Yarely Ortega Popoca (TESTIGO)
Expediente 298/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 66 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 298/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 66
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Juana Paredes Castro
- Lupita López Hernández (TESTIGO)
- Yarely Ortega Popoca (TESTIGO)
- Ayuntamiento del Municipio de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 66.
- Principal
A las nueve horas del nueve de octubre de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte tercero interesada Juana Paredes Castro, el contenido del proveído de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del el veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es conservable, por el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo que dispone el artículo 17 del Acuerdo General referido. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Causa estado cumplimiento a la sentencia de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes hicieran valer recurso de inconformidad contra el auto del el veintiséis de agosto de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria emitida en este juicio de amparo; en consecuencia, se declara que el auto de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo interpretado a contrario sensu, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Valoración del expediente. Se establece que el presente expediente es conservable, por el término de tres años a que se refiere el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, por ubicarse en el supuesto establecido en el artículo 17, fracción III, inciso a), del citado Acuerdo; POR HABERSE CONCEDIDO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL EN EL JUICIO. Plazo de conservación. Resguárdese el juicio principal por el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Transferencia. Terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Dado que el presente juicio carece de relevancia documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, del citado Acuerdo General, el expediente principal deberán transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo que dispone el artículo 17 del Acuerdo General referido. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su transferencia o destrucción. Devolución de documentos. Por otra parte, toda vez que los documentos exhibidos por la parte quejosa, se ubican en la hipótesis del artículo tercero, fracción XVIII, del invocado Acuerdo General, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días comparezca a las instalaciones de este Juzgado Federal en día y hora hábil debidamente identificada para recogerlos, apercibido que de no hacerlo así, dichos documentos serán depurados junto con el expediente. Ahora bien, para dar cumplimiento a lo anterior, en términos del artículo 5 del Capítulo II, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para estar en posibilidad de coordinar la entrega de los documentos que se indica, el solicitante deberá comunicarse al teléfono 241 418 81 90 extensión 1308, (dentro de un horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes), una vez que quede debidamente notificado del presente proveído. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintidós (fojas 475 a 511 del tomo I), por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa********************, en los siguientes términos: "[.] OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo y protección que se otorga es para el efecto de que las autoridades responsables, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria y en estricta aplicación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleven a cabo los actos siguientes: El Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, deberá determinar dejar insubsistente la resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ********************de su índice y deberá emitir una nueva en la que determine la improcedencia del mismo. Se deberá ordenar la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro. Al respecto, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 897, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Sin embargo, en el presente caso no es procedente ordenar a las autoridades responsables que le paguen a la parte quejosa la indemnización y demás prestaciones a que se refiere le jurisprudencia que se acaba de transcribir, en virtud de que si bien es cierto se declaró inconstitucional todo lo actuado en el procedimiento administrativo instruido bajo el número de expediente ********************, el cual concluyó con la resolución definitiva dictada el diecinueve de junio de dos mil veinte, también lo es que la conclusión del servicio que prestaba dicha quejosa como elemento de seguridad pública municipal ya había ocurrido con anterioridad a dicho procedimiento, es decir, con motivo del escrito de renuncia presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte. En tal virtud, la presente sentencia no tiene el alcance de limitar las facultades administrativas del Secretario del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, para dar el trámite administrativo correspondiente a la renuncia presentada por la parte quejosa, por lo que quedan expeditas dichas facultades. [.]". Inconforme con dicha sentencia,******************** -quejosa- interpuso recurso de revisión; el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien por ejecutoria de diez de noviembre de dos mil veintidós resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, en términos del diverso tercero, de la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en los diversos séptimo y octavo de la sentencia recurrida. [.]" (fojas 567 a 604 del tomo I). Ahora, en la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa********************, para efecto de que las autoridades realizaran lo siguiente: "(.) El Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, deberá determinar dejar insubsistente la resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ********************de su índice y deberá emitir una nueva