Yaredy Montes Rivera

Expediente 1950/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 12 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1950/2018
Año
2018
Actuaciones
12
Última actuación
03/12/2020

Partes del expediente

  • Yaredy Montes Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de diciembre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo y específicamente el contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación-, se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado federal, así como el diverso 25/2020 que prorrogó la vigencia del anterior. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, en relación con el Acuerdo General 21/2020 y el diverso 25/2020 ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2° del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Atendiendo al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. CAPTURA COMPLETA DEL EXPEDIENTE EN LOS SISTEMAS ELECTRÓNICOS DEL CONSEJO. Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y Oficial Administrativo a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el cabal cumplimiento al contenido del referido Acuerdo General, en cuanto a la captura completa y oportuna información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, así como al plazo con que se cuenta para la integración del expediente impreso a fin de que coincida con el electrónico. ESTADO DE AUTOS. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintisiete de febrero de dos mil veinte. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. En ese orden de ideas, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Igualmente, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Finalmente, toda vez que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, así como la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno de dicho órgano colegiado, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos I al IV; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a treinta de octubre de dos mil diecinueve. Se ordena agregar a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos legales procedentes, el escrito de la autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa YAREDY MONTES RIVERA, mediante el cual autoriza a diversas personas para los efectos de oír y recibir notificaciones y documentos. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele a la promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, en virtud que la autorizada de la parte quejosa aún y con las facultades amplias que confiere dicho precepto legal, no puede autorizar, sustituir o delegar las facultades con que cuenta, si no que ese derecho corresponde realizarlo a directa quejosa en el presente juicio de amparo. Apoya a la anterior consideración la tesis aislada XX.2o.39 K, del rubro "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS CONFORME AL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR A UNA DIVERSA PERSONA SÓLO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES E IMPONERSE DE LOS AUTOS.", emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVIII, Septiembre de 2008, Pagina 1180, de la Novena Época. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    doce de septiembre de dos mil dieciocho Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 1950/2018-V, promovido por YAREDY MONTES RIVERA, contra actos de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otra, y RESULTANDO: PRIMERO.- Por escrito presentado el tres de diciembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y recibido ese mismo día en este Juzgado de Distrito, YAREDY MONTES RIVERA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y Secretario de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. SEGUNDO. Por auto de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se previno a la quejosa a fin de que aclarara la demanda y se registró con el número 1950/2018-V; por lo que una vez que lo hizo, por diverso auto de siete de ese mes y año se admitió la demanda de garantías, se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Órgano Jurisdiccional y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde tiene ejecución material el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda, debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es: La resolución dictada por la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dentro del expediente administrativa 51/2018, de su índice, en la que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa atribuida a YAREDY MONTES RIVERA, e impone como sanción una amonestación; así como su ejecución traducida en el registro de dicha sanción, ante la Secretaría de la Contraloría y la Dirección de Administración del Poder Judicial, ambas del Estado de Morelos. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, toda vez que así lo aceptó por conducto de su Presidenta al rendir el informe justificado; lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente administrativo 51/2018 (anexo I), a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tanto que la autoridad ejecutora, Secretario de la Contraloría del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado aceptó los actos que se le reclamaron; lo que se encuentra corroborado con las fotocopias certificadas del oficio 4032/2018 y del asiento de ocho de noviembre de dos mil dieciocho en el libro correspondiente (fojas 40 y 41); a las que se le otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que hace al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos, además de la aceptación hecha en el informe, debe tenerse como cierto el acto que se le reclama, en virtud de que la resolución impugnada establece su participación en el registro de la sanción combatida. CUARTO. Análisis de las causales de improcedencia. El Secretario de la Contraloría del Estado de Morelos, hace valer que el juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la quejosa debió observar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, interponiendo del juicio de nulidad previsto por la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Es infundado el anterior planteamiento, toda vez que conforme al artículo 1 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, el juicio de nulidad procede contra actos, omisiones, resoluciones o cualquier otra actuación de carácter administrativo o fiscal emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos; sin embargo, en este juicio se impugna la resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el expediente administrativo 51/2018, en la que se impuso a la aquí peticionaria del amparo una sanción consistente en una amonestación; esto es, el acto reclamado emanan de un procedimiento emitido por un órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos; de ahí que al no pertenecer la autoridad que emitió el acto reclamado al Poder Ejecutivo de la entidad, no es susceptible de atacarse en la vía administrativa a través del referido juicio de nulidad. Aunado a que en el presente juicio la ejecución que se reclama a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Morelos, no se combate por vicios propios, sino como consecuencia de la determinación que impuso la amonestación cuyo registro o anotación a éste se reclama; por tanto, no se está en el supuesto de improcedencia que refiere dicha autoridad, al no combatirse de forma autónoma e independiente sino como una consecuencia del procedimiento administrativo de responsabilidad de origen, de ahí que procede desestimar tal planteamiento de improcedencia del juicio de amparo. Al no actualizarse alguna causal de improcedencia hecha valer por las partes o que este Juzgado Federal advierta de oficio, se pasa al estudio de la constitucionalidad de la resolución reclamada. