YANISLEIDYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Otros.
Expediente 1048/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 07/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- YANISLEIDYS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ya transcurrió el término legal previsto en el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo, motivo por el cual lo conducente en el caso es declarar que ha quedado firme para todos los efectos legales. Anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno relativo y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido.
- Principal
Radicación. Visto lo de cuenta, se recibe la demanda de amparo promovida en favor de Yenisleidys Hernández González y Yunior Lázaro Negrin Espinoza, por lo cual fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno de que se trate y háganse las anotaciones correspondientes. Personalidad. No es necesario acreditarla al reclamar actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y referir la parte promovente que la parte agraviada se encuentra incomunicada e imposibilitada para presentar la demanda por sí. Esto encuentra plena y legal justificación, tomando en cuenta la teleología del artículo 15 de la Ley de Amparo, consistente en facilitar el acceso a la vía constitucional al inconforme que se halla imposibilitado para instar, directamente, la acción de amparo y, a la par, evitar que quede en estado de indefensión, no solo por la naturaleza tan grave de los actos ahí especificados, sino igualmente por la especial circunstancia en la que está la directa parte quejosa. Sobre ese particular, cabe citarse las tesis del Pleno y de la Primera Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "LIBERTAD INDIVIDUAL. Cuando se trata de ataques a la libertad individual, y aquél a quien perjudica el acto, está imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo en su nombre, aunque sea menor de edad, o mujer casada, sin la intervención de sus legítimos representantes; en otros términos, cualquiera persona puede promover en nombre del quejoso, y es ilegal por tanto, exigir que cuando el amparo se promueve por quien se dice progenitor del quejoso, se exija al promovente que compruebe ese carácter." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXI. Página: 123.) "LIBERTAD PERSONAL, ATENTADOS CONTRA LA. Conforme al artículo 4o., de la ley orgánica del juicio de garantías, puede promover amparo contra el detenido ilegalmente, y además, incapacitado para solicitarlo su representante o su defensor, si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, y un pariente y hasta una persona extraña, en los casos que lo permita le ley; y el artículo 17 de la ley antes mencionada concede esa facultad a cualquiera persona cuando se trate de ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, debiendo los Jueces del Distrito dictar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado y, una vez habida, ordenar que se le requiera para que, dentro de tres días, ratifique la demanda y sólo que no lo haga desecharla: pero no deben repelerla de plano." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: LXV. Página: 4078.) "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. El artículo 9o., de la Ley de Amparo, establece que cuando se trata de la pena de muerte, de ataques a la libertad individual, de destierro de algún acto de los enumerados en el artículo 22 de la Constitución, y el individuo a quien perjudica el acto, está imposibilitado para promover el juicio de amparo, podrá hacerlo otro, en su nombre, aun cuando sea menor de edad o mujer casada sin la intervención de sus legítimos representantes y debe entenderse que esa personalidad subsiste para continuar el juicio de garantías, mientras subsista la imposibilidad del agraviado, para promover." (Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XXXI. Página: 1852.) Improcedencia. Esta vía resulta improcedente por surtirse plenamente la causal de improcedencia del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, al tratarse de actos que son materia de otro amparo pendiente de causar ejecutoria, promovido por el propio quejoso contra idénticas autoridades y actos reclamados. A efecto de justificar tal aserto, conviene tener presente el texto del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, en el cual se establece la causal de improcedencia de que se trata, que, por cierto, se complementa con la diversa fracción XI de ese numeral. Dichos preceptos legales son del tenor que sigue: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios; XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior; ." De acuerdo con el precepto legal de que se trata, la causal de improcedencia ahí establecida es lo que comúnmente se denomina como litispendencia, y para que se surta se requiere la existencia de otro juicio de amparo que esté pendiente de resolución, ya que la finalidad que persigue esa causal es evitar que se dicten fallos contradictorios sobre la propia controversia, porque no es lógico ni jurídico que en varios juicios se examine el mismo acto, dado que su constitucionalidad sólo puede juzgarse una vez. Lo anterior significa, en otras palabras, que esa causal opera cuando las leyes o actos reclamados en algún juicio de amparo, sean materia de un distinto juicio constitucional que se encuentre pendiente de resolución, promovido por el propio quejoso contra las mismas autoridades responsables, aun cuando las violaciones sean diversas, pues esta cuestión resulta ajena en la configuración de la causal de que se trata. Desde luego, esta causal encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio cuando el propio quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, la causal también evita la posibilidad del dictado de sentencias contradictorias. Luego, si uno de los fines de la causal de improcedencia es evitar que los jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el propio problema jurídico, sin duda tienen la obligación de asegurarse de que al aplicarla el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto autoritario a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Por tanto, por disposición expresa del artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, el juicio relativo es improcedente siempre que se actualicen las hipótesis jurídicas siguientes: a) La ley o el acto que se reclamen en un juicio de amparo sean materia de otro juicio constitucional. b) El juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión. c) Ambos juicios estén promovidos por el propio inconforme, contra las mismas autoridades y los actos reclamados, aunque las violaciones constitucionales sean diversas. Sobre el particular, cabe invocarse las tesis sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE EJECUTORIA PRONUNCIADA EN OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A IGUAL QUEJOSO, IDÉNTICAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y LOS MISMOS ACTOS RECLAMADOS. Para que proceda la causal de improcedencia consistente en la existencia de ejecutoria pronunciada en otro juicio de amparo, a que se refiere la fracción IV del artículo 73 de la Ley de Amparo, es necesario que los actos reclamados hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de garantías, y se contrae exclusivamente a los amparos que hayan sido promovidos por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." (Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 39, Tercera Parte. Página: 28.) "LITISPENDENTIA EN EL AMPARO. Como el juicio de amparo no resuelve controversias de particulares, sino que es el medio establecido por la Constitución, para remediar las violaciones de garantías individuales, y mantener en equilibrio el régimen federal, es evidente que este juicio no puede ser equiparado a un pleito sostenido ante los tribunales comunes, por lo cual no puede existir litispendencia, tratándose de un juicio de garantías y uno ordinario." (Instancia: Tercera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: XLIV. Página: 27.) "LITISPENDENCIA Y COSA JUZGADA, IMPROCEDENCIAS DEL JUICIO DE AMPARO POR. EN SU CONFIGURACION NO INFLUYEN LAS VIOLACIONES CONSTITUCIONALES ALEGADAS EN LAS DOS DEMANDAS DE GARANTIAS. Debe sobreseerse en los autos del juicio constitucional de acuerdo con lo que se ordena en el texto de los artículos 73, fracciones III o IV (según corresponda), y 74, fracción III, de la Ley de Amparo, cuando los actos reclamados sean materia de un diverso juicio de garantías promovido por la misma quejosa y en contra de las mismas autoridades, independientemente de las violaciones constitucionales alegadas, cuestión que no influye en la configuración de estas causales de improcedencia." (Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 205-216, Primera Parte. Página: 142.) "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." (Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro: 5, Abril de 2014, Tomo I. Tesis: P./J. 24/2014 (10a.). Página: 265.) Importa acotar que las hipótesis jurídicas deben concurrir necesariamente para que surja la causal de que se trata, porque ninguna de las causales de improcedencia del juicio de amparo puede estar apoyada en pruebas que resulten ser insuficientes, ya que si no se acreditan a plenitud los extremos cuya demostración se requiera en términos del ordenamiento legal correspondiente, no se debe considerar actualizada la causal relativa, aun cuando exista algún indicio que pueda dar lugar a una presunción relativa a esa actualización. Al respecto, cabe citar la tesis de jurisprudencia doscientos veintinueve, sustentada por la entonces Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, localizable en la página ciento ochenta y siete del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete al dos mil, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, que