución forzada en efecto debe decirse que el artículo 186 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero menciona que todos los bienes que integran la hacienda estatal o municipal, son inembargables e imprescriptibles y solamente los Presupuestos correspondientes, responderán de las obligaciones relativas, conforme a las leyes; por otra parte, menciona que todas las obligaciones de carácter económico que correspondan al Estado o a los Municipios..., deben entenderse limitadas por las respectivas capacidades presupuestarias, por lo que se concluye que no podrá emplearse vía de apremio solicitada, es decir, para lograr que un Ente de la admiración pública del Estado acate o cumpla la condena de una sentencia laudo, no puede aplicarse la ejecución forzada. Lo anterior no significa que puedan incumplir un laudo o una sentencia en contra de su patrimonio en un juicio en el que figuraron como demandados, sino que parte de la base de que la acatarán voluntariamente, como se menciona el artículo 94 del Estatuto Estatal laboral, por lo que es innecesario e ilegal ir a la vía de apremio púes el propio numeral de la Constitución local señala que, para cumplir los fallos condenatorios, éstos deberán incorporarse en el Presupuesto en el Presupuesto de Ingresos correspondientes." De la transcripción anterior, se advierte el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de siete de febrero de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 131/2008; y con plenitud de jurisdicción de manera fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, dio contestación a todas las cuestiones planteadas por la aquí quejosa mediante escritos presentados el ocho y trece de febrero, cinco y veintiocho de marzo, ocho y veintiséis de abril, treinta y uno de mayo, veintisiete de junio (dos escritos), ocho de julio, dieciséis de agosto, dos de septiembre, diez y dieciséis de octubre, y diez de diciembre de dos mil diecinueve; así como, el siete de enero de dos mil veinte, asimismo se pronunció respecto a la aplicación de multas más efectivas; la solicitud de la ejecución forzada, ante la contumacia de la demandada y no tuvo justificado el impedimento legal señalado por el Ayuntamiento demandado para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral de origen, a quien textualmente le refirió: ."Todo lo anterior es la vía legal para que pueda solicitar una partida especial en el Presupuesto de Egreso de la presente anualidad y cumplir con el pago de los laudos condenatorios emitidos en su contra; por tanto, a través de dicho medio es posible cumplir jurídicamente con el laudo ejecutoriado.". En ese tenor, es incuestionable que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, lo que procede es declarar cumplido el fallo amparador. Es así, pues se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la concesión del amparo, de conformidad con el artículo 77 de la ley de la materia, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. En mérito de lo anterior, dese vista a las partes por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dese vista a la parte quejosa corriéndole traslado con copia autorizada del oficio de cuenta y su anexo, para que en el término de tres días de ser su intención manifieste lo que a su interés legal convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo así, este Juzgado, se pronunciará respecto si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Se tiene recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad capital, por medio del cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 231/2020; asimismo, envía copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el amparo en revisión laboral 212/2022, de su índice. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, de la ejecutoria de mérito se aprecia que la superioridad por unanimidad de votos, resolvió bajo los siguientes puntos: "PRIMERO. Queda firme el segundo resolutivo de la sentencia recurrida que concedió la protección constitucional. SEGUNDO. En la materia de la revisión se modifica la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la no ampara ni protege a la quejosa YARETH GISELA REYNA GÓMEZ, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, consistente en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, que negó vincular al cumplimiento del laudo a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, dictado en el juicio laboral 131/2008, promovido por la citada quejosa en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero." CUARTO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa YARETH GISELA REYNA GÓMEZ, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, residente en Chilpancingo, Guerrero, consistente en el acuerdo de siete de febrero de dos mil veinte, que omitió dar contestación a todas las cuestiones planteadas en diversos escritos presentados por la actora, dictado en el juicio laboral 131/2008, por ella promovido, en contra del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Acapulco, Guerrero; en términos de las razones y fundamentos legales establecidos en los considerandos octavo y noveno de la sentencia recurrida." Por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 192 de la actual Ley de Amparo, con copia autorizada de la ejecutoria dictada por el órgano colegiado referido, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, residente en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, se sirva informar a este Juzgado, el cumplimiento dado al fallo protector, cuyos efectos son para que la autoridad responsable realice los siguiente: Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, declare insubsistente el auto de siete de febrero de dos mil veinte, emitido en el juicio laboral 131/2008; y En su lugar, dicte otro, en donde, con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, bajo los principios de congruencia y exhaustividad, dé contestación a todas las cuestiones planteadas por la aquí impetrante mediante escritos presentados el ocho y trece de febrero, cinco y veintiocho de marzo, ocho y veintiséis de abril, treinta y uno de mayo, veintisiete de junio (dos escritos), ocho de julio, dieciséis de agosto, dos de septiembre, diez y dieciséis de octubre, y diez de diciembre de dos mil diecinueve; así como el siete de enero de dos mil veinte, en específico, (i) aplicación de multas más efectivas como ejecución forzada, ante la contumacia de la demandada, y en ese sentido, establecer los trámites a seguir a fin de llevar a cabo la ejecución forzada del fallo definitivo, así como tenerse por no justificado el impedimento legal señalado por el Ayuntamiento demandado para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral de origen." Por lo que, deberá enviar las constancias que así lo acrediten, apercibida que, de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis; además, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda para los efectos a que alude el artículo 193 de la Ley de la materia. Es de precisarse, que el término otorgado a la responsable para el cumplimiento al fallo protector, es el que este órgano jurisdiccional estima prudente para lograr tal fin, mismo que se concede atendiendo a la naturaleza de la violación transgredida, lo anterior, con fundamento en el numeral 192, párrafo cuarto del ordenamiento legal invocado. Puntualícese además a la autoridad responsable que el presente requerimiento se formulará por única ocasión, pues si bien el numeral 192 de la actual Ley de Amparo establece que en el mismo proveído se deberá requerir en términos similares al superior jerárquico, no menos cierto, es que en el presente asunto, en concordancia con la jurisprudencia 2a./J. 36/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Decima Época, libro IV , enero de dos mil doce, tomo 4, visible a página tres mil quinientos quince, de rubro "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO". Se establece que la responsable debe ser atendida como un órgano jurisdiccional plenamente autónomo, por tanto, no cuenta con superior jerárquico alguno; dicho criterio no se opone a lo dispuesto en esta nueva ley, acorde a lo indicado en el punto sexto transitorio. Asimismo, hágase del conocimiento a la autoridad responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, de conformidad con el artículo 193 de la ley de Amparo, así como con el punto segundo del Acuerdo General Numero 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativo a las atribuciones de los Tribunales Colegiados de Circuito al ejercer la competencia delegada para conocer de los incidentes de Inejecución de Sentencia no se realizará un requerimiento subsecuente; puesto que al no dar cumplimiento al fallo protector en el plazo razonable estipulado, lo procedente es remitir el expediente al órgano colegiado correspondiente, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. En relación al cuaderno de antecedentes que se formó para la substanciación del recurso de revisión referido, tomando en consideración que cumplió su objetivo, es decir, suplió al expediente principal durante la secuela del citado recurso; en consecuencia, desglósense las actuaciones originales e intégrense a juicio principal y remítase el citado cuaderno al archivo, mismo, que es susceptible de destrucción, una vez que hayan transcurrido seis meses; toda vez que carece de valor institucional, histórico o de relevancia alguna y no aporta mayores elementos al acervo archivístico, ello de conformidad con lo establecido en el 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación, según su artículo primero transitorio.
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