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Es fundado uno de los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa y es suficiente para concederle el amparo y protección de la justicia de la unión por las siguientes consideraciones jurídicas: ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO En primer término se estima necesario relatar de manera breve los antecedentes del acto reclamado. 1. Mediante oficio CJE/MCVCL/7964/2017, de veintiuno de noviembre de dos mil diecisiete, la Magistrada Presidente del otrora Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, comunicó al Magistrado Visitador General, que el Pleno del referido Consejo, con motivo de la visita de supervisión extraordinaria efectuada el catorce de agosto de mil diecisiete, en los Juzgados de Primera Instancia, de Control, Juicio Oral y de Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial del Estado, ordenó iniciar procedimiento de responsabilidad administrativa contra YAREDY MONTES RIVERA, en su carácter de Juez de Primera Instancia (fojas 1 y 2 anexo I). 2. El diecinueve de enero de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador General del entonces Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, en acatamiento al oficio de referencia dio inicio al procedimiento de responsabilidad administrativa registrándolo con el número 51/2018 y entre otras cosas, ordenó el emplazamiento de la servidora pública investigada YAREDY MONTES RIVERA y le requirió un informe sobre los hechos materia del procedimiento (fojas 15 a 17 anexo I). 3. El veintinueve de enero de dos mil dieciocho, se efectuó el emplazamiento de la Juez YAREDY MONTES RIVERA (fojas 18 a 23 anexo I). 4. Mediante escrito presentado el seis de febrero de dos mil dieciocho, la Juez YAREDY MONTES RIVERA, rindió el informe solicitado y ofreció las pruebas que estimó pertinentes, respecto de las cuales el Visitador General y el Juez Auxiliar, proveyeron al respecto (fojas 24 a 36 anexo I). 5. Por acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, el Visitador General y el Juez Auxiliar, solicitaron a la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, informara el cargo, sueldo, antigüedad y las faltas administrativas que se encontraran en el expediente de la servidora pública investigada (foja 37 anexo I). 6. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador tuvo por recibida la información solicitada a la Jefatura de Recursos Humanos y dada la existencia de resoluciones emitidas en procedimientos administrativos dio vista a la servidora pública investigada (fojas 40 anexo I). 7. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador General y el Juez Auxiliar, se señalaron las trece horas con treinta minutos del dos de abril de marzo de dos mil dieciocho, para la celebración de la audiencia de alegatos (foja 41 anexo I). 8. El día y hora señalados, el Magistrado Visitador General y el Juez visitador, celebraron la audiencia de alegatos turnando los autos para emitir el dictamen correspondiente (fojas 44 anexo I). 9. El diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el Magistrado Visitador General emitió dictamen determinando la existencia de responsabilidad administrativa de la Juez YAREDY MONTES RIVERA (fojas 45 a 66 anexo I). 10. Por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia y de la Comisión turnó los autos del expediente administrativo para resolver (fojas 68 anexo I). 11. El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 51/2018 determinando la existencia de responsabilidad administrativa de la Juez YAREDY MONTES RIVERA, imponiéndole una sanción consistente en AMONESTACIÓN, ordenó realizar la anotación correspondiente en su expediente personal y remitir copia de la resolución a la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos (fojas 69 a 89 anexo I). Dicha resolución constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Precisado lo anterior se procede al análisis de los conceptos de violación planteados por la quejosa. En el segundo concepto de violación argumentó que se viola en su perjuicio el debido proceso así como las garantías de legalidad y seguridad jurídica previstas en los artículos 14 y 16 de la Carta Magna, en virtud de que el órgano sancionador emisor de la resolución reclamada, es constitucional y legalmente incompetente al haber dejado de existir. Lo anterior lo considera así, porque dicha Comisión funda su competencia en la disposición transitoria quinta del decreto 2590 expedido por la LIII Legislatura del Estado, conforme al que fue creada mediante acuerdo del Pleno del Tribunal Superior de Justicia mediante sesión extraordinaria celebrada el veintiséis de febrero del dos mil dieciocho; sin embargo, aduce que posterior a ello dicha soberanía promulgó otro decreto publicado en el Periódico Oficial 5591 de fecha cuatro de abril del dos mil dieciocho por el que se reformó el artículo 92-A de la Constitución Local, creando la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, sustituyendo a la referida Comisión. Por tanto, argumenta la quejosa que quién debió haber dictado la resolución reclamada en el procedimiento administrativo es la Junta referida y no la Comisión, ya que ésta última, carece de facultades, máxime que la composición estructural y orgánica de la Junta es distinta a la diversa de la Comisión, por lo que, arguye la quejosa, se configura en su contra una violación formal al debido proceso, toda vez que la citada Comisión carece de competencia constitucional y legal para emitir la determinación de fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, Como se adelantó al inició del presente considerando es fundado el sintetizado concepto de violación de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas: Mediante decreto dos mil quinientos ochenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad el quince de febrero de dos mil dieciocho, se reformaron, diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos. En lo que interesa, en la reforma mencionada se derogó el artículo 92 y reformó el contenido del diverso 92 A, en los siguientes términos: Artículo 92.