Yaret Polanco Moreno
Expediente 637/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 05/07/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yaret Polanco Moreno
Actuaciones
- Principal
Acapulco, Guerrero; cinco de julio de dos mil dieciséis. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, y no se recurrió el auto mediante el cual se desechó la demanda; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, al no existir actuación alguna por cumplimentar, en su oportunidad archívese este asunto como totalmente concluido, previa las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, es preciso mencionar que, conforme al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo primero, fracción I, se hace la indicación de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años a partir del presente proveído, aunado a que no es considerado de relevancia documental conforme al último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto en cita; hágase constar lo anterior en su caratula. Notifíquese.
- Principal
Acapulco, Guerrero; veintitrés de junio de dos mil dieciséis. Vista la razón de cuenta signada por la Actuaria Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar su imposibilidad para notificar a la parte quejosa, el auto de veinte de junio de la anualidad que transcurre; en consecuencia, practíquese dicha notificación por lista, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), en relación con el diverso 29, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
RAZÓN DE NOTIFICACIÓN PERSONAL POR ESTRADOS: SE NOTIFICA A LA QUEJOSA YARET POLANCO MORENO, EL CONTENIDO DEL AUTO DE FECHA VEINTE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Acapulco, Guerrero; veinte de junio de dos mil dieciséis.Vista la demanda de amparo promovida por Yaret Polanco Moreno, por su propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Sector Garita. Regístrese en el libro de gobierno con el número 637/2016, y fórmese expediente. De conformidad por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede dilucidar en torno a la procedencia de la demanda que nos ocupa, para lo cual resulta necesario hacer las siguientes precisiones: Al examinar el escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama la omisión del Agente del Ministerio Público Sector Garita, con sede en esta ciudad en acordar dentro de la averiguación previa TAB/GAR/02/0207/2016, su petición realizada el trece de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual solicita la devolución del vehículo marca Toyota, tipo Yaris, modelo 2007, número de motor 1NZC470752 y número de serie JTDBT923171120065. Bajo ese contexto, se tiene que en este asunto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] Fracción XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: Fracción V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..." Del numeral citado en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulta de alguna disposición de la ley. Por otra parte, el diverso numeral 107, fracción V, dispone que el juicio de amparo es procedente contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación, los cuales son definidos como aquellos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales. Para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", se atenderá a los efectos o consecuencias que estos produzcan, es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente (que se distingue de una violación formal) un derecho sustantivo (de naturaleza distinta de los derechos adjetivos) protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. La interpretación de lo que debe entenderse por "imposible reparación" para calificar la procedencia de la demanda de amparo indirecto contra un acto emitido dentro del juicio, en los términos mencionados, fue explicado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Jurisprudencia 37/2014, publicada el viernes 06 de junio de 2014 en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". De la jurisprudencia antes transcrita se obtiene que las condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento son: Que se trate de actos "que afecten materialmente derechos"; lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. Que esos "derechos afectados materialmente" revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Bajo ese contexto, el acto reclamado en el presente juicio consistente en la omisión del Agente del Ministerio Público Sector Garita, con sede en esta ciudad en acordar dentro de la averiguación previa TAB/GAR/02/0207/2016, su petición realizada el trece de mayo de dos mil dieciséis, mediante la cual solicita la devolución del vehículo marca Toyota, tipo Yaris, modelo 2007, número de motor 1NZC470752 y número de serie JTDBT923171120065. Ahora bien, dicho acto, que el amparista considera violatorio del artículo 8º de la Constitución Federal, no se ubica en la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento, en el que la quejosa es parte, respecto al derecho de petición, el cual no lo deja sin defensa ni puede verse de forma autónoma, ya que se da en el contexto del procedimiento, por lo que debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo, conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a la petición realizada y, consecuentemente, no tiene una ejecución de imposible reparación. Sin que pase desapercibido que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso (artículo 14) y acción (artículo 17), por lo que no actualizaría el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. El párrafo anterior y el criterio del cual parte este auto es tomado de la jurisprudencia 8/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 130/2014, Décima Época, registro 2008883, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I, página 478, jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.), publicada el 17 de abril de 2015, del rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Por lo antes expuesto, se tiene que en el caso en estudio se surte la causa de improcedencia que se analiza; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda, e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto, lo procedente es desechar la demanda de amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que para ese efecto designa en el escrito de demanda; por autorizados en términos amplios del artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, a Rigoberto Popoca Soto y María del Carmen Testa Díaz, cuyas cédulas se encuentran registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los acredita como profesionales del derecho. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese. ..."; LO QUE S ENOTIFICA POR ESTA VÍA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES Y EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN AUTO DE FECHA VEINTITRÉS DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO...
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