YANNAY RICARDO RAMOS y Otros.
Expediente 1454/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1454/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- YANNAY RICARDO RAMOS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a los quejosos ***, y a la Procuradora Regional de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia adscrita al DIF Chiapas en Materia de Migrantes, con sede en esta ciudad, en representación del infante migrante de identidad protegida de iniciales ***, para que ratificaran la demanda de amparo promovida a su favor por ***, sin que lo hubieren realizado, no obstante las diversas medidas dictadas por este órgano jurisdiccional para localizar a la parte quejosa. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa no ratificó el escrito de demanda, con fundamento en el tercer párrafo del artículo 151 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído cuatro de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 13- 35), en cumplimiento a lo ordenado en auto de catorce de noviembre del año en curso (fojas 73-74), y se tiene POR NO PRESENTADA la demanda de amparo promovida a su favor por ***. Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en su Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis", numerales 191 y 192, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original, con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese por lista a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma electrónicamente Doris Yadira Ponce Figueroa, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, quien actúa asistida del Secretario que autoriza, Guido Pérez Ramírez, quien certifica que el presente proveído se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. SE TIENE POR NO PRESENTADA REGISTRO 18449. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos a los autos la constancia de notificación de diez de noviembre de dos mil veintitrés, realizada al quejoso ****, en la que se le hizo de su conocimiento el contenido del proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, por lo que manifestó lo siguiente: ".si ratifica el desistimiento". En consecuencia, debido a que del contenido de la constancia de notificación que antecede, se advierte que el impetrante ****, se desistió del juicio de amparo en que se actúa, se concluye que su voluntad de instarlo, ha cesado; por lo tanto, ya no existe la instancia de parte requerida para la tramitación del juicio constitucional. En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda válidamente desistir en cualquier momento con la sola declaración de voluntad. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 párrafo segundo de la Ley de Amparo, SE TIENE POR NO PRESENTADA la demanda de amparo, promovida por ****. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, en la tesis XI.2o.55 K, visible en el Seminario Judicial de la Federación, Tomo XIII, de Febrero de 1994, página 307, con registro digital 213454, cuyo rubro a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO ES LEGAL CUANDO NO SE CUMPLE CON LAS PREVENCIONES QUE SE HACEN." Toda vez que el criterio aislado no se contrapone a la Ley de Amparo vigente, pues se refiere a que el incumplimiento de la prevención formulada tiene una consecuencia legal, es aplicable al caso que nos ocupa. ESTADO PROCESAL Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que en proveídos de diez de agosto y treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés (fojas 42-45 y 304-307), se reservó proveer respecto de la admisión de la demanda de amparo promovida por ****, hasta en tanto el Defensor Público Federal de los impetrantes les brindara la asesoría requerida, a fin de tener conocimiento claro del acto o actos de los que se duelen, y por cuanto dicha circunstancia ya aconteció, se procede al análisis de la procedencia o no de la admisión de la demanda de amparo. Cabe precisar que en auto de treinta y uno de octubre de esta anualidad, también se reservó proveer en relación con el desistimiento del juicio de amparo de los diversos quejosos ****, hasta en tanto ratificaran ante el fedatario de la adscripción, su deseo de desistirse de la acción constitucional. Seguido el trámite, en proveído de seis de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 312-314), se tuvo por no presentada la demanda respecto al impetrante *** y en párrafos que anteceden se tuvo por no presentada la demanda respecto a ***. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Y DE LOS ESCRITOS ACLARATORIOS. Ahora bien, tomando en consideración que en acuerdo de treinta y uno de octubre del año en curso (foja 304-307), se tuvo al licenciado ***, en su carácter de Defensor Público Federal de los quejosos ***, informando que el diecisiete de octubre actual, realizó visita carcelaria a sus patrocinados para asesorarlos en relación con el presente juicio (fojas 278-287), tal y como lo acreditó con la copia simple del acta de visita y diversas documentales, por lo que solicitó se tuviera por cumplida la prevención formulada el ocho de agosto del año en curso (fojas 19-32); así como lo manifestado por los quejosos ***, en la diligencia de notificación de nueve de agosto de la anualidad que transcurre (foja 40), practicada por la actuaria adscrita a este órgano de Control Constitucional, se concluye que se encuentran desahogadas las prevenciones realizadas por este juzgado en auto de ocho de agosto del año en curso (fojas 19-32), en virtud que los impretrantes manifestaron lo siguiente: (...) DESECHAMIENTO Previo a la admisión de la demanda, es necesario examinar si ésta colma los requisitos indispensables para su procedencia, o bien si se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62, con relación a los numerales 112 y 113, todos de la legislación de la materia, los cuales establecen: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, Registro: 210751, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Así, de la lectura integra del escrito con registro 16971 y las actas de