- El Consejo de la Judicatura Estatal es un órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la Ley de la materia. El Consejo se integrará por cinco miembros, de los cuales uno será el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un Magistrado Numerario, un Juez de Primera Instancia, ambos designados conforme a lo que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial; un representante designado por el Ejecutivo del Estado y un representante del Poder Legislativo del Estado, designado por el órgano político del Congreso. Los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia y ejercerán su función con independencia e imparcialidad, independientemente de quien los designa. Los integrantes del Consejo para su elección deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades, y en el caso de los designados por el Poder Judicial, deberán gozar, además con reconocimiento en el ámbito judicial plenamente comprobados. N. DE E. EN RELACIÓN CON LA ENTRADA EN VIGOR DEL PRESENTE PÁRRAFO, VÉASE ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE MODIFICA ESTE ORDENAMIENTO. (DEROGADO QUINTO PÁRRAFO, P.O. 28 DE MAYO DE 2014) Salvo el Presidente del Consejo, los demás Consejeros durarán seis años en el cargo. Ninguno de los integrantes del Consejo podrá ser designado para un nuevo período. Durante su gestión los Consejeros podrán ser removidos además, en los términos que señale esta Constitución. La Ley reglamentaria deberá prever la integración y facultades del Consejo de la Judicatura Estatal, las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia y rendición de cuentas. Artículo 92.- (DEROGADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 2018) (ADICIONADO, P.O. 22 DE MARZO DE 1995) Artículo 92-A.- Son facultades del Consejo de la Judicatura Estatal: (REFORMADA, P.O. 16 DE JULIO DE 2008) I.- Presentar a consideración del órgano político del Congreso del Estado, los dictámenes técnicos y el expediente de los magistrados que concluyan sus funciones, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluyan su encargo. II.- Convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial. Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designe, serán adscritos y removidos del cargo por el voto de la mayoría simple del total de los miembros del Consejo de la Judicatura Estatal. III.- Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley. IV.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley. V.- Iniciar, a solicitud del pleno del Tribunal Superior de Justicia, investigación sobre la conducta de algún Juez u otro funcionario o empleado del Poder Judicial. (REFORMADA, P.O. 27 DE JUNIO DE 2014) VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de los Juzgados, y demás Órganos Judiciales así como recibir del Tribunal Electoral del Estado de Morelos su propuesta de presupuesto, sujetándose a las bases previstas en el artículo 131 de esta constitución y remitirlos para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; VII.- Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la ley, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial, con excepción de los Secretarios de Acuerdos, Secretarios de Estudio y Cuenta y Actuarios del Tribunal Superior de Justicia, cuyo nombramiento y remoción será facultad del pleno y las Salas del Tribunal, según el caso y de acuerdo con lo que la ley establezca. (ADICIONADA, P.O. 16 DE JULIO DE 2008) VIII.- Crear los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que requiera la administración de justicia, de acuerdo a un estudio de factibilidad presupuestal. (ADICIONADA, P.O. 30 DE OCTUBRE DE 1996) IX.- Las demás que le confiera este mismo ordenamiento u otras leyes. (REFORMADO, P.O. 15 DE FEBRERO DE 2018) Artículo 92-A.- Son facultades del Pleno del Tribunal Superior de Justicia: I.- Presentar a consideración del órgano político del Congreso del Estado, los dictámenes técnicos y el expediente de los magistrados que concluyan sus funciones, por lo menos noventa días hábiles antes de que concluyan su encargo; II.- Convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial. Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designen, serán adscritos y removidos del cargo por el voto de la mayoría simple del total de sus integrantes; III.- Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley; IV.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley; V.- Iniciar investigación sobre la conducta de algún Juez u otro funcionario o empleado del Poder Judicial; VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de los Juzgados, y demás Órganos Judiciales, así como recibir del Tribunal Electoral del Estado de Morelos su propuesta de presupuesto, sujetándose a las bases previstas en el artículo 131 de esta constitución y remitirlos para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; VII.- Nombrar y remover, de conformidad con lo establecido en la ley, a los funcionarios y empleados del Poder Judicial de acuerdo con lo que la ley establezca; VIII.- Crear los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que requiera la administración de justicia, de acuerdo con un estudio de factibilidad presupuestal, y IX.- Las demás que le confiera este mismo ordenamiento u otras leyes. Los artículos transitorios del mencionado decreto, en lo conducente son del tenor literal siguiente: ".PRIMERA. Aprobado el presente Decreto por el Poder Reformador local y hecha la declaratoria correspondiente se remitirá al Gobernador Constitucional del Estado para que se publique en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos, como se dispone en los artículos 44 y 70, fracción XVII, inciso a), de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA. Aprobado por el Constituyente Permanente, el presente Decreto iniciará su vigencia a partir de la Declaratoria emitida por la LIII Legislatura del Congreso del Estado, en consecuencia, las reformas forman parte integral de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos desde el momento en que se haga la Declaratoria a que se refiere la disposición precedente, en términos de lo dispuesto por el artículo 147, fracción II, de la propia Constitución. TERCERA. El Congreso del Estado contará con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones legislativas necesarias a la Ley Orgánica del Poder Judicial. (.) DECIMA. Las reformas a la (sic) Leyes secundarias entrarán en vigor una vez que se realice la Declaratoria de la modificación a la Constitución y se realice su publicación correspondiente. DÉCIMA PRIMERA. Los recursos humanos, materiales y financieros, así como el acervo documental con que actualmente cuenta el Consejo de la Judicatura, pasarán a formar parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. DÉCIMA SEGUNDA. Los servidores públicos que actualmente laboran en el Consejo de la Judicatura, con excepción de los Consejeros, seguirán formando parte del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. DÉCIMA TERCERA. En un término máximo de noventa días hábiles, a partir de la declaratoria correspondiente, el Congreso del Estado deberá expedir la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia para adecuarla a la extinción del Consejo de la Judicatura. DÉCIMA CUARTA. EL Consejo de la Judicatura quedará formalmente extinto, una vez entrada en vigor las reformas del presente decreto. Los asuntos que se encuentren en trámite o en proceso al entrar en vigor el presente decreto, continuarán tramitándose en los términos de las Leyes aplicables, hasta su conclusión en lo que no contravengan con este decreto. (.) DÉCIMA SEXTA. Las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas al Pleno del Tribunal Superior de Justicia y los Magistrados que lo integran respectivamente. DÉCIMA SÉPTIMA. