Yared Rojo Cosme y Otros.
Expediente 788/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 43 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Daniel Maza Villalpando y Otros.
- Yared Rojo Cosme y Otros.
- Yared Rojo Cosme
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese la razón suscrita por la actuaria de la adscripción, en la que hace constar la imposibilidad que tuvo para hacer entrega del oficio 23845/2023, relativo a la sentencia de trece de octubre del presente año, dirigido a la autoridad que la parte quejosa denominó como: "DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS MATERIALES EN EL ESTADO DE MÉXICO", por los motivos que expone. En tal virtud, reexpídase el oficio 23845/2023, para su debida notificación. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito de la parte quejosa, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia de trece de octubre del presente año. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto dicho recurso, ordenándose distribuir copia de los agravios entre las partes. En ese tenor, deberá solicitarse a la Oficina de Correspondencia Común respectiva, la boleta de turno de dicho medio de impugnación y, una vez generada ésta, remítase a la superioridad el escrito de agravios de manera digitalizada. Finalmente, se hace del conocimiento del Tribunal Colegiado que conozca del medio de impugnación de mérito, que se pone a su disposición el expediente electrónico del presente sumario y que, en caso de requerir cualquier constancia que no se encuentre disponible, previa solicitud, se remitirá a la brevedad posible, para lo cual, se proporciona el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1259. Notifíquese; personalmente a la Agente del Ministerio Público y por oficio a las responsables.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por lista y por lista en página electrónica a la parte quejosa, la resolución de trece de octubre de dos mil veintitrés, misma que en sus puntos resolutivos establecen: "...ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por...contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos precisados en el último considerando de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE..."
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, trece de octubre de dos mil veintitrés. V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 788/2022-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de escrito. Mediante escrito presentado el nueve de mayo de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado, ********************, ********************, ******************** e ********************, indicaron que en atención a que en proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, se vinculó a la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, formulaban ampliación de demanda en el juicio de amparo indirecto 866/2021-VI, del índice de este órgano jurisdiccional. Por auto de diez de junio de dos mil veintidós, este juzgado de distrito, al analizar la pretendida ampliación de demanda, advirtió que no se actualizaba -en su totalidad- dicha hipótesis, por lo que ordenó remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, para que lo turnara como demanda nueva a este mismo órgano. SEGUNDO. Admisión de demanda y trámite. Por acuerdo de cinco de julio de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido el oficio del secretario adscrito a este mismo juzgado, con el que se remitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 788/2022-IV, se admitió a trámite la acción constitucional, se ordenó la apertura del incidente de suspensión solicitado, se dio la intervención que legalmente le compete a la representación social federal adscrita, se fijó día y hora para la celebración de la audiencia de ley, y se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados y las constancias necesarias para resolver. Finalmente, de autos se desprende que las autoridades responsables rindieron sus informes justificados en el sentido de negar los actos que se les atribuyen; por otra parte, dadas las peculiaridades del asunto, no hay a quien le recaiga el carácter de tercero interesado; además, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio biinstancial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que los actos impugnados se le atribuyen a autoridades residentes dentro del ámbito territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo establecido por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se realiza el estudio integral de la demanda de amparo, así como de las constancias allegadas para la substanciación del asunto, para fijar de forma clara y precisa los actos reclamados, los cuales consisten en: De la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México: b) La omisión de promover ante las autoridades correspondientes el decreto de área natural protegida respecto de la zona ubicada entre la calle Humberto Covarrubias y Mirasol, en la zona denominada "Escalada de los Remedios", "El Mazapán", área verde inmersa en la colonia Las Huertas, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Del Director General de Recursos Materiales en el Estado de México: c) La omisión de proteger y vigilar los bienes inmuebles propiedad del Estado de México, que se encuentran en el área verde del terreno ubicado en ********************, por la que atraviesan diversas avenidas como la de Cipreses, Girasol y avenida de los Remedios, identificada en el plano 7DLR del plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. d) La omisión de proveer ante las autoridades correspondientes el decreto de área natural protegida respecto de esa zona. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Al rendir su informe con justificación las autoridades señaladas como responsables negaron los actos que se les atribuyen, respectivamente; sin embargo, al tratarse de actos omisivos, en principio debe decirse que no basta que las autoridades nieguen la existencia de los actos que se les reclaman, sino que tienen que probar que no incurrieron en la omisión demandada, en términos de lo dispuesto en el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, como se dijo, los actos reclamados son de carácter omisivo, que se traducen en un estado pasivo y permanente, cuyo cambio se exige en proporción a un deber derivado de una facultad que habilita o da competencia a las autoridades, por lo que la carga de la prueba recae, por regla general, en la autoridad, pero esto aplica cuando, teniendo conocimiento, está obligada a actuar y no lo hace, lo que se traduce en una abstención de actuar con base en su atribución. Al respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que para la existencia de la omisión debe considerarse si existe una condición de actualización que coloque a la autoridad en la obligación de proceder como lo exige el gobernado, razonamiento que se encuentra plasmado