Yankiser Sierra Bermúdez y Otros.
Expediente 572/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 572/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Yankiser Sierra Bermúdez y Otros.
- Yankiser Sierra Bermúdez
Actuaciones
- Principal
1. Promoción. Agréguese a los autos el oficio y anexos remitidos por la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado. 1.1 Acuerdo. En cuanto a su contenido, téngase a la citada autoridad migratoria informando que el diecisiete de mayo del año en curso, se otorgó oficio de salida de estancia migratoria a los aquí quejosos ***** y *******, en cumplimiento a la medida suspensional dictada por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, en autos del juicio de amparo 780/2022, anexando al efecto dichos comunicados, los cuales contienen la firma de cada uno de los nombrados al calce de su nombre. 2. Improcedencia de oficio. De lo informado por la autoridad responsable, este órgano de justicia advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado por los quejosos directos consistentes en su privación de la libertad. 2.1 Premisas argumentativas. El citado precepto legal establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, que se configura cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no dejó huella alguna. 2.2 Contexto de los hechos. En este caso, de las constancias remitidas por el Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, se advierte que los aquí quejosos Roger Carbajal Pupo y Yankiser Sierra Bermúdez, se encuentran en libertad. Documentales que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, párrafo segundo. Circunstancia suficiente para concluir que el acto reclamado cesó en sus efectos, así los quejosos recuperan el goce de sus derechos, como si se hubiese concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. 3. Sobreseimiento fuera de audiencia. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo procedente conforme a derecho es sobreseer fuera de audiencia este juicio de amparo. 3.1 Anotaciones. Por lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora señalada para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Las anotaciones correspondientes en el libro electrónico e impreso deberán realizarse de inmediato. 4. Firmeza del proveído. Ahora bien, resulta claro que la parte quejosa no recurrirá esta determinación; por ello, se declara firme el presente acuerdo que decreta el sobreseimiento del juicio. 5. Archivo del asunto. Ahora bien, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. 6. Valoración. Toda vez que el asunto se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, se considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Además, que se estima que carece de relevancia documental, en virtud que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. 7. Destino. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. 8. Anotaciones. Como lo dispone el artículo 35 del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); una vez que transcurra el plazo de noventa días naturales, se ordena a la Secretaría archivar físicamente el asunto como totalmente concluido, sin mayor proveído y haciendo del conocimiento dicha circunstancia al oficial administrativo encargado del libro de control.
- Principal
1. Oficio e informe de suspensión de plano. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, a través del cual remite el informe de suspensión de plano rendido por la autoridad responsable Sub Representante Local Piedras Negras y Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Coahuila, con sede en esta ciudad, lo anterior, en razón de la incompetencia admitida por este órgano jurisdiccional. 1.1 Acuerdo. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido dicho informe, dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes.
- Principal
1. Recepción. Se tiene por recibido el oficio 11532/2022, de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, signado por la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, a través del cual remite vía electrónica los autos del juicio de amparo 780/2022, en virtud de que el órgano jurisdiccional en cita se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda de amparo. 1.1 Competencia. Al efecto, con fundamento en los artículos 33, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto; acúsese recibo de estilo correspondiente. 2. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el número progresivo 572/2022, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). 3. Antecedentes del juicio de amparo. Ahora bien, resulta innecesario proveer respecto a la suspensión de plano que solicita la parte promovente en el escrito de demanda de amparo, toda vez que, del estudio de las constancias que integran el expediente 780/2022, se advierte que el dieciséis de los actuales, la Jueza Quinto de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, concedió la suspensión de plano a la parte quejosa respecto de los actos reclamados, y por tal motivo, giró el exhorto 93/2022 (orden 93/2022), de su índice, a este órgano jurisdiccional para que en el acto de la notificación del citado proveído, se notificara a los quejosos, la suspensión de plano concedida a los quejosos directos ***, y se llevara a cabo la encomienda ahí solicitada. 3.1 Hecho notorio. Respecto a lo anterior, es un hecho notorio que este juzgado federal, radicó el exhorto 202/2022 (orden 262/2022), del que se advierte mediante constancia de notificación de diecisiete de los actuales, que obra agregada en autos, que únicamente los quejosos directos ***, ratificaron la demanda de amparo promovida en su nombre; no así los diversos quejosos Nicolás Ayarde Leyva y Fideel Ayarde Leyva, dado que los mismos no fueron localizados por la actuaria de la adscripción. 