Yamir Alfonso Corrales Rodríguez
Expediente 1214/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1214/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Yamir Alfonso Corrales Rodríguez
- Carmen Marisol González Camacho
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y desprendiéndose de la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que no se recurrió el auto de veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo según lo refiere el artículo 2, se declara que, HA CAUSADO ESTADO la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ***, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Notifíquese.
- Principal
TODA VEZ QUE DE LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE SE ADVIERTE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO COMPARECIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO FEDERAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADA EN EL JUICIO EN EL QUE SE ACTÚA; EN CONSECUENCIA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE LA REFERIDA RESOLUCIÓN A DICHA PARTE POR MEDIO DE LISTA, LA CUAL ENUNCIA: "Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1214/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La fijación del treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe el quejoso como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijas de identidad reservada E.S.C.G. y A.S.C.G. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Del texto apuntado se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el precepto invocado contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción. De ahí que, previo a la presentación de la demanda de amparo deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular, modificar o revocar el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se hagan valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes. En ese contexto, conviene señalar que en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en la fijación del treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe el quejoso, como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijas de identidad reservada E.S.C.G. y A.S.C.G. Determinación contra la cual, la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de impugnación ordinario que prevé el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, a través del cual, el acto que en esta vía excepcional se combate puede ser revocado o modificado. En efecto, para dilucidar la existencia del medio de defensa que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido de los preceptos 379, 382, 385, 386 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, los cuales disponen: "Artículo 379.- El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. (.) Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.) Artículo 385.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. (.) Artículo 386.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. (.) Artículo 395.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De tales preceptos, se advierte que contra autos e interlocutorias dictados dentro de los juicios familiares de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación; de ahí que, es evidente que contra el acuerdo que fijó el treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales E.S.C.G. y A. S. C. G., dictado en los autos del juicio escrito familiar del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo; -que constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo-, procede el recurso de apelación, a través del cual el auto reclamado puede ser modificado o revocado a través de dicho medio de impugnación. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante un acto que es susceptible de ser modificado o revocado, a través de la interposición del recurso ordinario mencionado en el párrafo precedente, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquél resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. Máxime que el acto que a través de esta vía excepcional se combate, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, ni tampoco se reclama un auto de vinculación a proceso. Del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que el promovente sea persona extraña al procedimiento, pues de sus propias manifestaciones se advierte que es la parte demandada en el controvertido legal de origen; de ahí que, no le asista tal carácter. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para esta Juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que se soslayen las manifestaciones realizadas por el promovente en el sentido de que el auto combatido, así como su ejecución violan derechos subjetivos, pues, el hecho de que el impetrante considere que el acto reclamado se trata de aquellos considerados como de imposible reparación, no constituye, per se, una excepción al principio de definitividad, ya que ambos constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, se reitera, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. Se invoca por identidad de razón la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.11/2018 (10ª.), con número de registro 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiocho de mayo de la presente anualidad, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, no pasa inadvertido que en el caso se encuentren involucrados menores de edad, pues aún y cuando se estime que el acto reclamado pudiera considerarse como de aquellos de imposible reparación, esto es, susceptible de afectar derechos sustantivos de los citados menores, ese sólo hecho no constituye, per se, una excepción al principio de definitividad, ya que ambos se tratan de presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.113/2013(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, visible en la página 350, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, conviene señalar que en el caso, no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, relativa a que tratándose de asuntos donde se encuentren involucrados derechos de menores, la parte quejosa no está obligada a agotar el principio de definitividad cuando los medios ordinarios de defensa no tengan efectos suspensivos, pues como se advierte de párrafos precedentes, el artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, prevé que tratándose de autos de los que derive una ejecución e pueda causar un daño irreparable -como en el caso acontece de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa-, el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, es decir, con efectos suspensivos, si el apelante lo solicita al interponer el recurso y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación; virtud de lo cual, la parte quejosa sí estaba obligada a promover dicho medio de impugnación antes de acudir a la presente instancia constitucional. En mérito de lo anterior, es inequívoco que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad del acto reclamado, a través de la interposición del recurso de apelación; pues éste es idóneo para modificar o revocar el auto combatido, y al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la demanda de amparo presentada deviene improcedente. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia número 447, visible en la página 297, del último Apéndice la Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, que textualmente señala: "RECURSOS ORDINARIOS." Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificado el acuerdo que fijó el treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe el quejoso como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia; el peticionario estaba obligado a agotar el recurso de apelación, previo a que acudiera a la instancia constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia al licenciado David Hernández Mendoza y como autorizado en términos restringidos esto únicamente para oír y recibir notificaciones al pasante de derecho que cita. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos; de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, con la salvedad que lo anterior se deberá realizar en el local del juzgado y ante la presencia de cualquiera de los fedatarios de este órgano jurisdiccional, debiendo firmar la constancia respectiva. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente."