en el criterio 1a. XXIV/98, Novena Época, Materias Común y Administrativa, consultable con el registro digital 196080, que sostiene: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO. Para que se actualice la omisión en que incurre una autoridad debe existir previamente la obligación correlativa, conforme lo dispongan las normas legales; por tanto, un acto omisivo atribuido a la autoridad, como puede ser que el presidente de la República, no haya sancionado un acuerdo expedido por un secretario de Estado, independientemente de las afirmaciones de la quejosa y las manifestaciones de la responsable, será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades constitucionales que ineludiblemente está constreñida a realizar, sea en vía de consecuencia de un acto jurídico previo que lo origine, o bien, en forma aislada y espontánea sin que tenga como presupuesto una condición; y no simplemente por el solo hecho de incurrir en la omisión por sí misma con criterios subjetivos. En estas circunstancias, para estar en aptitud de precisar la certeza o falsedad de un acto de naturaleza omisiva cuando se le imputa a determinada autoridad, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si en realidad está obligada a realizar esa conducta, es decir, antes de pronunciarse sobre una posible omisión es necesario identificar si existe obligación jurídica de actuar en la forma que la quejosa indica, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta soslayando la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido, que después de todo puede servir como referencia para iniciar el análisis de certeza de actos". Por lo tanto, en atención a que para determinar si las autoridades responsables han incurrido en las omisiones que se les reclaman, es necesario analizar el material probatorio que obra en autos, aspecto que evidentemente se encuentra relacionado con el fondo de la controversia constitucional, y con la satisfacción del interés legítimo que ostentan los quejosos, se considera que únicamente para efectos de resolver este juicio de amparo, se deben tener por ciertos los actos que se les atribuyen. CUARTO. Causas de improcedencia. Con apoyo en lo previsto por el dispositivo 62 de la Ley de Amparo, se analiza la procedencia del presente juicio de amparo, por ser una cuestión de estudio oficioso. En ese sentido, este juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, en relación con el numeral 5, ambos de la Ley de Amparo, pues la acción constitucional se ejerció -por parte de los quejosos- sin demostrar su interés legítimo, lo que se traduce en que los comparecientes únicamente detentan un interés simple frente a los actos reclamados; en atención a los razonamientos siguientes: En principio, es pertinente establecer el contenido del artículo y fracción indicados en primer término, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción 1 del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Del precepto invocado se deduce que el juicio de amparo es un medio de control que se sigue siempre a instancia de parte agraviada, por medio del cual se puede examinar la constitucionalidad de los actos de autoridad; es decir, el juicio de amparo únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto reclamado, de lo contrario, éste será improcedente. Lo anterior es así, porque el juicio de amparo, por su naturaleza extraordinaria, se rige por principios fundamentales contenidos en el artículo 107, fracción I, Constitucional, que lo distinguen de los medios ordinarios de defensa. Entre esos principios rectores, se encuentra el de agravio personal y directo, que se exige para la procedencia de la acción constitucional, previsto en la fracción I del citado mandato constitucional, y en los numerales 5, fracción I, y 6 de la ley de la materia, que guardan relación estrecha con la fracción XII del arábigo 61 de la mencionada legislación; por ello, es dable precisar lo previsto por los preceptos enunciados, así como el contenido del diverso 107 Constitucional, que en lo que aquí interesa establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". Ley de Amparo. "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley .". ".Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.". De la interpretación armónica y sistemática de los preceptos constitucional y legales citados, se tiene que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o interés legítimo, ya sea individual o colectivo; en ese sentido, el requisito de procedencia del amparo consiste en que el quejoso alegue y demuestre tener interés jurídico o legítimo y que dicho interés se vea agraviado con motivo de la emisión de los actos reclamados. Así, partiendo de la premisa de un marco protector más amplio de los derechos fundamentales, aquellas personas que aduzcan tener un interés legítimo pueden accionar el proceso constitucional, esgrimiendo un daño en su esfera jurídica tutelada por la ley y no así una afectación directa a un derecho subjetivo. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Tomo I, página 60, Materia Común, Décima Época, con número de registro digital 2007921, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas.". Criterio del cual se desprende que el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. En ese contexto, de acuerdo con la nueva normativa constitucional, que se adecúa a las exigencias internacionales en materia de derechos humanos, como ya se dijo, se abre la oportunidad para que los gobernados acudan al juicio de amparo no sólo cuando tengan un interés jurídico, sino en aquellos casos en que les asista un interés legítimo individual o colectivo. En este punto, destaca el hecho de que en el texto constitucional reformado, incluso tratándose del interés legítimo, subsiste la condición de que el acto reclamado viole derechos reconocidos por la Constitución y que se afecte la esfera jurídica del gobernado, ya de manera directa -lo cual constituye propiamente el interés jurídico-; o bien, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico- referente al interés legítimo. Así, se entiende que la tutela judicial efectiva en este País, ha comenzado a encontrar una apertura hacia otras formas de concebir el interés necesario para acceder a los órganos jurisdiccionales, con la incorporación al sistema normativo de control constitucional a través del juicio de amparo, del denominado interés legítimo, que representa una extensión a las posibilidades de impugnación contra diversos actos u omisiones, a efecto de lograr que el medio de control constitucional cumpla con una verdadera protección de los derechos fundamentales. Para entender adecuadamente los alcances de la citada reforma, debe tenerse en cuenta la diferencia existente entre el interés simple, el interés jurídico y el interés legítimo en el campo del derecho, de acuerdo con la interpretación que respecto de ello ha realizado el Máximo Tribunal