3.2 Inexistencia de actos crueles e inhumanos. De igual manera, se advierte que los quejosos refirieron que no fueron golpeados o maltratados; por tal motivo, al manifestar expresamente que no existieron los citados actos, desde este momento los mismos quedan fuera de la litis constitucional planteada, siguiéndose el trámite únicamente por lo que hace al acto reclamado consistente en la orden de deportación y su ejecución. Lo anterior, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Penales Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso 2° de la Ley de Amparo, lo que válidamente puede introducirse como prueba en este expediente, lo invoquen o no las partes. 3.3 Criterio aplicable. Sirve de apoyo la XXII.J/21 sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito. 4. Admisión. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se ADMITE A TRÁMITE la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad. 5. Autoridad responsable llamada a juicio. Se tiene únicamente como autoridad responsable a la Representante Local de la Oficina de Representación Local del Instituto Nacional de Migración en Piedras Negras, Coahuila de Zaragoza, con sede en esta ciudad, toda vez que es un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, que es esta la autoridad encargada de las cuestiones migratorias en esta ciudad. 5.1 Autoridad que no tiene carácter de responsable. En relación a la autoridad responsable que la parte quejosa señaló como: Estación Migratoria en la ciudad de Piedras Negras, Coahuila, con sede en esta ciudad, este órgano de justicia considera ocioso incorporarla con ese carácter para efectos del trámite del juicio de amparo en cumplimiento al deber de justicia pronta contenida en el artículo 17 constitucional, porque el llamamiento a juicio de tal autoridad retardara el acceso de los quejosos a una sentencia definitiva, en virtud de que la restante responsable su calidad de migrantes, realice la incorporación de alguna autoridad distinta que pudiera tener intervención en los actos reclamados. 6. Exhortación a las partes de tramitar el juicio en línea. En atención a lo dispuesto por los artículos 22, fracción I y 28 párrafo segundo del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, con el fin de evitar la concentración de personas y la propagación del citado virus, se exhorta a las partes para que, de ser posible, accedan a las herramientas tecnológicas, brindadas por el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para continuar con la tramitación del presente asunto, a través del esquema de juicio en línea, hasta su conclusión. 7. Solicitud de teléfono celular y correo electrónico. Asimismo, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono celular y una dirección de correo electrónico, a fin de que se puedan entablar comunicaciones no procesales, lo anterior conforme a lo previsto por el artículo 22, fracción II, del citado Acuerdo General. 8. Autorizado. Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Armando Benjamín Andrade Salado, por tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales. 8.1 Correo electrónico y números telefónicos. Se tiene a la parte quejosa proporcionando como correo electrónico y números telefónicos los que señala en su escrito. 9. Consulta y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía electrónica, así como la práctica de notificaciones subsecuentes, al solicitante con el nombre de usuario "***". En el entendido de que el acceso al expediente electrónico estará condicionado a que se encuentre vigente la firma electrónica respectiva y que el usuario proporcionado corresponda efectivamente al profesionista mencionado en los párrafos que anteceden; lo anterior, en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. 9.1 Instrucción al Oficial Judicial A. Se instruye a la Oficial Judicial A, para que bajo su más estricta responsabilidad vincule al usuario proporcionado con el expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. 10. Ministerio Público. En términos del artículo 5o, fracción IV, de la Ley de Amparo, se corre traslado con copia de la demanda al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 11. Informe justificado. Con fundamento en los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia en los presente proveído, con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; y en el supuesto de que los actos reclamados, sean ciertos, remitan copias certificadas, legibles y completas de las constancias relacionadas, exclusivamente, con la materia de su resolución específica. En caso de que el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional asiente la razón en sentido de no poder entregar el oficio de emplazamiento respectivo, se ordenará que los peticionarios de amparo manifiesten la correcta denominación normativa de la correspondiente autoridad, apercibidos que en el caso de incumplir no se le tendrá como parte en el juicio. 11.1 Correo electrónico oficial. Ahora bien, a fin de respetar los principios constitucionales de impartición pronta y expedita de la justicia, así como del acceso a la misma, con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el artículo 28, fracción III, de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable se sirva a proporcionar correo electrónico oficial al rendir su informe justificado, con la finalidad de establecer comunicación entre la dependencia que representa y este órgano jurisdiccional, haciendo uso de las herramientas tecnológicas, simplificando y agilizando los juicios en beneficio de las personas justiciables. 12. Habilitación actuarial. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial practique las notificaciones en este asunto. 