visita carcelarias en las que obran la firma de los quejosos (fojas 278-287), ***, reclaman lo siguiente: La falta de atención médica y suministración de medicamentos ya prescritos. Sin embargo, se advierte que en el caso respecto a los citados actos, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." En el precepto legal transcrito se encuentra contenido uno de los principios rectores del juicio constitucional que es el de definitividad, conforme al cual, solamente serán impugnables en la vía de amparo, aquellos actos en contra de los cuales no proceda algún recurso o medio de impugnación, a través del cual puedan ser modificados, nulificados o revocados. Es conveniente señalar que a la fecha de la presentación de la demanda que nos ocupa, se encuentra vigente la Ley Nacional de Ejecución Penal, pues de acuerdo con el artículo primero transitorio, entró en vigor al día siguiente de su publicación, lo que ocurrió el dieciséis de junio de dos mil dieciséis; por lo tanto, se encuentra en vigor desde el diecisiete de junio de dicho año. También no hay que perder de vista que la fracción II, del artículo 1 de la citada legislación penal, establece los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, lo que significa que esa ley creó todo un sistema por el que se deben resolver las controversias que surjan en reclusión, de allí que los internos tengan la posibilidad de instar cualquier de esos procedimientos para la resolución de controversias que se susciten durante la privación de la libertad. Por su parte, el artículo 2 de la citada ley, como ámbito de aplicación señala en general a todas las personas privadas de la libertad que incluye tanto a los internos por prisión preventiva como a los que están compurgando una pena o medida de seguridad. Esto significa que la ley incluye expresamente a todas las personas privadas de la liberad sin importar el estado procesal en que se encuentren. Precisado lo anterior, debe destacarse que los actos reclamados por la parte quejosa, invariablemente se clasifican dentro de las condiciones de internamiento previstas en los artículos 30 al 37 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las cuales desde luego, se relacionan con los derechos que tienen las personas privadas de su libertad, entre los que se encuentran los previstos por el artículo 9 de la citada legislación. A continuación, resulta conveniente traer a colación, lo dispuesto por los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, relativos al procedimiento administrativo; los numerales 58, párrafo segundo, 59, 117, fracción IV, y 130 a 135, del mismo ordenamiento legal, atinentes a los recursos y finalmente, su arábigo 9, relativo a los derechos de las personas privadas de la liberad. Del contenido de dichos ordinales se desprende que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé un procedimiento administrativo, relativo a las peticiones de las personas privadas de su libertad, atinente a la afectación de sus condiciones de vida digna y segura en reclusión, entre las que se encuentran: (...) Lo expuesto claramente revela la existencia de un procedimiento administrativo, relativo a atender las solicitudes de las personas privadas de su libertad, que vulneran sus condiciones de internamiento, ya sea, cuestiones de salud, lugar de reclusión, cambio de módulos, estancias, dormitorios, alimentación, vestimenta y régimen de visitas, entre otros. Asimismo, la citada Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad penitenciaria, pues el artículo 114 de la citada legislación dispone que si la petición fuera resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, éste podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución o bien, si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. También es importante destacar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, prevé la posibilidad de impugnar la omisión de la autoridad penitenciaria de atender las peticiones formuladas por las personas privadas de su libertad, pues dispone que si la petición no fue resuelta dentro del término legal, o bien si la autoridad penitenciaria fue omisa en recibir sus peticiones, dado que el quejoso, indica que aún se encuentran dentro de cajón, el promovente podrá acudir ante el Juez de Ejecución competente y demandar esta omisión. Hecho lo anterior, el Juez resolverá dentro de un plazo no mayor a setenta y dos horas. En el caso que de ser procedente la acción, el juez requerirá a la autoridad penitenciaria que responda la petición formulada de fondo en el plazo previsto en la Ley y dará cuenta al inmediato superior jerárquico de la autoridad penitenciaria. De igual manera, el interno también tiene a su alcance los recursos de revocación, y apelación, previstos en los artículos 130 a 135 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el caso de estar inconforme con alguna decisión de la propia autoridad judicial. Ahora, la Ley Nacional de Ejecución Penal, contempla las peticiones relativas a casos urgentes, como los son, las condiciones de internamiento que, de no atenderse de inmediato, quedaría sin materia la petición, como pudiera ser a consideración de este Juzgado Federal cuando se encuentre en riesgo la vida e integridad física del interno, como lo es, la falta de atención médica a algún padecimiento delicado, y, finalmente, los atinentes a la libertad, en los que la citada Ley establece que en tratándose de los casos urgentes la persona privada de la libertad podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución para plantear su petición. Hipótesis en que la citada legislación prevé un procedimiento especial, como lo es, que el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivo la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto se resuelva en definitiva. En el entendido que cuando el juez reciba promociones que por su naturaleza no estime que se trate de casos urgentes, las turnará al centro para su tramitación, recabando registro de su entrega. Entonces, tomando