del País, contenida en las diversas ejecutorias en las que se ha pronunciado sobre el tema. Ahora, como el interés legítimo tiene sus límites entre el simple y el jurídico, en principio se abordará el significado de estos últimos, para finalmente deducir lo que debe entenderse propiamente por aquél. La Segunda Sala señaló que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-; es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo"; interés con el que se reconoce la legitimación a cualquier ciudadano, por el mero hecho de ser miembro de una sociedad, para interesarse en el quehacer de las autoridades, con la finalidad que cumplan con el orden jurídico objetivo, sin necesidad que el sujeto invoque un interés legítimo y mucho menos un derecho subjetivo. Entonces, en el interés simple la situación jurídica legítimamente sería el mero interés en la legalidad, que tiene cierto grado de juridicidad, pero requiere estar reconocido expresamente en el ordenamiento legal para ser ejercido, tal es el caso de las acciones populares, en las que no se requiere de una condición precisa o una cualificación subjetiva especial, sino que basta con que la ley permita o legitime accionar con base en un interés simple. En cuanto al interés jurídico, generalmente se le ha identificado con el derecho subjetivo, que consiste en la situación de prevalencia o ventaja que el Derecho objetivo concede a un individuo frente a otros, cuyos elementos constitutivos son la posibilidad de hacer o querer y la posibilidad de exigir de otros el respeto hacia esa situación preferencial, el cual exige que se satisfagan los elementos siguientes: a) La existencia de un derecho establecido en una norma jurídica (derecho objetivo); b) La titularidad de ese derecho por parte de una persona; c) La facultad de exigencia para el respeto de ese derecho; y, d) La obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Por su parte, el interés legítimo corresponde a las personas que por la situación objetiva y particular en la que se encuentran, tienen interés en que el poder público ajuste su actuación a la ley, pero no sólo por el mero interés ciudadano en la legalidad, sino porque cumpliéndose con la ley conservan un beneficio o evitan un perjuicio cierto, aunque carezcan de un derecho subjetivo. Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que el Pleno Máximo del Tribunal del País, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, lo cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación"; por lo tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Consecuentemente, hay interés legítimo cuando una conducta de la autoridad es susceptible de causar un perjuicio o generar un beneficio en la situación fáctica del interesado, tutelada por el sistema jurídico, cuando éste no tiene un derecho subjetivo para impedir esa conducta o imponer una distinta, pero sí para reclamar a los tribunales la inobservancia de las normas jurídicas cuya infracción pueda perjudicarle con el objeto de defender esa situación de su interés. En consecuencia, la característica esencial del interés legítimo radica en que la conducta de la autoridad sea susceptible de causar un perjuicio o privar de un beneficio a la parte que promueve, debido a la situación de hecho o de derecho en la que se encuentra. Se trata pues, del reflejo de una utilidad que al gobernado le proporciona la actuación legal del poder público, aunque es necesario exigir al quejoso la presencia de un factor especial que lo distinga de la generalidad de las personas: el interés legítimo debe ser personal y actual. De tal suerte que, en supuestos en los que no hay derechos inmediatamente en juego, será necesario que quien acude al juicio de amparo justifique en qué medida el acto compromete sus derechos fundamentales y deberá acreditar el interés específico, concreto y cualificado que ostenta para solicitar la protección constitucional, pues se entiende que si la pretensión primordial consiste en demostrar que las autoridades responsables han incurrido en omisiones respecto de sus obligaciones de protección a determinadas áreas verdes protegidas, porque afirman que esas omisiones les causan perjuicio, deben demostrar dicha circunstancia, al menos de manera indirecta en función al interés legítimo que aducen les asiste para hacer cesar la actitud pasiva por parte de las autoridades responsables. De otro modo, se distorsionaría la naturaleza del juicio de amparo que consiste fundamentalmente en que el acto de autoridad no continúe lesionando a los quejosos aún de manera indirecta. Al respecto, se cita la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Tomo 3, página 1854, (septiembre de 2013), Materia Común, Décima Época, registro digital 2019456, que dispone: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente". Corolario de lo anterior, se puede concluir que los requisitos del interés legítimo son: a) Que la autoridad cause un perjuicio especial a una persona o a un grupo de personas, sin que se trate del que de manera general y uniforme se produce a grandes sectores de la población. No se trata de un agravio ocasionado al público. b) No es exclusivo, es concurrente y coincidente, pues protege a una pluralidad de sujetos respecto de situaciones de hecho que los favorecen. c) Es propio de las personas que por gozar de una posición calificada, diferenciable, se ven indirectamente beneficiadas o perjudicadas con el incumplimiento de ciertas reglas de derecho objetivo, bien porque con ello vean obstaculizado el camino para alcanzar ciertas posiciones provechosas, bien porque sean privadas de las ventajas ya logradas. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido algunas de las características que permiten identificar cuándo el quejoso -realmente- ostenta un interés legítimo susceptible de tutela jurisdiccional; tales como: a) Si prospera la acción, ello se traduce en un beneficio jurídico en favor del accionante. b) Está garantizado por el derecho objetivo, pero no da lugar a un derecho subjetivo. c) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del particular. d) El titular del interés legítimo tiene un interés propio y distinto de otros gobernados, consistente en que los actos de la administración pública, que incidan en el ámbito de ese interés propio, se ajusten a derecho. e) Es un interés cualificado, actual y real, y no potencial o hipotético, por lo cual se le estima como un interés jurídicamente relevante. f) La anulación del acto de autoridad produce efectos en la esfera jurídica del gobernado. Así, el interés legítimo existe siempre que pueda presumirse que la declaración jurídica pretendida habría de colocar al accionante en condiciones de conseguir un determinado beneficio, sin que sea necesario que quede asegurado de antemano que forzosamente deba obtenerlo, ni que deba tener apoyo en un precepto legal expreso y declarativo de derechos. Por lo