Yanet Alejandra Sedano Trujillo
Expediente 233/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 233/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yanet Alejandra Sedano Trujillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
En la Ciudad de México, a diez de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión contra de la sentencia dictada en el juicio en que se actúa, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer; consecuentemente, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA LA SENTENCIA POR LA QUE SE DETERMINÓ NEGAR el amparo a los quejosos. Por otra parte, devuélvanse al Juez Vigésimo Cuarto Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y al Director para el Cobro de Multas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, un legajo de copias certificadas que remitió cada uno, requiriéndoles para que en el término de tres días acusen el recibo respectivo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se ordene hacer efectiva tal medida, en términos de los artículos Primero, Segundo y Tercero transitorios, del Decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, con base en lo establecido en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese únicamente para que obre como corresponda, el oficio proveniente del Juzgado Vigésimo Cuarto Civil de la Ciudad de México, por el que solicita saber si ha quedado firme la resolución dictada, en tal virtud hágasele del conocimiento el auto que se dicta, para los efectos que haya lugar. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y RESOLUCIÓN En la Ciudad de México, siendo las diez horas con diez minutos del veintisiete de julio de dos mil veintiuno, día y hora señalados en autos para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 233/2021-I, promovido por XXXXXXXXXXXXX; por tal motivo en audiencia pública XXXXXXXXXXXXX, Juez Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de la Secretaria XXXXXXXXXXXXX, que autoriza y da fe, la declara abierta sin la asistencia personal de las partes. Enseguida, la Secretaria hace relación de las constancias existentes en autos, da lectura de la demanda de garantías y da cuenta con los oficios mediante los cuales las autoridades rindieron el informe justificado solicitado. Al respecto, EL JUEZ ACUERDA: con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los informes con justificación de las autoridades responsables, los que serán tomados en consideración al momento de resolver el presente juicio. Acto continuo, se pasa al PERIODO DE PRUEBAS. La Secretaria da cuenta con las pruebas admitidas a la parte quejosa en términos del auto admisorio. EL JUEZ ACUERDA: Se tienen por recibidas las pruebas indicadas, sin más pruebas que recibir se cierra el periodo probatorio. A continuación, se pasa al PERIODO DE ALEGATOS. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los realizó. EL JUEZ ACUERDA: Sin alegatos que recibir, se cierra dicho periodo. Por último, la Secretaria CERTIFICA: que no existen promociones pendientes de acordar, además, las partes no solicitaron la videoconferencia prevista en el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19. EL JUEZ ACUERDA: Vista la certificación que antecede de la que se advierte que no hay ocursos por proveer, que las partes no solicitaron la videoconferencia a que se refiere el acuerdo mencionado y sin pedimento del Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se da por terminada la presente audiencia, y se procede a dictar la resolución que en derecho corresponde. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 233/2021-I, promovido por XXXXXXXXXXXXX, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Director para el Cobro de Multas Judiciales perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial, turnado a este órgano jurisdiccional, al día siguiente, la parte quejosa, en su calidad de actora, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra las autoridades referidas, de quienes reclamó: "IV.- LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: El acta de audiencia preliminar de fecha seis de abril de dos mil veintiuno, notificado a la suscrita mediante boletín judicial de fecha siete del mismo mes y año, misma que se anexa al presente ocurso, dictada por el Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México." Actos que la parte quejosa señala como violatorios, en su perjuicio, de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, expresó los antecedentes y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. En auto de once de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se designó como parte tercera interesada a XXXXXXXXXXXXX, en su calidad de parte demandada, a quien se le tuvo por emplazada en auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, finalmente, se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional, la cual se desahogó el día de hoy, veintisiete de julio de dos mil veintiuno, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 1, fracción I, 33, fracción IV, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios de circuito y de los juzgados de distrito, en atención a que se trata de un juicio de amparo indirecto promovido contra un acto emitido en un juicio de naturaleza civil, seguido ante un órgano jurisdiccional dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. Tiene sustento lo anterior en el criterio emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Ahora, de un estudio integral de la demanda, se advierte que el acto reclamado es el auto dictado en la audiencia preliminar celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno, en el juicio oral mercantil 358/2020, seguido por XXXXXXXXXXXXX, en contra de XXXXXXXXXXXXX, en la que se le impuso a la actora en términos del artículo 1390 Bis-33 del Código de Comercio, una multa por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por su inasistencia a dicha diligencia. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. TERCERO. Certeza de actos. SON CIERTOS los actos reclamados a las autoridades responsables, ya que así lo manifestaron las autoridades responsables en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo la autoridad responsable, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable, las cuales previamente fueron valoradas. 1. En escrito presentado el veintidós de octubre de dos mil veinte, XXXXXXXXXXXXX demandó, en la vía oral mercantil, de XXXXXXXXXXXXX, el pago de diversas prestaciones (fojas 1 a 19 del tomo II del cuaderno de constancias). 2. En auto de once de noviembre de dos mil veinte, se admitió la demanda en la vía y forma propuestas y con fundamento en el artículo 1390 bis 33 del Código de Comercio, se hizo del conocimiento de las partes que aquella que dejará de asistir a la audiencia preliminar se le impondría una multa, por ser necesaria su presencia en las etapas de conciliación (fojas 28 a 31, ibídem). 3. En auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se fijaron las catorce horas con treinta minutos del seis de abril de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia preliminar, por lo que se requirió a las partes para que se presentarán, apercibidas que, en caso de no asistir, se les impondría una multa por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 1390 bis 33 del Código de Comercio, monto que se fijó con base en las circunstancias especiales del caso, esto es, la suerte principal que constituye un indicio de la capacidad de las partes siendo un elemento objetivo que puede advertirse de las constancias de autos. La gravedad de la infracción, es decir, que en caso de inasistencia a la audiencia preliminar el numeral antes señalado contempla una sanción, ya que, con dicha inasistencia impiden la realización adecuada de cada una de las etapas que conforman la audiencia preliminar, incluyendo una posible conciliación que afectan los principios que rigen el juicio oral establecidos en el artículo 1390 bis 2 del Código Comercio, considerándose éste, el daño causado, además, está comprendido dentro de los límites contemplados por la ley aunado a que no es excesiva (fojas 87 a 89, ibídem). 4. En la audiencia preliminar celebrada el seis de abril de dos mil veintiuno, se le hizo efectivo el apercibimiento contenido en el inciso anterior a la parte quejosa, por lo que se le impuso en términos del artículo 1390 Bis-33 del Código de Comercio, una multa por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), por su inasistencia a dicha diligencia (fojas 92 a 96, ibídem). Esta resolución es el acto reclamado. QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal cuyo análisis debe efectuarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, previamente al examen de las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo, así como en términos de la jurisprudencia II.1o. J/5, visible en la página noventa y cinco, tomo VII de mayo de mil novecientos noventa y uno, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Al no advertirse la actualización de alguna causal de improcedencia que las partes hagan valer o que se advierta de oficio, se realiza la síntesis y posterior estudio de los conceptos de violación. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochocientos treinta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: 1. La autoridad responsable omitió realizar una ponderación clara y precisa de las operaciones aritméticas que la llevaron a determinar el importe de la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), o de otra menor o mayor, pues su obligación es fundar y motivar sus determinaciones apegándose a los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad para imponer una sanción, pues no se considera la situación económica actual ni tampoco se analizó la gravedad de la infracción. 