Yanette Zamudio Martínez
Expediente 376/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/09/2018
Partes del expediente
- Yanette Zamudio Martínez
- Tribunal Unitario Agrario, Distrito 45 de Ensenada
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ensenada, Baja California, dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Unitario Agrario Distrito 45, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se encuentra en espera de lo resuelto por este órgano jurisdiccional en el juicio de amparo en que se actúa. En atención a lo anterior, infórmese a la autoridad oficiante que en el presente asunto el once de septiembre de dos mil diecisiete, se desechó de plano la demanda promovida por *********, por haberse actualizado de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, y en veinticinco del mismo mes y año, quedó firme dicha determinación, envíese copia certificada de las constancias que acreditan tal circunstancia. Notifíquese.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa Yanette Zamudio Martínez, el auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecisiete, dictado en el Juicio de Amparo 376/2017-III-A, en cumplimiento al diverso proveído de once de septiembre de dos mil diecisiete, dictado dentro del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de la materia, que dice: Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo de cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de septiembre de dos mil diecisiete, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Ensenada, Baja California, once de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa, para que desahogara la prevención formulada en proveído de diez de agosto de dos mil diecisiete, sin que hiciera alguna manifestación al respecto; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en comento y, consecuentemente se provee: DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. En ese tenor, cabe precisar que si bien es cierto la quejosa señala como acto reclamado el auto de doce de mayo de dos mil diecisiete, en el cual se desecharon por improcedentes diversas pruebas, lo cierto es que se advierte que el auto que reclama es en realidad el de once del mismo mes y año, pues es en él donde la autoridad responsable se pronunció respecto de los medios de prueba de los que se duele el promovente, tal y como se aprecia de la constancia que obra agregada a foja 31 de autos. Por tanto para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable. El primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, y el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que se despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales que alega le fueron violadas. Esto es, que se deje insubsistente dicha actuación, que se haga en forma total e incondicional, y que con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del agraviado. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, la actuación posterior debe equiparse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de rubro y texto que se transcriben: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Asimismo, debe añadirse que no es suficiente que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en el acuerdo de once de mayo de dos mil diecisiete, donde el A-Quo determinó reservar la admisión de las pruebas señaladas como 5, 6, 7 y 8 del escrito de contestación a la demanda de la aquí promovente en el tenor literal siguiente: ".SEGUNDO.- En cuanto a lo solicitado por la ocursante, se le recuerda que en audiencia de veinte de febrero de dos mil siete, en cuanto a las pruebas documentales que obran en autos, se determinó: ".DOCUMENTALES.- Se admiten todas las pruebas documentales exhibidas en autos, incluyendo las presentadas en esta audiencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza, las que serán valoradas al emitirse sentencia.---ñ Con fundamento en los artículos 66 y 142 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se pone a la vista de las partes, incluyendo tercero con interés, todos los documentos que obran en autos, incluyendo los presentado (sic) en esta audiencia, para que en un plazo de tres días hábiles manifiesten lo que a si interés corresponda."; por lo que en la continuación de la audiencia programada para las nueve horas del dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, deberá hacer la aclaración pertinente respecto de la petición que nos ocupa, a fin de proveer lo que en derecho corresponda." Así, de las constancias que obran en autos mismas que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia lo siguiente: El Tribunal Unitario Agrario Distrito Cuarenta y Cinco, mediante audiencia de dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, acordó: ".Con base a lo indicado en acuerdo de once de mayo de dos mil diecisiete, relativo al escrito firmado por Yanette Zamudio Martínez, recibido con el folio 1858, se le pregunta si desea formular alguna aclaración con respecto al mismo y con la asistencia de sus asesores dice: "Aclaro que los documentos a que me refiero con los números 5, 6, 7 y 8 del escrito en comento, obran a fojas 85, 86, 129 y de la 108 a la 114 de autos, las que estimo se deberán considerar al emitir sentencia por obrar en autos, conforme a lo dispuesto en el artículo 189 de la Ley Agraria. ACUERDO.- Por hecha la aclaración referida en los términos expuestos y como ha quedad transcrita y con relación a ello, se recuerda a YANETTE ZAMUDIO MARTÍNEZ, que en el (sic) audiencia de veinte de febrero de dos mil diecisiete, este Tribunal determinó respecto a las pruebas documentales lo siguiente: DOCUMENTALES.- Se admiten todas las pruebas documentales exhibidas en autos, incluyendo las presentadas en esta audiencia, mismas que se desahogan por su propia y especial naturaleza las que serán valoradas al emitirse sentencia.". En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos de los actos materia de la litis constitucional, pues de las constancias que obran en autos, se aprecia que se admitieron las pruebas de las cuales la quejosa manifestaba le habían sido desechadas por improcedentes. En consecuencia, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, y el artículo 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, por tanto con fundamento en el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano la demanda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Finalmente, de la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el plazo concedido a la quejosa en proveído de diez de agosto del actual para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, por tanto se le hace efectivo el apercibimiento hecho en el citado auto, hágase la notificación del presente proveído, por lista, así como las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo.
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