Yanet Barajas Guzman

Expediente 176/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
176/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Yanet Barajas Guzman

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, EN VIRTUD DE QUE NO ATENDIÓ AL AVISO FIJADO EN EL DOMICILIO SEÑALADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: 09/03/2021: "--Se recibe el escrito, signado por el Subprocurador de lo Contencioso de la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México, en representación de la Jefa de Gobierno y del Tesorero ambos de la Ciudad de México, por el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia definitiva de treinta de diciembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el RECURSOS DE REVISIÓN contra la sentencia dictada en el presente juicio, agréguese en autos copia del escrito de expresión de agravios y distribúyanse entre las partes copia del mismo. Ahora bien, el artículo 89 de la Ley de Amparo, dispone que una vez que esté debidamente integrado el expediente, sin mayor pronunciamiento, se debe remitir al tribunal colegiado competente en turno, el original del presente juicio de amparo, por separado el escrito original de agravios y copia para el agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción, para la substanciación del recurso de referencia. No obstante, en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ponderó que dado que subsiste peligro para la salud de los trabajadores, la reactivación no se realizaría en un contexto de "normalidad", razón por la que se determinó que deben subsistir las medidas de sana distancia y de reducción de la movilidad necesarias para enfrentar la contingencia, así como la utilización de tecnologías de la información y de la comunicación, el trabajo a distancia y el máximo aprovechamiento de las capacidades productivas de los órganos jurisdiccionales. En ese sentido, una vez que esté debidamente integrado el presente asunto, se ordena implementar la habilitación del sistema integral de seguimiento de expedientes al órgano colegiado que por razón de turno corresponda conocer de los recursos interpuestos, a efecto de que se imponga de las constancias del expediente a través del citado medio electrónico. En el entendido que, de ser requerido por la Superioridad, se ordenará el envío del original del presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.-".NOT.-

