Yamili Andrea Alfaro Chanona
Expediente 559/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Yamili Andrea Alfaro Chanona
- Yamili Andrea Alfaro Chanona y Otros.
Actuaciones
- Principal
En Ciudad Juárez, Chihuahua a diez de julio de dos mil veintitrés, el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, da cuenta al licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos; lo anterior, a fin de que tenga a bien determinar lo conducente en derecho. Conste.Ciudad Juárez, Chihuahua, a diez de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de queja en contra del auto que desechó la demanda de amparo en este juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicho auto, queda firme para todos los efectos legales procedentes; háganse las anotaciones en el libro respectivo y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Luego, el presente expediente es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 20, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio del dos mil veintitrés, pues en este asunto se dictó un acuerdo que desechó la demanda de amparo. Entonces, atendiendo que no existen documentos originales, una vez cumplido el término de tres años, este órgano jurisdiccional, destruirá este expediente y dentro de los treinta días naturales siguientes a su destrucción, se deberá remitirá el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Este resolutor califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Conforme al primer párrafo del numeral 34, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, que carece de relevancia documental, así como también que es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a siete de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por Yamili Andrea Alfaro Chanona, por su propio derecho, contra actos que reclama a la Juez Décimo de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad y otra autoridad, por considerarlos violatorios de las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense expediente físico y electrónico respectivamente; regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, bajo el expediente 559/2023-VI. Ahora bien, del análisis íntegro de la demanda de amparo, se arriba a considerar que es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Con el objeto de proveer lo conducente, se impone señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo establece que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Por su parte, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Este órgano jurisdiccional considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción IX, en relación con el diverso 107, fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, con relación al diverso 6º, ambos de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera indudable y manifiesta. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;.". De lo anterior se desprende que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Por identidad de razones y en atención a los conceptos jurídicos generales de que trata, sirve de apoyo a las anteriores consideraciones la jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 803 del Tomo XIV, octubre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA' PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor podrá desechar de plano la demanda de controversia constitucional si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En este contexto, por 'manifiesto' debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que lo 'indudable' resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa." En efecto, del análisis íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados: 1. De la autoridad ordenadora responsable reclamo la orden dada a la ejecutoria, en el auto dictado con fecha dos de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 230/2021, radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil por Audiencia para el Distrito Judicial Bravos, consistente en que se le desposea del bien inmueble ubicado en calle Pico Dufour número 1824, fraccionamiento Urbivilla del Cedro, sección III, etapa 16, en esta ciudad, sin haber sido oída y vencida en juicio alguno en el cual se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento judicial. 2. De la autoridad responsable ejecutora reclama la ejecución de dicha orden tendente a la deposición referida. Establecido lo anterior, es de puntualizarse que el suscrito advierte de modo manifiesto e indudable que en relación a los actos que pretende impugnar la parte quejosa, se actualiza la causa que hace improcedente el juicio, prevista en el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, cuyo estudio es preferente y oficioso, el cual dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;.". Al respecto, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, se refiere a la improcedencia del juicio de amparo contra las resoluciones dictadas en ejecución de las sentencias de amparo, cuando la autoridad responsable se encuentra totalmente vinculada a los efectos establecidos por el órgano de control constitucional. Por lo cual, el nuevo juicio constitucional que se promueve contra una resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, resulta improcedente, porque deriva de una decisión definitiva que ya fue materia de análisis en un juicio anterior. Por lo anteriormente señalado, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no contradice el derecho a contar con un recurso eficaz, ya que esta norma no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo en atención a razones de seguridad jurídica. Por lo cual, se generaría una cadena interminable de juicios de amparo si existiera autorización para combatir las consideraciones de la potestad responsable que no emite en ejercicio de su libre arbitrio judicial, sino en atención a lo ordenado por el propio Tribunal que conoció previamente del juicio de amparo que se cumplimenta. Es así que la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en ejecución de sentencias de amparo, se refiere a aquellas emitidas por la responsable en las que no tiene libertad de jurisdicción. La improcedencia se justifica por el hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico llevado