Yareli Olmos Cervantes
Expediente 831/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 831/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 03/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Yareli Olmos Cervantes
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz, tres de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de diecinueve de septiembre del año en curso, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTISÉIS. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.
- Principal
Xalapa, Veracruz, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Rafael González Avillaced, en su carácter de apoderado legal de Yareli Olmos Cervantes y Zulma Rubí Guerrero López, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le hiciera en proveído de seis de septiembre del año en curso; por tanto, en tiempo se tiene por desahogado el requerimiento dictado en actuaciones, de la demanda de amparo que promoviera contra actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad, la cual fuera registrada con el número 831/2023/6-A. Al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta juzgadora confiere el artículo 113, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD."; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en el presente juicio consiste en: La omisión genérica de ejecutar el laudo emitido en los autos del expediente laboral 83/2011-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que la persona juzgadora dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, con la jurisprudencia 2./J.15/2011 (10), registro 2000011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos de lo que dispone el numeral 217 de la Ley de la Materia, los cuales son de contenido siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. Jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.) "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." La disposición imperativa de la fracción XXIII transcrita, a diferencia de las otras fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio de amparo, sino que ésta se relaciona con las causas de improcedencia establecidas en la Carta Magna y en la propia Ley de Amparo que no encuadran en alguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. Sustenta el anterior argumento, la tesis 2a. XCI/2015, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que contempla lo siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA NI RESTRINGE LA ACCIÓN DE AMPARO. El precepto y fracción citados, al establecer que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la propia Ley de Amparo, no viola el derecho de acceso a la justicia, en virtud de que la hipótesis normativa que contiene, como presupuesto procesal, fue regulada para que los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio tengan la posibilidad de que a través de un enlace armónico con los demás preceptos de la Constitución y de la ley indicada, obtengan una variedad de causas de improcedencia que tienden a evitar el dictado de decisiones de fondo manifiestamente contrarias a la naturaleza del juicio de amparo o contra los principios generales que lo rigen; pero ello no significa que se esté restringiendo la acción de amparo, más bien, al igual que cualquier juicio, son presupuestos procesales que deben cumplirse previo a una decisión de fondo." Por su parte, el artículo 217 de la Ley de la Materia dispone la obligatoriedad de la jurisprudencia que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en pleno o en Salas, en el caso particular, la jurisprudencia de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA", en la que la Segunda Sala determinó que en términos de la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, el acto reclamado consistente en la omisión genérica de ejecución de laudo, es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante. En ese contexto, los artículos 939 y 945 de la Ley Federal del Trabajo, prevén la participación de la parte vencedora para la ejecución de la sentencia, que deberá cumplirse en un plazo de quince días siguiente contado a partir del día siguiente en que surta efectos su notificación. En ese caso, cabe reiterar que en el caso, el acto reclamado por la parte quejosa, se trata de la omisión que atribuye a la autoridad que señala como responsable, de realizar las gestiones o requerimientos necesarios y eficaces para que la parte condenada cumpla inmediatamente con el laudo dictado en los autos del expediente laboral 83/2011-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad. Ahora, de la lectura integral de la demanda y en específico del escrito aclaratorio que se provee, se aprecia que la omisión que Rafael González Avillaced, en su carácter de apoderado legal de Yareli Olmos Cervantes y Zulma Rubí Guerrero López, reclama a la autoridad responsable, lo hace de manera genérica. Sin embargo, a pesar de que señala que la autoridad responsable es omisa en hacer cumplir el laudo dictado en el juicio de origen, el quejoso no le reclama en específico alguna actuación en particular, en relación con la omisión de la que se duele. En esas condiciones, si bien, en amparo indirecto se reclama genéricamente, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, emitido en el juicio natural, como en el caso sucede, ya que el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo -que rige el procedimiento de donde deriva el acto reclamado-, prevé que el cumplimiento de la sentencia puede ser impulsado por la parte actora, lo cierto es que, el promovente no especifica cuál es la solicitud que él ha hecho a la autoridad responsable para que haga cumplir la sentencia de que se trata. Por lo expuesto, el juicio de amparo resulta improcedente en términos de la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 63 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado es jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, lo que no manifestó ni acreditó haber hecho el promovente del amparo. Sustenta la determinación adoptada, por identidad de razón, la jurisprudencia PC.VII.L. J/10 L (10a.), que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA UNA CAUSA NOTORIA E INDUDABLE CUANDO EN LA DEMANDA SE SEÑALA COMO ACTO RECLAMADO LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LA EJECUCIÓN DEL LAUDO. El Juez de Distrito, al analizar la demanda de amparo, debe examinarla en su integridad para fijar el acto reclamado, y una vez establecido como la omisión genérica de la Junta laboral de proveer la ejecución del laudo, debe atender al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.", en el que definió la naturaleza jurídica de dicho acto como inexistente, porque se requiere de una participación individualizada del quejoso para vincular a la autoridad responsable a que lleve a cabo la ejecución del laudo, lo cual resulta aplicable a los procedimientos de la Ley Número 364 Estatal del Servicio Civil de Veracruz que regulan la ejecución del laudo a petición de parte; de ahí que se actualice la causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo que resulta de relacionar los artículos 61, fracción XXIII y 217 de la Ley de Amparo que autoriza, por ende, su desechamiento de plano en términos del diverso numeral 113 de dicha legislación, pues no se requiere la sustanciación del juicio para constatar o desvirtuar la causa de improcedencia en cita, al no poder ser desvirtuado ese acto, en tanto que nada de lo que se arguya o pruebe podrá modificar o superar la naturaleza del acto reclamado consistente en la omisión genérica de proveer la ejecución del laudo, pues así queda fijada en el momento de la presentación de la demanda". Consecuentemente, por lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Xalapa, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintitrés.********************EXHORTACIÓN, CONSULTA DE EXPEDIENTE Y COMUNICACIONES CON EL PERSONAL JURISDICCIONAL.********************Conforme al artículo 257, fracción I, 261 y 263, fracciones II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.********************Se exhorta a las partes a que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea.********************De igual forma, se les hace saber que respecto de comunicaciones no procesales, se les brindará la atención vía telefónica, a través del equipo telefónico con que cuenta este Juzgado de Distrito o a través del correo electrónico 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx.********************De manera excepcional se podrá hacer uso de tales medios para comunicaciones procesales, únicamente en el caso de que no cuenten con acceso al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.********************En la inteligencia de que se conservará el registro respectivo de las comunicaciones realizadas hasta la conclusión del presente asunto.********************De igual manera, se hace de su conocimiento, que en caso de que alguna de las partes se presente físicamente a las instalaciones de este Juzgado de Distrito, a consultar el presente expediente, dicha consulta se realizará de manera electrónica, a través del equipo de cómputo con que se cuenta en este órgano jurisdiccional, el cual también podrá ser utilizado para acceder al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y para la participación en videoconferencias con el personal de éste órgano jurisdiccional.********************Se precisa que los equipos telefónicos y de cómputo a que se hace mención, se ubican en el área de recepción de este órgano jurisdiccional y su uso y atención al público será de nueve horas con treinta minutos a catorce horas con treinta minutos en días hábiles.********************DEMANDA DE AMPARO. Vista la demanda de amparo promovida por Rafael González Avillaced, en su carácter de apoderado legal de Yareli Olmos Cervantes y Zulma Rubí Guerrero López, contra actos reclamados al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad.********************FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 831/2023/6-A.********************Al respecto, se acuerda:********************OBLIGACIÓN LEGAL DE PREVENIR A LA PARTE QUEJOSA PARA QUE ACLARE LA DEMANDA. Ahora, este Órgano Federal analizó la demanda a la luz de las disposiciones de la Ley de Amparo, y específicamente conforme a lo previsto por los artículos 112 y 114, fracción II, y 108, fracción IV, que en lo referente establecen: ********************"Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite.********************Artículo 114.- El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando:********************II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley;********************Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:********************(.)********************IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame."********************Como se advierte de los dispositivos transcritos, es obligación del gobernado indicar con precisión el acto que pretende combatir; lo anterior, con la finalidad de reunir los requisitos que establece el artículo 108 de la Ley de la Materia, y cuando el juzgador advierta que los mismos resultan confusos o que faltan datos relevantes para proveer conforme a derecho la demanda intentada, deberá prevenir al quejoso para subsane dichas deficiencias.********************Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se desprende que la quejosa señala como acto reclamado lo siguiente:********************"Inconvencionalidad del artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz derivado de la omisión de la administración pública para garantizar plenamente el acceso a la justicia y la concordancia de la legislación interna con el texto constitucional y tratados internacionales en materia de Derechos Humanos y del trabajo."