en la que determine la improcedencia del mismo. Se deberá ordenar la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a las autoridades responsables, que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, por oficio de veintitrés de enero del presente año, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 652 a 655 del tomo I), la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, comunicó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: Por acta de diecinueve de enero de dos mil veintitrés celebrada por el Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, determinó dejar insubsistente la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo disciplinario ********************declarándolo improcedente; y, Ordenó hacer la anotación en el expediente personal de********************, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue dada de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada. Actuaciones que acreditó con las documentales que en copia certificada anexó a dicho oficio consistente en la Sesión Extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de San Ana Nopalucan, Tlaxcala. Posteriormente, la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, por oficios de veintisiete y treinta y uno de enero del presente año (fojas 662 a 665 del tomo I), comunicó a este Juzgado Federal la imposibilidad de llevar a cabo la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que en dicho municipio no se encontró expediente relativo a********************, así como tampoco existe registro de alta dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo que se ordenó, remitir los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual por razón de turno, le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mismo que registró como incidente de inejecución de sentencia ********************, mismo que fue resuelto mediante ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el cual ordenó la devolución del expediente a este juzgado para los efectos siguiente: (.) "En efecto, la autoridad municipal debe integrar el expediente personal de la impetrante, esto en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la quejosa ya no labore a su servicio, pues ello no es obstáculo para el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, máxime cuando la formación material del expediente personal de la quejosa obedece a un trámite de tipo administrativo. De ahí que, se insiste el organismo municipal debe hacer todo aquello que sea necesario hasta lograr el cumplimiento del amparo, esto es, recabar la información necesaria e integrar materialmente el expediente de la quejosa, toda vez que ello atiende a la obligación que tiene la autoridad responsable de cumplir los efectos de la sentencia de derechos fundamentales." (.) "En el asunto en estudio, de acuerdo a la mecánica que hasta ahora se ha seguido para lograr el cumplimiento del amparo, se debe constreñir a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, quien al igual que las autoridades responsables, deberá efectuar todo aquello que sea necesario para lograr la anotación en el expediente de la quejosa. Para tal efecto, dicha autoridad estatal deberá establecer el mecanismo correspondiente, conforme a la normatividad que resulte aplicable, a fin de lograr una coordinación con la autoridad municipal responsable, a fin de lograr el cumplimiento del amparo otorgado a********************. Se requiere cumplimiento. Por lo que mediante proveído de dieciséis de mayo del presente año, se requirió al Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, para que realizara lo siguiente: "a) Integre el expediente personal de la quejosa como elemento de la Policía de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal. b) Dé de alta a la quejosa en el Registro Nacional de Seguridad Pública como elemento de policía del Ayuntamiento responsable c) Una vez efectuado lo anterior, realice la anotación de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, tanto en el expediente personal como en el Registro Nacional de Seguridad Pública." Mediante, auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ********************, informó que solicitó el alta de la quejosa********************, ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala; además manifestó que no cuenta con el respaldo de datos y documentos de la quejosa para integrar el expediente personal respectivo y solicitó a este juzgado para que requiera a la quejosa a fin que se constituyera en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala y de presentara la documentación necesaria para crear su expediente, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anteriormente solicitado, o no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se entendería su desinterés y se tendría por cumplido el fallo protector Transcurrido el plazo concedido en acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, la parte quejosa fue omisa en exhibir los documentos para integrar el expediente personal y darla de alta ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala. Se declara cumplido el fallo protector En consecuencia, este Órgano constitucional determina que se debe tener por cumplido el fallo protector, toda vez que la parte quejosa fue omisa en exhibir los documentos para integrar el expediente personal y darla de alta ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
- Principal
