Yaniel Hernández Sigaray y Otros.

Expediente 505/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 23 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
505/2022
Año
2022
Actuaciones
23
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Yaniel Hernández Sigaray y Otros.
  • Juan Peña Hernández y Otros.
  • Raúl Sigaray Ramírez y Otros.
  • Juan Peña Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio 2833/2023, del índice de este Juzgado y sobre vacío anexo, dirigido a la autoridad responsable Subdirector de área, responsable de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, que devuelve el Administrador de Correos, con la leyenda: "Desconocido en el domicilio que cita". En relación a lo anterior, únicamente agréguese a los autos dicha comunicación, reservándose de proveer al respecto, toda vez que en auto de siete de febrero del año en curso, se suspendido por un año el presente asunto.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, quince de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el pedimento ministerial, signado por la Agente del Ministerio Público Federal Adscrita, por medio del cual informa la solicitud realizada al Fiscal General del Estado, a efecto que se inicie la indagatoria correspondiente por la comisión de un delito en términos del artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; al efecto, se toma nota de lo manifestado por la Representante Social de la adscripción y agréguese para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal que guardan los presentes autos, y tomando en consideración que hasta la presente fecha no se logró la ratificación de los quejosos Camilo Hernández Sigaray, Raydel Sigaray Ramírez, Yasiel Peña Hernandez e Ivan Socarras Carmenates, respecto a la ratificación de demanda presentada a su favor. Ahora bien, cabe precisar que los promoventes de la acción Constitucional (Yaniel Hernández Sigaray, Raúl Sigaray Ramírez, Juan Peña Hernández y Juan José Socorras Carmenates), en representación de Camilo Hernández Sigaray, Raydel Sigaray Ramírez, Yasiel Peña Hernandez e Ivan Socarras Carmenates, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Director y/o Delegado de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad. El acto reclamado que la parte quejosa, señaló en su libelo constitucional, se hizo consistir en lo siguiente: ".La orden de detención desaparición forzada, tortura y deportación." En esencia, de la lectura integral de la demanda, se evidencia que los impetrantes de la acción constitucional, reclamaron la tortura, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, al obtenerse que los agraviados directos se encontraban detenidos sin razón alguna en el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, en auto de catorce de abril de dos mil veintidós, se concedió de inmediato la suspensión de plano y se les informó a las autoridades señaladas como responsables, Director o Delegado de la Estación Migratoria Nacional Sigo XXI con sede en esta ciudad y otra autoridad. Asimismo, se requirió a las citadas autoridades responsables para que en caso de que los citados quejosos no se encontraran bajo su resguardo, mismas que oportunamente informaron no tenerlos. Por otro lado, se ordenó a la actuaria adscrita a este Juzgado, se avocara a la búsqueda de los impetrantes de garantías, a efecto de obtener la ratificación correspondiente, misma que no aconteció por falta de localización de los directos agraviados de Camilo Hernández Sigaray, Raydel Sigaray Ramírez, Yasiel Peña Hernandez e Iván Socarras Carmenates, como lo hizo constar el fedatario en la razón actuarial de catorce de abril de dos mil veintidós. Razón por la cual se implementaron las medidas necesarias para dar con el paradero de los referidos quejosos, girándose oficio al Superior Jerárquico, Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México; por lo que en oficio INM7ORCHIS/DEM/2665/2022, Signado por el Representante Local, Encargado de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, con residencia en Tapachula, Chiapas, donde informa que mediante oficio INM/ORCHIS/JUR/9831/2022, se solicitó la salida de la Estación Migratoria Siglo XXI, por lo que actualmente no se sabe del paradero de los quejosos. Así, con las actuaciones anteriores, este Juzgado Federal agota las medidas necesarias para obtener la ratificación de la demanda que es materia del presente asunto. Ahora bien, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda sobre el trámite del presente asunto, debe considerarse primeramente lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado. Una vez lograda la comparecencia, se requerirá al agraviado para que dentro del término de tres días ratifique la demanda de amparo. Si éste la ratifica por sí o por medio de su representante se tramitará el juicio; de lo contrario se tendrá por no presentada la demanda y quedarán sin efecto las providencias dictadas. Si a pesar de las medidas tomadas por el órgano jurisdiccional de amparo no se logra la comparecencia del agraviado, resolverá la suspensión definitiva, ordenará suspender el procedimiento en lo principal y se harán los hechos del conocimiento del Ministerio Público de la Federación. En caso de que éste sea autoridad responsable, se hará del conocimiento al Procurador General de la