Yaninne Rico Camacho

Expediente 660/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
660/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
26/06/2018

Partes del expediente

  • Yaninne Rico Camacho
  • Camila Alonso Rico

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE AL PROMOVENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DEL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE ONCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO QUE ESTABLECE: Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta signado por Yannine Rico Camacho, solicitante del amparo por sí y en ejercicio de la patria potestad sobre su menor hija Camila Alonso Rico, mediante el cual cumple el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en auto de uno de junio de este año, y al efecto exhibe el acuse original con el que corrobora que solicitó copias certificadas del acto reclamado, así como exhibe el acta de nacimiento 409, respecto de la menor en cita. Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Yannine Rico Camacho, por su propio derecho y en representación de su menor hija Camila Alonso Rico, por medio de la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia Civil de San Juan del Río, Querétaro y otra autoridad; en principio debe analizarse si existe o no, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del precepto transcrito, se observa que es obligación del Juez de Distrito, examinar ante todo el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto, es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 61 de la ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Luego, en el asunto que nos ocupa la parte impetrante de amparo reclama substancialmente: El acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno incidental número 501/2018, dentro del expediente 1121/2017, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro, por el que a fin de constatar que las convivencias decretadas en auto de doce de abril del año en curso, se lleven a cabo la Juez responsable ordenó al actuario de su adscripción para que se constituya en compañía de David Emanuel Alonso Martínez, en el domicilio de depósito de la menor Camila Alonso Rico, a fin de que verificar que la actora hace entrega de la menor a su progenitor, a efecto de realizar las convivencias entre éstos (decretadas en auto de doce de abril pasado). Sin que obste a lo anterior, el hecho de que la quejosa señale en su escrito de demanda que en el citado auto reclamado de veintiuno de mayo del año en curso, se fijaron convivencias entre la menor Camila Alonso Rico y su progenitor David Emanuel Alonso Martínez, en razón de que de la copia que allegó del citado proveído se advierte que en el mismo solo se ordenó realizar las gestiones necesarias para cumplir con las convivencias decretadas en el diverso auto de doce de abril pasado. En tal virtud, en la especie respecto del consabido acto reclamado se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo en vigor, por las razones que enseguida se exponen. Para evidenciar la certeza de lo afirmado en el párrafo que precede, es necesario asentar algunas notas que giran en torno al contenido, funcionalidad y alcance de la causa de improcedencia denominada "acto derivado de otro consentido", para lo cual se tiene que traer a la vista el contenido de las porciones normativas precitadas, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.)- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.)" "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia, funcionando en Pleno o en Salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el Pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de Distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos De Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Las reproducciones que preceden ponen de manifiesto, en primer lugar, que las causas de improcedencia del juicio de garantías tienen su fundamento -además de la Constitución Federal- en el numeral 61 de la Ley de Amparo, en donde se hace un listado de supuestos que prevén diversos motivos de la improcedencia de la acción constitucional; sin embargo, en el propio numeral en cita se encuentra previsto en la fracción XXIII, una cláusula abierta que permite hacer operable otros supuestos de improcedencia que deriven de la interpretación de cualquier dispositivo de la propia norma legal. En ese sentido, es claro que el legislador de la Ley de Amparo estimó que una causa de improcedencia del juicio de garantías también puede tener origen -a manera normativa- en un criterio interpretativo producido por alguno de los órganos de Justicia Federal que están dotados de la facultad para sentar criterios obligatorios, esto es, Jurisprudencia, tal y como se sostiene en la tesis I.3o.C.67 K del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1762 del tomo XVIII, agosto de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN ESTABLECER UNA CAUSAL CON BASE EN SU FACULTAD DE CREAR JURISPRUDENCIA", así como en la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 134 del tomo 145-150, sexta parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". Con base en lo anterior debe decirse que los órganos de Justicia Federal facultados para crear criterios interpretativos que en forma de precedente tienen obligatoriedad para las autoridades jurisdiccionales del país, han estimado que la relación sistemática