Yaneth Berenice Villaseñor López
Expediente 712/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 712/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 31/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yaneth Berenice Villaseñor López y Otros.
- Yaneth Berenice Villaseñor López
- Alejandro Manríquez González fiador carcelario de Y.B.V.L.
- Juez de Primera Instancia en Materia Penal de Tacambaro, Michoacán.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese para que obre únicamente como constancia el oficio suscrito por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, toda vez que el mismo se tuvo por recibido mediante auto de diecinueve de octubre del año en curso. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargada del despacho por licencia oficial del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistida del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Como se ordena en proveído de fecha diecinueve de octubre del año en curso se notifica por medio de lista a la parte quejosa la sentencia de fecha 15 de octubre de 2018 que en síntesis dice: "...se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Manríquez González, por propio derecho, en contra del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe..."
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, agréguese sin mayor pronunciamiento el oficio signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Estado de Michoacán, con residencia en Tacámbaro, en virtud de que en sentencia dictada el quince de octubre del año en curso, se sobreseyó el presente juicio. Ahora bien, de la razón que antecede se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario para notificar de forma personal a la parte quejosa la sentencia de quince de octubre del año en curso, por los motivos expuestos en la misma; en esa virtud, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal por medio de lista que se publique en los estrados de este juzgado. Se comisiona al actuario tome nota de lo anterior, para realizar las notificaciones subsecuentes. Notifíquese por lista y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 712/2018, promovido por Alejandro Manríquez González, por propio derecho; y, RESULTANDOS: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de junio de dos mil dieciocho, ante el Juzgado de Primera Instancia en Materia penal, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, Alejandro Manríquez González, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal (en la vía directa), contra actos que estimó violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución; razón por la cual, mediante oficio de veinte de junio de la anualidad que transcurre, el juez responsable remitió los autos al Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad. Segundo. Mediante proveído de ocho de agosto de dos mil dieciocho, el citado Tribunal, declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto, al considerar que el acto reclamado no se encuentra en alguno de los supuestos de procedencia del amparo directo; de ahí que ordenó la remisión de la demanda y sus anexos al Juez de Distrito en turno, con sede en esta ciudad. Tercero. Admisión de la demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde en proveído de veintisiete de agosto de dos mil dieciocho, la admitió; se ordenó dar vista a las partes con el informe rendido por las autoridades responsables; dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se convalidó el emplazamiento de los terceros interesados; y finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional por lo que ahora se procede a dictar sentencia, al tenor de los siguientes: CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que tienen su residencia dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, apreciada íntegramente la demanda que dio origen al juicio de amparo de que se trata, promovido por Alejandro Manríquez González, por propio derecho, se advierte que el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia penal del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán, consiste substancialmente en: El acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, pronunciado en los autos que integran la causa penal 3/2012, instruido a Yaneth Berenice Villaseñor López, por el delito de fraude específico. Tercero. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Penal, con residencia en Tacámbaro, Michoacán, por así manifestarlo al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso penal 3/2012, probanzas que alcanzan valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Luego, se tienen por ciertos los actos reclamados a las citadas autoridades responsables. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Cuarto. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En ese sentido, este juzgador de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXII, de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado consistente en el acuerdo de seis de junio de dos mil dieciocho, pronunciado en los autos que integran la causa penal 3/2012, instruido a Yaneth Berenice Villaseñor López, por el delito de fraude específico, en la que, atento a su solicitud en relación a que se retirara la garantía inmobiliaria que exhibió como fiador carcelario, se determinó que se estuviera a lo resuelto en el noveno considerando de la sentencia definitiva, donde se resolvió en relación a dicha petición. Luego, a efecto de exponer las razones por las cuales se concluye en ese sentido, se estima conveniente citar el artículo de la Ley de Amparo, que es aplicable al caso: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Del anterior precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. En este supuesto, la improcedencia deviene de un hecho extraordinario que no depende de la autoridad responsable, y que motiva que el objeto sobre el cual el acto reclamado debe subsistir, desaparezca, por lo que ya no es dable que el acto lesione a la parte quejosa. Situación ésta que ocurre en el caso, debido a que si bien legalmente subsiste el acto reclamado, sus consecuencias ya no surten efecto legal alguno, con motivo de la resolución pronunciada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, emitida por la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo tribunal de Justicia del estado de Michoacán. Se dice de este modo, toda vez que de las constancias que derivan de la causa penal de donde deriva el acto reclamado, se advierte en lo conducente que: Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil dieciocho, el quejoso Alejandro Manríquez González, renunció al cargo de fiador carcelario de la indiciada Yaneth Berenice Villaseñor López, y por ende, solicitó se retirara la garantía inmobiliaria de su propiedad con la que garantizó la fianza y la reparación del daño. En respuesta a lo anterior, el tres de abril de la anualidad que transcurre, el juez responsable acordó que no ha lugar a tenerlo renunciando al