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia, de su titular en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán asumidos por el Tribunal Superior de Justicia, de acuerdo con las atribuciones que mediante la presente reforma se le otorga. (.) VIGÉSIMA. Se derogan todas aquellas disposiciones legales que se opongan al presente decreto.". La declaratoria de modificación a la constitución fue publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5578, el quince de febrero de dos mil dieciocho. Luego, en la disposición quinta transitoria del Decreto Número Dos Mil Quinientos Noventa, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y abroga La Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, publicado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se estableció lo siguiente: "QUINTA. El Pleno del Tribunal Superior de Justicia nombrará una comisión que estará integrada por el Presidente del Tribunal y dos Magistrados, así como un Secretario General, éste último quien dará fe de sus actos, será designado por el Presidente del Tribunal, a efecto de realizar las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura, la cual tendrá su funcionamiento hasta en tanto este Congreso realice las adecuaciones a la presente ley respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia del Poder Judicial a que se refieren las disposiciones transitorias tercera y décima tercera de las reformas contenidas en el Decreto número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por lo que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5578, de 15 quince de febrero de 2018, referida en el presente decreto.". En tanto que la vigencia del aludido Decreto se fijó en términos del transitorio PRIMERO en vigor el día de su publicación. Ahora bien, por decreto número dos mil seiscientos once, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cuatro de abril de dos mil dieciocho, se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de fortalecer al Poder Judicial del Estado, de la exposición de motivos de la mencionada reforma constitucional del Estado, en lo que interesa se desprende lo siguiente: ".Otro de los elementos de la presente iniciativa tiene relación con el recientemente desaparecido Consejo de la Judicatura local. Ahora bien, a nivel local, a pesar de que la creación de los Consejos de la Judicatura locales era opcional para las entidades federativas, en el año de mil novecientos noventa y cinco, se creó, más por imitación que por necesidad, en el estado de Morelos, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos. Así, el Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, de acuerdo con el anterior contenido del artículo 92 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, se trataba de. Mientras que en relación con sus funciones y atribuciones la Constitución local establecía que: "Artículo 92-A.. Funciones que, dada su naturaleza administrativa, sin ninguna complicación puede llevar a cabo el Tribunal Superior de Justicia, si bien no a través del Pleno, para no obstaculizar ni entorpecer la función jurisdiccional, sí a través de una Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial; la cual se encuentre integrada exclusivamente por funcionarios del mismo; por lo tanto, la presente iniciativa tiene como finalidad que, dada la extinción y desaparición del Consejo de la Judicatura local, las funciones y atribuciones que el mismo realizaba, las lleve a cabo el Tribunal Superior de Justicia, a través de dicha Junta. La presente propuesta, al igual que la eliminación del Consejo de la Judicatura, no representará un aumento en el presupuesto que actualmente se encuentra destinado al Tribunal, dado que pervive el ahorro por cuanto a las prestaciones que se erogaban por cuanto a los Consejeros designados por los Poderes Ejecutivo y Legislativo." Así entre otras destaca la reforma al artículo 92-A en los siguientes términos: "Artículo 92-A.- La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial es un órgano administrativo que se integrará por el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el Presidente del mismo. Para la elección de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina deberá considerarse a funcionarios que se hayan distinguido por su capacidad profesional y administrativa, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de sus actividades. Los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina durarán cuatro años en el cargo, con excepción de su Presidente. Ninguno podrá ser designado para un nuevo periodo. Asimismo, serán sujetos de responsabilidad en términos de la Ley. La Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina gozará de independencia de gestión y técnica, así como para emitir sus resoluciones, a las cuales deberá dar publicidad y transparencia en los términos de la ley. La integración y facultades de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina se regirán por las disposiciones de la ley orgánica del Poder Judicial, de igual forma lo harán las bases para la formación y actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se ajustará a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo, independencia, transparencia y rendición de cuentas. A la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial le compete: I.- Como obligación, convocar, conforme a las modalidades establecidas por la ley, a concurso de méritos y a examen de oposición, para efecto de designar a los Jueces integrantes del Poder Judicial. Los Jueces de Primera Instancia y los que con cualquier otra denominación se designen, serán adscritos y removidos del cargo por el voto de la mayoría de los miembros de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, conforme a lo previsto en la ley; II.- Expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en la ley; III.- Tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con lo que establezca la ley; IV.- Iniciar investigación sobre la conducta de algún otro funcionario o empleado del Poder Judicial en los términos que señale la Ley; V.- Elaborar el presupuesto del Poder Judicial sujetándose a las bases previstas en el artículo 131 de esta Constitución y remitirlo para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado, con aprobación previa del Pleno; VI.- Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, así como el de los juzgados y demás órganos judiciales e integrar el propuesto por el Tribunal Estatal Electoral, por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo y por el Tribunal Unitario de Justicia para Adolescentes y remitir el proyecto global del Presupuesto del Poder Judicial para su inclusión en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado; VII.- Determinar la creación de los juzgados, secretarías de acuerdos y actuarías que requiera la administración de justicia, de acuerdo con un estudio de factibilidad presupuestal, y VIII.