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve *****y otros, por su propio derecho, contra actos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, por considerarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 17, 20 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 176/2021-I, y fórmese expediente físico, así como su versión electrónica, en términos del artículo 3 de la ley de la materia. ESTUDIO DE PROCEDENCIA Es importante precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda para que, en caso que se encuentre motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. De ahí que se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia I. 1º.A. J/4 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de 1998, página 899, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." La jurisprudencia en cuestión explica que manifiesto es cuando de la lectura de la demanda, escrito aclaratorio y anexos se advierta de forma patente y absolutamente clara la causa de improcedencia; e indudable, que se tenga certidumbre y plena convicción que es operante. DESECHAMIENTO POR ACTO MATERIA DE CUMPLIMIENTO DE DIVERSO JUICIO DE AMPARO. De la revisión integral realizada a la demanda de amparo, se advierte que las quejosas señalaron como autoridades responsables y acto reclamado los siguientes: Autoridades responsables: - Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. -Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. -Titular de la Asesoría Jurídica Federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Acto reclamado: La resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo ****, a efecto de determinar el plan de reparación integral del daño causado a la víctima directa de nombre Juan Carlos Valdés Galindo, en términos de la recomendación 4VG/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Antecedentes de los actos reclamados: - Las quejosas tuvieron conocimiento del acto reclamado el veintisiete de noviembre de dos mil veinte, por virtud de la notificación por medio de lista, mediante el cual se dio vista con el cumplimiento dado por las autoridades responsables en el juicio de amparo 1330/2019 del índice de este Juzgado, por la cual, se dio cumplimiento al referido juicio de amparo. ESTUDIO DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. El suscrito advierte de oficio que la demanda de amparo resulta ser manifiesta y notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción IX, en relación con el diverso 62, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el acto reclamado constituye la materia de las acciones que se realizan en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el diverso juicio de amparo 1330/2019 del índice de este órgano de control constitucional. De conformidad con el primero de los preceptos legales mencionados, el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas. Como se puede advertir, esta fracción regula dos supuestos: a) resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, b) aquéllas que se realicen en ejecución de las mismas. Por lo que hace al primer supuesto, es evidente que esta causa de improcedencia tiene como finalidad evitar la promoción de juicios de amparo infinitos contra actos dictados en otro procedimiento de la misma naturaleza, partiendo principalmente de que el actuar de la autoridad de control constitucional se encuentra sujeto a la interposición de los medios de impugnación que la propia ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales prevé en su capítulo XI y no así mediante un nuevo y autónomo juicio constitucional. Respecto a la segunda hipótesis tenemos que el amparo es improcedente también, cuando se reclaman determinaciones dictadas en ejecución de los juicios de amparo; y, sobre ese tópico, se pueden mencionar que la ejecución de una resolución de amparo no solo se refiere al caso de una sentencia protectora, sino que también lo serán aquellos supuestos en los cuales, al negar el amparo o decretar el sobreseimiento, existe algún mandato por cumplir, por ejemplo, la imposición de una sanción. Ahora, la prohibición de ejercitar la acción de amparo contra resoluciones dictadas en los procedimientos de la misma naturaleza, no se limita a la resolución culminatoria del juicio respectivo, sino también a cualquier determinación inmersa en él, puesto que, ni las resoluciones principales, ni las de trámite, pueden ser reclamadas mediante otro amparo, porque ello provocaría juicios interminables. Sobre esta fracción, la Suprema Corte ha establecido que la finalidad que se persigue con la norma, no es la que se pudiera deducir de sus términos gramaticales, que llevarían a su actualización en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, si no que el motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de amparo fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituye una consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales. En el caso, el acto reclamado emana del procedimiento de ejecución de sentencia del diverso juicio de amparo 1330/2019 del índice de este órgano de control constitucional, el cual constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto en el artículo 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Así, del juicio en comento se desprende lo siguiente: I. Las mismas quejosas promovieron juicio de amparo aludido reclamando de la autoridad responsable, la resolución de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el expediente ***. II. Dicho juicio de amparo se resolvió mediante sentencia de veinticuatro de enero de dos mil veinte, en la que se concedió el amparo para los siguientes efectos: "(.)el Encargado de despacho de la Dirección General de Asuntos Jurídicos por ausencia del Comisionado Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva y del Comité interdisciplinario evaluador ambos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas al emitir la resolución, tome en cuenta las valoraciones socioeconómicas, médicas y psicológicas sufrido por los hechos victimizantes a las victimas indirectas para la reparación integral del daño, debiendo realizar un plan integral para lo cual debe incluir atención médica, psicológica y psiquiátrica especialidad garantizada a todos los quejosos, a fin de resarcir aquellos daños que no son cuantificables en dinero, sino en obtener una rehabilitación emocional y moral para seguir con su vida." Es decir, no se dio libertad de jurisdicción a la autoridad responsable, pues los efectos fueron para que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al emitir la resolución, tomara en cuenta las valoraciones socioeconómicas, médicas y psicológicas sufrida por los hechos victimizantes a las victimas indirectas para la reparación integral del daño, debiendo realizar un plan integral para lo cual debe incluir atención médica, psicológica y psiquiátrica especialidad garantizada a todos los quejosos, a fin de resarcir aquellos daños que no son cuantificables en dinero, sino en obtener una rehabilitación emocional y moral para seguir con su vida. De manera que la responsable tiene que llevar a cabo diversos actos puntuales actos puntuales al emitir la resolución en comento, para que se considere cumplida la sentencia allá dictada. III. En auto de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, causó ejecutoria dicha sentencia, por lo que se inició el procedimiento de ejecución de la misma, requiriéndose a la responsable acatara la resolución dictada por este órgano de control constitucional. IV. En cumplimiento al fallo protector, la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, remitió el oficio que se pretende reclamar en el presente juicio. V. En ese sentido, mediante auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa con las constancias señaladas en el numeral anterior a efecto de que manifestara lo que estimara conveniente en relación con el cumplimiento dado por la responsable al juicio de amparo 1330/2019, vista que no fue desahogada por las impetrantes. Siendo importante decir que no se ha emitido el pronunciamiento de cumplimiento correspondiente en dicho juicio, por lo que está pendiente el análisis de aquél. Así las cosas, el suscrito considera que se actualiza la citada causa de improcedencia en atención a que la resolución de veintiséis de octubre de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo ****, a efecto de determinar el plan de reparación integral del daño causado a la víctima directa de nombre ****, en términos de la recomendación 4VG/2016 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fue emitida en cumplimiento a la sentencia constitucional emitida en el juicio de amparo 1330/2019 del índice de este órgano de control constitucional; y, en ese sentido, será en dicho juicio en el que se analizará y estudiará, en el momento procesal oportuno, la constitucionalidad de dicha resolución. Por lo anterior, la naturaleza de los actos reclamados son producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, y en su caso, la sentencia reclamada será estudiada en dicho líbelo constitucional, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DERIVADA DEL CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO, NO TRANSGREDE EL DERECHO DEL GOBERNADO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. Al establecer el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías es improcedente en contra de resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas resoluciones que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo les constriñe a realizar determinadas y precisas acciones, esto es, les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva resolución conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. La improcedencia deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que admitir un nuevo amparo afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, no es inconstitucional por inconvencional, ya que no contradice los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular, el derecho a contar con un recurso eficaz, pues la norma en cuestión no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Por las mismas razones, la medida legislativa que se impugna también cumple con un postulado previsto en el artículo 17 constitucional, consistente en procurar una justicia expedita y pronta, que asegure la correcta y funcional administración de justicia."" En las relatadas circunstancias, con fundamento en los artículos citados y el diverso 113 de la legislación en consulta, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en estudio, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia mencionada. En el entendido de que el desechamiento de la demanda de amparo no constituye denegación de justicia ni genera inseguridad jurídica, dado que cuando el Juzgador o Tribunal de Amparo se funda en una de las causas de improcedencia para desecharla, imparte justicia, no obstante que la resolución sea desfavorable a los intereses del promovente. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia, de rubro y texto siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." REPRESENTANTE COMÚN. Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene con el carácter de representante común de los quejosos a ****. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa, como autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que señala para tales efectos y que tengan debidamente registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado de Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como a las personas autorizadas en términos de la última parte del referido numeral. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En término del artículo 3° de la ley de la materia, se autoriza la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa, con los usuarios patricialopez07, ABRHAMJUSTINO y mapeba. NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA. Con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracción II y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se ordena realizar las notificaciones del presente asunto de manera electrónica. MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con base en lo previsto en la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza el uso de medios electrónicos que permitan la digitalización de las actuaciones de este sumario, siempre y cuando se avise previamente al encargado del área de actuaría. HÁBILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos a que practiquen las diligencias que se requieran en el presente asunto en horas y días inhábiles. Notifíquese electrónicamente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · 13,735 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano