Yanela Rosa Ramírez Rodríguez y Otros.
Expediente 532/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 532/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 12/05/2022
Partes del expediente
- Yanela Rosa Ramírez Rodríguez y Otros.
- Yeisha Caridad Martínez González y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, doce de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo donde se tuvo por no presentada la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que por analogía se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 18, inciso a), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano. Es de precisar que este asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. La depuración ordenada en el punto anterior, deberá realizarse dentro de los noventa días siguientes, a que se cumplan tres años de haberse dictado el presente acuerdo, como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18. 3. Transferir el expediente principal, una vez terminado el proceso de depuración, al Centro Archivístico Judicial, tal como lo dispone el último párrafo del artículo 18, del acuerdo en comento. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio signado la Primer Secretaria de Acuerdos Encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Comitán de Domínguez Chiapas, y anexo, por el cual, remite el original del disco digital que contiene el registro de videograbación relativo al desahogo de la pericial en psicología de la menor de iniciales *** derivadas del expediente ***, de su índice, con lo que aduce dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. VISTA DE CUMPLIMIENTO Por tanto, en términos de lo dispuesto por el numeral 196 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada, con el comunicado de cuenta, así como con los diversos registrados con folios *** y sus respectivos anexos, para que dentro del plazo de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique, manifiesten lo que a su derecho convenga respecto al cumplimiento que la autoridad responsable refiere haber dado a la ejecutoria en cita; en el entendido que transcurrido dicho plazo, este órgano jurisdiccional con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, emitirá la resolución correspondiente. Sirve de apoyo la tesis I.5o.C.7 K (10a.), sustentada por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que es del tenor siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA." En el entendido que, con la finalidad de garantizar el resguardo de la intimidad y datos personales de la niña *** (cuyo nombre se omite para proteger su identidad), conforme a lo dispuesto por la fracción XIII, del numeral 83, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, el disco compacto anexo al oficio de cuenta, queda a disposición de las partes únicamente para su consulta en este órgano jurisdiccional, sin autorizar su reproducción y en su oportunidad hágase la devolución correspondiente. Finalmente, como solicita la responsable acúsese recibo del comunicado que ahora se provee. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Visto del estado de autos se advierte que el once de marzo actual, se recibió comunicado enviado por la autoridad responsable 6. Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas, con sede en esa ciudad, por el cual remitió las constancias relativas al cumplimiento de la suspensión de plano decretada por ésta autoridad, entre las cuales destaca el acta de veintiuno de febrero del año en curso, de las que se observa llevó a cabo visita domiciliaria a la comunidad rural e indígena ***, además realizó la entrega de alimentos y agua potable. Ahora bien, no obstante lo anterior, la responsable en comento ha sido omisa en comunicar acciones posteriores a la visita en mención, realizadas con la finalidad de observar la medida cautelar, en consecuencia, por oficio ordinario y telegráfico, requiérase al 6. Ayuntamiento Constitucional de Ocosingo, Chiapas, con sede en esa ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita las constancias con las que acredite ha dado cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente juicio de amparo, y en su caso, remita el cronograma de visitas domiciliarias que haya implementado para tal efecto. En la inteligencia que la violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la invocada ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (...) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Por lo que de consumarse los actos reclamados, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. Notifíquese.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS QUE DICE:Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de abril de dos mil veintidós. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por ***, a favor de *** y ***, contra actos de las siguientes autoridades: 1. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 2. Secretario de Gobernación del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 3. Director del Instituto Nacional de Migración dependiente del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México. 