que deriva de los supuestos normativos previstos en las fracciones XIII y XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo, radica un motivo de improcedencia distinto de los que en dichas porciones normativas se encuentran expresamente reguladas, como lo es el supuesto de ineficacia de la acción constitucional conocida como acto derivado de otro consentido, tal y como lo sostiene la tesis III.1°.A.11 K, CON NÚMERO DE REGISTRO 202345, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 582 del tomo III, mayo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS, RAZÓN DE SU IMPROCEDENCIA. El artículo 73 de la Ley de Amparo, señala: "El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley." Ahora bien, las fracciones XI y XII del dispositivo en comento, previenen que el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos expresa o tácitamente; por ello, lógica y jurídicamente, debe estimarse improcedente la acción constitucional contra actos que sean consecuencia de otros consentidos, siendo indudable, por tanto, que la causa de mérito emerge de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." De igual forma ilustra lo anterior la tesis con número registro 230859, del Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 52, tomo I, segunda parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE OTROS CONSENTIDOS. FUNDAMENTO DE LA IMPROCEDENCIA. La improcedencia que resulta cuando el acto reclamado es consecuencia de otro consentido, por no haberse impugnado en su oportunidad, se funda en los artículos 73, fracción XVIII de la Ley de Amparo en relación con el diverso artículo 192 de la misma Ley, que establece la obligación de observar la jurisprudencia sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación: en este caso, la número 19 visible en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que dice: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA"." Como complemento de lo anterior, también es necesario precisar que, la funcionalidad de la causa de improcedencia que se viene comentado lo es en la medida en que la acción de amparo se enderece contra actos que sean consecuencia inmediata y directa de otro que habiendo afectado los intereses del particular no hubiera sido impugnado oportunamente, por lo que entonces se consideran derivados o consecuentes de aquél que se consintió; en este sentido, a efecto de que se actualice tal hipótesis es necesario que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a). La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b). La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario, esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior o primario; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule; y, c). Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. Apoya lo anterior la tesis registrada con el número 232011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página nueve, Tomo 217-228, Primera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación de rubro y texto siguientes: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. SUPUESTOS PARA QUE OPERE ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. De acuerdo con la jurisprudencia número 19 contenida en la página 38 de la Octava Parte del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, los supuestos para que opere la causal de improcedencia cuando el amparo se endereza contra actos derivados de otros consentidos son, la existencia de un acto anterior consentido y la existencia de un acto posterior que sea una consecuencia directa y necesaria de aquél." En armonía con lo anterior debe decirse que la característica esencial para apreciar si un acto es derivado de otro consentido es la precisión o fijación del acto o resolución en que se originó el perjuicio o agravio que afecta al particular, pues la funcionalidad de la causa de improcedencia que se comenta tiene como presupuesto lógico que exista un acto de autoridad anterior consentido -entendiendo por consentido que debió haberse impugnado porque agraviaba o perjudicaba al gobernado- a través del juicio de amparo, de donde se sigue que si el particular no se defendió del acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que del mismo se generen también deben aceptarse de modo conforme, esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes al encontrar su fundamento en el acto primario o anterior que se consintió. La lógica en que se basa la causa de improcedencia de mérito no es más que un paralelismo del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal", de donde lo accesorio es el acto derivado y lo principal el acto primario consentido; principio que se explica en la medida de la existencia de un vínculo medular entre el acto consecuente y el primario, esto es, que el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el "perjuicio" -en el paralelismo mencionado- para el supuesto de la causa de improcedencia que se comenta, el hilo conductor que debe ponderarse como vínculo entre ambos actos, esto es, que lo importante para considerar a un acto como derivación de otro que fue consentido es la precisión de la génesis del agravio que el gobernado aduzca se ocasiona en su contra; así, el perjuicio, esto es, la causa generadora del agravio que el gobernado aduzca sufrir en su esfera jurídica es la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. El argumento que precede encuentra sustento