2. La autoridad responsable pasó por alto la alerta sanitaria decretada por el Gobierno de la Ciudad de México y el esquema de contingencia implementado con motivo de la pandemia ocasionada por el virus SARS-Cov2 (Covid-19), que señalan extremar las medidas de salud y sanidad públicas en aras de evitar la propagación y contagio del virus evitando lugares cerrados. Agrega que la autoridad responsable dejó de observar como hecho notorio la pandemia referida, así como las medidas establecidas por el Gobierno de la Ciudad de México para combatir el virus y que es un deber ciudadano observar de manera estricta, motivo por el que no asistió a la audiencia por el peligro de contagio y la audiencia de conciliación es un derecho tanto del actor como del demandado más no una obligación, además, deben implementarse las videoconferencias porque la salud de la población es de orden público. SÉPTIMO. Estudio de los conceptos de violación. El concepto de violación identificado con el número 1 es INFUNDADO, porque contrariamente a lo manifestado por la parte quejosa la autoridad responsable sí fundó y motivó el importe de la cantidad de $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional) que le impuso como multa, además, sí consideró la situación económica de la quejosa y sí se analizó la gravedad de la infracción. Es así, porque en el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, se requirió a las partes para que se presentarán a la audiencia preliminar, apercibidas que, en caso de no asistir, se les impondría una multa por $4,500.00 (cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en el artículo 1390 bis 33 del Código de Comercio, monto que se fijó con base en las circunstancias especiales del caso, esto es, la suerte principal que constituye un indicio de la capacidad de las partes siendo un elemento objetivo que puede advertirse de las constancias de autos. La gravedad de la infracción, es decir, que en caso de inasistencia a la audiencia preliminar el numeral antes señalado contempla una sanción, ya que, con dicha inasistencia impiden la realización adecuada de cada una de las etapas que conforman la audiencia preliminar, incluyendo una posible conciliación que afectan los principios que rigen el juicio oral establecidos en el artículo 1390 bis 2 del Código Comercio, considerándose éste, el daño causado, además, está comprendido dentro de los límites contemplados por la ley aunado a que no es excesiva. En esas condiciones, se estima que la multa impuesta en la audiencia referida, sí está fundada y motivada, pues la autoridad responsable cumplió con esos requisitos desde el auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, en que apercibió a las partes con la multa referida en caso de no presentarse la audiencia preliminar y en la que se consideró la situación económica de la quejosa y la gravedad de la infracción, además, consideró los límites contemplados por la ley y se estimó que no era excesiva. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 20/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Junio de 2001, página 122, con registro digital 189438, que dice: "MEDIDAS DE APREMIO. EL APERCIBIMIENTO ES UN REQUISITO MÍNIMO QUE DEBE REUNIR EL MANDAMIENTO DE AUTORIDAD PARA QUE SEA LEGAL LA APLICACIÓN DE AQUÉLLAS (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE LOS ESTADOS DE NUEVO LEÓN Y CHIAPAS). Si bien dentro de las legislaciones procesales civiles del Distrito Federal y de los Estados de Nuevo León y Chiapas, no se encuentra específicamente reglamentado el procedimiento para la imposición de una medida de apremio, dado que únicamente se enumeran cuáles se pueden aplicar, y tomando en consideración que el apercibimiento es una prevención especial de la autoridad hacia la persona a quien va dirigido el mandamiento, que especifica un hacer o dejar de hacer algo que debe cumplirse, que se concreta en una advertencia conminatoria respecto de una sanción que se puede aplicar en caso de incumplimiento, puede concluirse que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal que consagran los principios de legalidad y seguridad jurídica, para que sea legal la aplicación de la medida, la autoridad debe emitir su mandamiento en términos y bajo las condiciones establecidas por dichos principios para que el gobernado tenga la certeza de que aquél está conforme con las disposiciones legales y sus atribuciones; así, los requisitos mínimos que tal mandamiento debe contener son: 1) La existencia de una determinación jurisdiccional debidamente fundada y motivada, que deba ser cumplida por las partes o por alguna de las personas involucradas en el litigio, y 2) La comunicación oportuna, mediante notificación personal al obligado, con el apercibimiento de que, de no obedecerla, se le aplicará una medida de apremio precisa y concreta." Máxime que la quejosa no acreditó con fundamento en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la situación económica que actualmente aduce tiene, ya que era su obligación acreditar esa afirmación que manifestó en sus conceptos de violación. Por otra parte, el concepto de violación identificado con el número 2 es INFUNDADO, porque, si bien es cierto, que el veintitrés de marzo de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el acuerdo por el que el Consejo de Salubridad General reconoció la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el país como grave y de atención prioritaria y, con base en ello, se han decretado diversas medidas para contener los contagios, entre ellos, el semáforo epidemiológico por entidad federativa y la vacunación a la población, lo que constituye un hecho notario. También es verdad que de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, en especificó de la Constancia de Clave Única de Registro de Población se advierte que la quejosa tiene veintiocho años de edad y no manifestó ante la autoridad responsable ni en la demanda de amparo pertenecer a