4. Delegado del Instituto Nacional de Migración dependiente del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas. 5. ***, Titular de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en Tapachula, Chiapas. 6. Sub Representación Centro del Instituto Nacional de Migración dependiente del Poder Ejecutivo Federal de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en esta ciudad. Con sustento en lo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional, y 15 de la Ley de Amparo, se tiene por PRESENTADA la demanda de referencia y se reserva proveer en cuanto a su admisión, una vez que sea ratificada por la persona antes mencionada. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 532/2022-3. SUSPENSIÓN DE PLANO Toda vez que el promovente señala entre otros, como actos reclamados la retención, incomunicación, deportación, expulsión y destierro, los cuales se encuentran en los supuestos previstos en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, debe emitirse pronunciamiento respecto de la suspensión de plano. Para tal efecto, en principio debe tomarse en consideración que, a decir del promovente, las quejosas son personas extranjeras (cubanas) y los actos reclamados se encuentran relacionados con la situación migratoria irregular que actualmente guardan. Dicho lo anterior, de conformidad con el artículo 1o constitucional, en México los derechos fundamentales deben respetarse en beneficio de todo ser humano, sin distinción de edad, género, raza, religión, ideas, condición económica, de vida, salud, preferencias y en el presente caso se destaca la nacionalidad. En ese sentido, este Juzgado Federal estima que la titularidad de los derechos humanos en México deriva de la dignidad humana y no de la nacionalidad, y menos de la regular estancia de las personas en territorio nacional. De ahí que en México, de acuerdo con el mencionado precepto constitucional, ninguna persona puede considerarse ilegal, ya que la dignidad de todo ser humano es la fuente de la titularidad universal de los derechos humanos, destino es que, para efectos de regulación administrativa, los extranjeros deben reunir una serie de requisitos formales para entrar a territorio nacional. Lo que adquiere singular relevancia, dado que los actos reclamados y sus consecuencias pueden afectar directamente derechos sustantivos de las promoventes como son la libertad personal, entre otros, ya que se encuentran sometidas legalmente a la competencia de las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración. Es importante resaltar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren migrantes y sujetos de protección internacional, ha establecido que atendiendo a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, los migrantes son titulares de derechos, por lo que el Estado debe respetar y garantías sus derechos humanaos, independientes de su situación migratoria. Reiteró que este grupo está en desventaja por diversos factores, como el que no cuentan con documentación que acredite su estancia regular en el país, su situación de marginación, el desconocimiento de la cultura, el idioma y las leyes nacionales, entre otras, tal situación de vulnerabilidad se agrava cuando se presentan distintos supuestos de discriminación combinadas, es decir, la discriminación interseccional, lo que hace necesaria la promoción del acceso a la justicia de las personas extranjeras, el cual se perfila como derecho a favor de las personas migrantes desde la ratificación de México en la Convención Internacional sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares en mil novecientos noventa, la adhesión a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de mil novecientos cincuenta y uno en dos mil y los cambios a la Ley General de Población. Asimismo, estableció que se deben emplear las reglas de actuación que resultan aplicables en cualquier caso que involucre a personas migrantes, lo anterior con la finalidad de evitar el retraso en las resolución judiciales y administrativas que signifiquen un obstáculo para el acceso a otros derechos humanos, especialmente para las personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Además, ha sostenido que cuando los juzgadores conozcan de un asunto en el que se encuentre involucrada una persona migrante o extranjera, será de suma importancia que se cercioren sobre el cumplimiento de este derecho por parte de la autoridad migratoria. Para ello, se debe tener en consideración que el derecho a la comunicación y asistencia pretende ser un medio efectivo para compensar el desconocimiento de la persona extranjera acerca del entorno cultural y social que la rodea, evitar abusos en su contra, lograr su efectiva comunicación con otras personas, así como prestarle asistencia que le permita comprender la situación en la que está inmersa y ejercer efectivamente sus derechos dentro del procedimiento respectivo. En esa tesitura, con la finalidad de resguardar, proteger y garantizar los derechos de la quejosa, se reconoce que de acuerdo con la legislación migratoria existen diversos escenarios en los cuales puede colocarse la persona que acude al juicio de amparo, y en cuyo caso, se tienen que llevar a cabo medidas específicas para su protección, así como la actuación de la autoridad administrativa se deberán regir por el procedimiento que incluso ya conoce. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que, en principio, los Estados tienen la facultad de controlar y regular el ingreso y permanencia de personas extranjeras en su territorio. Sin embargo, ha precisado que en una sociedad democrática el poder punitivo sólo se ejerce en la medida estrictamente necesaria para proteger los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más graves que los dañen o pongan en peligro, pues lo contrario conduciría al ejercicio abusivo del poder punitivo del Estado. Por ende, ha establecido que la detención de personas por incumplimiento de las leyes migratorias nunca debe ser con fines punitivos, sino que sólo deberán ser utilizadas para asegurar la comparecencia de la persona al proceso migratorio o para garantizar la aplicación de una orden de deportación, y únicamente durante el menor tiempo posible. Además, ha indicado que es esencial que los Estados dispongan de un catálogo de medidas alternativas que puedan resultar efectivas para tales fines. En el caso, se estima que las aquí quejosas por su sola condición de migrante, se encuentran en una condición de vulnerabilidad. Por tanto, de conformidad con lo previsto por los artículos 15, 126, fracción II y 160 de la Ley de Amparo, se CONCEDE la SUSPENSIÓN DE PLANO, para los siguientes efectos: a) De inmediato cesen los actos de incomunicación y cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que refiere el promovente se están realizando en perjuicio de las directas quejosas *** y ***. Lo anterior implica permitir a las quejosas tener asistencia consular, contacto con la persona que tengan a bien designar como su abogado o representante, así como dar aviso a sus familiares, y adoptar todos aquellos actos que tengan como fin conservar la dignidad, vida e integridad física de las mismas. b) Respecto a la orden de deportación, expulsión, destierro o cualquier otra figura análoga que en su caso haya sido decretada, para que se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan y no se ejecute el acto reclamado, es decir, para que permanezca las quejosas en territorio nacional y las responsables se abstengan de devolverlas a su país de origen, debiendo quedar a disposición de este órgano jurisdiccional de amparo, sólo en lo que se refiere a su libertad personal. c) Por cuanto hace a la detención, retención y alojamiento en la estación migratoria, para que las responsables pongan en libertad a las quejosas, con las medidas que bajo su más estricta responsabilidad estimen pertinentes para continuar con el trámite del procedimiento administrativo migratorio, lo cual implica adoptar medidas alternativas al alojamiento que sean menos restrictivas en el contexto de movilidad, apoyadas en lo dispuesto en la Ley de Migración y su Reglamento, que de ninguna manera suponen autorización o salvoconducto a la quejosa para transitar por territorio nacional sin previamente haber regularizado su situación migratoria. En el entendido que se hace extensiva la medida cautelar a cualquier autoridad que haya o pretenda ejecutar total o parcialmente los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto siguiente: "DERECHO FUNDAMENTAL A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. FINALIDAD DEL ARTÍCULO 36, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONVENCIÓN DE VIENA SOBRE RELACIONES CONSULARES EN EL DERECHO INTERNACIONAL. Una de las funciones primordiales de las delegaciones consulares es proporcionar ayuda a los connacionales que se encuentran en problemas fuera de su país. Ahora bien, el artículo 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, que contiene el derecho fundamental a la notificación, contacto y asistencia consular, es el resultado del consenso internacional de que los extranjeros se enfrentan a desventajas singulares al ser detenidos por una autoridad y sometidos a un proceso penal bajo las normas de un ordenamiento jurídico que les resulta extraño. Así, el derecho aludido representa el punto de encuentro entre dos preocupaciones básicas del derecho internacional: 1) afianzar el papel de las oficinas consulares como representantes de la soberanía de su país de origen; y, 2) la creciente preocupación de la comunidad internacional por el respeto a los derechos humanos, siendo particularmente relevante la tutela judicial efectiva de aquellos derechos que conforman las garantías del debido proceso. En ese sentido, la importancia de este derecho fundamental ha sido reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al emitir la Opinión Consultiva OC-16/99, intitulada "El derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías del debido proceso legal", en la que se estableció que el derecho a la asistencia consular es parte del corpus iuris del derecho internacional de los derechos humanos contemporáneo, por lo que debe reconocerse y considerarse en el marco de las garantías mínimas para brindar a los extranjeros la oportunidad de preparar adecuadamente su defensa y contar con un