en la propia mecánica constitucional y legal de procedencia del juicio de garantías que exige forzosamente la existencia de un perjuicio existente cometido contra el gobernado a fin de considerar que su interés jurídico se lastimó -o cuando menos que se consideró lastimado-, esto es, la materialidad de una afectación a alguno de sus derechos para que deba ser corregida mediante el medio de control constitucional denominado juicio de amparo, porque la naturaleza misma de la acción de amparo es la de ser un control constitucional de carácter reparador, lo que implica que para el ejercicio de dicha acción es necesaria e ineludiblemente la existencia de un perjuicio que deba ser reparado, tal y como así lo prevé la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal y 6, de la Ley de Amparo, que en lo conducente disponen lo que sigue: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: --- I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada." ""Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Presupuesto el que se viene comentando que en la teoría se ha dado en conocer como principio de agravio personal y directo al que ya en párrafos anteriores se explicó con más amplitud y que se encuentra en armonía con la propia lógica que hace posible la existencia de la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, de donde precisamente se exige como requisito la existencia de un acto de autoridad que haya sido consentido por el particular -sea de forma tácita o expresa- (esto es, que no se haya promovido el juicio de amparo), pero aun más, la condición lógica que se requiere para actualizar la improcedencia de mérito es que el acto que se estime consentido efectivamente haya sido el productor de perjuicio, afectación o agravio contra el particular, pues de otra forma no se podría entender la figura del consentimiento porque no sería posible considerar que se consintió algo que no existía, no siendo la nada materia de consentimiento. Para comprender de mejor forma lo que se viene explicando conviene precisar el significado de los vocablos "consentido" y "derivado", así como sus modalidades verbales; así, el Diccionario de la Lengua Española, editorial Espasa Calpe, define al primer vocablo como "Del verbo consentir. Permitir o dejar que se haga una cosa: verbigracia: no consientas que te falten al respeto", además precisa que es sinónimo de conformidad, entendiendo por tal "La tolerancia y resignación ante las circunstancias desgraciadas o difíciles: verbigracia: el equipo aceptó la derrota con conformidad"; en cuanto al vocablo "derivado", dicho diccionario indica que significa: "Tener origen o proceder de algo: verbigracia: su maestría deriva de una larga práctica. Producto que se obtiene de otro a través de una o varias transformaciones"; en ese sentido debe entenderse que por consentido implica la aceptación, conformidad o admisión de algún hecho o acto -beneficioso o perjudicial-, pero finalmente el consentimiento de algo, esto es, de un acto o hecho de la materialidad del ser humano, porque sostener lo contrario implicaría que se puede consentir lo que no existe. Con lo anterior se puede concluir de forma categórica que para la debida actualización de la causa de improcedencia que se viene comentado el factor "perjuicio" -al constituir presupuesto y característica necesaria que se exige para el ejercicio de la acción de amparo- se torna imprescindible que su origen o génesis deba radicar precisamente en el acto perjudicial que el gobernado hubiera consentido en un momento anterior, esto es, en el acto primario, para de ahí estimar que el agravio mismo reproducido en otro acto que emita la autoridad en razón de la ejecución del anterior (derivado), ya no pueda ser analizado en virtud de que el derecho de defensa contra el contenido medular en que se basa el acto secundario quedó consentido al no haberse controvertido el acto génesis del perjuicio (primario). Ahora bien, en la especie se analiza el acto reclamado consistente en: El acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno incidental número 501/2018, dentro del expediente 1121/2017, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro, por el que a fin de constatar que las convivencias decretadas en auto de doce de abril del año en curso, se lleven a cabo la Juez responsable ordenó al actuario de su adscripción para que se constituya en compañía de David Emanuel Alonso Martínez, en el domicilio de depósito de la menor Camila Alonso Rico, a fin de que verificar que la actora hace entrega de la menor a su progenitor, a efecto de realizar las convivencias entre éstos (decretadas en auto de doce de abril pasado). A su vez, del propio escrito de demanda y de los anexos que se acompañan se advierte que por auto dictado el doce de abril de dos mil dieciocho, por el juez responsable dentro de los autos de juicio de origen se decretó convivencias entre David Emanuel Alonso Martínez y su menor hija Camila Alonso Rico. Así, a fin de dar cumplimiento a las convivencias decretadas, en el citado auto de doce de abril del año en curso, la autoridad responsable emitió el proveído reclamado de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, en el que para que se lleven a cabo tales convivencias se ordenó al actuario adscrito al Juez responsable para que se constituya en compañía de David Emanuel Alonso Martínez, en el domicilio de depósito de la