- Las demás que le confieran otras disposiciones jurídicas." Los artículos transitorios de la citada reforma constitucional son del tenor literal siguiente: "PRIMERA. Remítase el presente Decreto al Titular del Poder Ejecutivo, para su promulgación y publicación respectiva de conformidad con los artículos 44, 47 y 70, fracción XVII, inciso a) de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. SEGUNDA. El presente Decreto, entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", Órgano de difusión del Gobierno del Estado de Morelos. TERCERA. El Congreso del Estado contará con un plazo de 90 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para realizar las adecuaciones legislativas necesarias. CUARTA. De conformidad con el régimen transitorio de las reformas constitucionales aprobadas en sesión de la LIII Legislatura del Congreso del Estado, el 15 de diciembre de 2017, los recursos humanos, materiales y financieros, así como el acervo documental que se le hubiera transferido al Tribunal Superior de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura, pasarán a formar parte de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado. Así mismo, los asuntos que se encuentren en proceso continuarán tramitándose en los términos de las Leyes aplicables, hasta su conclusión en lo que no contravengan este Decreto, por parte de la referida Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina. QUINTA. Dada la extinción del Consejo de la Judicatura, así como las reformas contenidas en el presente Decreto, a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial o a sus integrantes, respectivamente; sin que ello implique identidad entre dichos órganos ni sustitución alguna. Las funciones, facultades, derechos y obligaciones establecidos a cargo del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia en cualquier ordenamiento legal, así como en contratos, convenios o acuerdos celebrados con Secretarías, Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal, Federal, y de los Municipios, así como con cualquier persona física o moral, serán asumidos por la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, de acuerdo con las atribuciones que mediante la presente reforma se le otorgan. (.) SÉPTIMA. Se derogan las disposiciones legales derivadas de las reformas al Decreto número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por lo que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5578, de 15 quince de febrero de 2018 (.) De la anterior relación de antecedentes legislativos se advierte que mediante decreto dos mil quinientos ochenta y nueve, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad el quince de febrero de dos mil dieciocho, se derogó el artículo 92 y se reformó el contenido del diverso 92 A, de la Constitución Política del Estado de Morelos con lo cual se suprimió la institución del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, quien tenía a su cargo, entre otros, la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado. Luego, a través del artículo quinto transitorio del Decreto Número Dos Mil Quinientos Noventa, por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial y se abrogó la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia para Adolescentes y Juzgados Especializados, publicado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, se determinó que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia debía nombrar una comisión integrada por el Presidente del Tribunal y dos Magistrados, así como un Secretario General, la cual realizaría las funciones que en forma colegiada venía realizando el extinto Consejo de la Judicatura y permanecería en funcionamiento hasta en tanto el Congreso realizara las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos respecto de las funciones administrativas, de disciplina y vigilancia. Sin embargo, queda en evidencia acorde lo expuesto y a lo sostenido en la demanda que dicha norma transitoria, quedó derogada por lo dispuesto en la diversa transitoria séptima del decreto número dos mil seiscientos once, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cuatro de abril de dos mil dieciocho, que es del tenor literal siguiente: "SÉPTIMA. Se derogan las disposiciones legales derivadas de las reformas al Decreto número Dos Mil Quinientos Ochenta y Nueve, por lo que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 5578, de 15 quince de febrero de 2018" Además, en dicho decreto (2611) se reformó al artículo 92-A de la Constitución del Estado de Morelos, creándose la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial como órgano administrativo integrado por el Presidente en funciones del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será de dicha Junta; así como por un Magistrado y un Juez de Primera Instancia, estos últimos designados por el Pleno del Tribunal a propuesta de las respectivas ternas enviadas por el Presidente del mismo y entre otras atribuciones legales tendrá a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. Reforma que entró en vigor, de acuerdo al artículo segundo transitorio del propio decreto, al día siguiente de su publicación, esto es, el cinco de abril de dos mil dieciocho. Incluso, en términos del último párrafo del artículo cuarto transitorio del referido decreto, los asuntos que se encontraban en proceso continuarían tramitándose en los términos de las Leyes aplicables, hasta su conclusión en lo que no contravinieran el aludido Decreto, pero esto por parte de la referida Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina. Igualmente en el artículo quinto transitorio del decreto mencionado se estableció que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial o a sus integrantes, respectivamente. Por tanto, si bien el artículo tercero transitorio de ese decreto (2611) estableció que el Congreso contaba con noventa días a partir de la entrada en vigor del mismo para realizar las adecuaciones legislativas necesarias, ello no tiene el alcance de aplazar la vigencia de la reforma constitucional en cuanto a la creación e inicio de funciones de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, más allá de los noventa días hábiles que refiere para realizar las adecuaciones ya que al tratarse de reformas constitucionales, éstas resultan imperativas y de operatividad conforme se haya establecido en el caso, al día siguiente de su publicación. En efecto, la disposición segunda transitoria del decreto 2611, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, publicado el cuatro de abril de dos mil diecinueve, señala expresamente que dicho decreto entrará en vigor a partir del día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial Tierra y Libertad, y si bien el Congreso del Estado de Morelos, no ha reformado la Ley Orgánica de Poder Judicial del Estado de Morelos no obstante incluso haber transcurrido la vacatio ahí establecida (noventa días); sin embargo, ello no significa que la entrada en vigor de las reformas constitucionales quede supeditada a la expedición de dicha legislación