República. Cuando haya solicitud expresa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, se remitirá copia certificada de lo actuado en estos casos. Transcurrido un año sin que nadie se apersone en el juicio, se tendrá por no interpuesta la demanda." Del precepto anterior se desprende que si el Juez adoptó todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los directos quejosos, a fin de que ratificaran la demanda de garantías presentada en su nombre, sin que se haya logrado, ante la imposibilidad de entrar al fondo del asunto por falta de voluntad expresa para la continuación del juicio de garantías, el Juez de Distrito, previo pronunciamiento sobre la suspensión de plano, suspenderá el procedimiento del juicio principal y denunciará los hechos al Ministerio Público para que en ejercicio de sus facultades investigue lo conducente. Por lo que, de no lograrse la comparecencia de los quejosos o de quien lo represente, el juicio de amparo se archivará provisionalmente en espera de que éste o su representante legal acuda al juzgado para los efectos precisados, y si no lo hace en un año, la demanda se tendrá por no interpuesta y se archivará en definitiva. Así pues, si los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo tienden directamente a proteger valores esenciales del gobernado, frente a determinaciones de autoridad que, por sí mismas, resultan contrarias al mandato constitucional; de modo que, atendiendo a la naturaleza de tal afectación, se ha procurado y facilitado el acceso a la Justicia Federal a través de cualquier persona, incluso menor de edad, cuidando que el Juez de Distrito realice los actos necesarios para conseguir la comparecencia del agraviado para que ratifique la demanda y en caso de no lograr tal comparecencia suspenda el procedimiento principal, haga la denuncia correspondiente a la representación social y después de transcurrido el plazo de una año, sin que alguien se apersone, se tendrá por no interpuesta la demanda en cuestión. Por su parte los artículos 21, primer párrafo y 102, apartado A, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, respectivamente, establecen: "Artículo 21. La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. Compete a la autoridad administrativa la aplicación de sanciones por las infracciones de los reglamentos gubernativos y de policía, las que únicamente consistirán en multa o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor no pagare la multa que se le hubiese impuesto, se permutará ésta por el arresto correspondiente, que no excederá en ningún caso de treinta y seis horas." "Artículo 102. A. Incumbe al Ministerio Público de la Federación, la persecución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la administración de justicia sea pronta y expedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los negocios que la ley determine." De lo anterior, se obtiene que la institución del Ministerio Público, al tener conocimiento de la existencia de un hecho delictuoso, tiene la obligación de practicar todas las actuaciones que sean necesarias para allegarse los mayores datos posibles y estar en aptitud de consignar las diligencias a la autoridad judicial correspondiente, máxime cuando se trata de delitos perseguibles de oficio; por consiguiente, la obtención de copias certificadas de las actuaciones practicadas en un juicio, a solicitud del agente del Ministerio Público adscrito al juzgado, para remitirlas a su homologo (agente del Ministerio Público investigador), a fin de que este último integre la averiguación correspondiente, está dentro de las facultades que le otorga el artículo 21 constitucional. En ese sentido, y toda vez que esta autoridad federal agotó las medidas necesarias para lograr la comparecencia de los directos agraviados Camilo Hernández Sigaray, Raydel Sigaray Ramírez, Yasiel Peña Hernandez e Iván Socarras Carmenates, a efecto de que ratificaran la demanda, presentada el catorce de abril de dos mil veintidós, sin que se haya obtenido su localización o paradero; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Amparo vigente, SE SUSPENDE EL PROCEDIMIENTO EN EL PRESENTE JUICIO POR EL TÉRMINO DE UN AÑO, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Por lo que, una vez transcurrido el término indicado en el párrafo anterior, sin que nadie se apersone en el presente juicio en representación del agraviado, se tendrá por no interpuesta la demanda de garantías. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete, para que en ejercicio de sus facultades proceda al trámite que corresponda e investigue los hechos suscitados, en términos del artículo 21 Constitucional. NOTIFÍQUESE. Así lo provee y firman de manera electrónica, el licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, quien actúa con el licenciado José Daniel Serrano Meléndez, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por el Representante Local Encargado de la Dirección de la Estación Migratoria Siglo XXI, adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, residente en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual informa el paradero de los ahora quejosos; tomando en consideración que en proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintidós se proveyó lo conducente.

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