Yanet Tellez Pelaez

Expediente 1172/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 9 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1172/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Yanet Tellez Pelaez
  • Edro Guerra Machado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. PROMOCIONES CON FOLIO 19528 Y 19437. Agréguense con vista a las partes en el juicio de amparo en que se actúa el informe justificado rendido por duplicado por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; y dese nueva cuenta con los mismos en la audiencia constitucional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Sin pasar desapercibido que la potestad responsable, cita el nombre de la quejosa ***, como ***, toda vez que de las constancias que remite, se advierte su nombre correcto. PRUEBAS. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que anexa, prueba que se admite y desahoga dada su especial y propia naturaleza, sin perjuicio que se haga relación de ella en la audiencia constitucional. AUTORIZADOS. Con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita. DOMICILIO. Ahora bien, respecto del domicilio procesal que señala, no ha lugar a tenerlo por designado en virtud que, la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. MEDIOS ELECTRÓNICOS. En ese contexto, como lo peticiona a fin de que pueda obtener las constancias de manera ágil e inmediata, se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de las mismas. Da sustento a lo anterior, el criterio emitido por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en la tesis 1.130.T.15K(10a.). publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, agosto de dos mil catorce, página 1560, registro digital 2007298, del rubro siguiente: "ACTUACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. LASPARTES PUEDEN IMPONERSE DE ELLAS Y NO SÓLO DE LOS ACUERDOS DICTADOS EN LOS EXPEDIENTES QUE SE TRAMITAN EN LOS JUZGADOS DE DISTRITO Y TRIBUNALES DE CIRCUITO, MEDIANTE EL USO DE CAMARAS, GRABADORAS O LECTORES ÓPTICOS (INTERPRETACIÓN EXTENSIVA DE LA CIRCULAR 12/2009, DE 18 DE MARZO DE 2009, EMITIDA POR EL SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL) (...)." INFORMACIÓN CLASIFICADA. Por otro lado, no pasa desapercibido lo manifestado por la autoridad oficiante, relativo a los datos que refiere sensibles plasmados en el oficio de cuenta; sin embargo, no se advierte algún dato que requiera de especial trato, pero a pesar de ello, la información proporcionada se atenderá con la debida formalidad y en los términos que establecen los artículos 1, 5, 6, 8, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; aunado a que el uso de la información proporcionada solo es del conocimiento de las partes que intervienen en este sumario constitucional y ello se gestiona así, observando los lineamientos que establecen los preceptos normativos previamente invocados. PROMOCIONES CON FOLIO 19438 y 19529. De igual forma, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se tiene por recibido por duplicado el oficio signado electrónicamente por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con residencia en la Ciudad de México, en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 78 y 80), aduce remitir copias certificadas del expediente administrativo de la parte quejosa, sin que las anexe a la misma. Sin perjuicio a lo anterior, que en párrafos que anteceden se tuvieron recibidas las documentales en cuestión, por lo que, se deja sin efectos el apercibimiento de multa con el que se le conminó a la potestad responsable en auto de catorce de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 78 y 80). SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. Ahora, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a la autoridad responsable Titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados ***, con residencia en esta ciudad, consistentes en: (...) Así, los actos señalados en los incisos 1), 2) y 3) llevan aparejados, que se regularice su situación migratoria, se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y gocen plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. Se afirma de esa manera, porque el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una reforma al Instructivo Normativo para la Asignación de la Clave Única de Registro de Población, en la cual fueron establecidos nuevos supuestos jurídicos para que los extranjeros puedan adquirir una Clave Única de Registro de Población de carácter temporal, con la finalidad de que accedan a estos sistemas integrados de registro e identificación. En este sentido, se ha añadido como supuesto de asignación de la Clave Única de Registro de Población a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y protección complementaria bajo las siguientes consideraciones: "La CURP se asignará a los extranjeros solicitantes de la condición de refugiado y de protección complementaria, que se encuentren en territorio nacional, posterior a la obtención del documento correspondiente expedido por la COMAR, el cual debe contener una CURP por cada persona que se inscriba en dicho documento y debe estar asociada a la CUR (Clave única de refugiado). La CURP asignada tendrá carácter temporal, por un periodo no mayor a los 180 días naturales, hasta en tanto la COMAR resuelva, a través de la expedición del documento correspondiente, que se reconoce la condición de refugiado o protección complementaria. En este caso, se establecerá el carácter permanente de la CURP una vez que el INM emita el documento migratorio que corresponda." En ese sentido el otorgamiento de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal ha sido destacado por el Estado Mexicano en el Informe Anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, como un logro del gobierno en los compromisos adquiridos, ya que, con este documento, "se facilita el acceso a servicios públicos a las personas solicitantes de la condición de refugiado". Sin embargo, el mismo gobierno reconoció que para