YANET BRIONES ESCOBEDO y Otros.
Expediente 951/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 951/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 22/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- YANET BRIONES ESCOBEDO y Otros.
- Yanet Briones Escobedo
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de ocho de octubre de dos mil dieciocho por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por YANET BRIONES ESCOBEDO, por derecho propio, contra los actos del JUEZ DE LO PENAL DE ATLIXCO, PUEBLA y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 951/2018. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de garantías, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que la promovente reclama del Juez de lo Penal de Atlixco, Puebla, el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del proceso 55/2011 del su índice, por el cual niega la solicitud de la aquí quejosa relativa a que le sea entregada la garantía depositada por Gustavo Carlos Diego Carranza, a través de las pólizas de fianza, para garantizar su libertad. Ahora bien, como cuestión previa resulta necesario precisar que a Yanet Briones Escobedo le reviste el carácter de víctima en el proceso 55/2011, generador del acto reclamado, por lo que es parte formal en dicha causa penal. En consecuencia, esta potestad federal advierte que en la especie se actualiza una causal de improcedencia de la demanda de amparo que se provee, prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, que refiere: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XVIII.- Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.. Se exceptúa de lo anterior:. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales;. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal;. c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento.. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación relacionada de los numerales antes mencionados, se conoce que el principio de definitividad del juicio de amparo consiste en la obligación del quejoso de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado, toda vez que si con aquéllos logra anular los efectos que le causan agravio, es evidente que el interesado no debe acudir a un medio extraordinario de protección de sus derechos esenciales cuando tiene al alcance los recursos con los que logrará el mismo objetivo, pues de otra manera el juicio de amparo se convertiría en un medio ordinario de defensa más. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. Así, el auto que niega la solicitud de la aquí quejosa relativa a que le sea entregada la garantía depositada por Gustavo Carlos Diego Carranza, a través de las pólizas de fianza, para garantizar su libertad, por tratarse de un acto de autoridad, se rige por lo dispuesto en el artículo 16 constitucional, que de manera alguna afecta o impone algún tipo de restricción o perturbación de la libertad del acusado, ni constituye una pena, ya que es un simple auto de trámite que para reclamarse en la vía del juicio de amparo, se requiere agotar dicho principio de definitividad, contenido en el primer párrafo de la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora bien, los artículos 267 y 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, establecen: "Artículo 267. El recurso de revocación procede, cuando este Código no conceda el de apelación". "Artículo 273.- Son apelables, salvo disposición legal en contrario:. I.- Las sentencias de primera instancia;. II.- Los autos de falta de elementos para procesar;. III.- Los autos en que se conceda o niegue la libertad bajo caución;. IV.- Los autos que concedan o nieguen la libertad por desvanecimiento de datos;. V.- Los autos que resuelvan algún incidente no especificado;. VI.- El auto en que se niegue la orden de aprehensión y el que niegue la citación para preparatoria;. VII. Los autos que ratifiquen la constitucionalidad de una detención conforme al párrafo VI del artículo 16 Constitucional;. VIII.- Los autos en que se fije o modifique el monto de la caución para obtener la libertad provisional, teniendo la autoridad revisora, en este caso, un término de cuarenta y ocho horas para resolver al respecto, y. IX.- Las demás resoluciones que señale la Ley." De las transcripciones que anteceden, se conocen cuáles son las resoluciones en materia penal respecto de las que procede el recurso de revocación, en el caso concreto, el proveído que constituye el acto reclamado por el impetrante de amparo es el acuerdo de cuatro de septiembre de dos mil dieciocho, dictado dentro de los autos del proceso 55/2011 del índice del juzgado de su adscripción, por medio del cual se niega la solicitud de la aquí quejosa relativa a que le sea entregada la garantía depositada por Gustavo Carlos Diego Carranza, a través de las pólizas de fianza, para garantizar su libertad, el cual si bien no se encuadra dentro de las hipótesis previstas en el artículo 273 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla; sin embargo, el diverso artículo 267 del ordenamiento legal en cita establece