Yamit Alejandro Londoño Cataño

Expediente 655/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
655/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
26/11/2020

Partes del expediente

  • Yamit Alejandro Londoño Cataño

Actuaciones

  1. Principal

    PRAL. 655/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado procesal. Vistos los autos, advirtiéndose de la certificación que antecede, que ha transcurrido el término que concede el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el proveído de dictado el seis de noviembre de dos mil veinte que tuvo por no presentada la demanda de amparo promovida por ***, a favor del quejoso ***, sin que se hubiere interpuesto algún medio de impugnación en ese plazo. 2. Causa estado determinación. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado la referida determinación. 3. Publicación de datos personales. Como la parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales, con apoyo en los artículos 118 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que el auto inicial y las demás resoluciones, estarán a disposición del público para su consulta, previa solicitud y conforme al procedimiento de acceso a la información, pero al encontrarse obligado este Juzgado a proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes no ejercieran tal derecho, la publicación de las referidas actuaciones se realizarán en versión pública, procurándose no impedir conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional, atento al criterio emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, ni obligaciones de transparencia previstas en la citada ley. 4. Archivo del expediente. Con fundamento en los artículos 1, 6, 12, 14, 15 (interpretado contrario sensu), 21, inciso b) y 24, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte, archívese este expediente como definitivamente concluido. 5. Destino. Se comunica a la parte quejosa que como se decretó la suspensión de oficio y de plano en auto de veintiocho de octubre de dos mil veinte, con fundamento en el artículo 18 del referido acuerdo general y 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es depurable; por tanto, este órgano jurisdiccional conservará este juicio de amparo por el término de tres años, contados a partir de la fecha de este acuerdo, fenecido dicho término, dentro de los noventa días siguientes, se procederá a la depuración del expediente, y terminado el proceso relativo, se solicitará la transferencia relativa a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 6. Anotaciones. Realícense las anotaciones respectivas en la carátula del expediente y en los libros de gobierno impreso y electrónico. Notifíquese por lista electrónica. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    PRAL. 655/2020 6-B [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de noviembre de dos mil veinte. 1. Estado de autos. Visto el estado de autos, de los que se advierte que transcu****para ratificar la demanda de amparo promovida a su favor por *** pese haber quedado debidamente notificado el veintinueve de octubre pasado. 1.1 Demanda por no presentada. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto veintiocho de octubre de dos mil veinte, por lo que, con fundamento en lo establecido por el tercer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo y se dejan sin efectos las providencias decretadas a favor del directo quejoso ***. Lo anterior, hágase del conocimiento a las autoridades responsables para los efectos legales correspondientes. 1.2 Domicilio y autorizados. Como en proveído de veintiocho de octubre del año en curso se reservó acordar respecto al domicilio para oír y recibir notificaciones, los autorizados que señaló el quejoso y el trámite del juicio en línea; en su atención, se provee: Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo; y, autorizando para tales efectos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere; lo anterior, toda vez que resulta indispensable para la conclusión de este juicio. 1.3. Pruebas reservadas y juicio en línea. Respecto a las documentales que remitió a su informe relativo a la suspensión de oficio, la encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, mismas que fueron reservadas en proveído de cuatro de noviembre pasado, así como la solicitud del juicio en línea; se estima innecesario hacer pronunciamiento al respecto, pues, como se indicó, la demanda no fue ratificada por el directo quejoso. 1.4. Denominación correcta. Asimismo, respecto a la inexistencia que planteó la encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en relación a la autoridad que el quejoso señaló como: delegado del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca, pues, según la autoridad, no existe dicha figura, siendo lo correcto: titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Por ello, a fin de no retrasar el trámite de este juicio de amparo, se tiene como denominación correcta al titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Oaxaca. Es aplicable, la tesis aislada XXVII.3o.17 K (10a.), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en página 1933, Libro 6, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Mayo de 2014, Décima Época, Registro 2006401, de rubro siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO." Asimismo, se ordena corregir la denominación en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que los oficios posteriores que provengan de este expediente, se envíen a la autoridad correcta. 1.5. Se agrega informe. No obstante lo anterior, agréguese el oficio del General Brigadier Jefe del Estado Mayor de la 28/a Zona Militar, mediante el cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinde informe relativo a la suspensión de oficio, decretada de plano, a favor del quejoso ****. 1.6. Indicación al (la) actuario (a). Se instruye al (a la) actuario (a) adscrito (a) a este Juzgado que para la práctica de la notificación, deberá apegarse, de manera estricta, a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal para resguardar la integridad y salud de quienes la imparten, tal y como lo determina el acuerdo General 21/2020, (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso acuerdo general 25/2020) relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (vigente a la fecha en que se actúa). Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ponciano Velasco Velasco, juez Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante el licenciado Juan Gabriel Monterrubio Bohórquez, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    PRAL. 655/2020 6 [] San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de noviembre de dos mil veinte. 1. Informes de la suspensión. Agréguense los oficios de las autoridades: 1) encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración y 2) comisario de Seguridad Pública y Vialidad de Tlacolula de Matamoros, mediante los cuales, conforme a lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, rinden informe relativo a la suspensión de oficio, decretada de plano, a favor del quejoso***. Asimismo, se toma nota que en el informe de la encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, ésta manifestó que en acuerdo de veintinueve de octubre de dos mil veinte ordenó la salida inmediata del directo quejoso de la estación migratoria en Oaxaca y lo sujetó a la medida cautelar de firma diaria. 1.1 Reserva. Respecto a las pruebas que ofreció la referida autoridad responsable, así como la inexistencia de la autoridad que enuncia, se reserva proveer al respecto, hasta en tanto transcurran los tres días que se concedieron al quejoso en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte para que ratificara o no la demanda de amparo, pues en la diligencia de notificación de veintinueve de octubre pasado no lo hizo. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    PRAL. 655/2020 MESA 6#.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de octubre de dos mil veinte. 1.Radicación. Vista la demanda de amparo recibida a las veinte horas con treinta y ocho minutos de este día, promovida por *** en favor de ****, contra actos del delegado Federal del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Oaxaca y de otras autoridades, en la que se reclama como derecho fundamental vulnerado el relativo a la libertad; fórmese expediente impreso y electrónico, regístrese en el libro respectivo con el número ***. 2. Integración del expediente (instrucción al (a la) secretario (a). Se instruye al (a la) secretario (a) de Juzgado adscrito (a), que lleva el trámite de este expediente, para que haga la revisión en el sistema integral de seguimiento de expedientes (sise) y verifique que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan y, una vez concluido el asunto, realice la certificación correspondiente; lo anterior, en cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 3º, párrafo octavo, de la Ley de Amparo. 3. Ratificación. En atención a las razones que expresa el promovente en la demanda, por ahora, el directo quejoso se encuentra imposibilitado para promover la demanda por sí mismo; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 15, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase a ***, para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor. 3.1. Apercibimiento. Se apercibe al aludido quejoso que, de no ratificar la demanda de amparo, en términos de lo establecido por el cuarto párrafo del precepto 15 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada y, en el acuerdo relativo, quedarán sin efecto las providencias decretadas en su favor. 4. Notificación al quejoso. Se comisiona al (la) actuario (a) adscrito (a) para que, de inmediato, se presente en las instalaciones que ocupa la Estación Migratoria de la Ciudad de Oaxaca perteneciente al Instituto Nacional de Migración, en busca del directo quejoso *** (lugar en el que se refiere se encuentra privado de su libertad) o en algún otro u otros lugares de reclusión que tenga la autoridad responsable o, bien, en los lugares de reclusión donde pueda ser localizado el quejoso; hecho lo cual, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo dé cumplimiento a lo ordenado en párrafos precedentes. 5. Suspensión de oficio. En virtud de que los actos reclamados por el promovente de la demanda de amparo consisten, esencialmente, en la privación ilegal de la libertad, órdenes de aprehensión, reaprehensión, arraigo, comparecencia, presentación, extradición o deportación por parte de las autoridades responsables; con fundamento en los artículos 22 constitucional, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede de plano y de oficio la suspensión al quejoso, en los términos siguientes: I. En relación a la deportación o expulsión, para que no se ejecute la misma. La suspensión se concede en dichos términos, en virtud de que el promovente manifestó que el aludido quejoso es de nacionalidad extranjera y aunque dicha circunstancia no está demostrada -pues únicamente exhibió copia simple de un acta de matrimonio y de nacimiento de sus hijas-, no existen mayores datos que conduzcan estimar que, en el caso, la estancia o situación migratoria del referido quejoso en territorio mexicano sea de manera irregular, lo que de alguna forma resulta ser un delito, como lo señala el artículo 2, tercer párrafo, de la Ley de Migración. Y aunque es obligación la presentación de los extranjeros en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, hasta en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional, con la finalidad de que se aloje temporalmente para la regularización de su estancia o la asistencia para el retorno a su país (artículo 99 de la Ley de Migración); sin embargo, hasta ahora no existe dato alguno que justifique que el quejoso se encuentra en esa hipótesis. Es aplicable, la jurisprudencia P./J. 80/2007, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo". a) Límites de la medida concedida. La citada medida cautelar no surte efectos en el supuesto de