********************Y en la parte de antecedentes, en la parte relativa, indica lo siguiente:********************"(.)********************11.- En acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil veintidós proveído por e H Tribunal de Conciliación y Arbitraje, requiere al Ayuntamiento de Juchique de Ferrer, Veracruz por conducto de cada uno de sus ediles para que aprueben la modificación a su programa general de inversión de los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN-DF) y deberán especificar la forma y plazo en que efectuaran el pago, además la referida autoridad responsable requirió nuevamente al hoy tercero interesado Ayuntamiento de Juchique de Ferrer para que señale bienes del dominio privado susceptibles de ser embargados y suficientes para cubrir la cantidad adeudada a los actores, misma que en el actualidad asciende a $38,601,790.15 (treinta y ocho millones seiscientos un mil setecientos noventa pesos con quince centavos moneda nacional) y también requirió desincorporen bienes de uso común a los afectos a un servicio público, para convertirlos en bienes de dominio privado.********************Sin que a la fecha se hayan materializado dichos requerimientos con la finalidad de dar cabal cumplimiento al laudo referido con anterioridad."********************Ahora, el artículo 107 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente:********************"Artículo 107. El amparo indirecto procede:********************I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso.********************[.]".********************Por tanto, cuando el acto reclamado consiste en leyes, reglamentos, decretos o acuerdos de observancia general, se prevén dos momentos para reclamar su inconstitucionalidad: 1) a partir del inicio de su vigencia, o bien, 2) con motivo del primer acto de aplicación.********************Empero, del contenido íntegro de la demanda que se provee, no se advierte si el quejoso reclama la inconstitucionalidad del artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, por su sola entrada en vigor, o, con motivo de su primer acto de aplicación, ya que por una parte se duele de dicho artículo, y por otra, refiere que deriva de la omisión por parte de la responsable de ejecutar el laudo emitido en el expediente laboral 83/20211-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y acota que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable determinó que ya había agotado las medidas de apremio contempladas en dicho precepto normativo.********************En ese contexto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, fracción V y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de que se encuentre legalmente notificado del presente proveído, exhiba un escrito aclaratorio, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, por tratarse de un requisito personalísimo lo siguiente:********************Deberá precisar cuál es el acto que reclama, es decir, si únicamente reclama la constitucionalidad del artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, o si reclama la omisión genérica de ejecutar el laudo emitido en el expediente laboral 83/20211-III, del índice del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Poder Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad.********************Si lo que reclama es la constitucionalidad del artículo 198 de la Ley Estatal del Servicio Civil de Veracruz, deberá indicar si lo hace como norma autoaplicativa o heteroaplicativa.********************3. De ser el caso de que lo reclame como norma heteroaplicativa, deberá precisar cuál es el primer acto de aplicación y en qué fecha se le notificó, tuvo conocimiento o se hizo sabedor del mismo.********************APERCIBIMIENTO. Todo lo anterior, con el apercibimiento que de no cumplir cabalmente con lo ordenado, en el acto de la notificación o en el plazo de cinco días, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda.********************CONSULTA Y NOTIFICACIÓN VÍA ELECTRÓNICA En atención a la solicitud de la promovente, se autoriza la consulta del presente expediente electrónico y la realización de las notificaciones personales, vía electrónica, atendiendo a que se proporciona como usuario para tales efectos el identificado como ********************, por lo que se instruye al Oficial Judicial "A" para que realice el registro correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de los usuarios antes referidos, con el fin de que la promovente esté en aptitud de acceder al expediente electrónico y ser notificada por esa vía; de igual forma, atendiendo a lo antes referido se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que realicen las habilitaciones correspondientes para que la quejosa esté en condiciones de notificarse de los autos que deban ser personales, electrónicamente, lo anterior en términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo.********************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio.********************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.********************DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona a las personas secretarias, así como a las y los oficiales judiciales correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a las personas actuarias judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo y el punto Cuarto, artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo.********************DEPURACIÓN. Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación.********************TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.********************Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa.
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