Yara Lizbeth Sánchez López
Expediente 542/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 542/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Yara Lizbeth Sánchez López
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en contra del auto de uno de julio de dos mil veintidós, por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo que promovió; por tanto, se declara que dicho proveído queda firme; háganse las anotaciones que procedan en el libro de gobierno de este Juzgado. Archívese el expediente en que se actúa como asunto concluido; el que al no encontrarse en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se considera que no es de relevancia documental. Asimismo, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b), del artículo 21 del Acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE UNO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que se concedió al gestionante del amparo en proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, para que cumpliera con el requerimiento que se le formuló en dicho auto, sin que lo haya hecho; por tanto, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, Y SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. En tal virtud, ya que la parte quejosa no señaló domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, en acatamiento a lo ordenado en providencia de veinticinco de mayo pasado, se ordena notificarle el presente proveído, así como las subsecuentes, por medio de lista, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio vía electrónica que remite el apoderado legal de la Secretaría de Salud e Instituto de Salud Pública del Estado de Guanajuato; mediante el cual en atención a la suspensión de plano decretada en autos, informa que ya se cuenta con el biológico adecuado para vacunar a los niños de 5 a 11 años, y que será aplicado en primer término a los que presentaron juicio de amparo, por lo que a la niña de iniciales R.S.R.: Se le generó una cita a las TRECE HORAS DEL TREINTA DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, en las instalaciones del Hospital Materno Infantil de Irapuato, Guanajuato, para la aplicación del biológico en su primera dosis. Dicha infante deberá acudir con los siguientes documentos: i Auto donde se concede la suspensión de plano, provisional o el que acredite la presentación de la demanda de amparo o en su defecto la sentencia; ii Clave Única de Registro de Población (CURP); iii Identificación Oficial vigente del padre, tutor o representante legal del niño o niña. En ese sentido, con fundamento en el numeral 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el Virus COVID-19, así como en el precepto 26, fracción I, inciso k), de la Ley de Amparo, se comisiona a cualquiera de los actuarios de la adscripción para que notifiquen telefónicamente a la parte quejosa la cita programada. Finalmente, agréguese en autos el escrito signado por ******************, autorizado de la parte quejosa, en atención a lo que solicita, dígasele que deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por ****************, por propio derecho, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades; fórmese expediente y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 542/2022-I. A efecto de proveer respecto de su admisión, es importante transcribir lo establecido en el artículo 114 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura." Como se advierte del artículo anterior, el órgano jurisdiccional al realizar el análisis del libelo constitucional puede advertir deficiencias, irregularidades u omisiones, respecto de las cuales mandará requerir al promovente para que las aclare dentro del término de cinco días legalmente computado, señalando con precisión en el auto relativo las que deban corregirse. En la especie, se estima que la demanda de cuenta es irregular en cuanto a los requisitos establecidos en las fracciones II y IV del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones III y IV, como se verá a continuación. A) La primera irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción III del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios." Del precepto transcrito se desprende la obligación que tiene la parte quejosa de señalar en su libelo constitucional a las autoridades responsables, las cuales fungen en el juicio de amparo como la parte demandada, por lo que es indispensable que haga correctamente su designación, para que estén en posibilidades de defender los actos que se tachan de inconstitucionales, y evitar que si éstas tienen facultades para ejecutarlo, lo lleven adelante, argumentando no haber sido señaladas como responsables en la demanda respectiva. Lo anterior se justifica si se toma en cuenta que el artículo 5, fracción II de la ley de la materia, señala que es autoridad responsable: "(.) la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)" En la especie el suscrito estima que la demanda que nos ocupa es irregular, en virtud que de los datos proporcionados por la parte quejosa no se puede establecer cuál Juez de Distrito es el legalmente competente para conocer de la misma. Para justificar el aserto anterior, es necesario precisar que: - La competencia es la facultad que tienen las autoridades para conocer y decidir sobre determinados asuntos y materias que se sometan a su conocimiento, la cual deriva de las disposiciones orgánicas o constitutivas de los tribunales que componen los distintos fueros judiciales, y se surte de acuerdo con la naturaleza de las prestaciones exigidas y de los preceptos jurídicos fundatorios invocados por el titular de la acción correspondiente, o con la condición jurídica de las partes en litigio; y, - La jurisdicción es una institución de derecho que reviste a la autoridad de potestad legal para impartir justicia y, a su vez, es el imperio de que se hallan investidos los Jueces para administrarla, la cual se clasifica en atención a razones territoriales, a la cuantía de los asuntos, a la materia misma de la controversia y al grado, lo que origina la competencia de determinado tribunal para conocer de un negocio. De ahí que, al constituir la competencia un presupuesto de orden público, resulte necesario establecer previamente a tramitar la demanda de amparo qué órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de la misma. En el caso concreto, el quejoso señaló en su demanda de amparo como autoridades, las siguientes: Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Secretario de Gobernación. Instituto Nacional de Migración. Secretaría de Educación Pública. Director General de Profesiones dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Todos con sede en la Ciudad de México. De lo anterior se advierte que el solicitante del amparo señala únicamente autoridades responsables que se encuentran fuera de la jurisdicción de este Juzgado; sin embargo, fue omiso en señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este tribunal pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda. En el entendido que, además de efectuar el señalamiento correspondiente, deberá especificar el acto que, en su caso, le atribuye como reclamado. B) La segunda irregularidad detectada surge de lo estipulado en la fracción IV del artículo 108 de la legislación en consulta, que establece: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" "(.)" "IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;." Como se advierte de la trascripción anterior, la parte quejosa tiene la insoslayable obligación de precisar en su libelo constitucional la norma general, el acto o la omisión que reclame a cada una de las autoridades que señala como responsables. Respecto de dicho tópico, el Ministro en Retiro Genaro David Góngora Pimentel, en su obra titulada "Introducción al Estudio del Juicio de Amparo", Editorial Porrúa, Sociedad Anónima de Capital Variable, página 458, Novena Edición, señala que esta exigencia significa que el agraviado debe indicar en su demanda, lo más claramente que pueda, qué ley y qué acto reclama a las distintas autoridades responsables que señale, porque su imprecisión pueda dar lugar a diversos problemas, como son: a. Las autoridades responsables no podrían rendir su informe correctamente b. Los terceros interesados no sabrían claramente de qué defenderse c. La sentencia no tendría ejecución sobre la verdadera razón de ser del amparo, entre otros. Pues bien, en el caso concreto la impetrante en su demanda de amparo, en específico, en el capítulo atinente al acto reclamado señaló literalmente como tal el siguiente: ".Se reclama los seriales normas y actos inconstitucionales los cuales redundan en violaciones directas y sistemáticas a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, actuando el Presidente con facultades y atribuciones con los que no TIENE NI ESTAN CONTEMPLADAS en términos del artículo 89, Constitucional el Presidente de México, al REALIZAR DONACIONES CUANTIOSAS DE DINERO DEL DINERO DEL PUEBLO MEXICANO REGALANDO DINERO DE MILLONES DE DOLARES AMERICANOS A GOBIERNOS EXTRANJEROS, ASÍ COMO EL DE contratar y celebrar convenios con el gobierno de CUBA PARA QUE TRABAJEN Y COBREN COMO PREFISIONISTAS EN PAGO EN DOLARES AMERICANOS 500 QUINIENTOS SUPUESTOS MEDICOS (LO CUAL NO NOS CONSTA) DE NACIONALIDAD CUBANA, PARA QUE TRABAJEN COMO MEDICO ESPECIALISTAS EN NUESTRO PAIS MEXICO, ASÍ COMO TAMBIEN A ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL MEDICO DE NACIONALIDAD EXTRANJERA, (CUBANOS) TRABAJEN EN TODA LA REPUBLICA MEXICANA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y EN LOS 32 ESTADOS DE MEXICO, SIN CUMPLIRCON TODAS LAS FORMALIDADES Y REQUERIMIENTOS