un grupo vulnerable. Además, lo relevante es que el desahogo de la audiencia a la que fue citada y no asistió debía realizarse con las medidas que, a lo largo de más de un año, han hecho saber las autoridades sanitarias federales y locales, como el uso de cubrebocas, gel antibacterial, determinado número de personas en lugares cerrados, lavado de manos, toma de temperatura, entre otros, y que deben de ser de observancia obligatoria tanto para dichas instituciones como para el resto de la población. Por tanto, la audiencia preliminar desahogada el seis de abril de dos mil veintiuno, no constituía un riesgo a su salud, sí se seguían debidamente los protocolos sanitarios a los que la población ya debe estar familiarizada. En esas condiciones, era deber de la quejosa acudir a la audiencia a que se refiere el artículo 1390 Bis 33 del Código de Comercio, ya que se trata de un deber procesal, que, en caso de no cumplir, justifica la imposición de la sanción ahí establecida. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 1a. CCXL/2017 (10a.), visible en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 425, registro digital 2015733, que dice: "JUICIO ORAL MERCANTIL. EL ARTÍCULO 1390 BIS 33 DEL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLECE EL DEBER PROCESAL DE ASISTIR A LA AUDIENCIA PRELIMINAR DE CONCILIACIÓN, MAS NO A LA CONCILIACIÓN MISMA. El precepto citado, al prever una multa por la inasistencia injustificada a la audiencia preliminar del juicio oral mercantil, se relaciona con el aspecto de la conciliación de las partes cuya previsión obedece a la necesidad de propiciar las condiciones para lograr acuerdos conciliatorios con la mediación del juez, como una primera oportunidad de resolución rápida del litigio y, en ese sentido, se trata de un deber procesal y no de una simple carga. En cambio, no puede establecerse que el precepto obligue a la conciliación, pues no hay identidad entre el derecho a conciliar y el deber de asistir a la audiencia preliminar, si se considera que la presencia de las partes no conlleva, indefectiblemente, el ejercicio del derecho mencionado, ya que si no se tiene disposición para conciliar o no son satisfactorias las propuestas de la contraparte, se estará en el derecho de negarse a cualquier acuerdo o aveniencia, lo cual se corrobora en la circunstancia de que la asistencia de las partes a la audiencia preliminar para efectos de la conciliación no corresponde a un interés exclusivo o propio de éstas, sino a uno general, por incidir en la actividad conciliadora encomendada al juez, de ahí que se justifique su imposición a las partes como un deber u obligación procesal, cuyo incumplimiento acarrea una sanción." En consecuencia, al no existir violación a los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no haber motivo para suplir la deficiencia de la queja, pues no se encuentra dentro de los supuestos para tal efecto, procede NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a XXXXXXXXXXXXX, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México. La negativa de mérito debe hacerse extensiva al acto que se reclama a la autoridad ejecutora Director para el Cobro de Multas Judiciales perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, toda vez que se hace depender del acto ordenador y no fue impugnado por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 105, consultable en el Apéndice al Semanario judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Materia Común, página 68 del rubro y contenido siguientes: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a XXXXXXXXXXXXX, contra actos del Juez Vigésimo Cuarto de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México y Director para el Cobro de Multas Judiciales perteneciente al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por las razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y por lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a diecisiete de junio de dos mil veintiuno. Como de la certificación de cuenta, se advierte que el término de ocho días concedido a la parte tercera interesada en auto de dieciséis de junio pasado, en el que se le dio vista con los informes justificados de las autoridades responsables, transcurrirá del veintiuno al treinta del presente mes y año; en tales condiciones, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables y por medio de lista a las demás partes.
- Principal
En la Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Agréguese únicamente para que obre como corresponda la constancia de cuenta, de la que se advierte que el Actuario de la adscripción llevó a cabo el emplazamiento de la tercera interesada ********************, a la presente instancia constitucional. Asimismo, téngase a dicha tercera interesada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se precisa en la constancia de cuenta. Por otra parte, tomando en consideración que ya obra en autos los informes justificados de las autoridades responsables, con ellos dese vista a dicha tercera interesada para que manifieste lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Notifíquese por medio de lista a las partes, con excepción de las autoridades responsables.
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