indica lo que sigue: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia en el juicio constitucional deben estar plenamente demostradas y no inferirse a base de presunciones." A juicio de este juzgador, en la especie se surte la causal de improcedencia de que se trata, justamente, porque en este juicio se involucran los actos materia del diverso 1035/2022, del índice de este juzgado, promovido por la aquí parte quejosa en contra de los propios actos reclamados de idénticas autoridades, el que aún no causa ejecutoria. Estos juicios presentan las similitudes siguientes: Juicio de amparo 1035/2022. Quejoso: Yenisleidys Hernández González y Yunior Lázaro Negrin Espinoza. Autoridades: Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM, Subdirector del Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración. Actos: "a) La negativa de aperturar el procedimiento administrativo y expedir el oficio de salida definitiva del país. b) La privación de la libertad, en calidad de alojados, asegurados, detenidos o retenidos, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. c) La incomunicación. d) La orden de deportación y su ejecución." Fecha de interposición: veintiuno de noviembre de dos mil veintidós. Hora de interposición: diez horas con seis minutos. Status: En trámite. Juicio de amparo 1048/2022. Quejoso: Yenisleidys Hernández González y Yunior Lázaro Negrin Espinoza. Autoridades: Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del INM, Subdirector del Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración. Actos: "a) La negativa de aperturar el procedimiento administrativo y expedir el oficio de salida definitiva del país. b) La privación de la libertad, en calidad de alojados, asegurados, detenidos o retenidos, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. c) La incomunicación. d) La orden de deportación y su ejecución." Fecha de interposición: veintiuno de noviembre de dos mil veintidós. Hora de interposición: catorce horas. Status: En trámite. Con lo anterior queda claro que, en este caso, se satisfacen todos los elementos indispensables para la actualización de la causal que aquí nos ocupa, pues, aparte de que en los juicios fueron promovidos por el quejoso y se impugnaron los propios actos a las mismas autoridades, debe tenerse presente que se halla en trámite. Al respecto, cabe citar las tesis de la Segunda Sala de nuestro más Alto Tribunal del País, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, POR EXISTENCIA DE OTRO JUICIO DE AMPARO. SE REQUIERE DEMOSTRAR QUE SE REFIERE A LAS MISMAS AUTORIDADES RESPONSABLES E IDENTICOS ACTOS RECLAMADOS. La Ley de Amparo exige para que opere la causal de improcedencia por existencia de juicio de amparo anterior, prevista por la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, únicamente la presencia de los siguientes requisitos: a) Que la ley o acto que se reclamen, sean materia de otro juicio de amparo; b) Que ese juicio esté pendiente de resolución, ya sea en primera o única instancia o en revisión; y c) Que ambos juicios de garantías estén promovidos por el mismo quejoso o quejosos, contra las mismas autoridades responsables y por el mismo acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas." (Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen: 16, Tercera Parte. Página: 58.) Desechamiento. En congruencia con esto lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, desechar de plano la demanda de amparo. Anotaciones. Háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno. Domicilio. Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición de su numeral 2°, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el designado para ello por la parte quejosa. Notificación electrónica. Se autoriza para que la parte quejosa se le notifiquen electrónicamente los acuerdos relativos en términos del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, para lo cual se le tiene señalando como usuario DCARRASCO para tal fin. Comunicación no procesal. Luego por lo que respecta al correo electrónico y el teléfono proporcionados, téngaseles únicamente como forma de contacto, de conformidad con el artículo 257, fracción I1 , del Acuerdo General del Pleno del 1 Artículo 257 .I. Tratándose de comunicaciones no procesales, se puede brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto. En estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. En casos excepcionales, podrá emplearse esta opción para comunicaciones procesales, siempre que la parte respectiva no tenga acceso a actuar desde el Portal, debiendo en estos casos certificarse la confirmación de recepción de la comunicación respectiva; y Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en consulta, del que se advierte que la utilización del correo electrónico y teléfono, solo serán utilizados como medios de contacto entre esta y el personal jurisdiccional Autorizados. No. Digitalización. De conformidad