secundaria, porque no se estableció de esa manera. Máxime, si tomamos en consideración que, al incorporarse al texto constitucional local la institución de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, se determinó la competencia de dicho órgano del Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otros, para tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial del Estado, lo cual no puede limitarse válidamente por la falta de actuación de la Legislatura del Estado que, por mandato constitucional, debió expedir las normas secundarias correspondientes. Ya que suponer lo contrario implicaría aceptar la posibilidad de que la competencia e instrumentación de un órgano del Poder Judicial del Estado, establecido en rango constitucional local, quede al arbitrio del legislador ordinario, el cual tendría la posibilidad de hacer nugatorias las reformas a la Constitución Política del Estado de Morelos, no obstante encontrarse subordinado a dicha norma suprema estatal. Pues la intención del poder reformador de la Constitución Estatal, de acuerdo a la exposición de motivos fue que las facultades del extinto Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, las llevara a cabo el Tribunal Superior de Justicia, no a través del Pleno, para no entorpecer su función jurisdiccional sino por conducto de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, integrada exclusivamente por funcionarios del mismo, esto es el titular de la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, un Magistrado y un Juez, elegidos por el Pleno del mismo Tribunal. Por tanto, el hecho de que el legislador ordinario no haya expedido las reformas legislativas respectivas dentro del plazo que el Constituyente le fijó para tales efectos no puede válidamente servir de excusa para desconocer la competencia otorgada constitucionalmente a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para ejercer las facultades y atribuciones que establece el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, vigente a partir del cinco de abril de dos mil dieciocho, pues las normas constitucionales locales aún no concretizadas por el legislador ordinario a través de las reformas legales respectivas, son susceptibles de aplicación directa por cualquier autoridad, incluyendo, desde luego, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la medida en que es la autoridad a la que le corresponde instrumentar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y velar por el respeto y plena vigencia de dicha Constitución En efecto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicarla y desconocer la competencia de un órgano creado a nivel constitucional, pues del texto del artículo 92-A de la Constitución Local, se advierte las directrices necesarias para instrumentar el funcionamiento de la referida Junta de Administración, ya que establece cómo se integrará, los criterios que deben observarse para la elección de sus integrantes, la duración del cargo, la independencia de gestión y sus facultades; además la disposición quinta transitoria del decreto 2611 establece que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial o a sus integrantes. Consecuentemente, se reitera, el hecho de que la Legislatura del Estado de Morelos, no hubiese realizado las adecuaciones legislativas correspondientes a la reforma del artículo 92-A de la Constitución del Estado, no constituye un obstáculo para su vigencia, pues en tanto el Congreso no cumpla con el mandato constitucional aludido (realizar las modificaciones legales), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, está en posibilidad de aplicar, la mencionada disposición constitucional. En ese orden de ideas, toda vez que de las constancias que integran el expediente administrativo 51/2018, se desprende que por acuerdo de diecinueve de abril de dos mil dieciocho, se turnó el asunto para resolverlo, por tanto, la autoridad competente para emitir la determinación definitiva era la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado. Lo anterior es así ya que el procedimiento de responsabilidad administrativa se inició el diecinueve de enero de dos mil dieciocho, cuando aún se encontraba en funciones el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Morelos, durante la substanciación de procedimiento, entró en vigor la reforma al artículo 92-A de la Constitución del Estado de Morelos, por declaratoria publicada el quince de febrero de dos mil dieciocho, y por ende, se suprimió el referido Consejo de la Judicatura cuyas facultades establecidas en referido artículo Constitucional fueron transferidas al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, y que de acuerdo al artículo quinto transitorio del decreto 2590 publicado el dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, nombraría una Comisión integrada por el Presidente de dicho Tribunal y dos Magistrados. Empero el cuatro de abril de dos mil dieciocho, se publicó en el Periódico Oficial Tierra y Libertad número 5591 la declaratoria de las reformas a la Constitución del Estado de Morelos, contenidas en el decreto 2611 publicado en el mismo ejemplar del Periódico Oficial, entre las que destaca la reforma al artículo 92-A que establece corresponde a la Junta de Administración Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, entre otros, tener a su cargo la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial. En la segunda disposición transitoria del referido decreto, se estableció que entraría en vigor al día siguiente de su publicación. Asimismo, en la disposición cuarta transitoria se estableció que los recursos humanos materiales y financieros así como el acervo documental que se hubieran transferido al Tribunal Superior de Justicia por parte del Consejo de la Judicatura pararía a formar parte de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado y que los asuntos que se encontraran en proceso se continuarían tramitándose hasta su conclusión en términos de las leyes aplicables por parte de la referida Junta de Administración Vigilancia y Disciplina. Así por acuerdo diecinueve de abril de dos mil dieciocho, la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Comisión ordenó turnar los autos del expediente de responsabilidad administrativa para resolver. Lo cual se realizó a través de la resolución aquí reclamada de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, emitida por la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. Consecuentemente, dicha determinación reclamada es violatoria de los derechos humanos que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, pues a la fecha de su dictado la aludida comisión resultaba inexistente por mandato constitucional local. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primera parte, lo siguiente: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". Por su parte el artículo 14 de la propia Constitución preceptúa, en su segundo párrafo, lo siguiente: "Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho". Ahora bien, haciendo una interpretación conjunta y armónica de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los preceptos transcritos, en lo conducente, se advierte que los actos de molestia y privación requieren, para ser legales, entre otros requisitos, e imprescindiblemente, que sean emitidos por autoridad competente y que se cumplan las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, puesto que la competencia es un requisito esencial para la existencia de todo acto de autoridad. Tiene aplicación en lo conducente, la jurisprudencia P./J. 10/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Octava Época, con número de registro 205463, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 77, Mayo de 1994, materia común, página 12 del rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA. SU FUNDAMENTACION ES REQUISITO ESENCIAL DEL ACTO DE AUTORIDAD. Haciendo una interpretación armónica de las garantías individuales de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, se advierte que los actos de molestia y privación deben, entre otros requisitos, ser emitidos por autoridad competente y cumplir las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica, lo que significa que todo acto de autoridad necesariamente debe emitirse por quien para ello esté facultado expresándose, como parte de las formalidades esenciales, el carácter con que se suscribe y el dispositivo, acuerdo o decreto que otorgue tal legitimación. De lo contrario, se dejaría al afectado en estado de indefensión, ya que al no conocer el apoyo que faculte a la autoridad para emitir el acto, ni el carácter con que lo emita, es evidente que no se le otorga la oportunidad de examinar si su actuación se encuentra o no dentro del ámbito competencial respectivo, y es conforme o no a la Constitución o a la ley; para que, en su caso, esté en aptitud de alegar, además de la ilegalidad del acto, la del apoyo en que se funde la autoridad para emitirlo, pues bien puede acontecer que su actuación no se adecúe exactamente a la norma, acuerdo o decreto que invoque, o que éstos se hallen en contradicción con la ley fundamental o la secundaria." Ahora bien, en el caso concreto, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carecía de competencia legal para emitir la resolución definitiva en el expediente administrativo 51/2018, en virtud de la reforma al artículo 92-A de la Constitución del Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial Tierra y Libertad el cuatro de abril de dos mil dieciocho, que entró en vigor al día siguiente, conforme al cual corresponde a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, emitir la resolución correspondiente. En efecto, de acuerdo con el artículo cuarto transitorio del decreto número dos mil seiscientos once, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el cuatro de abril de dos mil dieciocho, por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, con el propósito de fortalecer al Poder Judicial del Estado, los asuntos que a la entrada en vigor de la reforma, se encontraran en proceso continuarían tramitándose en los términos de las Leyes aplicables, hasta su conclusión pero es claro en señalar que ello sería por parte de la referida Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina; es decir que sería ésta última la encargada en su caso de la tramitación y conclusión de los mismos. Consecuentemente, resulta claro que la resolución reclamada de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, fue emitida por una autoridad, legalmente incompetente, pues, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, carecía de facultades legales para hacerlo, en la temporalidad indicada razón por la que resulta nula de pleno derecho y violatoria de los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica que consagran los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. No pasa inadvertido lo aducido por la responsable Magistrada Presidenta de la Comisión de Magistrados, en el sentido que si bien es cierto que el cuatro de abril de dos mil dieciocho, se publicó en el periódico oficial del Estado 5591 Alcance, el decreto dos mil seiscientos once [2611], a través del cual se realizaron modificaciones constitucionales, específicamente por el que se crea la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos; sin embargo, se estableció un plazo máximo de noventa días para que se realizaran las adecuaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, lo que implica, a juicio de la autoridad responsable, que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos no puede entrar en funciones hasta en tanto se realicen dichas adecuaciones legislativas; es decir, considera que se actualiza la figura jurídica de vacatio legis, al tenor de que si bien de acuerdo al transitorio segundo del decreto 2611, las reformas entran en vigor al día siguiente, esto es, el día cinco de abril de dos mil dieciocho, de igual manera resulta cierto que se encuentra pendiente la modificación de la legislación secundaria [Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos), en la cual, derivado de que la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, resulta ser un órgano distinto del extinto Consejo de la Judicatura Estatal, deberán sentarse las funciones, facultades y organización interna de la misma. De ahí que en criterio de la responsable, la Comisión de Magistrados en funciones del extinto Consejo de la Judicatura continua en funciones hasta en tanto el Congreso del Estado realice las adecuaciones a la ley respecto de las funciones, facultades y organización de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, por ello considera que la Comisión de Magistrados resulta autoridad competente para resolver el procedimiento de responsabilidad administrativa. Consideraciones que se estiman infundadas porque como se estableció en los párrafos que anteceden la circunstancia de que la Legislatura del Estado no haya expedido las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos, dentro del plazo que el Constituyente local fijó para tales efectos, no puede jurídicamente servir de justificación para desconocer la competencia otorgada constitucionalmente a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, para ejercer sus facultades y atribuciones que establece el artículo 92-A de la Constitución Política del Estado de Morelos, vigente a partir del cinco de abril de dos mil dieciocho, pues las normas constitucionales locales aún no concretizadas por el legislador ordinario a través de las reformas legales respectivas, son susceptibles de aplicación directa por cualquier autoridad, incluyendo, desde luego, al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en la medida en que es la autoridad a la que le corresponde instrumentar la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial y velar por el respeto y plena vigencia de dicha Constitución En efecto, aun cuando pudiera considerarse que una norma constitucional no puede ser invocada de manera directa si su texto requiere regulación posterior, ello no puede considerarse una razón válida para omitir aplicarla y desconocer la competencia de un órgano creado a nivel constitucional, pues del texto del artículo 92-A de la