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, por medio del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1214/2021-4, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E.-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: La fijación del treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe el quejoso como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijas de identidad reservada E.S.C.G. y A.S.C.G. Precisado lo anterior, se estima que en la especie opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. [.]." Del texto apuntado se desprende medularmente que el juicio de amparo es improcedente contra actos de tribunales judiciales, respecto de los cuales proceda algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. En efecto, el precepto invocado contiene el llamado principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción. De ahí que, previo a la presentación de la demanda de amparo deben agotarse todos los recursos ordinarios o medios legales de defensa que tiendan a anular, modificar o revocar el acto reclamado, entendiendo por agotar esas instancias, la presentación del escrito en que se hagan valer y el desahogo del proceso o procedimiento respectivo en todas sus partes. En ese contexto, conviene señalar que en el caso a estudio el acto reclamado se hace consistir en la fijación del treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe el quejoso, como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia a favor de sus menores hijas de identidad reservada E.S.C.G. y A.S.C.G. Determinación contra la cual, la parte quejosa tuvo a su alcance el medio de impugnación ordinario que prevé el Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, a través del cual, el acto que en esta vía excepcional se combate puede ser revocado o modificado. En efecto, para dilucidar la existencia del medio de defensa que hace improcedente el presente juicio de derechos fundamentales, es preciso citar el contenido de los preceptos 379, 382, 385, 386 y 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, los cuales disponen: "Artículo 379.- El Tribunal Superior de Justicia, es el competente para conocer y resolver del recurso de apelación. (.) Artículo 382.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior. (.) Artículo 385.- La apelación debe interponerse por escrito ante el juez que pronunció la resolución impugnada en la forma y términos que se señala en los artículos siguientes, salvo cuando se trate de apelaciones extraordinarias. (.) Artículo 386.- El litigante al interponer la apelación ante el juez, expresará los agravios que considere le cause la resolución recurrida Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria, deberán hacerse valer en el término de seis días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva, dentro del plazo de nueve días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones. (.) Artículo 395.- De los autos y de las sentencias interlocutorias de los que se derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirán en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, y señalará los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación. El juez deberá resolver si la admite en ambos efectos conforme a lo solicitado, exhibiendo garantía conforme a lo establecido en el Artículo 398 de este ordenamiento." De tales preceptos, se advierte que contra autos e interlocutorias dictados dentro de los juicios familiares de los que derive una ejecución que pueda causar un daño irreparable o de difícil reparación, la legislación en comento prevé el recurso ordinario de apelación; de ahí que, es evidente que contra el acuerdo que fijó el treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia a favor de los menores de iniciales E.S.C.G. y A. S. C. G., dictado en los autos del juicio escrito familiar del índice del Juzgado Civil y Familiar del Distrito Judicial de Apan, Hidalgo; -que constituye la materia de reclamo en el presente juicio de amparo-, procede el recurso de apelación, a través del cual el auto reclamado puede ser modificado o revocado a través de dicho medio de impugnación. En consecuencia, si en el caso a estudio se está ante un acto que es susceptible de ser modificado o revocado, a través de la interposición del recurso ordinario mencionado en el párrafo precedente, es inconcuso que el amparo promovido en contra de aquél resulta improcedente por no haberse agotado el principio de definitividad. Máxime que el acto que a través de esta vía excepcional se combate, no es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; tampoco se trata de una orden de aprehensión o reaprehensión, de algún auto que establezca providencias precautorias o imponga medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal, ni tampoco se reclama un auto de vinculación a proceso. Del mismo modo, en el caso que nos ocupa, no se advierte que el promovente sea persona extraña al procedimiento, pues de sus propias manifestaciones se advierte que es la parte demandada en el controvertido legal de origen; de ahí que, no le asista tal carácter. En el entendido de que, la demostración del motivo