Yaremi del Carmen Cauich Mukul

Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Campeche. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
410/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
25/07/2023

Partes del expediente

  • Yaremi del Carmen Cauich Mukul

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió, dentro del término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia este juicio de amparo, por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su ordinal 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales a que haya lugar. En esas condiciones, toda vez que no existe cuestión pendiente en este asunto, se declara como concluido, por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y se ordena su archivo como asunto concluido, en los siguientes términos: 1. PLAZO DE CONSERVACIÓN. Expediente destruible en un plazo de tres años. Toda vez que se trata de un juicio de amparo sobreseído, el cual carece de relevancia documental, por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción I), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción. Lo anterior, pues en el caso: se sobreseyó en el presente juicio de amparo y éste carece de relevancia documental en términos del numeral 15 del referido Acuerdo General. Entonces, este expediente, al ser destruible, se conservará por el término de tres años en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, contados a partir de que se ordenó el archivo como asunto concluido, y una vez concluido dicho plazo, dentro de los siguientes treinta días deberá procederse a su destrucción, hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo establece el penúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General. Hágase constar su valoración en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del citado Acuerdo archivístico, así como en la relación que se integre. El cuaderno original del incidente de suspensión (en el que se declaró sin materia el incidente de suspensión), es susceptible también de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV) del citado Acuerdo General, en relación con el Capítulo 8, punto 1.2, apartado 4, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, consérvese el expediente en el "archivo de trámite" a que se refieren los artículos 8, fracción I, y 9 del Acuerdo General invocado, y una vez que transcurran tres años a esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Hágase constar en la carátula del cuaderno original del incidente de suspensión, la leyenda "DESTRUIBLE", de conformidad con lo dispuesto por el cardinal 35 del citado Acuerdo archivístico, para efectos de su transferencia. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez del Juzgado Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, las copias certificadas del expediente, relativo al juicio sumario civil de guarda y custodia, que remitió en apoyo a su informe justificado; lo anterior, por carecer de razón su permanencia en autos. Notifíquese por lista a las partes y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    San Francisco de Campeche, Campeche, diecinueve de mayo de dos mil veintitrés. Con apoyo en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, se tiene por recibido y agrega a los autos el oficio remitido por la Jueza del Juzgado Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, asimismo, remite copias certificadas del expediente, en dos tomos. Ahora bien, la autoridad responsable Jueza del Juzgado Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, adjuntó a su oficio de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, copia certificada del expediente, en dos tomos, del que se advierte que mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, se decretó el sobreseimiento en el expediente, relativo al Juicio Sumario Civil de Cambio de Guarda y Custodia; en ese sentido, tomando en consideración que tales documentales tiene valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en su ordinal 2°, resulta indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio. En consecuencia, esta Juzgadora estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Para ello, es menester citar el contenido del dispositivo legal citado, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Primeramente, es necesario precisar que la parte quejosa reclamó de la autoridad responsable, Juez Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad de este Primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, el acuerdo de fecha 11 de enero de 2023, 3 de febrero de 2023, los que se integren y sigan en el expediente, que se sigue ante el juzgado primero mixto en materia tradicional familiar y de oralidad de este primer distrito judicial del estado de Campeche, pues del acto realizado por la autoridad responsable, es un juicio de cambio de guarda custodia. Sin embargo, del contenido de las constancias que remitió la autoridad responsable, se observa que el Juez responsable, mediante proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, determinó sobreseer el juicio, relativo al Juicio Sumario Civil de Cambio de Guarda y Custodia, dejando sin efecto todo lo actuado dentro de ese asunto, pero dejando a salvo los derechos de las partes para que los hagan valer conforme al derecho corresponda en el diverso juicio; razón por la cual, el presente sumario se torna improcedente y por ende, lo que procede es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia. Tiene aplicación por contener el principio jurídico apuntado, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada con el número 59, Novena Época, visible en la página 38, Tomo XIV, junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto literalmente establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 10, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos del sobreseimiento; estos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, 63, fracción V, y 65 de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio promovido por ***, contra actos del Juzgado Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad. En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las diez horas del siete de junio de dos mil veintitrés. Asimismo, se ordena al Secretario judicial encargado del libro uno de juzgado, relativo al registro de juicios de amparo, proceda a realizar la anotación correspondiente. En ese orden de ideas, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 1, 9, 118 y tercero transitorio, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida mediante el Decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis, según lo dispone su artículo primero transitorio, en concordancia con el ordinal 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, reglamento vigente hasta en tanto se emita la nueva norma complementaria. Sin embargo, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de nombrada ley Federal, aplicable hasta en tanto se emita la nueva norma reglamentaria, conforme lo dispone el artículo tercero transitorio del mencionado decreto, se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia, y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública, previsto en el TÍTULO QUINTO, DEL PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, Capítulo I, de la nueva Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis (vigente a partir del diez de mayo siguiente en términos del artículo primero transitorio del decreto). En acatamiento al Acuerdo General 29/2007 del Pleno de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Finalmente, respecto a los anexos remitidos por la responsable, se dispone a formar dos cuadernos auxiliares que se mantendrán por separado, pero formando parte del presente juicio, dado su volumen y para hacer de fácil manejo este expediente. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL San Francisco de Campeche, Campeche, siendo las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia en el incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo410/2023-II-A, contra actos del Sala Penal y Especializada en Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Campeche, se levanta la presente acta al estar en audiencia Juez Primero de Distrito en el Estado de Campeche, ante Secretario que autoriza y da fe. Apertura de la audiencia y relación de constancias. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la Juez declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias del incidente de suspensión: copia simple de la demanda de amparo; auto en el que se proveyó sobre la suspensión provisional, y se da cuenta con el oficio remitido por la Jueza del Juzgado Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, anotado en el Libro de Registro de Correspondencia como 8542. Al respecto la Juez, acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede y respecto del oficio remitido por la Jueza del Juzgado Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad Familiar del Primer Distrito Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe previo, agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes. . R E S U E L V E: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión promovido por ***, en los términos especificados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese

  4. Incidental

    San Francisco de Campeche, Campeche, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 125, 128, 130 y 138 de la Ley de Amparo, tramítese el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 410/2023-II-A, promovido por ***, quien solicita el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en contra de los actos que atribuye al Juez Primero Mixto en Materia Tradicional Familiar y de Oralidad de este primer Distrito Judicial del Estado de Campeche, con sede en esta ciudad. Asimismo, en el escrito aclaratorio recibido el veintiséis de abril del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este Juzgado, suscrito por la parte quejosa, señaló: "al proveer los acuerdos de fecha 11 de enero, 3 de febrero de laño en curso. y demás acuerdos que le siguen en el expediente. Asimismo, no observar las normas protectoras de la niñez, derecho de las mujeres, a una vida sin violencia, al procurar exponer física y psicológicamente a mi persona con las diligencias y a los menores a un posible cambio de guarda y custodia para quedar a arbitrio de su posible agresor sexual." En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el mencionado artículo 138 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a pronunciarse sobre la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa respecto del acto reclamado, ponderando para ello la apariencia del buen derecho, la no afectación del interés social y la no contravención de las disposiciones de orden público. Para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales disponen que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) que el acto reclamado, de acuerdo a su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; b) El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico, que para efectos de la suspensión, se denomina interés suspensional, y c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, la quejosa solicitó la suspensión para los efectos siguientes: ".las cosas se mantengan en el estado que guarden y, de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo." El acto reclamado es susceptible de suspenderse, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de procedencia y efectividad que exige la medida cautelar. a) Que exista solicitud de quien tenga interés jurídico. Dicho precepto establece, en su fracción I, que la suspensión se decretará "cuando la solicite el agraviado", lo que implica que exista petición de parte, pero también que esa solicitud la realice la persona que se vea afectado en su interés jurídico por el acto reclamado. Ello significa que la parte quejosa no sólo debe instar a la autoridad de amparo para que suspenda el acto reclamado, sino, además, demostrar que tiene un interés jurídico para que la medida cautelar que solicita le sea concedida. Es decir, debe acreditar ser titular de un derecho subjetivo público (concebido como la facultad o potestad de exigencia), que tenga sustento en una norma sustantiva y, por lo mismo, deba ser protegido por el orden constitucional ante una violación directa a ese derecho. Por último, deben acreditar que el acto que reclama le perjudica o puede lesionar dicho interés. En el caso existe petición de suspensión y, además, quien la solicita acredita su interés suspensional, pues según lo expuesto en la demanda de garantías, resulta ser la madre de los menores I.J.A.C. y F.I.A.C. b) Que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público. La fracción II, del citado artículo 128, establece: "que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público". Sobre el particular se entiende que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor, respecto del daño que se pretende evitar con la suspensión del acto, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Este requisito se estima cumplido, pues con la suspensión del acto reclamado no se lesiona el interés social ni se contravienen disposiciones de orden público; con la suspensión de la ejecución del acto reclamado no se afecta a la colectividad, pues no se le priva de un beneficio que le otorgan las leyes ni se le causa un daño, tampoco permite la realización de alguno de los actos que el legislador enunció como ejemplos de lo que podría causar perjuicio al interés social y contravenciones al orden público. Se estima de esa manera, porque si bien, por regla general, la continuación de los juicios es de orden público y su paralización contraviene el interés social; en el caso se pondera