LEGALES SEÑALADOS EN NUESTRO ARTÍCULO 5 CONSTITUCIONAL Y DEMAS LEYES REGLAMENTARIAS DE LA MATERIA VIOLACIÓN DIRECTA A LA CONSTITUCIÓN EN SU ART. 5." De lo trascrito, no es posible precisar cuál es la norma general que reclama en esta instancia, así como si la reclama con motivo de su primer acto de aplicación (Heteroaplicativas) o por su sola entrada en vigor (Autoaplicativa); motivo por el cual genera incertidumbre en el suscrito en el sentido de saber cuál es la norma general que reclama. De ahí que su demanda resulte obscura; por tanto, requiérase a la parte quejosa para que manifieste si la norma general la reclama como autoaplicativa, es decir, únicamente con motivo de su entrada en vigor; o bien, como heteroaplicativa, esto es, con motivo de un acto concreto de aplicación en su esfera jurídica, y en su caso, indicar cuál es la fecha en que se le aplico la norma; en la inteligencia, de que de reclamar con motivo de un acto de aplicación, deberá especificar en qué consistió ese acto de aplicación. Luego, como dichos datos resultan determinantes para poder substanciar el sumario, y con ello, estar en aptitud legal de solicitar su informe justificado a las autoridades que figuren como responsables. Conclusivamente, ante las irregularidades incurridas por la parte quejosa, lo procedente conforme a las fracciones II y IV del invocado numeral 114, en relación con el artículo 108, fracciones III y IV, todos de la Ley de Amparo, prevéngase al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, por escrito y con diez copias para correr traslado a cada una de las partes: Indique si es su deseo señalar alguna autoridad diversa bajo la cual el suscrito ejerza jurisdicción, a fin de que este Juzgado pueda contar con competencia legal para proveer sobre la demanda; y Precise con toda claridad cuál es la norma general que en realidad tilda de inconstitucional, así como si la reclama como autoaplicativa, es decir, únicamente con motivo de su entrada en vigor; o bien, como heteroaplicativa, esto es, con motivo de un acto concreto de aplicación en su esfera jurídica, y en su caso, indicar cuál es la fecha en que se le aplico dicha norma; en la inteligencia, de que de reclamar con motivo de un acto de aplicación, deberá especificar en qué consistió ese acto de aplicación. Cabe destacar que la prevención sólo se tendrá por legalmente cumplida si el promovente del amparo es quien la desahoga, dado que el escrito aclaratorio tiene el propósito de subsanar las irregularidades que se detecten en la demanda y, por tanto, ambos escritos integran la demanda de amparo, la cual debe ser suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, de conformidad con lo estatuido por los artículos 107 de la Constitución y 6° de la Ley de Amparo, en virtud que es considerada como un solo documento sin que puedan desvincularse y analizarse o considerarse por separado. El requerimiento que al efecto se emite conlleva el apercibimiento que de no ser exactamente observado dentro del plazo legal concedido, se procederá en los términos del citado artículo 114 de la ley de la materia, que dispone: ".Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada..." Por otra parte, tomando en consideración que la parte quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *********************; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, así como en los arábigos 298, 299 y demás relativos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa en turno, con sede en la Ciudad de México, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notifique el presente proveído a la quejosa, en el domicilio indicado, y la requiera para que dentro de los tres días legalmente computado, señale domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad, bajo apercibimiento de que de no hacerlo, las subsecuentes, sin ulterior acuerdo, se le harán por lista, en términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Asimismo, téngasele autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a **************, en virtud de que obran sus cédulas profesionales números ****************** registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal; y a la diversa persona que menciona en términos limitados del numeral por no encontrarse en ese supuesto. En términos del artículo 21 tercer párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Se instruye al actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, para que cuando practique la notificación personal, acate el lineamiento de higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por Coronavirus (COVID-19), para notificadores y defensores públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones. Finalmente, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial.
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