Yanoy Vera Torres
Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 10 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 260/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Yanoy Vera Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos correspondientes; por lo que, se dejan sin efecto las providencias decretadas en este expediente. Se ordena su archivo definitivo
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciocho de abril de dos mil veintidós. Ténganse por recibidos los oficios signados por el Subdirector de Área, responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI y del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, ambos con sede en esta ciudad, mediante los cuales el primero de ellos, informa lo relativo al requerimiento efectuado en auto de ocho de abril del año en curso; por cuanto a la segunda de las nombradas, remite su respectivo informe justificado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, agréguense únicamente para que obren como correspondan los oficios de cuenta; toda vez que por auto de doce de abril del año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a doce de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta, ténganse por recibidos y agréguense los oficios signados por el Subdirector de Área, responsable de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, mediante los cuales rinde su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, allega pruebas de su intención, mismas que se tienen por ofrecidas y desahogadas debido a que no requieren de practica especial. Con apoyo en los artículos 9 y 26, fracción II, de la ley de la materia, señalan domicilio y designa delegados para oír y recibir notificaciones. Ahora bien, de dicho informe y de las constancias remitidas, se advierte que en el presente juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica.". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, esto, por haber operado un cambio de situación jurídica. La fracción en estudio contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la jurídica, no a la física, que hace imposible la restauración de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación de tal acto. Lo anterior es así, debido a que en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia de que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera, bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aún invalidarla, pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que al no formar parte o ya no poder ser parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A esta breve conclusión se debe agregar que el cambio de situación jurídica también resulta del avance que ha tenido un juicio o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica a que se hace referencia se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa o situación jurídica, o bien, cuando concluye definitivamente el juicio o procedimiento relativo. Entonces, la sana intelección del precepto normativo en estudio, permite concluir que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula, son los siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento jurisdiccional, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba la parte quejosa por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Mediante la concurrencia de tales elementos se configura la causa de improcedencia en estudio, que de cobrar aplicación en un caso específico, evidentemente el juicio de amparo resultaría improcedente. Sirve de apoyo, la tesis 2ª.CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 199808, que lleva por rubro y texto los siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en e juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así, de las constancias que remitió la autoridad responsable Subdirector de Área, responsable de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, en apoyo a su informe justificado, se obtiene que el quejoso fue puesto a disposición de la Estación Migratoria Siglo XXI, por no haber acreditado su legal estancia en el país y, posteriormente, fue resuelta su situación migratoria, pues se le otorgó documento provisional para realizar actividades remuneradas con una temporalidad de quince días, por lo que ya no se encuentra alojado actualmente en la Estación Migratoria Siglo XXI. Documentales que adquieren valor probatorio pleno, al tener de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la ley de la materia. En otras palabras la situación jurídica de la parte quejosa cambió porque fue privado de su libertad por encontrarse irregularmente en el país y recobró su libertad al haber regularizado su situación migratoria. En ese contexto, resulta indudable que los actos reclamados consistentes en la aseguramiento, alojamiento, detención, deportación, expulsión, repatriación; entendidas estas como una restricción a la libertad de movimiento o libertad deambulatoria, con esa nueva condición, es decir, con el documento provisional para que el quejoso realice actividades remuneradas, implicó, un cambio de situación jurídica, por haber estado alojado en dicha Estación y haber egresado de la misma con motivo de la expedición de dicho documento. Por ello, la nueva situación jurídica del quejoso quedó definida con la resolución del procedimiento administrativo migratorio, en el cual se definió su situación migratoria y se le otorgó salida de la estación migratoria, lo que significa que ya no podrá analizarse en el amparo la constitucionalidad de los actos reclamados, sin afectar la nueva situación jurídica generada por el otorgamiento del documento provisional con permiso para realizar actividades remuneradas. En ese orden de ideas, se sostiene la actualización de la causa de sobreseimiento invocada, ya que en el caso, se reclama el aseguramiento, alojamiento, detención, deportación, expulsión, repatriación, resulta inconcuso que con motivo de la emisión del documento provisional con permiso de realizar actividades remuneradas cambia la situación jurídica de la parte quejosa. Por los razonamientos antes anotados, de conformidad con los artículos 61 fracción XVII, de la Ley de Amparo, se SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de garantías. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional fijada en el presente asunto. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a ocho de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el escrito firmado por Miguel Ángel Espinosa Yáñez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Yanoy Vera Torres, mediante el cual realiza diversas manifestaciones respecto de la liberación del quejoso, sin que sepa las causas de ello. En ese sentido, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Subdirector de Área de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, informe a este Juzgado Federal la fecha y el motivo de salida del quejoso Yanoy Vera Torres de dicha estación; asimismo, remita copias certificadas legibles, debidamente foliadas, selladas, rubricadas y cronológicamente ordenadas de todas las constancias relativas a acreditar su dicho. Apercibido que de no hacerlo así, en los términos y en el plazo concedido para ello, se le impondrá una multa consistente en 100 Unidades de Medida y Actualización, conforme lo disponen los artículos 237, fracción I, 238, párrafo primero y 259, de la Ley de Amparo, así como los artículos Primero y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
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