en consideración que el caso que nos ocupa, la parte quejosa reclama: La falta de atención médica y suministración de medicamentos ya prescritos. Es inconcuso, que respecto a dichos actos, existe un procedimiento administrativo previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, debe agotarse previo a la presentación del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa que sólo procede cuando los actos reclamados irrogan un perjuicio irreparable al quejoso. Máxime, que la Ley Nacional de Ejecución Penal, dispone que de ser el caso, de encuadrarse dentro de actos tildados de urgentes, el Juez de Ejecución, de oficio, suspenderá de inmediato el hecho o acto que motivó la petición, así como los efectos que tuviere, hasta en tanto resuelva en definitiva. En efecto, el procedimiento administrativo de referencia se encuentra previsto por la Ley Nacional de Ejecución Penal y dirigido a todos los internos, sin importar el estado procesal, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de una pena, conforme a lo dispuesto por el artículo 2 de dicho ordenamiento. Esta institución es relevante porque la propia ley prevé la instauración de un procedimiento accesorio, tramitado dentro de otro principal. De igual manera, y a mayor abundamiento, conviene señalar que la Ley Nacional de Ejecución Penal, además de contemplar un procedimiento administrativo, también prevé uno de índole jurisdiccional, el que se encuentra previsto por los artículos 116 al 119 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se desprende que las personas legitimadas para formular las peticiones administrativas, también tienen acción judicial ante el Juez de Control o de Ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver las controversias sobre los aspectos a que se refiere el normativo 117 de la misma legislación, destacándose entre otros, lo relativo a las condiciones de internamiento. Es decir, las personas privadas de su libertad, ya sea en prisión preventiva o en ejecución de penas, previo a accionar la tutela constitucional, tienen a su alcance un procedimiento administrativo de peticiones, mediante el cual pueden hacer valer sus derechos atinentes a las condiciones de internamiento entre las que se encuentran las relativas a condiciones de internamiento; aunado a que cuentan con un sistema de recursos de índole jurisdiccional, para el caso de que la respuesta que recaiga a su petición sea en sentido negativo, o bien consideren que no cumple con lo solicitado, inclusive, contra la omisión de dar respuesta oportuna. Cobra aplicación, la jurisprudencia 79/2018, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, visible en la página 230, Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, registro digital: 2018548, de texto y rubro siguientes: "OMISIONES INHERENTES A LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO. PARA RECLAMARLAS, LA PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD DEBE AGOTAR EL MECANISMO DE CONTROL PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. (...)". Asimismo, ilustra la tesis I.6o.P.133 P (10a.), emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2645 registro: 2018918, que a la letra dice: "SISTEMA DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL PARA SENTENCIADOS PRIVADOS DE SU LIBERTAD O PERSONAS EN PRISIÓN PREVENTIVA. DEBE AGOTARSE PREVIO A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE RECLAMAN HECHOS, ACTOS U OMISIONES RELACIONADOS CON LAS CONDICIONES DE INTERNAMIENTO EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN. (...)." En ese orden, en la especie no se aprecia que los impetrantes hayan promovido previo a la interposición del amparo la petición administrativa, que prevé el artículo 114, párrafo tercero, previamente citado, (ya que así lo manifestó al aclarar los actos reclamados); y en caso de no resultar favorable a los intereses de los quejosos promover la controversia mencionada, ya que sólo a través de ese medio de impugnación es posible lograr que las autoridades penitenciarias se pronuncien respecto a los actos de los que se duelen en esta vía constitucional. En esas condiciones, al no agotarse el medio de defensa que contempla la Ley Nacional de Ejecución Penal, se incumple con el principio de definitividad de que se habló, actualizándose la causa de improcedencia transcrita; por tanto, con fundamento en el dispositivo 61, fracción XX, en relación con el diverso 113, de la Ley de Amparo, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO CONTRA LA FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA Y SUMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS YA PRESCRITOS promovida únicamente por los quejosos ****. Asimismo, se hace la aclaración que el quejoso Raúl Herrera Maldonado, no señaló actos contra la falta de atención médica y suministración de medicamentos ya prescritos, por lo cual no se realizo pronunciamiento alguno (foja 279). Como consecuencia de lo anterior, se dejan sin efectos las providencias dictadas por este juzgado en el auto inicial. Háganse las anotaciones en el libro de control electrónico designado para tal efecto. Ahora, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en su Capítulo Cuarto "Sentencias y Tesis", numerales 191 y 192, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación el presente acuerdo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) en versión original conforme al "Protocolo para la elaboración de versiones pública de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", con la certificación secretarial respectiva; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 107, 108, 112, y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda promovida por ****, en contra de los actos de las siguientes autoridades: (...) FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que los quejosos reclaman lo siguiente: La tortura psicológica, tratos crueles inhumanos, discriminación y segregación en una celda de castigo injustificada. Así, como también el quejoso *** reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Ejecución del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. La omisión de pronunciarse en la controversia 78/2023, en la que los actos controvertidos fueron tortura psicológica, tratos crueles e inhumanos, y degradantes y segregación de una celda de castigo de manera injustificada (foja 215). INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a aperturar el incidente de suspensión del acto reclamado, toda vez que en proveído de ocho de agosto del año en curso, se decretó la suspensión de plano de dichos actos (fojas 19-32). INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención legal al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Atento a lo anterior, en términos de lo dispuesto por los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, adicionado en el diverso Acuerdo General del citado pleno que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós; se autoriza a ***, con el nombre de usuario *** la consulta de este expediente, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso, debido a que así lo manifestó expresamente en su solicitud por oficio 51/2022, recibido en acuerdo de cinco de octubre de dos mil veintidós, y agregado en el cuaderno de varios 2/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. Por tanto, se encomienda a la Oficial Judicial "A", que realice la asociación del nombre de usuario proporcionado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y de lo cual deberán tomar nota los Actuarios de este órgano jurisdiccional encargados de practicar las notificaciones electrónicas. TERCERO INTERESADO Del escrito de demanda, se advierte que no ha lugar a llamar a juicio con el carácter de tercero interesado a persona alguna, en razón de que no se está en presencia de las hipótesis previstas en la fracción III del numeral 5o. de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tiene la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a) número de registro 2002576]. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Requiérase a las responsable rindan sus informes justificados dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio por el que se les solicita. Con el apercibimiento que de no hacerlo de manera oportuna, la omisa se hará acreedora a una multa equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Con apoyo en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su informe justificado remitan copias fotostáticas certificadas de las constancias que integran el expediente del cual se hacen derivar el acto reclamado. Asimismo, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa de Treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, que arroja la cantidad de $3,112.2 (tres mil ciento doce pesos 2/100 moneda nacional), de conformidad con los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan sus informes a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. DOMICILIO Con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones en el Centro de reclusión en el que actualmente se encuentran los quejosos. Consecuentemente, de conformidad con el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de la Materia, se comisiona al actuario judicial de la adscripción para que se constituya en el Centro Federal de Readaptación Social "CPS Chiapas, 15", con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, y les haga entrega de copia simple de este proveído a los quejosos ****, lugar en el que se le notificarán las determinaciones emitidas en el presente expediente, que la suscrita considere de carácter personal, en términos del artículo 26 de la Ley de la Materia. Sin que sea necesario notificar al quejoso ***, toda vez que en auto de seis de noviembre del año en curso (fojas 312-314), se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Lo anterior se autoriza no obstante que la población de Villa Comaltitlán, Chiapas, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, pero dentro de esta jurisdicción. En las narradas circunstancias, comuníquese lo antes expuesto al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 136 y 138 tercer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para los efectos legales a que haya lugar, debiendo remitirse el oficio correspondiente al correo electrónico abandonosderesidencia@correo.cjf.gob.mx. Notifíquese, personalmente a los quejosos ****, en el lugar de su reclusión, al Defensor Público Federal, al Agente del Ministerio Publico de la Federación de la adscripción, y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito signado por el quejoso Yoni Alexander Cruz Ramos, mediante el cual en cumplimiento al proveído de treinta de octubre del año en curso (fojas 113-117), señala que el domicilio para emplazar a juicio a la tercera interesada María Teresa Gómez Álvarez, el ubicado en Avenida 20 de noviembre, número 36 interior, colonia El Porvenir y/o Avenida 20 de noviembre, número 36, colonia El Porvenir, en esta ciudad; sin embargo, de autos se advierte que en proveído de trece de octubre del año en curso (fojas 96- 98), se ordenó notificar a la referida tercera interesada en el citado domicilio, al que se constituyó el actuario judicial adscrito, y razonó la imposibilidad para realizar la diligencia encomendada (fojas 107-111).se ordena realizar la búsqueda oficiosa del domicilio de la tercera interesada María Teresa Gómez Álvarez, por lo tanto, gírese oficio a las siguientes dependencias: ********** En el entendido que, si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio requerido, el emplazamiento se hará por edictos a costa de la parte quejosa, en términos del artículo 27, fracción III, inciso b) segundo párrafo, de la Ley de Amparo y del numeral 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia.
- Principal
(...) En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en los citados proveídos, y con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO promovida por *********.
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