Yanni Alejandro Pacheco Cauich

Expediente 1560/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1560/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Yanni Alejandro Pacheco Cauich

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. QUEDA FIRME SENTENCIA. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierten que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción l, inciso e), de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo haber causado perjuicio la resolución constitucional dictada en este juicio de amparo, la hubiera recurrido. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2º de la Ley de Amparo, se declara que la expresada resolución que no ampara ni protege a la parte quejosa en el presente juicio de amparo, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales correspondientes. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. En virtud de lo anterior, háganse las anotaciones en el libro respectivo y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. CRITERIO DE VALORACIÓN. A fin de determinar el criterio de valoración aplicable al presente juicio de amparo, se atenderá lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, tal y como se expondrá a continuación: EXPEDIENTE PRINCIPAL. Es conservable, pues se negó el amparo a la parte quejosa; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años a que se refiere el artículo 17, fracción III, inciso a), transfiérase el presente expediente a la Dirección General de Archivo y Documentación, para su resguardo, en términos del artículo 10 del acuerdo antes referido. SELLO DE VALORACIÓN. Conforme a lo anterior, en términos del artículo 34 del acuerdo antes referido, la leyenda relativa a la valoración del expediente deberá constar mediante sello en la carátula del expediente. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    En Mérida, Yucatán, siendo diez horas con veinticinco minutos del veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia a que se refieren los artículos 107, fracción VII Constitucional, y 124 de la Ley de Amparo, Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, asistido del Secretario con quien actúa y da fe, Luis Abraham Aquiahuatl Vázquez, declara abierta la audiencia pública sin la asistencia de las partes. Enseguida, el Secretario hace constar que se tiene a la vista el expediente electrónico y el registro físico correspondiente de promociones y CERTIFICA: que no se encuentra promoción pendiente de acordar; asimismo, HACE CONSTAR que el presente juicio de amparo se encuentra debidamente integrado para dictar la sentencia; por lo que se hace relación de las constancias de autos, entre las que se encuentran la demanda de amparo, el auto de admisión, el informe justificado, así como las constancias del procedimiento de jurisdicción voluntaria del cual deriva el acto reclamado. Al respecto el Juez acuerda: Téngase por hecha la relación secretarial que antecede, la cual será analizada al dictar sentencia. Luego, se abre el período probatorio en el cual se da cuenta al Juez que la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con residencia en Mérida, envió las constancias del procedimiento de jurisdicción voluntaria *****, de su índice. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental, la cual se desahoga por su propia naturaleza. Se cierra el período probatorio y se abre el de alegatos, haciendo constar que las partes no los formularon, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación no presentó pedimento. El Juez acuerda: En atención a la relación secretarial, se cierra la etapa de alegatos. Finalmente, no habiendo cuestión pendiente de dilucidar, se declara cerrada la audiencia constitucional, turnándose los autos para el dictado de la sentencia que en derecho corresponda. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1560/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, en Mérida, promovido por Yanni Alejandro Pacheco Cauich, contra el acto reclamado a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiséis de junio de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por*********, contra el acto reclamado a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con residencia en Mérida, consistente en la resolución dictada el uno de junio de dos mil veintitrés, a través de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria ***. (.....) SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandan dato legal, no se actualiza alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. El quejoso alega que para determinar que existe oposición por parte de **********para que se lleven a cabo las convivencias entre él y su hija, la Jueza Familiar partió de una premisa que no se ha actualizado, toda vez que interpretó los hechos que narró en la demanda inicial, en el sentido de que existe una oposición total a la convivencias, lo cual no es acertado. Ello, argumenta, ya