que, por las características personales del quejoso (extranjero), éste se encuentre en algún supuesto por el que no se haya concedido la suspensión de oficio de los actos reclamados, esto es, para el caso de que el quejoso se encuentre en una hipótesis distinta a lo planteado en la demanda de amparo; ello, respecto de los actos consistentes en la deportación o salida forzada del país. 6. Precisión a las autoridades responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables migratorias que, por la calidad específica del quejoso (extranjero), tiene la obligación de hacerle saber sus derechos consulares. Es aplicable la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la federación, visible en la página 2928, tomo LVIII, Quinta Época, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. La suspensión de oficio únicamente debe decretarse en los casos previstos en el artículo 123 de la Ley de Amparo, es decir, cuando se trata de actos que importen el peligro de la privación de la vida, deportación o destierro, o cuando se trata de algún otro acto que, si llegara a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada y, por tanto, no procede la suspensión de oficio tratándose de cobrar multas e impuestos por infracciones a las leyes fiscales". b) Informe relacionado con la suspensión decretada de plano. La (s) autoridad (es) responsable (s) debe (n) informar dentro del plazo de veinticuatro horas, sobre el cumplimiento dado a esta determinación; apercibida (s) que de no cumplir con lo ordenado se le (s) sancionará conforme a la ley penal por el delito de abuso de autoridad, en términos del artículo 209 de la Ley de Amparo. I. Ahora, respecto del acto reclamado que hace consistir el quejoso en la privación ilegal de la libertad, e independientemente de si ratifica o no la demanda, pues se trata de salvaguardar su derecho a un recurso efectivo, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se provee: I. Si la privación de la libertad del quejoso fue efectuada por una autoridad, distinta del Ministerio Público, en el caso se concede de plano la suspensión de oficio, para que el quejoso sea puestos en libertad, salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo quinto del artículo 16 Constitucional; casos en que la medida cautelar se concede para el efecto de que el quejoso quede a disposición de este Juzgado de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre detenido, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine su libertad si procediere o su retención dentro del plazo y en los términos que establece el artículo 16 Constitucional, o bien, determine su consignación a la autoridad judicial. II. Si la detención es por parte del Ministerio Público, en uso de las facultades que le otorga el artículo 16 de la Constitución Federal, o en caso de flagrancia, la suspensión de que se trata se concede para que el quejoso quede a disposición del Juzgado de Distrito, por lo que hace a su libertad personal en el lugar en que se encuentre detenido, y a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, por lo que hace a la continuación del procedimiento penal, o bien, ordene su libertad si procediere; si no se trata de flagrancia o urgencia el quejoso deberá quedar en inmediata libertad, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación. III.- Si la privación ilegal de la libertad obedece a la ejecución de una orden judicial, la suspensión será para el efecto de que la parte quejosa sea puesta de inmediato a disposición del juez correspondiente. 7. Reserva de domicilio, autorizados para recibir notificaciones y el trámite del juicio en línea. Para el caso de que sea ratificada la demanda de amparo, provéase lo conducente respecto del domicilio, autorizados y el trámite del juicio en línea. 8. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, atento a su numeral 2º, para el caso de que exista causa justificada que impida la notificación en horas y días hábiles, desde ahora se habilita al actuario judicial adscrito, para que realice las notificaciones personales que se ordenen, en días y horas inhábiles. 9. Publicación de datos personales. Con fundamento en el artículo 6º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68 y 81, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8º, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase de su conocimiento que las resoluciones que se dicten en este juicio, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información; asimismo, que tienen el derecho de oponerse a la publicación de sus datos personales para que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo, determine si tal oposición puede surtir efectos, considerando si es información reservada; y de esta manera, respetando el derecho a su privacidad, la decisión de la publicación de sus datos, sea acorde a sus intereses. Sin embargo, para el caso de que se trate de la versión pública de la sentencia ejecutoria que en su caso se llegue a dictar, aun cuando no se haya ejercido esa oposición, se suprimirán los datos sensibles de las partes, procurándose que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. 10. Oficio de compensación. Se ordena enviar oficio a la encargada de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con sede en este municipio, para que realice el registro y compensación correspondiente, en el sistema computarizado de tal oficina; a fin de equilibrar la carga de trabajo; además, solicítesele genere la boleta respectiva. 11. Anotaciones y autorización. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Finalmente, se autoriza a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente firme los oficios que del mismo deriven. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Así lo proveyó Ponciano Velasco Velasco, titular del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, y firma ante Reyna Soledad Juárez Avendaño, secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

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