tanto, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto impugnado pueda ocasionar un perjuicio. Al respecto, se invoca la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, Tomo 2, página 1736, marzo de dos mil trece, Materia Común, Décima Época, registro digital 2003067, que señala: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella". Por todo lo expuesto, se concluye que la reforma constitucional que introdujo el interés legítimo -cuyos antecedentes en el orden jurídico mexicano se encuentran en el derecho administrativo- aminora los efectos contraproducentes de aplicar de manera estricta, como requisito de procedencia del juicio de amparo, el relativo al interés jurídico, puesto que por virtud de éste se dejaban ajenos al control jurisdiccional un sin número de actos autoritarios que lesionaban los derechos fundamentales de los gobernados. Sin embargo, se reitera, no puede llegarse al extremo de considerarlo el medio para promover dicho juicio con base en un mero interés general por la legalidad, en tanto que se convertiría en una vía abstracta o preventiva y no en un medio reparador de violaciones. En esas condiciones, respecto del interés legítimo, es posible arribar a las premisas siguientes: El derecho vulnerado exige para la procedencia de su tutela el acreditamiento o demostración de un interés de mayor dimensión que el interés simple, sin llegar a la exigencia de una afectación cierta e individualizada como lo requiere el interés jurídico. La afectación que produce el acto combatido debe encontrar sustento en un valor o interés jurídicamente protegido. El interés de que se trate debe corresponder a un grupo social o colectividad, generalmente indeterminado o indeterminable. Puntualizado el marco normativo y jurisprudencial de referencia, conviene recordar que el presente asunto se admitió, únicamente, respecto de los actos siguientes: De la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México: b) La omisión de promover ante las autoridades correspondientes el decreto de área natural protegida respecto de la zona ubicada entre la calle Humberto Covarrubias y Mirasol, en la zona denominada "Escalada de los Remedios", "El Mazapán", área verde inmersa en la colonia Las Huertas, en el municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Del Director General de Recursos Materiales en el Estado de México: c) La omisión de proteger y vigilar los bienes inmuebles propiedad del Estado de México, que se encuentran en el área verde del terreno ubicado en ********************, por la que atraviesan diversas avenidas como la de Cipreses, Girasol y avenida de los Remedios, identificada en el plano 7DLR del plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. d) La omisión de proveer ante las autoridades correspondientes el decreto de área natural protegida respecto de esa zona. Ahora bien, en proveído de siete de noviembre de dos mil veintidós, a efecto de determinar si el predio materia del asunto, forma parte o no de un área verde protegida, tal como lo aseveran los quejosos, este órgano jurisdiccional en estricto apego al principio de precaución, ordenó de oficio, el desahogo de la prueba pericial en materia de Ingeniería Civil en Vía Terrestre y Desarrollo Urbano, misma que fue rendida por el Ingeniero Juan Jardón Navarro, en su calidad de perito oficial, recibida en este Juzgado el diecinueve de abril de dos mil veintitrés (fojas 292 a la 311 del juicio de amparo), de la que destacan los puntos siguientes: "ANTECEDENTES: De las constancias que integran este juicio de amparo, se advierte que los quejosos reclaman; entre otras cosas, la omisión de vigilar y proteger los bienes inmuebles propiedad del estado, que se encuentran en el área verde ubicada en "********************", por la que atraviesan diversas avenidas como la de Cipreses, Girasol y Avenida de los Remedios, identificada en el plano 7DLR del Plan Municipal de Desarrollo Urbano del Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México. Igualmente se hace referencia al decreto de expropiación de terrenos ejidales del poblado denominado "********************", Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, con número de registro 7498, publicado en el Diario Oficial del Gobierno del Estado de México, el 1 de junio de 1987 y el 29 de noviembre de 1988 en el Diario Oficial de la Federación. Decreto que se refiere a la expropiación de 651,313.28 m2 (65 hectáreas), y polígono al cual se presume pertenece el área verde motivo de esta litis. (.) ANÁLISIS DE REVISIÓN DEL ÁREA VERDE EN CUESTIÓN: Como paso inicial, se procedió a obtener un listado y ubicación de todas las áreas verdes estatales protegidas, en el Estado de México, específicamente en la zona que nos compete (municipio de Naucalpan de Juárez; zona de "********************"), a fin de determinar si el área motivo de esta litis está dentro o no de alguna de ellas, consultándose dicha información en tres fuentes con transparencia y acceso libre a la información. Una de carácter oficial, como lo es la CEPANAF (COMISIÓN ESTATAL DE PARQUES NATURALES Y DE LA FAUNA), organismo descentralizado de la secretaría del medio ambiente en el Estado de México, CARTOCRITICA, la cual es una iniciativa civil independiente, sin ánimo de lucro, que trabaja a favor de la transparencia y el acceso libre a la información pública en México, al mismo tiempo que aplica la tecnología geoespacial, la reutilización de datos abiertos nacionales y el análisis cartográfico para defender el territorio nacional, los derechos humanos y el medio ambiente, y por último; el RAN, específicamente el SIG (SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOESPACIAL DEL CATASTRO RURAL) órgano desconcentrado de la SEDATU, al que le corresponde dar certeza jurídica de todos los actos que sobre la propiedad ejidal y comunal se realizan en los ejidos y comunidades. (.) Es importante mencionar que se analizó y verificó en las correspondientes publicaciones de los decretos, que las áreas naturales verdes protegidas oficialmente y a las que se refieren los decretos mencionados en el listado (15/feb/1979, 9/oct/1982 y 5/jun/2003), cuentan con la información necesaria de datos constructivos (coordenadas) para determinar técnica y claramente su ubicación y superficie de cada polígono, no así para el decreto publicado el 29 de noviembre de 1988 en el diario oficial de la federación; registro 7498 (65 hectáreas), ya que el decreto solo habla de un plano, el cual no fue posible localizarlo, en la instancia correspondiente. En consecuencia a lo descrito en el párrafo anterior, se puede concluir que el área verde motivo de esta litis, no está dentro de las áreas verdes naturales protegidas oficialmente, pero tampoco es posible determinar si esta área verde está dentro del polígono de 65 hectáreas a las que se refiere el decreto publicado el 29 de noviembre de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, ya