13. Reproducción electrónica y entrega de copias. Previa solicitud por escrito, se autoriza el uso de medios electrónicos para digitalizar constancias del expediente, así como su entrega en copias simples o certificadas, las que serán expedidas a costa de la parte solicitante, excepto constancias que tengan carácter reservado o confidencial, previa toma de razón que obre en autos. La Secretaría del Juzgado encargada del expediente las gestionará sin mayor proveído. 14. Expediente electrónico. De acuerdo con el artículo 3o. de la Ley de Amparo, las partes están autorizadas para consultar el expediente digital en la página de internet utilizada para dicho propósito, previos trámites de ley. 15. Devolución de documentos. El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. 16. Promociones sin incidencia en tramitación. En términos de lo dispuesto en la fracción VII del artículo 107 constitucional que limita la tramitación del amparo indirecto a actos procesales relevantes y en aplicación de los principios de tutela judicial pronta y efectiva, interpretando los fines y la sistematicidad de los artículos 112 a 124 de la Ley de Amparo, 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se determina que los oficios o escritos relativos a trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio; por ejemplo, entre otros, acuses de recibo de recursos enviados a tribunales de circuito; autorizaciones de las partes; solicitudes de reproducción de constancias en medios electrónicos, copias simples o certificadas; notificaciones a peritos o testigos; ?????????? actuaciones de la autoridad hacendaria para hacer efectivas multas; con excepción de aquellas que por disposición legal deba darse vista a las partes, se integrarán al expediente y la Secretaría hará constar el día y hora en que se presentó la promoción, considerando desde este momento procedente su petición; las partes quedan en aptitud de imponerse de ellas y solamente en caso de que resulte notoriamente improcedente la solicitud, se comunicará al promovente tal decisión mediante acuerdo del juzgado y la notificación respectiva. 17. Protección de datos personales. Conforme lo previsto por los artículos 23; 70, fracción XXXVI y 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los numerales 6, 8 y 9 del Reglamento para la aplicación de la Ley Federal relativa, así como los preceptos 25 a 27; 31, 34 y 35 del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se hace del conocimiento de las partes que el asunto clasifica como información NO RESERVADA; por consiguiente, se les previene para que expresen si están de acuerdo en que se publiquen sus nombres y datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición implica su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. 18. Fecha y hora de audiencia constitucional. La audiencia constitucional tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y SEIS MINUTOS DEL DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. No habrá necesidad de emitir oficio a las autoridades responsables para notificarles el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendría la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio; por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y hora acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet http:www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes [aplicable la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) número de registro 2002576]. 19. Razón actuarial. Ahora bien, de la razón actuarial de diecisiete de los actuales, en el exhorto 202/2022 (orden 262/2022), del índice de este órgano jurisdiccional, que se invocó como hecho notorio, se advierte que al constituirse la actuaria de la adscripción, en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, la representante local de ese instituto, le informó que aproximadamente a las cero horas con un minutos se registró un incendió en dicho lugar. Por lo que a fin de salvaguardar la integridad física de los extranjeros ahí alojados, se realizó la evacuación total del edificio y durante la misma, hubo personas extranjeras que se fugaron entre ellos los aquí quejosos ****, no lográndose ya su captura. 19.1 Requerimiento. En mérito de lo anterior, se requiere al promovente Armando Benjamín Andrade Salado, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, manifieste lo conducente y señale, de tener conocimiento, la ubicación de las personas a favor de la cual promovieron el amparo (***, en virtud de que dichas personas no fueron localizadas. 19.2 Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo dentro del plazo concedido o de no informar oportunamente la causa legal que se lo impida, se entenderá que por equivocación presentó demanda a favor de ****, presumiendo su ilegal detención sin conocer con certeza el hecho y se tendrá por no presentada la misma. plazos ordenados por la normativa, los cuales son aplicables supletoriamente a este juicio sobre la base de lo establecido en el artículo 2o., párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable deberá rendir su informe justificado dentro del plazo de QUINCE DÍAS, contado a partir del momento en que reciban la notificación de designada con domicilio en esta ciudad, de acuerdo a la labor propia de este juzgado, se puede advertir que es inexistente. Con excepción de la que se tiene como autoridad responsable en el punto que antecede. De ahí que este órgano de justicia actuando en beneficio de la parte quejosa, considera idóneo desvincular al resto de la indicada autoridad para efectos del trámite de este juicio de amparo, sin perjuicio que de resultar necesario, de manera oficiosa este órgano de control constitucional, en suplencia total de la queja en favor de los quejosos en
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