Yaniuska Valle Gonzalez
Expediente 891/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 891/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yaniuska Valle Gonzalez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, cinco de julio de dos mil veintidós. Se agrega promoción. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Abogado General y Representante en asuntos judiciales y contenciosos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosi, con dos anexos que acompaña, mediante el cual informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Vista con informe de cumplimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente auto, corriéndole traslado con copia del oficio y anexos señalados, para que manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia que, transcurrido dicho término, con o sin el desahogo de la vista, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese personalmente; y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, uno de julio de dos mil veintidós. Recepción de oficio. Visto el oficio de cuenta signado por el Titular de la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de San Luis Potosí, téngasele informando que se señaló nueva fecha para la aplicación del biológico al menor aquí quejoso, habiéndose fijado las diez horas del treinta de julio de dos mil veintidós, para que el menor de edad aquí quejoso sea vacunado en el domicilio ubicado en Avenida Cuauhtémoc 255, Colonia Moderna en esta ciudad. Requerimiento a la parte quejosa. En tal virtud, requiérase al promovente del amparo en que se actúa, para que de manera puntual haga presente al menor de edad aquí quejoso en el lugar indicado con anterioridad, acompañado de su madre, padre o tutor, a efecto de que sea valorado y vacunado en seguimiento a lo requerido en la suspensión de plano decretada en el presente asunto, para su mejor conocimiento remítasele copia del oficio de cuenta.
- Principal
Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de junio de dos mil veintidós. Recepción de razón actuarial. Agréguese a los autos la razón actuarial levanta por el Actuario de la adscripción, de la cual se advierte que no le fue posible llevar a cabo el emplazamiento al presente juicio al tercero interesado Mario Alberto Padrón Aguilar, tal y como se encuentra ordenado en autos de diez, trece y dieciséis de junio del año en curso, por las razones que informa Estado de autos. Visto el estado de autos se advierte que mediante proveído de diez de junio del año en curso, se reservó a proveer lo conducente respecto del domicilio calle Cto Bosque Ceiba, número 102 M, colonia Fraccionamiento el Dorado, C.P. 37590, en Guanajuato, localidad Rancho Alegre, municipio León, que informo el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutiva del INE, hasta en tanto se concluyera la búsqueda del tercero interesado en cita en los domicilios proporcionados, lo cual ya se aconteció. Ordena emplazamiento. Ahora bien, toda vez que el domicilio antes mencionado es fuera de esta ciudad, con fundamento en los artículos 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano de control constitucional, se sirva ordenar a quien corresponda, emplace a juicio al citado tercero interesado Mario Alberto Padrón Aguilar, a quien deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo, ocursos aclaratorios, así como copia autorizada del auto admisorio y del presente proveído, y le haga saber la fecha y hora que se encuentran señaladas para la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, los prevenga para que en el término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, y lo aperciba que en caso de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal, se les harán por lista de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de dar puntual cumplimiento a la garantía consagrada en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Juez exhortado esté en posibilidad de emplazar a los terceros interesados de mérito, no obstante que al llevarla a cabo hubiera trascurrido la fecha señalada para la audiencia constitucional. Con apoyo en el artículo 2, fracción XVI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Difiere audiencia. En tal virtud, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy, y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL TRES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese personalmente al tercero interesado Mario Alberto Padrón Aguilar vía exhorto y por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.Razón. Esta foja es parte final del proveído dictado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, dentro de los autos del juicio de amparo 299/2022-II. Conste.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE EN SINTESIS DICE: Auto. San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinte de junio de dos mil veintidós. Recepción de oficios. Con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, agréguense a los autos los informes relativos a la suspensión de plano rendidos por el Subdirectora Ejecutiva de lo Contencioso de la Comisión Federal para la Protección Contra Riegos Sanitarios, con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de que se haga relación en la audiencia respectiva. Domicilio para oír y recibir notificaciones y delegados. Como lo solicita la autoridad oficiante, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y con fundamento en el artículo 9 de la ley de la materia, ténganse como delegados de su parte a las personas que menciona. Finalmente, no pasa desapercibido para la suscrita que del informe de cuenta se advierte que la autoridad oficiante indica, entre otros aspectos, que se tome como hecho notorio el que a la presente fecha, el Gobierno Federal y la Secretaría de Salud se han pronunciado en relación con el plan de vacunación respecto del grupo etario en el que se encuentra la parte quejosa. En atención a lo expuesto, se acuerda: Antecedentes. En escrito de demanda la parte quejosa José Vicente Sánchez Rivera y Blanca Esthela Martínez González, en representación de sus hijos de identidad reservada, conforme con lo dispuesto en la regla 8.1 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores, "Reglas de Beijing"; Capítulo II, denominado "Conceptos y Principios", punto 2 relativo a los "Principios Generales", primer párrafo, incisos a), último párrafo, e), f) y g), así como del capítulo III, relativo a las "Reglas de Actuación Generales" punto 10, denominado "Medidas para proteger la Intimidad y el Bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes", primer párrafo, inciso a), todos del Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes de febrero de dos mil doce, de iniciales V.S.M. y A.S.M., promovieron la acción constitucional respecto de los actos reclamados, consistentes en la omisión de incluirlo en la política nacional de vacunación contra el virus Sars-Cov-2 para la prevención de Covid en México. Junto con su demanda, la parte quejosa exhibió impresión de las actas de nacimiento de los niños, con datas veintiocho de septiembre de dos mil nueve y cuatro de mayo de dos mil doce, por lo que se desprende que cuentan con doce y diez años de edad, respectivamente. Asimismo, de los informes de suspensión de plano que obran en este expediente, se desprende que el infante de