cargo, ya que de conformidad con el artículo 508, fracción VI, del Código de Procedimientos Penales del Estado, sólo está contemplado el relevo, además que dicho aspecto sería analizado en sentencia definitiva (foja 869 del Tomo II de los cuadernos de pruebas). El veinticinco de abril de la anualidad que transcurre, el juez natural emitió sentencia definitiva, en la que en el considerando noveno se determinó: "NOVENO: [petición del fiador]. Conforme a lo solicitado por el fiador carcelario de la acusada Yaneth Berenice Villaseñor López, dígasele que una vez que cause estado el presente fallo, se resolverá sobre la liberación del gravamen que se dejó a efecto de cumplir con los requisitos de la libertad provisional bajo caución". Así, mediante ocurso presentado el seis de junio siguiente, el peticionario de amparo, insistió en renunciar al cargo de fiador, y solicitó de nueva cuenta retirar la garantía inmobiliaria que exhibió para tal efecto. En razón de lo anterior, el juez responsable emitió el acuerdo de seis de junio del presente año, que es del tenor literal siguiente: ".Téngase por recibido el escrito que suscribe Alejandro Manríquez González, con el carácter de fiador carcelario que tiene reconocido dentro de los autos que integran el proceso penal número 3/2012, que se instruye en contra de Yaneth Berenice Villaseñor López, por la comisión del delito de fraude específico, en agravio de Bertha Estela Pérez Ayala, dígasele al fiador carcelario que se esté a lo resuelto en el noveno considerando de la sentencia definitiva, donde se resolvió la petición que nuevamente formula. La anterior resolución constituye la materia del acto reclamado en esta instancia constitucional. El doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, resolvió el recurso de apelación interpuesto por la acusada y su defensor en contra de la sentencia definitiva, en la que la revocó y ordenó reponer el procedimiento de primera instancia, a partir del veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante el cual el juez dictó sentencia definitiva, que ahora dejaba insubsistente, para que dentro del término de ley, únicamente pronunciaras, con plenitud de jurisdicción, el fallo definitivo correspondiente. De lo anterior se observa, que la Magistrada de la Octava Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, revocó la sentencia definitiva dictada en la causa penal, respecto de la cual el juez natural, al emitir el proveído reclamado remitió al quejoso. Lo anterior, conduce a sostener que en la especie se actualizada la causal de improcedencia precisada, porque aun cuando subsiste la determinación por la que se le dijo que se estuviera a lo resuelto en el considerando noveno de la sentencia definitiva; la misma no surtirá efecto legal ni material, porque dicho fallo quedó insubsistente, de conformidad con la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada. Es decir, no obstante la subsistencia del auto reclamado, lo cierto es que ya no surte efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto, en virtud que, al dejarse insubsistente la sentencia definitiva en donde se pronunció al respecto, aun y cuando se determinara que éste es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituirlo en el goce del derecho que se estime violado, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Consecuentemente, la resolución reclamada, no puede ser materia de pronunciamiento en este juicio de amparo, al dejar de existir el objeto o materia de la misma, pues ya no impacta ni impactará en la esfera jurídica de la parte quejosa, por lo que no sería posible restituirlo en el goce del derecho vulnerado; pues ello será materia, en dado caso, de la nueva sentencia que se llegue a dictar en el proceso de donde deriva el acto reclamado. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189, con número de registro 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Apoya a lo anterior, la tesis emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Agosto de 2011, Pág. 1363, con número de registro 161301 que reza: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA LA CAUSA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVII, DE LA LEY DE LA MATERIA CUANDO ES IMPOSIBLE REPONER LOS AUTOS EXTRAVIADOS DEL JUICIO ORDINARIO QUE ORIGINARON LOS ACTOS RECLAMADOS Y NO SE APORTÓ TESTIMONIO DE LAS CONSTANCIAS NECESARIAS PARA SU ANÁLISIS. El objeto del artículo 80 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es la satisfacción restitutoria de la garantía individual que se estima violada. Por otra parte, el precepto 73, fracción XVII, de dicho ordenamiento establece que el juicio de amparo es improcedente cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno. Ahora bien, si al promoverse una demanda de amparo los autos del juicio ordinario que originan los actos reclamados se extraviaron y no se aportó testimonio de las constancias necesarias para su análisis, aun cuando el a quo cumplió con la obligación que le impone el artículo 78 de la invocada ley, requiriendo oficiosamente las citadas constancias, lo cual dio origen al incidente de reposición de autos, sin que se haya logrado debido a factores externos, imprevisibles o ajenos a su control y no a omisiones culposas o dolosas, resulta inconcuso que tal situación provoca que no se conozcan las consideraciones o los fundamentos legales que tuvo la autoridad responsable al emitir su fallo. Lo que origina una dispensa de cumplir con el objetivo de satisfacer la garantía individual que se estime violada y, por ende, la improcedencia del amparo, al existir imposibilidad jurídica y material para resolver el fondo del asunto en apego a los preceptos indicados, precisamente al subsistir el acto reclamado y existir impedimento para que surta efecto legal o material alguno, aunado a que si éste no es inconstitucional en sí mismo, entonces los conceptos de violación alegados por el quejoso no pueden por sí mismos acreditar la inconstitucionalidad alegada." Consecuentemente, como en la especie se actualiza la causa de improcedencia que prevista por el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, con apoyo además, en el dispositivo 63, fracción V, de la invocada ley, se sobresee en el presente juicio de amparo, respecto del acto atribuido al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tacámbaro, Michoacán En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de garantías, según criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia 509, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 335, tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Quinto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alejandro Manríquez González, por propio derecho, en contra del acto reclamado a las autoridades señaladas como responsables, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy quince de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
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