menor Camila Alonso Rico, a fin de que verificar que la actora hace entrega de la menor a su progenitor, a efecto de realizar las convivencias entre éstos. En ese contexto, de lo anterior se desprende que el acto reclamado que se analiza en el presente juicio (auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho), no es más que una consecuencia del proveído de doce de abril del presente año, en el que se fijó convivencias entre David Emanuel Alonso Martínez y su menor hija Camila Alonso Rico, puesto que en el primero de los autos mencionados a fin de que se lleven a cabo tales convivencias se ordenó al actuario adscrito al Juez responsable para que se constituya en compañía de David Emanuel Alonso Martínez, en el domicilio de depósito de la menor Camila Alonso Rico, para verificar que la actora hace entrega de la menor a su progenitor, a efecto de realizar las convivencias entre éstos. Por tanto, el proveído reclamado de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no es más que una consecuencia directa e inmediata del diverso proveído de doce de abril del año en curso, en el que se decretaron convivencias entre David Emanuel Alonso Martínez y su menor hija Camila Alonso Rico. En ese sentido, si la parte quejosa omitió impugnar a través del juicio de amparo el auto de doce de abril del presente año, mediante el cual se decretaron las convivencias entre David Emanuel Alonso Martínez y su menor hija Camila Alonso Rico, esto es, al no promover diverso juicio de amparo contra tal proveído, que inclusive a la fecha de presentación de la demanda de amparo origen de este asunto, ya sería extemporánea su presentación, debe considerarse también como consentida su ejecución, requerida por auto de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho; lo anterior, porque es una consecuencia directa del diverso proveído de doce de abril pasado. En esas condiciones, si la parte quejosa consintió el auto de doce de abril del presente año, mediante el cual se decretaron convivencias entre David Emanuel Alonso Martínez y su menor hija Camila Alonso Rico, al no haber sido combatido en su oportunidad, mediante diverso juicio de amparo, y al ser el acto reclamado materia de análisis del presente juicio, una consecuencia de aquél, es inconcuso que opera la causal de improcedencia invocada, que da lugar a desechar la demanda de garantías respecto del acto reclamado consistente en: El acuerdo de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el cuaderno incidental número 501/2018, dentro del expediente 1121/2017, del índice del Juez Tercero de Primera Instancia Civil en San Juan del Río, Querétaro, por el que a fin de constatar que las convivencias decretadas en auto de doce de abril del año en curso, se lleven a cabo la Juez responsable ordenó al actuario de su adscripción para que se constituya en compañía de David Emanuel Alonso Martínez, en el domicilio de depósito de la menor Camila Alonso Rico, a fin de que verificar que la actora hace entrega de la menor a su progenitor, a efecto de realizar las convivencias entre éstos (decretadas en auto de doce de abril pasado). Ello, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos la Ley de Amparo y las tesis con números de registro 202345, 230859 y 232011 antes trascritas. En la inteligencia de que si bien en el proveído reclamado de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, se apercibe a la quejosa Yanine Rico Camacho, con la imposición de una multa en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado, lo cierto es, que tal acto se materializará y le causará perjuicio hasta que se haga efectivo tal apercibimiento. Tampoco, escapa para el suscrito el hecho de que la quejosa promueva el presente juicio, tanto por su propio derecho como en representación de su menor hija Camila Alonso Rico, en razón de que lo que conoce como persona física también lo conoce con el carácter de representante de la citada menor. Asimismo, no trasciende el sentido de este fallo, el hecho de que la parte quejosa señale que planteó incidente de oposición a la medida cautelar (convivencias) decretadas en el auto de doce de abril pasado; dado que en todo caso una vez que se resuelva tal incidencia, estará en condiciones de impugnar a través del juicio de amparo la resolución con la que concluya el citado incidente de oposición. Sirve de apoyo la tesis de Jurisprudencia número XXI.1o J/7, de Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 686, Tomo VI, Octubre de 1997, Novena época, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta del Rubro y Texto siguientes: "REPRESENTANTES LEGALES. NO PUEDEN IGNORAR, CON TAL CARÁCTER, LO QUE CONOCEN EN LO PERSONAL. Si en autos se encuentra acreditado que el apoderado de la empresa recurrente, misma que se ostentó como tercero extraño en el juicio de garantías, conoció los actos reclamados por haber sido demandado en el sumario del que emanan aquéllos, es ilógico que lo que sabe como persona física lo ignore como representante legal." En esas condiciones al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217, ambos de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso precepto 113 del propio ordenamiento, lo procedente es desechar de plano la demanda de garantías promovida por Yanine Rico Camacho, por sí y en representación de su menor hija Camila Alonso Rico.

  4. Principal

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