Yanet Mirron Morales

Expediente 1140/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 1 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1140/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
01/12/2020

Partes del expediente

  • Yanet Mirron Morales

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término... para interponer recurso de queja contra el proveído en que se desechó de plano la demanda de amparo, sin que la parte promovente haya hecho uso de ese derecho... se declara que dicho proveído CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido...

  2. Principal

    El Juzgado Municipal de Perote, Veracruz devuelve sin diligenciar el despacho... del índice de este órgano jurisdiccional, por los motivos que expuso... se advierte la imposibilidad que tuvo el juzgado oficiante para notificar personalmente a la parte quejosa el acuerdo de diez de diciembre de dos mil diecinueve, en el que se desechó de plano la demanda de amparo... notifíquese el proveído referido en el párrafo que antecede, así como los acuerdos subsecuentes, incluso cuando la notificación relativa debiera ser de carácter personal, por lista de acuerdos que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto la parte quejosa señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad...

  3. Principal

    El Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por... este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto... se considera que los actos reclamados no corresponden con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que derivan de la relación laboral que vincula a la quejosa con el Centro Federal de Readaptación Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz.... los actos reclamados no corresponden con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación de índole laboral, en el que el conflicto suscitado debe dirimirse mediante un procedimiento de derecho privado y no a través del juicio de amparo que regula relaciones de derecho público... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO... debido a que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en... gírese despacho al Juez Municipal, con residencia en Perote, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda notifique este proveído a la quejosa en el domicilio precisado... se faculta como autorizados... a las personas que nombran las quejosas, debido a que no cuentan con su cédula profesional registrada... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  4. Principal

    EN DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 27, FRACCIÓN III, INCISO A) Y 29 AMBOS DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: El Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla, Gutiérrez declaró carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por *** contra actos del Director General del Centro Federal de Readaptación Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz y otra autoridad; al respecto, se acuerda lo siguiente: ACEPTACIÓN DE LA COMPETENCIA Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese este juicio de amparo con el número 1140/2019. Acúsese recibo vía fax. CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda, así como de las documentales anexas, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece la posibilidad de que se actualice alguna causa de improcedencia diversa a las enumeradas en las fracciones que contiene, de manera que la fracción referida da sustento a la improcedencia constitucional, legal y jurisprudencial; es decir, a la que deriva de disposición distinta a las fracciones que dicho artículo contiene y las que pueden obtenerse de la propia Ley de Amparo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la jurisprudencia o de algún otro ordenamiento legal. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la ley en mención establece que son partes en el juicio de amparo la autoridad responsable, la cual, con independencia de su naturaleza formal, es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien la que emite el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar. 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente afectando la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, el Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre las propias autoridades, que son las siguientes: a) De coordinación.- Son las que se establecen entre partes que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad; estas relaciones se regulan por el derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias entre las partes e impedir que se hagan justicia por sí mismas, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, de entre los cuales se encuentran los procedimientos regulados por el derecho civil, mercantil y laboral. b) De supra a subordinación.- Son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; éstas relaciones se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. Es aplicable al caso la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2011298 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: III.4o.T.J/3 (10a.) Página: 1639 "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. "Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, supra-subordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo". HECHOS En el caso, del análisis íntegro del escrito de demanda se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa consisten en: La violación a la garantía de audiencia, pago de salarios caídos, prima vacacional, compensaciones, despido injustificado, así como el pago por concepto de daño moral. Asimismo, se advierte que la promovente bajo protesta de decir verdad manifiesta que desempeñaba el cargo de licenciada en pedagogía en el Centro Federal de Readaptación Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz. CONCLUSIÓN Acorde con lo anterior, se considera que los actos reclamados no corresponden con actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino que derivan de la relación laboral que vincula a la quejosa con el Centro Federal de Readaptación Número Cinco "Oriente", residente en Villa Aldama, Veracruz. En ese sentido, los actos reclamados no corresponden con una relación de supra a subordinación, como la que se suscita entre un ente público dotado de investidura pública y un particular, sino en un plano de coordinación de índole laboral, en el que el conflicto suscitado debe dirimirse mediante un procedimiento de derecho privado y no a través del juicio de amparo que regula relaciones de derecho público; por lo anterior se considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Acorde con lo anterior, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Ahora bien, debido a que la promovente señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en ***, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y por el diverso 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, gírese despacho al Juez Municipal, con residencia en Perote, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional ordene a quien corresponda notifique este proveído a la quejosa en el domicilio precisado; asimismo, deberá requerirla para que dentro del término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, les serán hechas por lista de acuerdos, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase al referido Juez Municipal para que dé cumplimiento a este mandato dentro del término de cinco días, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, apercibido de que en caso de no hacerlo, le será impuesta una multa consistente en cincuenta unidades de medidas y actualización, con fundamento en lo previsto en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo; ello como la mínima establecida por el legislador para sancionar el incumplimiento a las determinaciones de este órgano jurisdiccional, que podrá incrementarse con base en el actuar de la autoridad requerida. En otro aspecto, se faculta como autorizados en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que nombran las quejosas, debido a que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la parte quejosa que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo.

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