Yaneth Alejandra Torres Medina
Expediente 2032/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2032/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- Yaneth Alejandra Torres Medina
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese a sus autos el libelo de cuenta para los efectos legales correspondientes, mediante el cual la delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informa haber realizado la entrega a la quejosa del cheque número 0001069, valioso por la cantidad inserta en el mismo, acatando con ello la sentencia protectora del amparo. Consecuentemente, agréguese únicamente a sus autos la misiva y anexo que se acompaña, para que obren como corresponda, toda vez que por auto de treinta y uno de diciembre del año próximo pasado (fojas 73 a 77), se realizó pronunciamiento sobre el acatamiento a la sentencia concesoria del amparo, observándose que se tuvo a las autoridades responsables dando cumplimiento a la misma y como consecuencia a ello, se ordenó el archivo definitivo del presente sumario constitucional. NOTIFÍQUESE.
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el siete de diciembre del año en curso (fojas 69 y 70), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diez de diciembre del año actual, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y sus anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 47 a 62), se determinó conceder a la parte quejosa Yaneth Alejandra Torres Medina, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de $7,074.40 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público 18,508, emitido por el Notario Público número Veintiocho, con residencia en Xalisco, Nayarit , que se pagó el trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la peticionaria de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $7,074.40 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público, así como de préstamo hipotecario, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el trece de septiembre de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 69 y 70), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0001000, a nombre de la quejosa Yaneth Alejandra Torres Medina, por la cantidad de $6,858.50 pesos; sin que se advierta de autos que la promovente del amparo lo hubiera recogido, aún y cuando fue notificada del acuerdo de diez de diciembre del año en que se actúa, donde se le daba vista con la misiva y anexo de previa cita, así como para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $7,074.40 pesos, menos la suma de $280.00 pesos, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $6,794.40 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $6,794.40 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de septiembre de dos mil dieciocho y el seis de diciembre de dicha anualidad, se efectúo la devolución a la parte quejosa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de octubre del mismo año; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492; y para el mes de octubre del año en curso de 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00943. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $6,794.40 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $6,858.47 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $6,794.40 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $64.07 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,858.50 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $6,858.47 pesos; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $6,858.50 pesos, es decir, le entregaron $0.3 tres centavos de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice lo anterior, que la parte quejosa no hubiera recogido el cheque de que se trata, irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, contrario a la parte quejosa que no ha mostrado interés por que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición el título nominativo correspondiente a favor de la promovente, sin que pueda ser cancelado al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: ** Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
** TEPIC, NAYARIT, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio y anexo recibido en la Oficialía de Partes de este órgano jurisdiccional, el siete de diciembre del año en curso (fojas 69 y 70), la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, indicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de diez de diciembre del año actual, se dio vista a la parte quejosa con el referido oficio y sus anexos, para que manifestara lo que a sus intereses legales conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el referido numeral 196, segundo párrafo de la Ley en comento, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintinueve de octubre de dos mil dieciocho (fojas 47 a 62), se determinó conceder a la parte quejosa Yaneth Alejandra Torres Medina, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "[.] 1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el arábigo 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva al quejoso la cantidad de $7,074.40 pesos, por concepto de inscripción de documento público o privado, préstamo hipotecario, fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, cantidad pagada por el justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó, relativos al instrumento público 18,508, emitido por el Notario Público número Veintiocho, con residencia en Xalisco, Nayarit , que se pagó el trece de septiembre de dos mil dieciocho. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que la quejosa deje de pagar la tarifa que le fue aplicada, sin relevarla de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. [.] 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. [.]" De lo transcrito se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable aludida en párrafos que anteceden, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no apliquen a la peticionaria de garantías en el presente ni en el futuro el mencionado precepto legal; y B) Devolverle el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 pesos, respecto de la cantidad de $7,074.40 pesos, por los conceptos de inscripción de documento público, así como de préstamo hipotecario, además de las diversas percepciones de "Fomento a la Educación", "Asistencia Social" e "Impuesto para la Universidad Autónoma de Nayarit", que se pagó el trece de septiembre de dos mil dieciocho; las cuales debían ser actualizadas en términos de la ejecutoria de que se trata. En cumplimiento a ello, mediante oficio presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el siete de diciembre de dos mil dieciocho (foja 69 y 70), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, adjuntó copia del cheque número 0001000, a nombre de la quejosa Yaneth Alejandra Torres Medina, por la cantidad de $6,858.50 pesos; sin que se advierta de autos que la promovente del amparo lo hubiera recogido, aún y cuando fue notificada del acuerdo de diez de diciembre del año en que se actúa, donde se le daba vista con la misiva y anexo de previa cita, así como para que manifestara lo conducente al cumplimiento dado por la responsable, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que la parte quejosa al momento de realizar el trámite respectivo origen del acto reclamado, erogó la cantidad total de $7,074.40 pesos, menos la suma de $280.00 pesos, que corresponde a cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, da como resultado un total $6,794.40 pesos, cantidad sobre la cual la responsable debía de devolver debidamente actualizada. En ese tenor, tenemos que el monto de $6,794.40 pesos, numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de septiembre de dos mil dieciocho y el seis de diciembre de dicha anualidad, se efectúo la devolución a la parte quejosa. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de agosto de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de octubre del mismo año; esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de agosto de dos mil dieciocho fue de 100.492; y para el mes de octubre del año en curso de 101.440. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00943. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad a devolver $6,794.40 pesos, se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $6,858.47 pesos; luego, al restar a la cantidad de previa mención, la diversa correspondiente a devolver $6,794.40 pesos, se desprende que el monto que corresponde al concepto de actualización es de $64.07 pesos. Así de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, devolvió a la quejosa la cantidad total de $6,858.50 pesos, por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su debida actualización. No pasa inadvertido que el monto que se debía devolver al quejoso era de $6,858.47 pesos; sin embargo, se le reintegró la diversa cantidad de $6,858.50 pesos, es decir, le entregaron $0.3 tres centavos de más, pero dicha variante no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la quejosa a fin de devolverla, así como los que efectúe la autoridad responsable para obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de obtener el numerario referido. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la aludida agraviada en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice lo anterior, que la parte quejosa no hubiera recogido el cheque de que se trata, irrelevante para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues, en el caso el ente responsable ha mostrado su disposición para dar cumplimiento al requerimiento efectuado, contrario a la parte quejosa que no ha mostrado interés por que la sentencia de amparo quede debidamente cumplida; consecuentemente, este órgano jurisdiccional declara cumplida la ejecutoria de amparo; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición el título nominativo correspondiente a favor de la promovente, sin que pueda ser cancelado al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Sirve de apoyo a lo anterior por analogía, la Tesis Aislada número III.3º. A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, publicada en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, Mayo de dos mil cinco, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señala: ** Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIEZ DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el ocurso signado por el quejoso *** y en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo por disposición de su arábigo 2º, se autoriza a su costa la expedición de las copias simples que solicita, previa identificación y constancia que de recibo deje en autos el promovente o cualesquiera de los autorizados para tal efecto.
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