a cabo en el juicio de amparo que se cumplimenta. En efecto, el acto reclamado consistente en el proveído dictado por la autoridad responsable y la ejecución del mismo, dictado con fecha dos de junio de dos mil veintitrés, dentro del expediente número 230/2021, radicado en el Juzgado Décimo de lo Civil por Audiencia para el Distrito Judicial Bravos, en el cual, el juez natural, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo 546/2022-III-A, del índice de este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente todo lo actuado en el juicio de origen, a partir de la diligencia de emplazamiento y ordenó restituir y poner en posesión de la parte quejosa del bien inmueble ubicado en calle Pico Dufour número 1824, fraccionamiento Urbivilla del Cedro, sección III, etapa 16, en esta ciudad. Determinación la cual fue dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el amparo número 546/2022, del índice de este juzgado. Entonces, el proveído reclamado de uno de junio de dos mil veintitrés, es producto del análisis jurídico de cumplimiento realizado en el juicio de amparo indirecto 546/2022, por lo que, el hecho que ese acto admita un nuevo análisis, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En consecuencia, es evidente que la disconforme no puede promover la presente instancia constitucional, con la finalidad de que se analice una resolución que ya fue estudiada como cumplimiento de un diverso amparo, y por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el transcrito artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 57/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización son: Registro digital: 2018315, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Común, Tesis: 1a./J. 57/2018 (10a.), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 829, Tipo: Jurisprudencia, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA RESOLUCIONES DICTADAS EN CUMPLIMIENTO DE UN FALLO PROTECTOR. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN IX, DE LA LEY DE AMPARO QUE LA PREVÉ, NO TRANSGREDE EL DERECHO A CONTAR CON UN RECURSO EFICAZ. El precepto citado, al establecer que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en su ejecución, se refiere a aquellas que indefectiblemente deben emitir las autoridades responsables, en las cuales el juzgador de amparo las constriñe a realizar determinadas acciones, esto es, en las que les fija lineamientos para cumplir con el fallo protector y, por ende, la responsable no tiene libertad de jurisdicción, sino que debe emitir la nueva sentencia conforme a los efectos precisados por el órgano jurisdiccional federal. Ahora bien, la improcedencia referida deriva del hecho de que la resolución dictada por la responsable es producto del análisis jurídico realizado en el juicio de amparo que se cumplimenta, por lo que, admitir uno nuevo, afectaría el principio jurídico de cosa juzgada y generaría inseguridad jurídica. En ese sentido, el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo no transgrede el derecho a contar con un recurso eficaz, al no contradecir los artículos 8, numeral 1, y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues la norma referida no tiene como propósito limitar o cerrar la posibilidad de ejercer un derecho fundamental, sino establecer un caso de inadmisibilidad del juicio de amparo atendiendo a razones de seguridad jurídica y de cosa juzgada. Además, el precepto citado también cumple con el postulado previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en procurar una justicia pronta y expedita, que asegure su correcta y funcional administración.". De igual forma es aplicable, el criterio sustentado por el entonces Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, cuyos datos de localización son: Registro digital: 219343, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, Mayo de 1992, página 450, Tipo: Aislada, cuyo texto dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTIAS, SI SE INTERPONE CONTRA ACTOS QUE FUERON MATERIA DE UNA EJECUTORIA EN JUICIO DIVERSO DE LA MISMA NATURALEZA. Es indiscutible que si el quejoso, promovió juicio de garantías contra actos que fueron materia de una ejecutoria en diverso juicio de la misma naturaleza, esto es, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, se actualizan las hipótesis previstas en los artículos 73, fracción IV, y 74, fracción III de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que la quejosa esta en aptitud legal de apersonarse al precitado juicio de amparo 546/2022-III-A, para hacer las manifestaciones al respecto para que sea tomadas en consideración al momento de resolver sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese orden de ideas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo, al actualizarse en el presente caso la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues no obstante que se admitiera y substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse una convicción diversa, independiente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Viene al caso citar la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." De igual forma, sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyo rubro y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Por otra parte, se le tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que señala para tal efecto. En ese sentido y a fin de evitar dilaciones en el presente asunto, en términos del numeral 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial para que, de ser necesario, en días y horas inhábiles lleve a cabo las notificaciones que deriven del presente asunto, destacando que para dar materialidad a las notificaciones que con motivo del presente trámite surjan deberá ceñirse a la temporalidad prevista en el artículo 24 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PROMOVENTE. Así lo proveyó y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Se notifica por lista a la parte promovente el proveído de siete de junio de mayo de dos mil veintitrés, toda vez que no acudió dentro de los dos días hábiles siguientes al Órgano Jurisdiccional a notificarse; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo
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