A las nueve horas del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, la suscrita Karen Aguas Pérez, Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, HAGO CONSTAR: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa Juana Paredes Castro, el contenido del proveído de veintitrés de agosto de dos mil veintitrés, dictado en el juicio de amparo referido al rubro. Doy fe: Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Análisis cumplimiento de sentencia. Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, y conforme al artículo 107, fracción XVI, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, dispone que no puede archivarse ningún juicio de amparo, sin que quede cumplida la sentencia en que se haya concedido a la parte quejosa la protección constitucional. En la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintidós (fojas 475 a 511 del tomo I), por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa********************, en los siguientes términos: "[.] OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. El amparo y protección que se otorga es para el efecto de que las autoridades responsables, siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria y en estricta aplicación del artículo 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lleven a cabo los actos siguientes: El Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, deberá determinar dejar insubsistente la resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ********************de su índice y deberá emitir una nueva en la que determine la improcedencia del mismo. Se deberá ordenar la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro. Al respecto, no pasa inadvertida la jurisprudencia 2a./J. 117/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 897, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo I, Materia Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación que a la letra dice: "MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO DIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DICTADA EN SEDE JURISDICCIONAL CUANDO SE ADVIERTAN VIOLACIONES PROCESALES, FORMALES O DE FONDO EN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA DICTADA EN SEDE ADMINISTRATIVA QUE DECIDE SEPARARLOS, DESTITUIRLOS O CESARLOS. Conforme a lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 103/2012 (10a.) (*), de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA SENTENCIA EN LA QUE SE CONCEDE EL AMPARO CONTRA LA SEPARACIÓN, REMOCIÓN, BAJA, CESE O CUALQUIER OTRA FORMA DE TERMINACIÓN DEL SERVICIO DE MIEMBROS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE AUDIENCIA, DEBE CONSTREÑIR A LA AUTORIDAD RESPONSABLE A PAGAR LA INDEMNIZACIÓN CORRESPONDIENTE Y LAS DEMÁS PRESTACIONES A QUE EL QUEJOSO TENGA DERECHO.", cuando el quejoso impugne en amparo directo la ilegalidad de la resolución definitiva, mediante la cual haya sido separado del cargo que desempeñaba como servidor público de una institución policial, por violaciones procesales, formales o de fondo en el procedimiento administrativo de separación; tomando en cuenta la imposibilidad de regresar las cosas al estado en el que se encontraban previo a la violación, por existir una restricción constitucional expresa, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, sino que el efecto de la concesión del amparo debe ser de constreñir a la autoridad responsable a resarcir integralmente el derecho del que se vio privado el quejoso. En estos casos, la reparación integral consiste en ordenar a la autoridad administrativa: a) el pago de la indemnización correspondiente y demás prestaciones a que tenga derecho, y b) la anotación en el expediente personal del servidor público, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que éste fue separado o destituido de manera injustificada." Sin embargo, en el presente caso no es procedente ordenar a las autoridades responsables que le paguen a la parte quejosa la indemnización y demás prestaciones a que se refiere le jurisprudencia que se acaba de transcribir, en virtud de que si bien es cierto se declaró inconstitucional todo lo actuado en el procedimiento administrativo instruido bajo el número de expediente ********************, el cual concluyó con la resolución definitiva dictada el diecinueve de junio de dos mil veinte, también lo es que la conclusión del servicio que prestaba dicha quejosa como elemento de seguridad pública municipal ya había ocurrido con anterioridad a dicho procedimiento, es decir, con motivo del escrito de renuncia presentado el dieciséis de junio de dos mil veinte. En tal virtud, la presente sentencia no tiene el alcance de limitar las facultades administrativas del Secretario del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, para dar el trámite administrativo correspondiente a la renuncia presentada por la parte quejosa, por lo que quedan expeditas dichas facultades. [.]". Inconforme con dicha sentencia,******************** -quejosa- interpuso recurso de revisión; el cual fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, quien por ejecutoria de diez de noviembre de dos mil veintidós resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo ********************, respecto de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando segundo, en términos del diverso tercero, de la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a********************, contra los actos reclamados y autoridades responsables señaladas en el considerando segundo, por los motivos y para los efectos precisados en los diversos séptimo y octavo de la sentencia recurrida. [.]" (fojas 567 a 604 del tomo I). Ahora, en la sentencia dictada el catorce de junio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitado por la quejosa********************, para efecto de que las autoridades realizaran lo siguiente: "(.) El Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, deberá determinar dejar insubsistente la resolución definitiva emitida en el Procedimiento Administrativo Disciplinario ********************de su índice y deberá emitir una nueva en la que determine la improcedencia del mismo. Se deberá ordenar la anotación en su expediente personal, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, debiendo vigilarse la materialización de dicho registro. Mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito y se requirió a las autoridades responsables, que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En cumplimiento a lo anterior, por oficio de veintitrés de enero del presente año, recibido en esa misma fecha en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 652 a 655 del tomo I), la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, comunicó el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los términos siguientes: Por