que no se cuenta con la información necesaria para determinar a detalle las coordenadas constructivas de dicho polígono, y en consecuencia su ubicación geográfica. CARTOCRITICA: *Se insertaron imágenes ilustrativas. En esta página se muestra de manera digital y en cartografía (imágenes satelitales), las áreas verdes protegidas oficialmente; tanto a nivel Federal, Estatal y Municipal, del territorio nacional. *Se insertaron imágenes ilustrativas. En la imagen se muestran las áreas verdes protegidas oficialmente a nivel estatal (resaltadas en color verde), en la zona aproximada que nos compete, observándose que el área específica motivo de la presente litis queda fuera de las áreas verdes protegidas oficialmente a nivel estatal, se anexa detalle en la imagen siguiente abajo (el área específica del dictamen en cuestión y que nos compete es la que está dentro del círculo rojo). *Se insertaron imágenes ilustrativas. (.) Observándose y concluyendo, que el área verde motivo de la presente litis, queda fuera de las áreas verdes protegidas oficialmente en el Estado de México. Se anexa en las imágenes siguientes, el resultado de las áreas verdes protegidas a nivel federal y a nivel estatal. *Se insertaron imágenes ilustrativas. No se observa ningún área verde protegida oficialmente en la zona motivo de la presente litis, además de que es importante resaltar que estos últimos datos, son de carácter meramente informativo, ya que es evidente que el área debiera ser: área verde protegida a nivel estatal, pues así lo menciona el decreto al que se hace referencia. Es importante mencionar que los resultados coinciden con la información obtenida de la CEPANAF, referente a que las áreas verdes protegidas oficialmente a las que se refieren los decretos mencionados en el listado (15/feb/1979, 9/oct/1982 y 5/jun/2003), cuentan con la información necesaria de datos constructivos (coordenadas) para determinar técnica y claramente su ubicación y superficie de cada polígono, no así para el decreto publicado el 29 de noviembre de 1988 en el diario oficial de la federación; registro 7498 (65 hectáreas). Por lo que se concluye que el área verde motivo de esta litis, no está dentro de las áreas verdes naturales protegidas oficialmente, pero tampoco es posible determinar si esta área verde está dentro del polígono de 65 hectáreas a las que se refiere el decreto publicado el 29 de noviembre de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, ya que igualmente en esta no se cuenta con la información necesaria para determinar a detalle las coordenadas constructivas de dicho polígono, y en consecuencia su ubicación geográfica. (.) INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DECRETO PUBLICADO EN 29 DE NOVIEMBRE DE 1988 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN: Dicho decreto hace referencia a la expropiación de 651,313.28 m2 (65 hectáreas) a efectos de crear un área verde natural protegida, en donde igualmente se menciona la existencia del plano respectivo, el cual, tras búsqueda en las diferentes instancias mencionadas, no fue posible la localización de este. Es de suma importancia conocer los datos constructivos del polígono al que hace referencia dicho decreto (65 hectáreas), ya que su localización geográfica despejaría de manera determinante si el área motivo de esta litis pertenece o no a un área verde protegida. Tras investigación al respecto, se encontró en varias fuentes periodísticas que dicha información no aparece de manera oficial, resultado de la siguiente conclusión. El Estado de México solicitó al gobierno federal la expropiación de 65 hectáreas del ejido ********************, parte de las cuales estaban dentro del Parque Metropolitano. Las tierras se destinarían a formar una reserva ecológica que permitiría hacer una explotación sostenible del bosque y que beneficiaría a las personas ejidatarias. Pero el gobierno del Estado de México no cumplió totalmente con el proyecto, por lo que en base al artículo 97 de la Ley Agraria, una herencia de la revuelta civil que inició en 1910 en México señala que si después de cinco años de una expropiación ejidal no se realiza el proyecto por el que se deslindaron las tierras, éstas deben volver al ejido. El juicio de reversión ocurrió hasta 2015, posteriormente debido a una resolución insatisfactoria para el ejido, El ejido inició un juicio de amparo y se encuentra a la espera de una resolución. Resultado de lo descrito en párrafos anteriores, se concluye que esta es la razón por la que oficialmente no aparece el polígono al que hace referencia el decreto publicado el 29 de noviembre de 1988 en el Diario Oficial de la Federación; registro 7498 (65 hectáreas), en las instancias consultadas. CONCLUSIÓN: Se determina que el área verde en cuestión y motivo de esta litis, no se encuentra dentro de las áreas verdes naturales protegidas oficialmente a nivel estatal (Estado de México) y sustentadas en los decretos publicados en el Diario Oficial del Estado de México; (15/feb/1979, 9/oct/1982 y 5/jun/2003), y que tampoco es posible determinar si la misma se encuentra dentro del polígono de 65 hectáreas del área correspondiente al decreto publicado el 29 de noviembre de 1988 en el Diario Oficial de la Federación, ya que la información referente a dicho decreto no es posible determinar de forma técnica y exacta la ubicación geográfica del polígono, debido a que esta información aun no es oficial, por encontrarse en situación de juicio." De dicho dictamen pericial se advierte que el profesional concluyó que el área verde motivo de esta litis, no se encuentra dentro de las áreas verdes naturales protegidas oficialmente, aunado a que no le fue posible determinar si esa misma área verde a su vez, está dentro del polígono de ******************** hectáreas a las que se refiere el decreto publicado el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación, toda vez de que no se cuenta con la información necesaria para determinar a detalle las coordenadas constructivas de dicho polígono y, como consecuencia, su ubicación geográfica. Lo anterior debido a que, en su momento, el Gobierno del Estado de México solicitó al Gobierno Federal la expropiación de ******************** hectáreas del Ejido "********************" para destinarlas a formar parte de una reserva ecológica; sin embargo, al no cumplir el gobierno estatal con el proyecto, con base en el artículo 97 de la Ley Agraria, las tierras volvieron a formar parte del ejido (Gobierno Federal), motivo por el cual se promovió un juicio de reversión en el año de dos mil quince, el cual resultó desfavorable para el Gobierno Estatal, en tal razón, el ejido inició un juicio de amparo, mismo que aún se encuentra pendiente de resolución. Dictamen pericial que es valorado por este juzgador, ya que de constancias de autos se advierte que el especialista que lo emite, el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés compareció a este Juzgado Federal a aceptar y protestar el cargo conferido -pericial en materia de Ingeniería Civil-; rindió oportunamente su dictamen -diecinueve de abril de dos mil veintitrés-; mismo que ratificó también con oportunidad -veintiocho de abril de dos mil veintitrés-; además de que cuenta con la aptitud y los conocimientos especiales suficientes para dictaminar respecto de los hechos a probar, toda vez que se trata de un experto en materia de Ingeniería Civil, máxime que para acreditar su capacidad profesional se identificó ante este Juzgado con cédula profesional número 3488477, expedida a su favor por la Secretaría de Educación Pública, que lo acredita como Licenciado en Ingeniería Civil; además de que no existe en autos motivo fundado para dudar de su imparcialidad. Aunado a lo anterior, dicho dictamen pericial contiene los datos de identificación de quien lo emite; el cuestionario y sus respectivas respuestas relativas al tema a dilucidar; los antecedentes del caso en estudio; diversas imágenes ilustrativas tanto del predio materia de la litis, como de varios planos; análisis de revisión del área verde en cuestión -CEPANAF, CARTOCRITICA y RAN-; investigación y análisis del decreto publicado el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho en el Diario Oficial de la Federación; y, la conclusión; por todo lo anterior, se considera que el dictamen en cita sí cumple con los parámetros requeridos para este tipo de trabajos de investigación. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se le confiere pleno valor probatorio al dictamen rendido por el perito oficial designado en auxilio de las labores de este juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable con el registro digital 230424, la cual establece lo siguiente: "PRUEBAS. VALORACION EN EL JUICIO DE AMPARO. El principio general para la valoración de las pruebas en el juicio de amparo, aplicando supletoriamente las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, consiste en que el tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las mismas unas frente a otras y para fijar el resultado final de dicha valuación, restringida parcialmente esa amplia libertad, únicamente con las reglas específicas sobre apreciación de probanzas determinadas que fija la propia ley." Además, la valoración del citado dictamen pericial se robustece con lo informado por la Directora General de Recursos Materiales, dependiente de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de México, al emitir su informe con justificación, en donde narró entre otras cuestiones, lo siguiente: "La entonces Unidad de Asuntos Agravios, hoy Dirección General de Asuntos Agrarios de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno del Estado de México, está enfrentando Juicio Agrario número 854/2015, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, con residencia en Tlalnepantla, Estado de México, en la que se le demanda al Gobierno del Estado de México, la reversión de la superficie de 65-13-13.28 hectáreas, correspondiente a la totalidad de la superficie expropiada por no haber cumplido las causas de utilidad pública; promovida por el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), que corresponde a la superficie Ex Ejido ********************, Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, información que se desprende del oficio número CJ/UAA/291/2016, de fecha 11 de julio de 2016, suscrito por el titular de dicha dependencia; (.)". Por lo tanto, al no existir identidad en el predio que pretenden defender los quejosos en esta vía, ya que el área verde motivo de esta litis, no se encuentra dentro de las áreas verdes naturales protegidas oficialmente, además de que tampoco se tiene la certeza de que esa misma área verde, a su vez, esté dentro del polígono de ******************** hectáreas a las que se refiere el decreto publicado el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación, toda vez de que no se cuenta con la información necesaria para determinar a detalle las coordenadas constructivas de dicho polígono y, como consecuencia, su ubicación geográfica, con motivo de un juicio de amparo que se encuentra en trámite, aunado a que no se advierte alguna prueba que permita advertir lo contrario; se llega a la conclusión de que en el caso concreto no se demostró que las omisiones reclamadas incidan de manera negativa en la esfera legítima de los quejosos. Lo anterior se afirma, puesto que no se demostró el elemento fundamental que evidenciara aquel aspecto -interés legítimo-; esto es, que la zona que pretenden tutelar los quejosos a través de este juicio de amparo, forme parte de un área natural protegida, como presupuesto esencial para exigir un hacer por parte de las autoridades responsables. Por otra parte, no se soslaya que ********************, en su calidad de representante común de la parte quejosa, entre otras, ofreció como prueba para demostrar que en el área territorial denominada como Cerro Mazapán, existen vestigios arqueológicos, por lo que respecto de esa zona es aplicable la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, para su protección, el Dictamen Técnico del Área Arqueológica Denominada: Cerro Mazapán en el Municipio de Naucalpan de Juárez, Estado de México, expedido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (fojas 341 a la 373 del juicio de amparo). Sin embargo, a criterio de quien esto juzga, tal medio de convicción se estima insuficiente para acreditar tanto la identidad del bien inmueble como el interés legítimo de los solicitantes del amparo en el presente juicio. En principio, es importante destacar que dicha probanza, la cual se tiene a la vista al momento de emitir la presente, da cuenta de hallazgos arqueológicos encontrados en la zona arqueológica conocida como "Cerro Mazapán", el cual se encuentra dentro del ejido "********************", por lo que representa solamente una porción del mismo pero no toda la extensión que lo conforma, motivo por el cual resulta insuficiente para dar certeza de que dicha porción de terreno es la misma a la que aducen los quejosos en su escrito inicial de demanda. Aunado a que ese dictamen fue presentado en copia simple, razón por la cual carece de eficacia probatoria, ya que es una simple reproducción de documentos que, para su obtención, se colocan en la máquina respectiva, existiendo la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la tecnología, que no correspondan a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer, o bien, que el mismo se haya impreso de alguna página de internet; sin embargo, la parte oferente no señala el sitio del que provenga el mismo, ni dirección electrónica para su consulta y cotejo, si se trata de alguna página oficial o se haya expedido con motivo de algún trabajo de investigación de los que aparece ahí que lo realizaron, razón por la cual no se le puede conceder el valor