Yanet Aglae Ramírez Gómez
Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 381/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Yanet Aglae Ramírez Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diecinueve de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, y tomando en consideración la certificación asentada en la razón de cuenta por la Secretaria de este Juzgado, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de dieciocho de marzo de marzo de la presente anualidad, mediante el cual se desechó de plano la demanda que promovió, sin que lo hiciera. En tal virtud, con fundamento en los artículos 2º, 97, fracción I, inciso a), 98, párrafo primero, y 99 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio en materia de amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo, archívense las actuaciones como asunto concluido, lo que tiene apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero, párrafo primero, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo. Por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Eligio Pérez Morales, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se advierte que la Actuaria de la adscripción hizo constar que no le fue posible notificar a la parte quejosa el acuerdo de dieciocho del mes y año en cita, toda vez que en este expediente no obra domicilio donde pueda llevar a cabo tal notificación. Por tanto, hágase saber a la Fedataria adscrita que en el proveído de quince de marzo del año en curso, se ordenó que las subsecuentes notificaciones derivadas del presente juicio, aún las de carácter personal, se realizarán a la parte quejosa por medio de lista, de conformidad con lo establecido en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo; por ello, se le instruye para que proceda a notificar el auto de mérito mediante lista para conocimiento de la agraviada ********************. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...para conocimiento del quejoso...Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de quince de marzo pasado, levantada por la Fedataria Judicial adscrita a este Juzgado, se desprende que no fue posible localizar a la quejosa directa********************, en las instalaciones que ocupa la Aduana de esta ciudad, por los motivos expuestos en la misma. Por otra parte, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano concedida a********************, y allegando documental pública. Ahora bien, resulta viable precisar que analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de********************, se advierte que se reclama la ilegal privación y restricción de la libertad de la quejosa directa, así como la confiscación de su vehículo marca ********************. En ese sentido, del informe rendido por la autoridad aduanera y anexo que se acompaña, se estima que la demanda de derechos fundamentales deviene improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Se afirma lo anterior, puesto que ********************, en representación de********************, acudió en demanda de protección constitucional el catorce de marzo de dos mil veintidós, reclamando la ilegal privación y restricción de la libertad de la quejosa directa, así como la confiscación del vehículo antes precisado. Luego, el Titular de la Aduana de esta localidad, al rendir el informe de mérito, adujo que el catorce de marzo pasado, se levantó el acta de inicio y notificación de procedimiento administrativo en materia aduanera número ******************** en contra de********************, por haberse configurado la causal de embargo precautorio prevista en el artículo 151, fracciones II y III, de la Ley Aduanera, toda vez que introdujo a territorio nacional mercancía de procedencia extranjera, excedente a su franquicia y distinta al equipaje, sin acreditar la legal importación, estancia y/o tenencia de la misma, así como haber omitido el pago del impuesto general de importación e impuesto al valor agregado, y el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Empero, en ningún momento se privó o restringió la libertad de la agraviada, pues durante el levantamiento de dicha acta, se le informó que por su propia voluntad podía permanecer en el recinto fiscal, no en calidad de detenida o retenida, sino únicamente como parte durante la verificación de las mercancías y el desarrollo del acta, por lo que una vez concluida se retiró de tal recinto fiscal. Asimismo, en la citada acta se estableció que el vehículo ********************quedaba en garantía del interés fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 151, penúltimo párrafo, de la citada legislación. Sin embargo, el quince de marzo del año en curso, la quejosa********************, se presentó de nueva cuenta ante la autoridad responsable a realizar los trámites correspondientes para la devolución del automotor, por lo que previa liquidación del pago que efectuó por concepto de multa por infracción, la autoridad aduanera emitió el oficio 01845-2022 de esa misma fecha, en el cual se autorizó la liberación y entrega del vehículo a dicha agraviada. Para acreditar su dicho la autoridad responsable allegó copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento administrativo ********************; a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, las relatadas circunstancias, como ya se adelantó, actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta vía, en razón de que al haberse dejado a la quejosa retirarse de manera voluntaria del recinto fiscal al concluir el acta levantada el catorce de marzo del año en curso, así como entregarle el quince de marzo del año en cita, el vehículo de su propiedad; de ahí que, se dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para que sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113, de dicha ley, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda promovida por ********************, en representación de********************. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CL/97, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, dieciocho de marzo de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de quince de marzo pasado, levantada por la Fedataria Judicial adscrita a este Juzgado, se desprende que no fue posible localizar a la quejosa directa********************, en las instalaciones que ocupa la Aduana de esta ciudad, por los motivos expuestos en la misma. Por otra parte, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable rindiendo el informe relativo a la suspensión de plano concedida a********************, y allegando documental pública. Ahora bien, resulta viable precisar que analizada en su integridad la demanda de amparo promovida por ********************, en representación de********************, se advierte que se reclama la ilegal privación y restricción de la libertad de la quejosa directa, así como la confiscación de su vehículo marca ********************. En ese sentido, del informe rendido por la autoridad aduanera y anexo que se acompaña, se estima que la demanda de derechos fundamentales deviene improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Se afirma lo anterior, puesto que ********************, en representación de********************, acudió en demanda de protección constitucional el catorce de marzo de dos mil veintidós, reclamando la ilegal privación y restricción de la libertad de la quejosa directa, así como la confiscación del vehículo antes precisado. Luego, el Titular de la Aduana de esta localidad, al rendir el informe de mérito, adujo que el catorce de marzo pasado, se levantó el acta de inicio y notificación de procedimiento administrativo en materia aduanera número ******************** en contra de********************, por haberse configurado la causal de embargo precautorio prevista en el artículo 151, fracciones II y III, de la Ley Aduanera, toda vez que introdujo a territorio nacional mercancía de procedencia extranjera, excedente a su franquicia y distinta al equipaje, sin acreditar la legal importación, estancia y/o tenencia de la misma, así como haber omitido el pago del impuesto general de importación e impuesto al valor agregado, y el incumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Empero, en ningún momento se privó o restringió la libertad de la agraviada, pues durante el levantamiento de dicha acta, se le informó que por su propia voluntad podía permanecer en el recinto fiscal, no en calidad de detenida o retenida, sino únicamente como parte durante la verificación de las mercancías y el desarrollo del acta, por lo que una vez concluida se retiró de tal recinto fiscal. Asimismo, en la citada acta se estableció que el vehículo ********************quedaba en garantía del interés fiscal de conformidad con lo establecido en el artículo 151, penúltimo párrafo, de la citada legislación. Sin embargo, el quince de marzo del año en curso, la quejosa********************, se presentó de nueva cuenta ante la autoridad responsable a realizar los trámites correspondientes para la devolución del automotor, por lo que previa liquidación del pago que efectuó por concepto de multa por infracción, la autoridad aduanera emitió el oficio 01845-2022 de esa misma fecha, en el cual se autorizó la liberación y entrega del vehículo a dicha agraviada. Para acreditar su dicho la autoridad responsable allegó copia certificada de diversas constancias relativas al procedimiento administrativo ********************; a las que se les otorga pleno valor probatorio al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el artículo 2 de ésta última, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. Entonces, las relatadas circunstancias, como ya se adelantó, actualiza el motivo de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos de los actos reclamados en esta vía, en razón de que al haberse dejado a la quejosa retirarse de manera voluntaria del recinto fiscal al concluir el acta levantada el catorce de marzo del año en curso, así como entregarle el quince de marzo del año en cita, el vehículo de su propiedad; de ahí que, se dejó de afectar su esfera jurídica, y con ello no deja huella que amerite ser borrada con el otorgamiento del amparo y protección de la Justicia Federal, para que sea restituida en el goce del derecho fundamental violado. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con apoyo en el diverso 113, de dicha ley, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda promovida por ********************, en representación de********************. Resulta aplicable el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis P. CL/97, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 197367), cuyos rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Cézar Omar Garza Montemayor, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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