indudable y manifiesto de improcedencia, se tiene por acreditado con las manifestaciones bajo protesta de decir verdad de la parte quejosa, expresadas en la demanda de amparo, las cuales constituyen una confesión que para esta Juzgadora es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sin que se soslayen las manifestaciones realizadas por el promovente en el sentido de que el auto combatido, así como su ejecución violan derechos subjetivos, pues, el hecho de que el impetrante considere que el acto reclamado se trata de aquellos considerados como de imposible reparación, no constituye, per se, una excepción al principio de definitividad, ya que ambos constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto; por tanto, al no haberse agotado el principio de definitividad, se reitera, lo procedente es desechar la presente demanda de amparo. Se invoca por identidad de razón la Jurisprudencia por contradicción de tesis P./J.11/2018 (10ª.), con número de registro 2017117, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el veintiocho de mayo de la presente anualidad, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Asimismo, no pasa inadvertido que en el caso se encuentren involucrados menores de edad, pues aún y cuando se estime que el acto reclamado pudiera considerarse como de aquellos de imposible reparación, esto es, susceptible de afectar derechos sustantivos de los citados menores, ese sólo hecho no constituye, per se, una excepción al principio de definitividad, ya que ambos se tratan de presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia. Resulta aplicable al caso, la Jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J.113/2013(10ª.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia Común, visible en la página 350, Libro 1, Tomo I, diciembre de 2013, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otros requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, conviene señalar que en el caso, no se actualiza la excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto, relativa a que tratándose de asuntos donde se encuentren involucrados derechos de menores, la parte quejosa no está obligada a agotar el principio de definitividad cuando los medios ordinarios de defensa no tengan efectos suspensivos, pues como se advierte de párrafos precedentes, el artículo 395 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Hidalgo, prevé que tratándose de autos de los que derive una ejecución e pueda causar un daño irreparable -como en el caso acontece de acuerdo a lo manifestado por la parte quejosa-, el recurso de apelación se admitirá en ambos efectos, es decir, con efectos suspensivos, si el apelante lo solicita al interponer el recurso y señala los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación; virtud de lo cual, la parte quejosa sí estaba obligada a promover dicho medio de impugnación antes de acudir a la presente instancia constitucional. En mérito de lo anterior, es inequívoco que previo a la presentación de este juicio se debió agotar el principio de definitividad del acto reclamado, a través de la interposición del recurso de apelación; pues éste es idóneo para modificar o revocar el auto combatido, y al no haberlo hecho así, resulta inconcuso que la demanda de amparo presentada deviene improcedente. En apoyo de lo anterior, resulta aplicable la Jurisprudencia número 447, visible en la página 297, del último Apéndice la Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, que textualmente señala: "RECURSOS ORDINARIOS." Por tanto, al conceder la ley ordinaria un recurso por virtud del cual puede ser modificada, revocada o nulificado el acuerdo que fijó el treinta por ciento del salario y de las prestaciones que percibe el quejoso como soldado de arma blindada adscrito al Tercer Regimiento Mecanizado en el Campo Militar de San Juan Teotihuacán, Estado de México, por concepto de pensión alimenticia; el peticionario estaba obligado a agotar el recurso de apelación, previo a que acudiera a la instancia constitucional. En esas condiciones, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo vigente, lo procedente en el caso es desechar de plano la demanda de cuenta, en virtud de advertirse de manera manifiesta e indudable, que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de demanda, ello con fundamento en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de la materia al licenciado David Hernández Mendoza y como autorizado en términos restringidos esto únicamente para oír y recibir notificaciones al pasante de derecho que cita. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos; de conformidad con lo establecido en la circular 12/2009 emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, con la salvedad que lo anterior se deberá realizar en el local del juzgado y ante la presencia de cualquiera de los fedatarios de este órgano jurisdiccional, debiendo firmar la constancia respectiva. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PRECISIÓN CRITERIOS JURISPRUDENCIALES. Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Notifíquese personalmente.
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