juicio justo. Asimismo, la Corte Internacional de Justicia, en el Caso Avena y otros nacionales mexicanos (México Vs. Estados Unidos de América), reconoció que el artículo 36 referido consagra un verdadero derecho fundamental para los individuos detenidos en el extranjero y que los Estados deben propiciar todas las medidas posibles que otorgue su ordenamiento jurídico para reparar a los extranjeros las violaciones a este derecho." Así como la diversa, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Cabe precisar que, respecto a los restantes actos reclamados, este juzgado emitirá el pronunciamiento que corresponda una vez que las quejosas ratifiquen la demanda y sea admitida. RENDICIÓN DE INFORMES AL JUZGADO. Dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, las autoridades responsables deberán hacer del conocimiento de este órgano de control constitucional la forma y términos en que hayan acatado la suspensión, en la inteligencia que la violación a esta medida entraña la comisión del delito previsto en el artículo 262, fracciones III y V, de la invocada ley de la materia, del tenor siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (...) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; (...) V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Por lo que de consumarse los actos reclamados, de inmediato se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA Se comisiona al Actuario judicial adscrito para que de inmediato realice la búsqueda de las directas quejosas *** y *** en las instalaciones de la Estación Migratoria "CUPAPE" del Instituto Nacional de Migración, en esta ciudad, donde refiere el promovente se encuentran detenidas, o en cualquier otro donde pudieran encontrarse, y una vez que las localice, les requiera para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 15 de la ley de la materia, manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo presentada en su favor, apercibidas que de no hacer manifestación alguna o transcurrido el término, se tendrá por no presentada, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. Asimismo, se ordena al actuario judicial para que de fe de la integridad física de las peticionarias, esto es, deberá asentar en la diligencia si ésta presenta huellas de tortura o maltrato físico, incluso, podrá indagar con las autoridades que la tengan a su disposición, si tienen conocimiento de que la impetrante haya sufrido alguno de estos actos; adecuando su actuación conforme a los lineamientos establecidos en el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en asuntos que involucran hechos constitutivos de Tortura y Malos Tratos. En caso de que no sean localizadas las directas quejosas, se comisiona al fedatario para que en el acto de la notificación del presente auto, solicite a las responsables le informen el sitio en donde pudiera encontrarse. RECEPCIÓN DE OFICIOS EN ESTA CIUDAD Se previene a las autoridades en turno para que en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, y dada la notoria urgencia y características del caso, reciban los oficios dirigidos a la autoridad aunque no estuviese en turno, apercibida que en caso de ser omisas al respecto, con fundamento en el segundo de los citados artículos, se tendrá por legalmente hecha la notificación a la autoridad a la que va dirigida la comunicación, a partir de la hora y fecha en que el actuario judicial adscrito se constituya legalmente en sus oficinas; lo anterior, con independencia de que la citada conducta pueda ser constitutiva de algún hecho delictuoso. En ese sentido, se faculta al actuario de la adscripción, para que, en caso de que la denominación que aparecen en el oficio a través del cual se comunica este proveído, así como los subsecuentes, sea incorrecta, se sirva testar la misma, y en su lugar, señala su denominación debidamente, a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega de los oficios derivados de este sumario. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a ***, toda vez que no se encontraron registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación; en el entendido que una vez que se cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. Ahora, en atención a la solicitud que realiza la parte quejosa, con apoyo en los artículos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza la consulta en la vía que solicita, con el nombre de usuario "***", en el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal en la dirección electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Login, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Por tanto, se instruye a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y a los fedatarios de la adscripción para el efecto de que en el ámbito de sus atribuciones, den cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento del número telefónico y correo electrónico que proporciona, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, privilegiando el uso de medios electrónicos y en su caso, los que se encuentran a su disposición a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.
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