pretendido por los quejosos. Al respecto, se considera aplicable la Jurisprudencia 3a. 18, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable con el registro digital 207434, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer.". En otro orden de ideas, no pasa desapercibido para este juzgador que mediante escrito de ampliación de demanda -el cual dio origen al presente juicio- la parte quejosa ofreció la prueba de inspección judicial; sin embargo, dicho medio de convicción se tuvo por ofrecido únicamente en el diverso juicio de amparo 866/2021-VI, en el que en proveído de cuatro de noviembre de dos mil veintidós, se señaló hora y día para su desahogó, el cual se llevó a cabo mediante diligencia de treinta de mayo de dos mil veintitrés, de la que se desprende: - Que el Actuario Judicial de la adscripción se constituyó en el predio identificado como "El Mazapán" con la finalidad de realizar la inspección judicial ordenada en el juicio 866/2021-VI en auto de diez de mayo de dos mil veintitrés. - Que en el predio materia de la inspección hay dos construcciones perimetrales sin advertirse el objeto de su construcción. - Que existen dos sellos de clausura provenientes de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, y otros dos emitidos por la Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México, sin advertir mayores datos pues los mismos se han borrado con el tiempo. - Por último, reiteró que no advirtió el destino o tipo de las dos construcciones existentes en el lugar, ya que al estar inconclusas no es posible determinarse el objeto para el cual fueron construidas; asimismo, inventarió la existencia de quince árboles, diez verdes y cinco secos. - Para mayor evidencia de la inspección realizada, el Fedetario de la adscripción adjuntó diversas impresiones fotográficas tomadas al momento de desahogar la probanza precisada. De lo resumido con anterioridad, se concluye que el desahogo de ese medio de convicción únicamente da razón de que en el predio "El Mazapán" existen dos construcciones sin concluir, a las cuales se les impuso dos sellos de clausura por parte de las Procuradurías de Protección al Medio Ambiente, tanto Federal como Estatal, respectivamente, sin tener la certeza del destino de las mismas, además de la cantidad de los árboles que hay en el lugar; sin embargo, esos datos no evidencian que esa porción de terreno constituya un área natural protegida, ni mucho menos este Juzgador puede deducir de lo asentado en la diligencia de mérito, que el hecho de que se haya clausurado la construcción de dos edificaciones iniciadas en la zona, obedezca a que el lugar se encuentre protegido por dichas autoridades; de ahí que esa prueba sea insuficiente para soportar la pretensión de la parte quejosa. Todo lo anterior evidencia que la parte quejosa recurre a la instancia constitucional contra diversos actos de autoridades, en defensa de un interés simple, porque en realidad no demostró que los predios que señala se encuentran dentro de las áreas verdes naturales protegidas oficialmente a nivel estatal (Estado de México), pues las autoridades que señaló como responsables corresponden a este nivel de gobierno -Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de México y Dirección General de Recursos Materiales en el Estado de México-, aunado a que no fue posible determinar si dicho predio a su vez, se encuentra dentro del polígono de ******************** hectáreas del área correspondiente al decreto publicado el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho en el Diario Oficial de la Federación, pues esa información aun no es oficial, en virtud de que se encuentra en un litigio con el Gobierno Federal. Por lo tanto, al no haberse demostrado la identidad entre los inmuebles materia de la litis, no se puede afirmar que los actos de omisión que le atribuye a las autoridades responsables le causen o pudieran causar afectación alguna en su esfera jurídica, debido a una situación especial en la que se encuentren ubicados, pues por una parte, como ya se dijo, no se demostró que las porciones de tierra que señala se encuentren dentro de un área verde protegida por el Gobierno del Estado de México, para estar en condiciones de exigir a las autoridades responsables el cuidado de las mismas y, por otra, que las omisiones reclamadas tuvieran un impacto en sus derechos fundamentales; es decir, no justificaron la existencia de un interés que amerite ser protegido, porque no demuestran encontrarse en una situación privilegiada frente al orden jurídico; esto es, no existe un elemento diferenciador que les genere un estándar jurídico calificado frente a las autoridades responsables; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la Jurisprudencia 1a./J. 38/2016 (10a.), sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 690, tomo II del libro 33, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en agosto de 2016, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2012364, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Así, este juzgador considera que el interés que la parte quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien, comparece a defender un derecho con base en un interés legítimo (difuso o colectivo) para la preservación de un área ecológica, bajo el argumento de que la zona referida se adquirió con los impuestos de los mexiquenses para conformar una extensión del Parque Nacional de los Remedios, por lo cual forma parte del patrimonio del Gobierno del Estado de México, así como el hecho de que por decreto publicado el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó la expropiación del ejido de "********************" a favor del Gobierno del Estado de México, para la construcción de un área natural protegida; sin embargo, como ya quedó asentado en párrafo precedentes, dicho predio fue motivo de un juicio de reversión en el año de dos mil quince, el cual al no haber sido favorable para el Gobierno del Estado de México, actualmente se encuentra en juicio de amparo. En consecuencia, este juzgador no se encuentra en aptitud de resolver un asunto respecto del que no se tiene la certeza de que efectivamente se encuentre en el supuesto afirmado por los solicitantes de la protección constitucional -área verde protegida por el Gobierno del Estado de México-; de ahí que las omisiones señaladas como actos reclamados, no producen una afectación en la esfera jurídica de los quejosos, que los haya puesto en una especial situación frente al derecho que cuestionan, en tanto que sólo alegan una defensa a derechos difusos o colectivos, pero de manera abstracta. En efecto, la pretensión que se plantea en este juicio de amparo, si bien se pretende hacer valer en nombre de una colectividad, la misma no se refiere a una defensa específica que se encuentre estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la parte quejosa, sino que únicamente invoca transgresión a los