el interés superior de los menores involucrados. Es así, pues constituye un hecho notorio para quien juzga, que ante el Juez Tercero Mixto en Materia Tradicional, Familiar y de Oralidad del Primer Distrito Judicial del Estado, se tramita el Juicio Ordinario Civil de Divorcio Sin Expresión de Causa, promovido por *** en contra de ***, bajo el número de expediente en el cual se está dirimiendo lo relativo a la guarda y custodia de los menores aquí quejosos, del cual fueron allegadas diversas constancias al Juicio de Amparo Indirecto 525/2022 del índice de este juzgado. De dichas constancias se puede advertir que los menores quejosos han sido sometidos a estudios psicológicos a efecto de establecer la pertinencia de las medidas provisionales atientes a las convivencias con su progenitor, particularmente el menor. En esas condiciones debe privilegiarse el interés superior de los menores, lo que hace procedente en el caso, atendiendo a un examen preliminar, conceder la suspensión para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que se encuentran, esto es, que no se dicten medidas que conlleven someter a los menores a nuevas valoraciones psicológicas que puedan revictimizarlos, así como aquellas que impliquen un cambio de guarda y custodia ya sea de manera provisional o definitiva. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. II. Consecuencias de la violación a la suspensión. Los artículos 262 fracción III de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal prevén y sancionan, respectivamente, el delito de violación a la suspensión. El primero de ellos dispone: "Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;." En consecuencia, se apercibe a la autoridad responsable que para el caso de no acatar en sus términos la presente suspensión, se dará vista con esos hechos a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Por otra parte, y una vez establecido lo conducente respecto de la suspensión provisional de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia incidental respectiva. Por consiguiente, con fundamento en el propio numeral 138, fracción III, de la Ley de Amparo, pídase informe previo a la autoridad responsable, que deberá rendirlo dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS siguientes a la notificación que se le haga de este acuerdo, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo indicado, se presumirá cierto el acto reclamado para el solo efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, en términos del artículo 142 de la ley invocada, y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), tomando en consideración que el valor de la medida y actualización (UMA) emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para el año dos mil veintitrés, es de $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.), de conformidad con el artículo 26, penúltimo párrafo del apartado B, del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace saber a la autoridad responsable que en su informe previo deberán ajustarse a los lineamientos estrictamente precisados en el artículo 140, párrafo primero, de la nueva ley de la materia, esto es: a) Expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuyen; b) Podrá expresar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia e improcedencia de la suspensión; y c) Deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance que permitan a este juzgado de distrito, en su caso, establecer el monto de las garantías correspondientes. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el ocurso de cuenta. Se exhorta a todas las partes, con apoyo en el artículo 22, fracciones I y II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que de estimarlo pertinente, transiten o se mantengan en el esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea; asimismo para que propongan formas especiales y expeditas de contacto para entablar comunicaciones no procesales, tales como: correo electrónico y servicios de mensajería instantánea (messenger, whatssapp, etc), tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. De igual forma, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electro´nica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. Desde este momento, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario comisionado, diligencie en dicha temporalidad extraordinaria, la notificación personal que en su caso se ordene. Notifíquese.

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