iniciales A.S.M, fue vacunado con las dos dosis el veintiséis de abril de dos mil veintidós. No así el diverso niño de iniciales V.S.M. Ahora bien, conforme a las anteriores constancias, con fundamento en el artículo 62 de la Ley de Amparo, la suscrita advierte la actualización de una causa de improcedencia, que debe analizarse de oficio, al ser de orden público. I. Hipótesis a demostrar. En esa medida, este juzgado advierte que atento a que al menor quejoso de iniciales V.S.M. el veintiséis de abril del año en curso le fue aplicada la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2. y la edad con la que actualmente cuenta el menor quejoso de iniciales A.S.M., de diez años de edad, como se advierte de los documentos que obran en este sumario, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que han cesado los efectos del acto reclamado, por los motivos que a continuación se precisan. II. Marco legal. Tal dispositivo en su texto establece: "Artículo.61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". En torno a dicha fracción debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a la que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Dicho en otras palabras, se entiende que cesan dichos efectos, cuando el acto es revocado o modificado, o simplemente porque se colma el objeto por el cual se emitió, por lo que, al acontecer alguna de esas circunstancias se dejan de afectar los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad y, en consecuencia, el juicio de amparo carece de litis sobre la cual deba existir pronunciamiento de fondo. Apoya tal consideración, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo VII, febrero de 1998, página 210, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". También es aplicable, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, página 38, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." III. Caso concreto. A efecto de establecer si en el caso se actualiza la hipótesis invocada es necesario partir de la naturaleza de los actos reclamados, para luego establecer si la pretensión de la parte quejosa está satisfecha con los actos desplegados muto propio por las autoridades responsables. Como se ha indicado, en lo medular, la parte accionante del amparo reclama la falta de inclusión dentro del grupo al que pertenecen los quejosos, niños de doce a cinco años, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-Cov-2; y, en vía de consecuencia, la inaplicación de tal vacuna. Visto lo de cuenta, se advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, respecto del quejoso, de iniciales A.S.M, dado que el mismo fue vacunado con las dos dosis el veintiséis de abril de dos mil veintidós. Consecuentemente, si de las constancias que acompañó el Jefe del Departamento Contencioso adscrito a la Jefatura de Servicios Jurídicos Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Instituto Mexicano del Seguro Social en San Luis Potosí, a su oficio recibido en este juzgado el veintisiete de abril del año en curso, registrado con el número de correspondencia interna 7411, se advierte que el veintiséis de abril del año en curso, le fue aplicada al menor quejoso de iniciales V.S.M., la segunda dosis de la vacuna contra el virus SARS-coV2, tocante a él, han cesado los efectos del acto reclamado, por la aplicación de la inmunización solicitada. Por otra parte, respecto del diverso quejoso, de edad de diez años, debe establecerse lo siguiente. Como afirmó la autoridad oficiante, constituye un hecho notorio, para la suscrita que se anunció por el subsecretario de prevención y promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, el trece de junio de esta anualidad, el inicio de la fase siete del programa de vacunación contra el COVID-19, el cual iniciará a partir del jueves dieciséis de junio de dos mil veintidós, data en la cual inicia el registro para la vacunación de niños de cinco a once años, sin comorbilidades. Información que se corrobora, en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la que se advierte que se puede registrar para la obtención de la vacuna a los menores de doce años en adelante sin comorbilidades, dentro de la población en la que se encuentra el quejoso de iniciales A.S.M. En ese panorama, resulta evidente la actualización del motivo de inejercitabilidad aludido, toda vez que con el actuar de las autoridades responsables las cosas quedaron tal como si se hubiera otorgado la protección constitucional solicitada, esto, al haberse vacunado al quejoso de iniciales V.S.M. y al incluirse en el programa de vacunación contra el virus SARS-CoV2 a los menores de once años, rango de edad en el que se encuentra el diverso de iniciales A.S.M., lo que torna improcedente su estudio por esta vía, pues durante el trámite del juicio, se modificó la política pública impugnada en beneficio de los menores inconformes y se autorizó la aplicación de la vacuna solicitada, por lo que la pretensión por la que acudió a la presente instancia se encuentra satisfecha. Por lo que se desprende que será decisión de la parte accionante asistir al llamado de las autoridades respectivas para la aplicación del biológico dentro de las campañas respectivas. Consecuentemente, al resultar evidente que la omisión de incluir a la parte quejosa -menor de doce años- dentro de la Política Nacional de Vacunación a fin de ser beneficiarios al acceso a las dosis de inoculación contra el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, ha quedado destruida como si nunca hubiese existido, restituyéndose en el derecho fundamental que le era transgredido con el pasivo actuar de las responsables. En cuanto a la omisión de aplicar la vacuna respecto del menor de iniciales A.S.M., se debe entender que no se está reclamando de manera independiente sino en vía de consecuencia de la diversa omisión normativa que se reclama; esto es, que el hecho de no incluir al grupo etario de que se trata entre los objetivos de vacunación, tiene como resultado la no vacunación de la parte quejosa; por lo que, al haber cesado la omisión en cuanto a la política de vacunación nacional, la improcedencia también recae sobre la falta de aplicación del supuesto normativo. IV. Decisión. De esta forma, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, conforme a lo dispuesto en la fracción XXI del artículo 61, procede sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo, en relación con la fracción V del numeral 63 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. En virtud de lo anterior, queda sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos del cinco de julio de dos mil veintidós, en autos del presente juicio de amparo. Recepción de escrito. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Jesús Edgardo Martínez González, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, en relación a su contenido, dígasele que deberá estarse a lo acordado en líneas que preceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por medio de lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Publico de la Adscripción. Lo proveyó y firma la licenciada Aracely del Rocío Hernández Castillo, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con la licenciada Lourdes Viridiana Soto González, Secretaria que autoriza y da fe.
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