maximizar el impacto positivo de la Clave Única de Registro de Población (CURP) temporal, todavía se busca mejorar su expedición a los solicitantes de asilo y extender su cobertura. De esta manera, como parte de los compromisos nacionales del Marco Integral Regional de Protección y Soluciones en el dos mil diecinueve, el Estado mexicano asumió que, el Registro Nacional de Población facilitará la expedición de la Clave Única de Registro de Población temporal a los solicitantes de la condición de refugiado para permitirles el acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros . Argumentos que se sostienen con las consideraciones llevadas a cabo en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, consultable en el Libro 14, junio de 2022, Tomo V, página 4170, registro digital 2024808, cuyo rubro y contenido son del tenor siguiente: "PERSONAS SOLICITANTES DE LA CONDICIÓN DE REFUGIADO. DE LA INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE MIGRACIÓN DERIVA QUE CUENTAN CON EL ACCESO EFECTIVO A LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP) MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO PREVISTO PARA ELLO. (...)." Ahora bien, que por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, las causales de improcedencia y de sobreseimiento que aleguen las partes o se adviertan de oficio deben ser analizadas, por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia que señala: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora bien, respecto de los actos reclamados consistentes en la posible detención y retención con fines de deportación fuera de procedimiento, así como su ejecución, compete a la autoridad responsable Titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, quien al rendir su informe justificado a través del Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, acreditó que son inexistentes los actos reclamados (foja 50). Asimismo, el Representante Local del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, refirió que después de realizar una búsqueda de registro de las personas extranjeras en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias y dentro de las bases de datos y Archivo Migratorio con el que cuenta esa Estación Migratoria Siglo XXI, informó que no encontró registro con motivo de alojamiento de la parte quejosa. Al respecto, cabe destacar que si bien, la negativa de las responsables de mérito, por sí sola, no es determinante para tener por acreditada la inexistencia del acto reclamado, precisado con anterioridad, toda vez que su certeza puede ser demostrada por las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, o incluso apreciada directamente de las constancias de autos; en el caso concreto, no obra medio de convicción del que se advierta la existencia de los actos reclamados en comento atribuidos a esta autoridad. Por lo que, si en efecto, la demostración de las violaciones constitucionales corresponde a la parte quejosa, ya que el que promueve una demanda de amparo, está obligado a establecer mediante el informe de la autoridad, la existencia del acto que reclama y a justificar con pruebas su inconstitucionalidad, de modo que cuando la autoridad responsable lo acepta, la carga de la prueba que corresponde a la parte quejosa, se centrará en la inconstitucionalidad del acto, por el contrario, si la autoridad niega el mismo, la carga de la prueba que recae en el quejoso versará sobre la existencia de los actos reclamados, esto es, desacreditar la negativa vertida por la autoridad y enseguida, la inconstitucionalidad del mismo; por ende, si la parte quejosa fue omisa en desacreditar la negativa de la autoridad señalada como responsable, no proporciona al órgano jurisdiccional materia sobre la cual versa la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de Jurisprudencia VI.2o. J/308, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. (...)." Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, respecto a la posible detención y retención con fines de deportación fuera de procedimiento, así como su ejecución, que se atribuye a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad (en su denominación correcta). Por otra parte, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables Titular de la Oficina de Representación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, consistentes en: (...) Esta Juzgadora de oficio, advierte que se actualiza la causal de improcedencia manifiesta e indudable, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (...)". Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, para lo cual, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma incondicional. Lo anterior es así, porque al cesar los efectos del acto de autoridad reclamado, las cosas deben volver al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido la protección constitucional solicitada como lo dispone el artículo 77, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Cabe destacar que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, ya que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por la concesión de la protección constitucional pedida. Así, respecto de esta causa de improcedencia, se tiene que existen dos hipótesis: a) por revocación y b) por sustitución. La primera se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, mientras que el segundo supuesto consiste en que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo, por lo que para efectos del juicio respecto del primero de los supuestos citados el amparo resulta improcedente. Resulta aplicable por no oponerse a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Junio de 1999, página 38, Novena Época, registro digital 193758, del rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (...).". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En el caso concreto, la parte quejosa, como se mencionó, se duele de la omisión de expedirles la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados; la omisión de otorgarles la Clave Única de Registro de Población ***; y, las solicitudes 239640 y 239634, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, emitidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sin fecha de formalización. Lo cual lleva aparejado que se regularice la situación migratoria de la parte quejosa, para que se le otorgue acceso a servicios estatales de atención de la salud, educación, inscripción al servicio de administración tributaria, así como servicios financieros, acceso al trabajo en el sector formal, entre otros y goce plenamente del derecho a su identidad y libre desarrollo de la personalidad. En esas circunstancias, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se advierte que realizó lo siguiente respecto a los quejosos que a continuación se mencionan: (...) De lo anterior, se aprecia que mediante acuerdos de nueve de octubre de dos mil veintitrés, se previno a la parte quejosa, y por diverso auto de dieciséis de octubre del presente año, se admitió a trámite la solicitud de la condición de refugiado de aquélla. De igual manera, la autoridad responsable emitió en favor de la parte quejosa, la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de condición de refugiado, con la que se le garantiza la no devolución a su país de origen fuera de procedimiento y, además, le generó la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población para Extranjeros; documentales a las que se les otorgó valor probatorio pleno en párrafos que anteceden. Además, de las aludidas constancias se obtiene que se encuentra transcurriendo el plazo de cuarenta y cinco días hábiles para que la responsable emita la resolución con la que culmine el procedimiento de determinación de reconocimiento o no de la condición de refugiado, ello de conformidad con lo previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, así como en los diversos 45 y 47 del Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria. De lo expuesto con antelación, se advierte, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia ya descrita, en consideración que se dio el trámite correspondiente a la solicitud de la parte quejosa, y emitió las constancias de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado (CUR), y la Constancia Temporal de la Clave Única de Registro de Población, en favor de la parte quejosa, circunstancia que se realizó el dieciséis de octubre de dos mil veintitrés; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto (dos de octubre de dos mil veintitrés); por tanto, es evidente que han cesado los efectos de los referidos actos reclamados, toda vez que se admitió a trámite la solicitud de la parte quejosa, misma que culminó. En ese contexto, con el contenido de las documentales anteriormente reseñadas, es dable sostener que con las acciones desplegadas por la autoridad responsable desaparecieron total e incondicionalmente los actos cuya constitucionalidad se combate, en tanto que se admitió a trámite su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y se expidieron las constancias cuya falta de emisión reclamó la parte quejosa, mismas que le fueron entregadas en forma personal. De ese modo, quien hoy resuelve, concluye que lo actuado por la autoridad responsable se equipara a los efectos que produciría la concesión de la protección constitucional, retrotrayendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada que motivó la promoción del juicio de amparo en que se actúa. Luego, de las precisiones realizadas con antelación se concluyó que los actos reclamados consistentes en la omisión de expedirles la constancia de trámite respecto de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiados; la omisión de otorgarles la Clave Única de Registro de Población (CURP); las solicitudes 239640 y 239634, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, emitidas por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sin fecha de formalización, han cesado en sus efectos. En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto por lo que hace a los citados actos reclamados sobreviene la causal de sobreseimiento prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de amparo; por tanto, lo procedente es sobreseer fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J.9/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 196820, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Así como la diversa jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 184572, Novena Época, localizable en el Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- (...)" Robustece lo anterior, la jurisprudencia I.16o.T.7 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2646, con registro digital 2019142, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CUANDO EL MOTIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, ES NOTORIO, MANIFIESTO E INDUDABLE. (...)." Por otra parte, debe decirse que la aplicación de las tesis citadas en el presente proveído, se hace sin desconocer lo que establece el artículo sexto transitorio del Decreto de la Ley de Amparo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en el sentido de que "La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley", pues es evidente que las consideraciones contenidas en dichas tesis de manera alguna contravienen disposiciones contenidas en la Ley de Amparo vigente y por tanto, su aplicación no es contraria a la prevención hecha en su artículo sexto transitorio. SE DEJA SIN EFECTOS AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En atención a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada para las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés. Lo anterior, pues a nada práctico conduciría continuar con la tramitación del presente asunto, pues la causal de improcedencia antes invocada resulta insuperable y la parte quejosa obtuvo lo que pretendía con la presentación de la demanda de amparo que nos ocupa. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***. Captura de resolución en el sistema integral de seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, con la certificación secretarial respectiva; por tanto, agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Asimismo, en términos de lo que establecen los artículos 30, 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, en relación con el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de sentencias y resoluciones de órganos jurisdiccionales en sistemas electrónicos de gestión" emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye a los actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el *** la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Finalmente, comuníquesele a las autoridades responsables, que en caso de que con anterioridad a la presente determinación, se le hubiera requerido constancias relacionadas con los actos reclamados, se deja sin efecto tal requerimiento, en virtud de que se trajeron como hecho notorio las precisadas en párrafos que anteceden, mismas que sirvieron para decretar el sobreseimiento del presente juicio fuera de audiencia; por tanto, resulta innecesario que dichas autoridades las remitan a este órgano jurisdiccional. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la Procuradora Regional de Protección de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y la Familia, adscrita al *** Chiapas, en materia de Migrantes, al Agente del Ministerio Público de la adscripción, y por oficio a la autoridad responsable.

  2. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. RELACIÓN DEL ESTADO PROCESAL. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para este día se encuentra señalada la audiencia constitucional, sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla, toda vez que en proveído de catorce de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 78 y 79), se requirió al Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de que quedara debidamente notificada, remitiera a este órgano constitucional las constancias que deriven del acto reclamado, sin que lo haya hecho a pesar de estar notificada desde el quince de noviembre del actual (foja 81). REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. En esas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 75, párrafo tercero, primera parte, de la ley de la materia, requiérase de nueva cuenta a la responsable Titular de la Oficina de Representación de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que quede debidamente notificada de este proveído, remita copias certificadas de todas y cada una de las constancias que deriven del acto reclamado, mismas que deberán ser legibles, y ordenadas en forma secuencial. APERCIBIMIENTO. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se hará efectivo el apercibimiento de multa con el que se le conminó en acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 78 y 79). DIFERIMIENTO. En esas condiciones, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan las nueve horas con treinta minutos del diecinueve de diciembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese

  3. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, se advierte que en proveído de tres de octubre de dos mil veintitrés (fojas 15 a 35), se admitió la demanda de amparo promovida por ***, por lo que se requirió a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en su denominación correcta), rindiera su informe justificado, sin que lo haya hecho a pesar de estar debidamente notificada, tal y como se advierte del acuse que obra glosado a foja 58. REQUERIMIENTO DE CONSTANCIAS. En esas circunstancias, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 75, párrafo tercero, primera parte, de la ley de la materia, requiérase a la responsable Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (en su denominación correcta), para que dentro del término de tres días contados a partir de que quede debidamente notificada de este proveído, remita copias certificadas de todas y cada una de las constancias que deriven del acto reclamado, mismas que deberán ser legibles, y ordenadas en forma secuencial. Apercibida que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260, fracción II, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Notifíquese.

  4. Incidental

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos únicamente para que obre como constancia el informe previo rendido por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, con sede en Ciudad de México en representación del Titular de la Oficina de Representación en Tapachula, Chiapas de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, en virtud que el mismo se recibió en forma extemporánea, dado que la audiencia incidental tuvo verificativo a las diez horas con cuarenta y cinco minutos del nueve de octubre del año en curso, y el oficio de cuenta fue presentado en oficialía de partes de este órgano jurisdiccional a las nueve horas con tres minutos del diez de octubre del citado año, según sello de recepción. DELEGADOS. No obstante, con fundamento en el precepto 9 de la citada ley, se tienen como delegados de la referida autoridad a las personas que cita; ahora bien, respecto del domicilio procesal que señala la autoridad oficiante, no ha lugar a tenerlo por designado en virtud que, la autoridad responsable que representa tiene su domicilio oficial en esta ciudad. De igual manera, como lo solicita la responsable, con apoyo en la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en el artículo 401 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se autoriza el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos de este expediente. Ello, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, registro digital 167640, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". Cabe aclarar que el criterio invocado, no se opone a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplicó con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. Notifíquese.

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