con el artículo 3º, párrafo octavo, de la ley de la materia, procédase a la digitalización de las promociones, resoluciones y documentos judiciales, para los efectos legales conducentes. Formación del expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico en términos del artículo 32 , del Acuerdo 2 Artículo 3. La integración y consulta de los expedientes electrónicos regulados en el presente Acuerdo General se regirán por las siguientes bases: I. Todo documento electrónico o digitalizado que ingrese a un expediente electrónico deberá ser firmado con una Firma Electrónica que cuente con los permisos necesarios; II. El expediente electrónico se integrará cronológicamente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en el expediente respectivo. El expediente electrónico permitirá distinguir las constancias digitalizadas de generadas electrónicamente para efecto de poder comparar las primeras con las integradas físicamente; III. La documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso. En caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. La persona servidora pública a quien corresponda iniciar el trámite en el órgano jurisdiccional de un asunto turnado por la OCC, deberá validar que la documentación recibida en formato impreso se haya digitalizado por parte del personal de dicha oficina mediante el uso de la FIREL para integrarla al expediente electrónico respectivo. Tratándose de promociones recibidas por escrito directamente en el órgano jurisdiccional, la digitalización deberá realizarse por parte del personal de la Oficialía de Partes; IV. En el caso de los medios de control de constitucionalidad promovidos contra lo resuelto en juicios seguidos ante tribunales que no pertenezcan al PJF, se procurará que la digitalización de los expedientes relativos a dichos juicios se realice por las propias autoridades responsables, particularmente mediante la celebración de convenios de interconexión. En caso de que lo anterior no sea posible, el órgano jurisdiccional que conozca de dichos medios de control deberá digitalizarlo. Las OCC, conforme lo permita su carga de trabajo, podrán auxiliar en la digitalización; V. Los documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes al Sistema Electrónico del CJF mediante el uso de certificados digitales de Firma Electrónica producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; VI. Los documentos públicos que se ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de Firma Electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable, siempre y cuando al presentarse por vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento físico. Al respecto, la juzgadora o juzgador que conozca del asunto podrá solicitar, de manera oficiosa o a petición de algunas de las partes legitimadas para tal efecto, el cotejo con el documento original, o su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno; VII. Los documentos digitalizados ingresados a los sistemas electrónicos por las y los servidores públicos de los órganos del PJF mediante el uso de FIREL tendrán el mismo valor probatorio que los físicos; VIII. Las características de los documentos que podrán ingresarse a un expediente electrónico se sujetarán a los lineamientos que emita la DGGJ, en coordinación con la DGETD, con opinión de la DGTI, sobre el formato y tamaño de aquéllos; IX. La información relativa a los expedientes electrónicos que se encuentren bajo el resguardo del CJF se alojará dentro de su infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos, garantizando la seguridad informática; X. El Sistema Electrónico del CJF llevará un registro puntual de los certificados digitales de Firma Electrónica mediante los cuales se ingrese o consulte cualquier documento de un expediente electrónico, así como de toda incidencia que resulte relevante para el mejor funcionamiento de los sistemas correspondientes; General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo3 , y de conformidad los numerales 252 y 2534 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Para tal efecto se instruye a la oficial de partes, actuarios y secretarios que incorporen al expediente electrónico todas las constancias que reciban y generen con motivo de sus funciones, debidamente firmados con su firma electrónica FIREL, mediante el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que el aplicativo institucional de firma electrónica no está autorizado para incorporar actuaciones al expediente electrónico, pues el SISE cuenta con los mecanismos para plasmar dicha firma5 . XI. En el proceso de firmado electrónico, incorporado a los sistemas de gestión judicial, la o las personas titulares del órgano jurisdiccional cierran el proceso de firmado, autorizando las determinaciones. Con su firma se encripta el documento y no permite su alteración ni su eliminación, garantizando su integridad y validando con ello, la certificación de la persona secretaria; y XII. Los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. 