que lo que manifestó en su escrito inicial sobre las diferencias entre él y su expareja, así como las dificultades para convivir con su hija, fue en el sentido de que al no existir una determinación judicial que establezca las convivencias, su desarrollo queda a total discreción de ************, quien las modifica unilateralmente. Es infundado el concepto de violación, ya que existe controversia entre las partes, por lo que la determinación del régimen de convivencia debe fijarse el vía contenciosa. Ciertamente, el trámite de la jurisdicción voluntaria, se encuentra contemplado en el Libro Cuarto, Título Primero, Capítulo Primero, del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, que corresponde a los artículos 672 al 683. Los preceptos legales citados revelan que las diligencias de jurisdicción voluntaria, son actos que requieren la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes, en el que no es legalmente posible ejercitar acciones respecto de las cuales proceda oponer excepciones; que si a la solicitud se opusiere parte legítima, el negocio se hará contencioso y se sujetará a los trámites establecidos para el juicio que corresponda; que el juez puede variar o modificar las providencias que dicte, siempre que no tengan fuerza de definitivos o que no se hubiera interpuesto recurso alguno a no ser que se demuestre que cambiaron las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción. Así, la jurisdicción voluntaria es un procedimiento de mera constatación o demostración de hechos o circunstancias, puesto que ese procedimiento sólo es procedente cuando no se plantea o suscita controversia alguna o conflicto entre partes determinadas, ya que de darse, habrá de tocarse en jurisdicción contenciosa, terminándose así la voluntaria. Como se advierte, la característica principal de esta clase de procedimientos es el consenso de voluntades entre los promoventes que acuden ante el órgano jurisdiccional, con la intención de dotar de eficacia a la voluntad privada mediante la confirmación de parte del Estado sobre la legalidad del acto; en la inteligencia de que la esencia de esta clase de jurisdicción consiste en que se ejerce frente a un solo interesado o por acuerdo de dos o más interesados, inter volentes, esto es, entre personas que ocurren al Juez faltando la pugna de voluntades y, por ende, estando ausentes los elementos de un litigio. A diferencia de la jurisdicción contenciosa, que se ejerce inter invitos, es decir, entre o sobre los que no estando de acuerdo tienen que acudir a juicio a pesar suyo o contra su voluntad. Sentado lo anterior, el suscrito considera acertado el análisis que realizó la Jueza Familiar sobre la ausencia de consenso entre el aquí quejoso y *********, respecto a la convivencia con su hija menor de edad *********+, y que por tal motivo, la determinación del régimen de convivencia provisional, y en su caso el definitivo, debe realizarse a través de la jurisdicción contenciosa. Ciertamente, en el hecho tercero de la demanda inicial, el peticionario de amparo refirió textualmente lo siguiente: "Desde el momento en que fui sacado del domicilio en el que habitaba con mi hija ********** y con la señora ***************, he tratado de continuar en contacto con mi hija, intentado convivir lo más posible con la menor, estando pendiente de ella y de sus necesidades, lo cual no siempre he podido hacer de la mejor manera debido a las diferencias existentes con la señora ***********, ya que me dificulta el poder ver a mi hija y pasar tiempo de calidad con ella, negándome así el derecho de estar con la menor." Lo anterior, constituye una confesión expresa en términos del artículo 299 del Código de Procedimientos Familiares del Estado de Yucatán, la cual evidencia que no existe consenso de voluntades sobre la convivencia; por el contrario, deja de manifiesto que desde su separación del domicilio conyugal, el impetrante y su expareja no han logrado establecer un acuerdo sobre la forma en que se ejercerá el derecho deber del padre no custodio de visitar y convivir con su hija menor de edad. Así, la existencia de las diferencias entre el quejoso y la madre de su hija, por sí mismas vuelven improcedente la jurisdicción voluntaria, ya que no existe el elemento principal para su procedencia, consistente en el consenso entre los intervinientes del procedimiento. Máxime que incluso, el quejoso manifestó que se le ha negado el derecho para convivir con su hija. En ese sentido, si bien es cierto que las convivencias no es un derecho exclusivo de los progenitores, sino primordialmente del menor, en virtud que conforme al artículo 9, apartado 3, de la Convención sobre los Derechos del Niño, todos los niños tienen un derecho fundamental a convivir con sus padres. Este derecho se justifica ya que a través de las convivencias los menores pueden generar lazos afectivos con sus progenitores, lo cual es importante