Constitución Local, se advierte las directrices necesarias para instrumentar el funcionamiento de la referida Junta de Administración, ya que establece cómo se integrará, los criterios que deben observarse para la elección de sus integrantes, la duración del cargo, la independencia de gestión y sus facultades; además la disposición quinta transitoria del decreto 2611 establece que a fin de evitar interpretaciones incorrectas del marco jurídico vigente, las menciones que en otros ordenamientos se hagan del Consejo de la Judicatura y de los Consejeros del mismo, se entenderán referidas a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial o a sus integrantes. Consecuentemente, se reitera, el hecho de que la Legislatura del Estado de Morelos, no hubiese realizado las adecuaciones legislativas correspondientes a la reforma del artículo 92-A de la Constitución del Estado, no constituye un obstáculo para su vigencia, pues en tanto el Congreso no cumpla con el mandato constitucional aludido (realizar las modificaciones legales), el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, está en posibilidad de aplicar, la mencionada disposición constitucional. Debe decirse que el sometimiento de los jueces a procedimientos resueltos por autoridades que carecen de competencia legal, en el fondo, viola igualmente el principio de independencia judicial. En efecto, en el caso de los jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan además, con garantías reforzadas debido a la independencia necesaria del Poder Judicial que debe entenderse como esencial para el ejercicio de la función judicial. Uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de independencia de los jueces. Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado por el Estado tanto en su faceta institucional, esto es, en relación con el Poder Judicial como sistema, así como también en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación a la persona del Juez especifico. El propósito de la protección radica en evitar que el sistema judicial en general y sus integrantes en particular se vean sometidos a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de aquellos magistrados que ejercen funciones de revisión o apelación. En ese sentido, al instaurarse o resolverse procedimientos disciplinarios contra los jueces, por autoridades carentes de competencia legal, se afecta necesariamente la independencia judicial, ya que tal circunstancia constituye una injerencia indebida en el ejercicio de su función; lo que afecta también el interés de la sociedad en que se garantice el respeto a los principios de certeza y legalidad en los procedimientos que generen actos de molestia o privativos respecto de cualquier gobernado y también en particular de los servidores públicos encargados de desahogar la importante función social de impartir justicia sin injerencias de órganos disciplinarios no previstos en la Ley que inclusive pudieran considerarse intimidatorios y por ende, generadores de efectos adversos al ejercicio independiente de su función. No se puede perder de vista a propósito de lo anterior, que el Estado tiene el deber de garantizar una apariencia de independencia de la magistratura que inspire legitimidad y confianza suficiente no sólo al justiciable, sino a los ciudadanos en una sociedad democrática. En cuanto a la circunstancia de que por decreto publicado en el Periódico Oficial 5591 de fecha cuatro de abril del dos mil dieciocho por el que se reformó el artículo 92-A de la Constitución Local, se haya creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, sustituyendo a la referida Comisión; sin que actualmente se haya adecuado el marco legal secundario, lo que en opinión de las autoridades responsables, justifica el actuar de dicha Comisión; debe decirse que tal omisión del Estado, lejos de justificar la continuación en funciones de la autoridad emisora del acto reclamado, evidencia una situación de ilegalidad e incertidumbre, en cuanto al procedimiento y el órgano competente para decidir los procesos disciplinarios seguidos a los miembros del Poder Judicial; lo que atenta contra la seguridad jurídica de la parte quejosa, al imponérsele la sanciones disciplinaria en su contra, al ser juzgado por un órgano incompetente, lo que incluso es violatorio del artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que estatuye como garantía judicial, que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. En tales condiciones, es procedente conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a YAREDY MONTES RIVERA, para el efecto de que la autoridad responsable Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, deje sin efectos el acto reclamado consistente en la resolución de diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, emitida en el expediente 51/2018, así como las consecuencias que de ella derivan, y, dado que del informe justificado de la referida Comisión, se advierte que no se ha creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dicte una nueva resolución en la que siguiendo los lineamientos aquí formulados, se declare legalmente incompetente para resolver el procedimiento administrativo de referencia. La anterior concesión de amparo no veda las facultades de la autoridad competente para emitir la resolución que corresponda dentro del procedimiento administrativo de ser el caso. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución que se reclaman al Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Secretario de la Contraloría del Estado de Morelos, en virtud de que no se reclaman por vicios propios, sino su inconstitucionalidad se hizo depender de la resolución reclamada, la cual resultó inconstitucional. Por lo expuesto, y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE A YAREDY MONTES RIVERA, contra la resolución dictada el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, en el expediente 51/2018, por la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, cuya ejecución reclamó del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos y del Secretario de la Contraloría del Estado de Morelos, para los efectos precisados en la parte final del último de los considerandos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cinco de abril de dos mil diecinueve que las labores del Juzgado lo permitieron, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo la vista ordenada mediante proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a efecto de que las partes tuvieran el debido conocimiento del informe justificado rendido por la autoridad responsable, es procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para que tenga verificativo a las diez horas con cincuenta minutos del cuatro de marzo de dos mil diecinueve, tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia 2a./J. 21/2008, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XXVII, Marzo de 2008 de la Novena Época, visible en la página 151, del rubro "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO.". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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