3 Reformado por el artículo Cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en cita, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil veintidós. 4 Artículo 252. Los órganos jurisdiccionales tramitarán e integrarán los asuntos de su competencia a través de medios tecnológicos y soluciones digitales. La firma electrónica FIREL, e.firma dará certeza y validez jurídica a la integridad del expediente electrónico. Artículo 253. Los órganos jurisdiccionales deberán asegurar la integridad del expediente electrónico. Para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica, utilizando los medios tecnológicos y soluciones digitales. En los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, los órganos jurisdiccionales deberán digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente a través del uso de firma electrónica, generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación. Bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Adicionalmente y para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 3, párrafo sexto de la Ley de Amparo, podrán consultar su expediente haciendo uso de los dispositivos electrónicos disponibles para tal efecto. 5 "Artículo 52 Undecies. El personal adscrito a los órganos jurisdiccionales podrá utilizar la FIREL o la e.firma para firmar la documentación que envíe a las áreas administrativas. Para estos efectos, podrá utilizar el aplicativo institucional de firma electrónica. Medios electrónicos. En términos de la circular 12/09 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para que se impongan de los autos de este juicio, bajo el cuidado y vigilancia del personal judicial respectivo, haciéndose saber al interesado que la posibilidad de fotografiar o utilizar cualquier medio electrónico, no puede trastocar el buen funcionamiento del tribunal al grado que el uso de esa prerrogativa se convierta en instrumento de abuso, por lo que debe ajustarse a la disponibilidad de un tiempo prudente para no obstaculizar las cargas de trabajo o distraer innecesariamente a un funcionario público en las labores que esencialmente debe prestar en su servicio. Transparencia. De conformidad con los artículos 3°, 6°, 8°, 68, 98, 110, 112, 113 y 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 23, 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes no sólo que deben hacerse públicas las resoluciones que causen estado, sino también que pueden solicitar la supresión de sus nombres en las listas publicadas en medios electrónicos, y que para permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requiere el consentimiento del titular de la Dicho aplicativo no deberá emplearse para firmar electrónicamente las actuaciones y acuerdos de asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales y registrados en el SISE, SIGE y demás sistemas de gestión que operen en órganos jurisdiccionales, pues estos sistemas cuentan con un mecanismo propio para plasmar dicha firma." Del Acuerdo General Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, reformado por el artículo Segundo del del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de noviembre de dos mil veintidós. información relativa, salvo las hipótesis legales reguladas por la ley de la materia. Compensación. Para tal fin, se solicita a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, tenga a bien realizarla, para lo cual, se hace de su conocimiento lo siguiente: 1. Se recibió a las catorce horas del veintiuno de noviembre de dos mil veintidós. 2. Recibido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el apartado de demandas electrónicas, asignándosele el orden 12303. 3. Yenisleidys Hernández González y Yunior Lázaro Negrin Espinoza, por conducto de Daniel Gibran Carrasco Mariscal. 4. Sin señalamiento de tercero interesado, sin anexos y sin copias. 5. Acto reclamado: a) La negativa de aperturar el procedimiento administrativo y expedir el oficio de salida definitiva del país. b) La privación de la libertad, en calidad de alojados, asegurados, detenidos o retenidos, en contra de su voluntad, a través de orden de detención, retención, aseguramiento o alojamiento, emitida en forma verbal o escrita. c) La incomunicación. d) La orden de deportación y su ejecución. 6. Autoridades responsables: Titular de la Oficina de Representación en Chihuahua del Instituto Nacional de Migración, Subdirector del Área Responsable de la Dirección de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Subdirector de Operación, Seguridad y Custodia de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez, Subdirector de Servicios Operativos y Atención al Migrante de la Estación Migratoria en Ciudad Juárez. Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración. 7. Asunto urgente. Notifíquese; y de manera electrónica al usuario DCARRASCO.
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