para su desarrollo emocional. En este orden de ideas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en revisión 473/2020, resuelto el veintiséis de enero de dos mil veintidós, reiteró que en diversos precedentes ha determinado que las visitas y convivencias son fundamentales para el sano desarrollo de la personalidad de los menores y que ha señalado en reiteradas ocasiones que la importancia de establecer un régimen de visitas y convivencias efectivo, debe de regir cualquier decisión que se tome sobre los derechos de un menor. En efecto, en la contradicción de tesis 123/200932 se estableció que el menor tiene derecho a que se propicien las condiciones que le permitan un adecuado desarrollo psicológico y emocional, para lo cual en la mayoría de los casos resulta necesaria e indispensable la convivencia con ambos progenitores. Por otra parte, en el amparo directo en revisión 3094/2012, se aclaró que las visitas y convivencias son un derecho-deber. Lo anterior, según la doctrina de la Suprema Corte, implica que: es incuestionable que los padres que no ejercen o comparten la guarda y custodia tienen derecho de visitas y convivencias con sus hijos menores con fundamento en la patria potestad que ejercen sobre éstos. Pero por otro lado, como ya se ha señalado, el derecho de visitas y convivencias es primordialmente un derecho de los menores. En este sentido, impone un deber correlativo a cargo precisamente del padre no custodio. Así, desde esta perspectiva, los padres que no tienen ni comparten la guarda y custodia tienen un derecho a visitar y convivir con sus hijos pero tienen sobre todo el deber de hacerlo porque se los exige el derecho fundamental de los menores. De esta forma se explica por qué la doctrina especializada caracteriza a las visitas y convivencias con los menores como un "derecho-deber". De todo lo anterior, se puede desprender que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los menores tienen un derecho de convivir con ambos progenitores ya que es de suma importancia para que éstos puedan desarrollarse plenamente. Además, de dicha figura también se desprende un derecho-deber de los padres a convivir con sus hijos; lo cual implica que el padre custodio tiene el deber de permitir que se lleven a cabo las convivencias con el otro. Sin embargo, en la resolución reclamada no se está negando el derecho del aquí quejoso a convivir con su hija menor de edad, ya que únicamente se acordó que la jurisdicción voluntaria no es la vía idónea para determinar el régimen de convivencia, al existir diferencias entre él y su expareja que han producido que niegue al impetrante la posibilidad de convivir con su hija. Así, tal y como lo refirió la responsable, en este caso, la jurisdicción voluntaria no es la vía idónea, toda vez que la intervención de la Jueza Familiar no será de mera constatación, sino que tendrá que dirimir una situación jurídica que conlleva un conflicto entre las partes intervinientes, pues antes de aprobar el régimen de convivencia propuesto por la parte quejosa, deberá dar otorgarse derecho de audiencia a la progenitora para que intervenga en el procedimiento. En ese panorama, ante lo infundado del concepto de violación es que debe negarse la protección constitucional a Yanni Alejandro Pacheco Cauich, contra el acto reclamado a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con residencia en Mérida, consistente en la resolución dictada el uno de junio de dos mil veintitrés, a través de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria 180/2023. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a *********, contra el acto reclamado a la Jueza Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con residencia en Mérida, consistente en la resolución dictada el uno de junio de dos mil veintitrés, a través de la cual se declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto dentro del procedimiento de jurisdicción voluntaria *****, por las razones expuestas en considerando octavo de la sentencia. NOTIFÍQUESE

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito y anexo, signado por el Presidente Municipal del Ayuntamiento de Dzilam de Bravo, con el cual hace diversas manifestaciones en cuanto al cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin embargo, resérvese proveer lo conducente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en el presente asunto. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no obran las constancias solicitadas al Juez Segundo de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, Turno Matutino, con residencia en esta ciudad, en proveído de diecinueve de julio de dos mil veintitrés. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Fecha que se fija fuera de la temporalidad que establece la Ley de Amparo, tomando en consideración la carga de trabajo que impera en el juzgado. NOTIFÍQUESE.

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