Yaneli Trujillo Arce
Expediente 122/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Yaneli Trujillo Arce
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a trece de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la determinación de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, dictado por este órgano jurisdiccional, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, promovido por ------, por su propio derecho, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en el juicio de amparo en que se actúa no existe diligencia ni trámite pendiente que realizar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, contrario sensu, se ordena su archivo definitivo; háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno de este juzgado. Por otra parte, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, artículo 21, inciso a, que dicen: "CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL. Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; ." "CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DEPURABLES EXPEDIENTES DESTRUIBLES Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres año de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; En consecuencia, de conformidad con lo previsto en los artículos que anteceden, se estima que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, ya que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio en que se actúa. No se omite precisar que el presente asunto, en términos del artículo 15 del acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a las partes por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 10, por medio del cual rinde informe justificado y remite copia certificada de la sentencia definitiva pronunciada dentro del expediente del juicio agrario 105/2019, de su índice, a efecto de acreditar su dicho. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, este juzgador estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente de acuerdo a los artículos 61 y 62 de la Ley de Amparo, además de actualizarse alguna de ellas, deberá sobreseerse en el amparo, sin necesidad de atender los conceptos de violación, ni juzgar la legalidad de los actos reclamados. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." En el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El precepto legal en cita pone de manifiesto que el juicio de amparo es improcedente cuando los efectos del acto que se reclaman dejan de surtir efectos de manera total e incondicionada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya procesalmente y que no deje huella en la esfera jurídica del gobernado; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De acuerdo con la causa de improcedencia en estudio, los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto o sin revocarlo, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada, lo que da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o bien, a que se hubiera concedido la protección federal ya se hubiera restituido a la parte quejosa en el goce de la garantía estimada violada por la autoridad, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. La cesación de efectos del acto reclamado significa, por tanto, que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular, que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa tesitura, la causa de improcedencia en estudio, se actualiza, cuando ante la existencia o insubsistencia de los actos reclamados, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubieren otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubiere invadido la esfera jurídica de los particulares, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Sobre esas bases, debe indicarse que del contenido de la demanda de amparo, se advierte que se reclama substancialmente la omisión de la autoridad aquí responsable de dictar sentencia dentro del expediente relativo al juicio agrario 105/2019, a pesar de haber sido citadas las partes para oír sentencia desde el veintitrés de enero de dos mil veinte. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable consistente en copia certificada del de la sentencia definitiva pronunciada dentro del expediente 105/2019, de su índice, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Magistrada responsable, el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, dictó la sentencia dentro del expediente 105/2019, relativo al juicio agrario promovido por la aquí quejosa, materia de la omisión reclamada, tal como se aprecia de las copias certificadas que remite, la cual fue notificada por medio de los estrados de dicha autoridad el diecinueve de marzo del presente año. En consecuencia, es incuestionable que al emitir la autoridad responsable la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, donde resolvió lo relativo al juicio agrario 105/2019, interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la Asamblea General de Ejidos, por conducto de su órgano de Representación Ejidal, de manera notoria y manifiesta, cesaron los efectos de la omisión reclamada. Lo anterior es así, tomando en consideración que de conformidad con el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el caso de que a la quejosa, se le concediera la protección constitucional solicitada, su efecto sería que la Magistrada del Tribunal responsable, dicte la sentencia correspondiente que se reclama en esta instancia; por lo que, si en el presente caso la responsable ya emitió la sentencia en el juicio de origen y la notificó a las partes, es inconcuso que la omisión reclamada dejó de causar algún agravio a la aquí quejosa, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales ya fue reparada, como si se le hubiera concedido el amparo y protección de la justicia federal. Es aplicable la jurisprudencia publicada con el número 103, visible en las páginas 51 y 82 tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Así como la jurisprudencia publicada con el número 415, publicada en la página 356, tomo VI, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO." En consecuencia, los efectos del acto reclamado antes precisado quedaron subsanados dado que se emitió la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, donde resolvió lo relativo al juicio agrario 105/2019, interpuesto por la aquí quejosa, en contra de la Asamblea General de Ejidos, por conducto de su órgano de Representación Ejidal, restituyendo a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violentados, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia antes analizada, lo procedente es decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, con fundamento en la fracción V, del artículo 63, de la Ley de Amparo. Sin que obste el hecho, de que dicho sobreseimiento se decrete fuera audiencia, pues, al surgir en la tramitación del juicio de amparo, una causa de improcedencia que sea notoria, manifiesta e indudable y que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento, sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional, porque, de estimarse lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de la justicia, que contraviene lo dispuesto por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia 10/2003, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las páginas 386 y 387 del tomo XVII, marzo de 2003 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y comuníquese a las partes que la fecha fijada para las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, se deja insubsistente en razón de la determinación anterior. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa por medio de lista y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ----------, por su propio derecho, contra actos del Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Diez, con sede en Tlalnepantla, Estado de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, fracción VII, Constitucionales 1º, fracción I, 108, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, SE ADMITE a trámite en sus términos. Ahora bien de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 21 a 26 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 122/2021-VI. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo, deben digitalizar las constancias que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 a 117 de la Ley de Amparo, pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable, el cual deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se solicita, en el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 75 de la citada legislación, remitan copia certificada, legible y completa, así como de las constancias que sirvieron de base, en su caso, para emitirlo, pues se estima serán necesarias para la resolución del asunto, con objeto de acatar el imperativo del artículo 17 de la Carta Magna, en el entendido que la impartición de justicia debe ser pronta y expedita y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa, es decir, al menos OCHO DÍAS ANTES DE LA FECHA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, manifestando bajo protesta de decir verdad que constituyen su totalidad. Requiérase a la autoridad responsable para que en el momento de que cesen los efectos del acto reclamado, o bien ocurran otras causas notorias de sobreseimiento deberá manifestarlo a este juzgado federal. Asimismo, en atención al contenido de la jurisprudencia 2a/J.176/2012 (10a), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1253, libro XVI, enero de dos mil trece, tomo dos, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", se informa a la autoridad responsable que únicamente se le notificará mediante oficio las determinaciones que sean de trascendencia y mediante lista de estrados el resto de los acuerdos que carezcan de tal relevancia. Hágase del conocimiento de las partes que se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL SIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional, día y hora disponibles en la agenda que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal. Al respecto, con apoyo en el numeral 27 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para el efecto de que las partes estimen conveniente estar presente de manera virtual en la audiencia constitucional, es menester que soliciten por escrito su deseo de dicha circunstancia; para lo cual, se les concede el plazo de tres días legalmente computados, de conformidad con el precepto 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y en caso de no hacerlo, se tendrán por desinteresados y se llevará acabo, sin su asistencia.. Ello, sin perjuicio que puedan alegar u ofrecer medios de convicción procedentes antes de la celebración de la audiencia de Ley, de manera física o en línea. Para el caso de que las partes asistan de manera virtual al desahogo de la audiencia constitucional, es menester que cuenten con la aplicación 'Cisco Webex Meetings', misma que deberán descargar en cualquier dispositivo móvil o computadora personal (PC), y que se encuentran a su disposición en Apple store y google play. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Por otro lado, con fundamento en el artículo 26, fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, las lista que se publica en internet y copia de la misma que se deja en la entrada de acceso del edificio donde se encuentra este órgano jurisdiccional, por así haberlo señalado.------------- Independientemente de lo anterior, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que de ser necesario, en días y horas inhábiles se lleven a cabo todas las diligencias que deriven del presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el ordinal 21 de la ley de la materia. Aunado a ello, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Ahora bien, se tiene como autorizados de la parte quejosa a las personas que señala en su escrito de demanda, en términos del primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues se trata de un juicio en que se reclama un acto de naturaleza agraria. Por otro lado, se estima que en el presente asunto no existe parte tercera interesada, ya que no existe persona alguna a quien le interese el mantenimiento de incertidumbre que se encuentra generando la responsable con motivo de la omisión en que ha incurrido; de ahí que no sea necesaria su incorporación a este procedimiento. Tiene aplicación por analogía la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, página 320, junio de mil novecientos noventa y tres, Materia Administrativa, Octava Época, que establece: "TERCEROS PERJUDICADOS. CUANDO SE RECLAMA LA FALTA DE RESOLUCIÓN CULMINATORIA DE UN PROCEDIMIENTO AGRARIO, NO EXISTEN LOS. En los casos en que se reclaman actos violatorios de la garantía que consagra el artículo 17 constitucional y por equiparación de la contenida en el artículo 8o. del mismo cuerpo de leyes, por la falta de resolución culminatoria de un procedimiento agrario, de ninguna manera resulta jurídico estimar que debe intervenir con el carácter de tercero perjudicado persona alguna, pues con tal carácter sólo se legitima aquel sujeto que tiene interés en que subsista el acto reclamado, lo cual en esos casos como el señalado resulta inadmisible, toda vez que no existe razón alguna para que personas distintas a los quejosos estuvieran interesadas en la subsistencia de una situación de incertidumbre generada por el hecho de no dictarse la resolución que ponga fin a un procedimiento declarando el derecho de las partes. Sin que sea obstáculo para lo anterior, la circunstancia de que a determinada persona se le atribuya por los quejosos en su demanda de garantías el carácter de tercero perjudicado, así como tampoco el hecho de que tal carácter sea reconocido implícitamente por el juez de Distrito al ordenar su emplazamiento, ya que lo cierto es que tal persona no tiene el carácter de tercero perjudicado por las razones expuestas anteriormente, y por ende no es parte en el juicio de amparo en términos del artículo 5o. fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo." En términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 22 y cuarto transitorio, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales, además, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se pueda entablar el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios, y así estar en mayor posibilidad de dar la expedites y celeridad para la integración del asunto, como lo prevé el precepto 17, constitucional. Asimismo, se pone a disposición de la autoridad responsable, el correo electrónico institucional rodrigo.ramos.gomez@correo.cjf.gob.mx, para el caso de que desee presentar promociones relacionadas con el presente asunto, siempre y cuando tenga firma electrónica de la responsable, o bien, se remita de manera digitalizada, con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico del Secretario encargado del asunto Rodrigo Alejandro Ramos Gómez, a saber 5553870500, extensión 1392, a quien de ser necesario para atención del expediente, se podrá contactar en un horario de nueve a quince horas de lunes a viernes. En otro orden de ideas, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. De igual manera, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Finalmente, no se apertura el incidente de suspensión, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Notifíquese vía correo electrónico al agente del Ministerio Público Federal adscrito, y por lista a las demás partes, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
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