acta de diecinueve de enero de dos mil veintitrés celebrada por el Consejo de Honor y Justicia del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, determinó dejar insubsistente la resolución emitida dentro del procedimiento administrativo disciplinario ********************declarándolo improcedente; y, Ordenó hacer la anotación en el expediente personal de********************, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, de que fue dada de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada. Actuaciones que acreditó con las documentales que en copia certificada anexó a dicho oficio consistente en la Sesión Extraordinaria del Consejo de Honor y Justicia del Cuerpo de Seguridad Pública Municipal de San Ana Nopalucan, Tlaxcala. Posteriormente, la Síndico Municipal y Representante Legal del Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, por oficios de veintisiete y treinta y uno de enero del presente año (fojas 662 a 665 del tomo I), comunicó a este Juzgado Federal la imposibilidad de llevar a cabo la anotación en el expediente personal de la quejosa, así como dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública, toda vez que en dicho municipio no se encontró expediente relativo a********************, así como tampoco existe registro de alta dentro del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por lo que se ordenó, remitir los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, el cual por razón de turno, le tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mismo que registró como incidente de inejecución de sentencia ********************, mismo que fue resuelto mediante ejecutoria de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, el cual ordenó la devolución del expediente a este juzgado para los efectos siguiente: (.) "En efecto, la autoridad municipal debe integrar el expediente personal de la impetrante, esto en términos de lo dispuesto en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad, sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que la quejosa ya no labore a su servicio, pues ello no es obstáculo para el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, máxime cuando la formación material del expediente personal de la quejosa obedece a un trámite de tipo administrativo. De ahí que, se insiste el organismo municipal debe hacer todo aquello que sea necesario hasta lograr el cumplimiento del amparo, esto es, recabar la información necesaria e integrar materialmente el expediente de la quejosa, toda vez que ello atiende a la obligación que tiene la autoridad responsable de cumplir los efectos de la sentencia de derechos fundamentales." (.) "En el asunto en estudio, de acuerdo a la mecánica que hasta ahora se ha seguido para lograr el cumplimiento del amparo, se debe constreñir a la Secretaria de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala, quien al igual que las autoridades responsables, deberá efectuar todo aquello que sea necesario para lograr la anotación en el expediente de la quejosa. Para tal efecto, dicha autoridad estatal deberá establecer el mecanismo correspondiente, conforme a la normatividad que resulte aplicable, a fin de lograr una coordinación con la autoridad municipal responsable, a fin de lograr el cumplimiento del amparo otorgado a********************. Se requiere cumplimiento. Por lo que mediante proveído de dieciséis de mayo del presente año, se requirió al Ayuntamiento de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala, para que realizara lo siguiente: "a) Integre el expediente personal de la quejosa como elemento de la Policía de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad Municipal. b) Dé de alta a la quejosa en el Registro Nacional de Seguridad Pública como elemento de policía del Ayuntamiento responsable c) Una vez efectuado lo anterior, realice la anotación de que fue dado de baja con motivo de la renuncia voluntaria presentada, tanto en el expediente personal como en el Registro Nacional de Seguridad Pública." Mediante, auto de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, ********************, informó que solicitó el alta de la quejosa********************, ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala; además manifestó que no cuenta con el respaldo de datos y documentos de la quejosa para integrar el expediente personal respectivo y solicitó a este juzgado para que requiera a la quejosa a fin que se constituyera en las instalaciones de la Presidencia Municipal de Santa Ana Nopalucan, Tlaxcala y de presentara la documentación necesaria para crear su expediente, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anteriormente solicitado, o no informar la imposibilidad que tuviera para ello, se entendería su desinterés y se tendría por cumplido el fallo protector Transcurrido el plazo concedido en acuerdo de treinta y uno de mayo del presente año, la parte quejosa fue omisa en exhibir los documentos para integrar el expediente personal y darla de alta ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala. Se declara cumplido el fallo protector En consecuencia, este Órgano constitucional determina que se debe tener por cumplido el fallo protector, toda vez que la parte quejosa fue omisa en exhibir los documentos para integrar el expediente personal y darla de alta ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Tlaxcala. Por consiguiente, este órgano de control constitucional considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la ejecutoria de amparo dictada dentro del presente juicio. Anotaciones y captura SISE Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de Juzgado de registro de juicios de amparo, y procédase a la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo. Una vez que quede firme la presente determinación, archívese el presente juicio de derechos como asunto concluido. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Sonia López Márquez, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.JFJM
Quedan 62 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
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