Yaremy Prada Ochoa

Expediente 467/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 15 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
467/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
27/10/2022

Partes del expediente

  • Yaremy Prada Ochoa
  • Yasmani Pérez Valdés
  • Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca
  • Yaremy Prada Ochoa y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que los quejosos Yaremy Prada Ochoa y Yasmani Pérez Valdés, interpusieran recurso de revisión contra la sentencia dictada el cinco de octubre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo 467/2022. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18, inciso A, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto de siete de julio de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano; se destaca que no existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto en el que se sobreseyó, pero se concedió la suspensión de plano, de conformidad a lo previsto en el artículo 18, inciso a), este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su depuración, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el informe justificado rendido vía correo electrónico, por la Jefa del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, en representación de la 1. Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. 2. Subrepresentación Local de Oaxaca del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, se da vista a las partes para que se impongan de su contenido y hagan valer lo que a su derecho convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 119 y 121 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas documentales que anexa a su informe la responsable, consistente en copias certificadas derivadas del procedimiento administrativo migratorio seguido al aquí quejoso. CORREO INSTITUCIONAL Téngase a la prenombrada responsable, señalando como correos institucionales los que indica en la misiva de cuenta, por lo que instrúyase a la sección de actuaria realice las notificaciones que le correspondan a la aludida autoridad en dicha dirección electrónica. NÚMERO TELEFÓNICO Sin que haya lugar a proveer de conformidad la solicitud de la autoridad para tener el número telefónico que proporciona, toda vez que de la interpretación de las disposiciones relativas a las notificaciones en el juicio de amparo en el artículo 26 de la aludida Ley, si bien establece su práctica vía electrónica, no es como tal para realizarla a través de dicho medio. Lo anterior, sin perjuicio de que en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo se establecen formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan establecer comunicaciones, se tenga como tal, siempre que no sean de aquellas comunicaciones procesales, como lo son las notificaciones que le correspondan, ello a efecto de salvaguardar su propia seguridad jurídica en este juicio respecto de plazos y apercibimientos que se le llegaran a formular. SIGILO Por otro lado, como lo solicita la aludida responsable respecto de las documentales que adjunta a su oficio de cuenta, en términos de los numerales que cita en la misiva y del artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 113 fracción V, y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, este Juzgado de Distrito, adopta las medidas necesarias a efecto de resguardar y mantener la secrecía de éstas, con la finalidad de salvaguardar los principios de reserva de identidad y la protección de los datos personales de identificación y localización; ello, en aras de salvaguardar sus derechos humanos, únicamente se permite el acceso de éste a los servidores públicos facultados para ello; debiéndose observar en todo momento lo dispuesto en los preceptos 9, 10 y 11, fracción VI, del primero de los ordenamientos citados, así como del numeral 24, fracción VI, del último estatuto mencionado; por tanto, el resguardo, de las constancias aludidas se hará testando al efecto los datos sensibles de identificación. Cabe precisar que es de tomarse en cuenta con el informe, pues no obstante que se remitió vía correo, éste es un medio de comunicación electrónica, que al ser certificado por este juzgado adquiere eficacia probatoria; así, al caso se invoca, por analogía jurídica, la tesis con número de registro 216635, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 245, del Semanario Judicial de la Federación tomo XI (abril de 1993), Octava Época, de rubro: "DOCUMENTOS RECIBIDOS VÍA FAX. VALOR PROBATORIO DE LOS." DIFERIMIENTO DE AUDIENCIA Ahora bien, toda vez que dichos informes no fueron presentados con ocho días de anticipación, como lo prevé el artículo 117, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional señalada las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de septiembre del actual, fijándose las diez horas con cuarenta y cinco minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para su celebración; siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presentes. Máxime que en el caso, el acto reclamado, no se ubica en los supuestos a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para poder alegar de manera oral en la audiencia, aunado a que no hay ofrecimiento de pruebas que requieran la presencia de las partes o de diversas personas conforme a la certificación secretarial que antecede. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 191995, cuyo tenor literal es: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, ocho de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito de ***, con firma electrónica y evidencia criptográfica, por medio del cual hace diversas manifestaciones en relación a la libertad de los directos quejosos; en consecuencia, se provee: No ha lugar a hacer mayor pronunciamiento en relación a su contenido, ya que mediante auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, se tuvo por autorizada únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; de ahí que no cuenta con la facultad para promover en el presente juicio de amparo. Lo anterior, sin que se soslaye que mediante proveído de dos de agosto de la anualidad, se tuvo a la ocursante promoviendo en favor de los quejosos; sin embargo, esto se hizo en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Notifíquese

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, uno de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, advirtiéndose que las autoridades responsables 1. Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca y 2. Subrepresentación Local de Oaxaca del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, no han rendido su informe justificado, no obstante de su legal notificación desde el ocho de agosto del actual; sin embargo no se advierte que se les haya remitido copia de la demanda de amparo, para que tenga conocimiento en su integridad de los actos a ellas reclamados en el presente asunto. Por ello, a fin de no incurrir una violación al procedimiento y una probable reposición en el presente asunto, adjúntese al oficio correspondiente la misiva respectiva y con copia de la demanda de amparo, a fin de que las responsables estén en aptitud de rendir su informe con justificación. En consecuencia, con fundamento en el artículo 75, de la Ley de Amparo, a fin de dictar una sentencia conforme a derecho requiéraseles para que dentro del término de tres días siguientes a la legal notificación de este proveído rindan su informe justificado. Apercibidos que de no hacerlo les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a que se refieren los artículos segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en relación con los resolutivos primero de la Resolución del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos que fija los salarios mínimos y profesionales, vigentes a partir del uno de enero de dos mil dieciséis, y segundo de la Nota Aclaratoria a dicha resolución, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de diciembre de dos mil quince, como corrección disciplinaria en términos de lo que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 238 de esa legislación. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las nueve horas con treinta y cinco minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.

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