que cuando el Código en mención no conceda el de apelación procederá el recurso de revocación, lo que lleva a concluir que si la resolución o acuerdo materia de estudio no es apelable de conformidad con el artículo 273 anteriormente referido es indudable que en contra de dicha resolución PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN. Conforme con lo expuesto, se colige que el acto reclamado por el quejoso es impugnable a través del recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, por no encuadrar dentro de las hipótesis a que se refiere el artículo 273 del mismo cuerpo de leyes. En el contexto que antecede, resulta indudable que la demanda de amparo que se provee, resulta improcedente al no haberse agotado el principio de definitividad, dado que a través de la interposición del referido medio ordinario de impugnación, se puede obtener la confirmación, modificación o revocación de los autos que se reclaman a través del presente juicio de amparo, esto es, el quejoso debió haber cumplido con el principio de definitividad previo a ocurrir al juicio del amparo, impugnando a través del RECURSO DE REVOCACIÓN que prevé el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla, el acuerdo por medio del cual niega la solicitud de la aquí quejosa relativa a que le sea entregada la garantía depositada por Gustavo Carlos Diego Carranza, a través de las pólizas de fianza, para garantizar su libertad, mismo que constituye el acto reclamado, por no ser extraño al juicio natural y no tratarse de aquellos que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, ni de los previstos en el artículo 61, fracción XVIII, incisos a), b) y c) de la Ley de la Materia, no opera en su favor la excepción a que se refiere éste último ordenamiento legal. En consecuencia, al no haberse agotado el principio de definitividad rector del juicio constitucional, mediante la previa interposición del recurso de revocación aludido, por parte del promovente del amparo, es evidente la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, circunstancia que obliga a DESECHAR DE PLANO la demanda en estudio por resultar notoriamente improcedente, con fundamento en el diverso artículo 113 de la invocada Ley de la Materia. Sirve de apoyo por analogía, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en la tesis jurisprudencial número VI.1o.P. J/47, visible en la página 2097, Tomo: XX, Octubre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMAN AUTOS DE TRÁMITE QUE SE EMITEN DURANTE EL PROCEDIMIENTO EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL Y/O SU NOTIFICACIÓN, POR NO AGOTARSE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). Cuando el acto reclamado en el amparo lo constituye un auto de trámite y/o su correspondiente notificación durante la secuela procesal, el juicio de garantías es improcedente en términos del artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque dichos actos pueden ser modificados, revocados o nulificados; respecto del primero, mediante el recurso de revocación previsto en el artículo 267 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social y, en relación con el segundo, mediante el incidente de nulidad de notificación contemplado en los diversos artículos 46, fracción XIV y 349 del mismo ordenamiento legal; medios de impugnación ordinarios que deben agotarse previamente al intentarse el juicio de garantías, para así cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo." También tiene aplicación al caso la Tesis visible en la página 650, Tomo XIII, junio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación cuyo texto dice: "RECURSOS. TERCERO EXTRAÑO, NO TIENE ESE CARÁCTER, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUIEN SE INTEGRA A LA RELACIÓN JURIDICA-PROCESAL EN EL JUICIO NATURAL, POR LO QUE DEBE AGOTAR LOS. Si bien es cierto que los extraños a juicio no se encuentran obligados a agotar recursos y pueden acudir en demanda de sus garantías en forma inmediata; también lo es que para considerárseles con dicho carácter, es menester que no sean parte en juicio y, excepcionalmente, como lo sostiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación, también se estiman extraños a juicio a quienes, siendo parte en él, reclaman el indebido emplazamiento, lo que resulta lógico, ya que desconocen la existencia del juicio que se sigue en su contra, hipótesis esta última que no se actualiza cuando quienes siendo parte en el juicio conocen de su existencia y, por tanto, tienen obligación de acudir al mismo a fin de conocer lo que se resuelva o deje de resolverse, para estar en aptitud de interponer los medios ordinarios de defensa que correspondan, cuando crean lesionados sus intereses." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 678, Tomo VI, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda y por autorizados a las personas que menciona en el mismo, únicamente para oír y recibir notificaciones, por no encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada.
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