principios de justicia, equidad, igualdad e impartición de justicia, así como de los derechos humanos y garantías fundamentales que tienen, derivado de la omisión de proteger una área verde supuestamente amparada por el Gobierno del Estado de México; sin embargo, en el presente juicio de amparo no quedó evidenciado que el predio que pretenden defender se encuentre dentro del patrimonio del Gobierno del Estado de México, para que de esa forma le recaiga la obligación de protegerlo por medio de las instancias competentes para ello. En ese orden de ideas, este juzgador no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre el derecho cuestionado y la parte quejosa, pues no existe identidad entre los predios a que hace alusión en su demanda de amparo, con los establecidos dentro de las zonas verdes protegidas por el Gobierno del Estado de México, tal como lo estableció el profesional en su dictamen pericial, para estar en condiciones de verificar la constitucionalidad y legalidad de las omisiones de las autoridades responsables. De esta manera, la sola manifestación en cuanto a que las omisiones de las responsables afecta sus derechos fundamentales, no acredita su interés legítimo para combatir los actos que reclamó en esta instancia, pues ello debió quedar plenamente acreditado por ser un presupuesto procesal de la acción de amparo, según el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que con el ánimo de atribuir contundencia a su pretensión debió aportar medio de convicción idóneo, a partir del cual se evidenciara que efectivamente las autoridades responsables se encuentran obligadas a realizar los actos que señala. Lo anterior, debido a que en un Estado Constitucional de Derecho como el nuestro, el interés legítimo debe estar acreditado plenamente y no sustentarse en meras presunciones, exigencia que es congruente, incluso, con lo dispuesto por el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispositivo que establece que es obligación del actor probar los hechos constitutivos de su acción, sin que la pretensión constitucional quede excluida de su ámbito de vigencia. Sin que con la anterior afirmación se soslaye lo establecido en la Jurisprudencia 1a./J. 79/2023 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro digital 2026571, que sustenta lo siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA AMBIENTAL. LO TIENEN LAS PERSONAS BENEFICIARIAS DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES QUE PRESTA EL ECOSISTEMA AFECTADO. Hechos: Diversas personas, físicas y morales, presentaron demanda de amparo indirecto en contra de tres autoridades encargadas de la protección del ambiente y de los recursos hídricos del Estado, de quienes reclamaron la omisión de adoptar medidas en aras de preservar los recursos hídricos del Acuífero Principal de la Región Lagunera clave 0523 en el Estado de Coahuila de Zaragoza, Región Hidrológico-Administrativa Cuencas Centrales del Norte. Seguida la secuela procesal correspondiente, el Juzgado de Distrito del conocimiento sobreseyó en el juicio por falta de interés legítimo de la parte quejosa. En contra de esa determinación, se interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el interés legítimo en el juicio de amparo indirecto en materia ambiental se acredita con la sola existencia de un vínculo entre quien alega ser titular del derecho y los servicios ambientales que presta el ecosistema presuntamente vulnerado, vínculo que surge cuando la parte quejosa demuestra habitar o utilizar su "entorno adyacente", esto es, zonas o espacios geográficos en los que impactan los servicios ambientales que prestan los ecosistemas y que benefician a los seres humanos y al propio medio ambiente; sin que para ello sea necesario demostrar que el daño al medio ambiente existe efectivamente pues, atendiendo al principio de precaución referido, tal circunstancia debe constituir la materia de fondo del juicio. Justificación: El análisis sobre la actualización del interés legítimo en juicios ambientales se rige por los principios que norman esta materia, esto es, a la luz del principio de participación ciudadana y el correlativo de iniciativa pública, por virtud de los cuales el Estado tiene la obligación de fomentar la participación de la ciudadanía en la defensa del medio ambiente y crear entornos propicios para este efecto. Por ese motivo, esta Primera Sala tiene la obligación de hacer una interpretación amplia en relación con la legitimación activa en el juicio de amparo en materia ambiental, aunque siempre identificando que quien acuda al juicio de amparo acredite ser beneficiario de los servicios ambientales que presta el ecosistema que estime afectado. Así, el análisis de los servicios ambientales debe ser conforme al principio de precaución, lo que significa que la ausencia de pruebas científicas que reflejen puntualmente los "beneficios de la naturaleza" no puede ser motivo para considerar que determinado ecosistema no presta un servicio ambiental, o bien, que el beneficio del ecosistema no repercute a una determinada persona o comunidad, máxime porque en cualquier juicio que tenga por objeto la garantía del derecho humano al medio ambiente debe valorarse que el paradigma de éste se basa en una idea de interacción compleja e, incluso, imperceptible entre los seres humanos y la naturaleza, y que toma en cuenta los efectos individuales y colectivos, presentes y futuros de la acción humana. Esto es, el derecho a un medio ambiente sano se fundamenta en una idea de solidaridad que entraña un análisis de interés legítimo y no de derechos subjetivos y de libertades." Toda vez que, como ya se evidenció, no existe la certeza de que los predios a que hace alusión la parte quejosa, se encuentren dentro del área verde protegida por el Gobierno del Estado de México, a efecto de poder exigir que se cumplan diversos parámetros reforzados para las zonas que tienen la calidad de constituir un área natural protegida. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XII, de la ley de la materia, además con fundamento en el diverso numeral 63, fracción V, de la propia legislación, se sobresee en el presente juicio. Atento a lo anterior, no es procedente analizar los conceptos de violación, en términos del criterio sostenido en la jurisprudencia VI.1o. J/23, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, volumen 24, tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 226555, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO.". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en lo establecido en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, ********************, ******************** e ********************, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo, por los motivos precisados en el último considerando de esta determinación. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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