Yanet Martínez Castro
Expediente 1484/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1484/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 06/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yanet Martínez Castro y Otros.
- Yanet Martínez Castro
Actuaciones
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, seis de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos del juicio de amparo en que se actúa, así como la certificación secretarial de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se recurriera el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación se determina: De acuerdo con el supuesto que prevé el artículo 21, inciso b), el expediente principal transcurridos tres años a partir de que surta efectos la notificación personal del presente proveído, será DESTRUIDO en su totalidad, toda vez que al haberse sobreseído fuera de audiencia, sin decidir el juicio en lo principal, se dio por concluido el expediente en que se actúa. En términos del diverso artículo 15 del señalado Acuerdo General, este expediente no es de relevancia documental, ni con trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional; aunado a que no existen documentos originales que devolver a las partes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Karina Castillo Flores, Jueza Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, ante el Secretario César Iván Rendón Patricio, que autoriza y da fe.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el pedimento de cuenta, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este órgano jurisdiccional; en atención a su contenido dígasele que deberá estarse a lo acordado en auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, de conformidad con el numeral 2° de la Ley de Amparo, expídase las copias fotostáticas certificadas que refiere. Por otro lado, hágase del conocimiento a las partes para los efectos legales procedentes que el dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, tomó posesión como titular de este juzgado Federal, Karina Castillo Flores. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje; atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado, sin que haya lugar a dar vista con su contenido por las razones que en seguida se exponen. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional analizará de oficio las causales de improcedencia y en el caso, de las constancias que la autoridad responsable anexa a su informe justificado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia que enseguida se analiza. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el veinte de octubre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, y turnado el mismo día a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero, Yanet Martínez Castro, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto y autoridades siguientes: ".III. NOMBRE Y DOMILLO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Lo es el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje,... IV ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, reclamo: 1.- La omisión de acordar los escritos presentados ante la responsable, el día 20 de septiembre del 2022, y el 05 de octubre del mismo año, en el expediente laboral número *************** y su acumulado ****************. 2.- La omisión de dictar las medidas necesarias para la ejecución pronta y expedita del laudo emitido en el expediente laboral mencionado." Ahora, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, el acto reclamado debe fijarse de manera clara y precisa en las sentencias de amparo. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que para tal efecto, el juez debe tomar en consideración todos los datos que emanan de la demanda de amparo, sus escritos aclaratorios e incluso la totalidad de la información del expediente, en atención al pensamiento e intención de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Entonces, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la promovente reclama del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, La omisión de acordar las promociones de presentadas el veinte de septiembre y cinco de octubre ambos de dos mil veintidós, en el expediente laboral número *********** y su acumulado ********. Al fijar el acto reclamado no se desatiende que la parte quejosa pretende el análisis de diversas cuestiones consistentes en la ejecución del laudo emitido en el juicio laboral de origen; no obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el recurso de inconformidad 282/2013, determinó que el cumplimiento de las sentencias del juicio de amparo debe delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en la que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Es aplicable la tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." En ese sentido, este juzgador advierte que el acto reclamado es inexistente de conformidad con el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, que prevé lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:. IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Dicho artículo señala que el juicio de amparo no es procedente, cuando de las constancias que existan en autos, no se encuentre demostrado el acto reclamado o no esté probada su existencia en la audiencia constitucional. Entonces, a contrario sensu el juicio de amparo es procedente contra aquellos actos que existen al momento de promoverlo, que infieran un agravio o lesión a cualquier derecho o bien del gobernado, asistiéndole así, un interés jurídico al reclamarlo, lo que deriva de los elementos y datos que hay en las constancias presentadas en este juicio de amparo. En el caso, la quejosa reclama la omisión por parte de la autoridad laboral responsable, de acordar las promociones presentadas el veinte de septiembre y cinco de octubre ambos de dos mil veintidós, en el expediente laboral número ********** y su acumulado *************. De las documentales que adjuntó la autoridad responsable a su informe justificado, se desprende que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, acordó las promociones de veinte de septiembre y cinco de octubre ambos de dos mil veintidós, en el expediente laboral número ***********y su acumulado ************, tal como se advierte de las constancias que anexa la autoridad responsable a su informe justificado. El quejoso presentó su demanda de amparo el veinte de octubre de dos mil veintidós, como se advierte de la boleta y sello respectivo que obran en autos. Entonces, son inexistentes las omisiones reclamadas, dado que, desde el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, el Presidente del Tribunal Laboral responsable ya había acordado las promociones de veinte de septiembre y cinco de octubre ambos de dos mil veintidós, en el expediente laboral número **********y su acumulado ************; por tanto, a la fecha de presentación de la demanda, ya no existían las omisiones que la promovente aduce, de ahí su inexistencia. En consecuencia, como se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia antes citada, por ende, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio desde este momento con fundamento en el artículo 63 fracción IV de la Ley Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Sin que pase desapercibido el criterio de rubro: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. POR REGLA GENERAL, LA NEGATIVA DEL ACTO RECLAMADO NO CONSTITUYE UNA CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO."; no obstante, en este asunto, es evidente que la autoridad responsable atendió de conformidad lo solicitado por la parte quejosa, dado que como se dijo la autoridad laboral responsable acordó de manera favorable las pretensiones hechas valer por dicha parte procesal, lo que no puede desvirtuarse con ningún otro elemento probatorio. En las narradas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos para las once horas con veinte minutos del cinco de diciembre de dos mil veintidós. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; y, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, veinticuatro de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, mediante el cual remite copia con firmas autógrafas del acuerdo dictado el veintiuno de octubre de dos mil veintidós, emitido en el juicio laboral ***********************************************, asimismo refiere que anexa las cédulas de notificación. Atento a su contenido, téngase a la autoridad responsable por informando los trámites para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin embargo no anexa la constancias de notificación realizadas a las partes del citado auto. En consecuencia, requiérase a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero residente en esta ciudad, para que en un término de TRES DÍAS HÁBILES siguientes a la notificación del presente auto remita: Copia certificada de las constancias de notificación realizadas a las partes del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintidós, emitidos en el juicio laboral 442/2012. Conforme a lo anterior, se apercibe a Miriam Cortes Cisneros, en su carácter de Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero que de no dar cumplimiento a la sentencia de amparo, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 238, 258 y 192, de la Ley de Amparo, que asciende a la cantidad de $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), tomando en cuenta que el valor de dicha unidad de medida es de $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional). Es relevante manifestar a la autoridad responsable que la multa indicada se pude imponer sin motivación alguna, con base en la jurisprudencia 2a./J.127/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que señala: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE NO SE MOTIVE SU IMPOSICIÓN, NO AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 16 constitucional todo acto de autoridad que incida en la esfera jurídica de un particular debe fundarse y motivarse, también lo es que resulta irrelevante y no causa violación de garantías que amerite la concesión del amparo, que la autoridad sancionadora, haciendo uso de su arbitrio, imponga al particular la multa mínima prevista en la ley sin señalar pormenorizadamente los elementos que la llevaron a determinar dicho monto, como lo pueden ser, entre otras, la gravedad de la infracción, la capacidad económica del infractor, su reincidencia, ya que tales elementos sólo deben tomarse en cuenta cuando se impone una multa mayor a la mínima, pero no cuando se aplica esta última, pues es inconcuso que legalmente no podría imponerse una sanción menor. Ello no atenta contra el principio de fundamentación y motivación, pues es claro que la autoridad se encuentra obligada a fundar con todo detalle, en la ley aplicable, el acto de que se trate y, además, a motivar pormenorizadamente las razones que la llevaron a considerar que, efectivamente, el particular incurrió en una infracción; es decir, la obligación de motivar el acto en cuestión se cumple plenamente al expresarse todas las circunstancias del caso y detallar todos los elementos de los cuales desprenda la autoridad que el particular llevó a cabo una conducta contraria a derecho, sin que, además, sea menester señalar las razones concretas que la llevaron a imponer la multa mínima.". De seguir con la contumacia, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado que por turno corresponda, con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá concluir con la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito. Cabe destacar que la referida sanción puede ser impuesta aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional, como lo prevé el artículo 198 de ese mismo ordenamiento legal. Notifíquese.
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