Yamilet Fontes Amaro

Expediente 15/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
15/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Yamilet Fontes Amaro
  • Ramón Ochoa Burgos

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Causa estado auto que tuvo por no presentada la demanda. Vistos los autos y específicamente la certificación que antecede, de la que se advierte que el plazo para interponer el recurso de queja previsto por los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de once de enero de dos mil veintitrés, ya transcurrió para la parte promovente ********************por tanto, se declara que el auto que tuvo por no presentada la demanda de amparo radicada en este expediente, ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Sin que sea necesario requerir a las partes para devolución de documentos al no constar en autos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Sonia López Márquez, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, once de enero de dos mil veintitrés. Se tiene por no presentada demanda de amparo. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días que se concedió a los quejosos en proveído de cuatro de enero de dos mil del año en curso, mismo que les fue notificado, el cuatro de enero del año en curso, por lo que dicha notificación surtió efectos el cinco siguiente y el plazo de referencia transcurrió del seis al diez de enero del año que transcurre. En consecuencia, con fundamento en el artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento efectuado en el acuerdo de referencia, por lo que se tiene por no presentada la demanda de amparo promovida por Yamilet Fontes Amaro, Yaimary Rojas Roque, Orlando Garcia Fuentes y Rafael Alberto Parrado Torres, en consideración de no haber desahogado la prevención de mérito en los puntos señalados para tal efecto. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de enero de dos mil veintitrés. Informes suspensión de plano. Agréguense el oficio con anexos signado por el Subdirector de Control y Verificación Migratoria Encargado de Despacho de la O.R. Tlaxcala, en representación de: 349/2022 TITULAR DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN EL ESTADO DE TLAXCALA. 350/2023 SUBDIRECTOR DE CONTROL Y VERIFICACIÓN MIGRATORIA, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN. 351/2023 ENCARGADO DE LA ESTACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TLAXCALA. Atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos su respectivo informe relativo a la suspensión de plano, dándose vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga. Pruebas. Por otro lado, con apoyo en el artículo 119 , de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad responsable de referencia, ofreciendo como pruebas, las documentales que adjunta a sus oficios de cuenta; mismas que se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionadas nuevamente en la audiencia de ley. Constancia actuarial Por otra parte, respecto a la constancia actuarial de cuatro de enero de dos mil veintitrés, se advierte que los quejosos Yamilet Fontes Amaro, Yaimary Rojas Roque, Orlando Garcia Fuentes y Rafael Alberto Parrado Torres, se reservaron su derecho de ratificar la demanda interpuesta en su nombre al momento de la diligencia realizada por el actuario adscrito, sin embargo, se encuentra transcurriendo el término de tres días, siguientes a la notificación de referencia, para que, manifiesten si ratifican la demanda; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Cabe precisar que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de cuatro de enero del presente año, en el que, en caso de no hacerlo en el término señalado, se tendrá por no presentada la demanda. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, cuatro de enero de dos mil veintitrés.****************************************Radicación de demanda.****************************************Vista la demanda de amparo que promueve ********************en representación de ********************, de nacionalidad Cubana, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Tlaxcala y otra autoridad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 15/2023-III.****************************************Actos reclamados****************************************Ahora bien, la parte promovente hace consistir los actos reclamados en perjuicio de los directos quejosos ******************** en:****************************************III ACTOS RECLAMADOS:********************.- La posible deportación de los extranjeros de nombre ********************, al país de Cuba, sin que se les conceda el derecho de audiencia, para que defiendan su derecho fundamental de libertad migratoria en el Territorio Mexicano, mismos derechos humano y derecho fundamental que está protegida por nuestra Constitución Federal para todas las personas, por el simple hecho de estar en el Territorio Mexicano.********************El traslado a otra Estancia Provisional o Estancia Migratoria en el país, distinta a la que se encuentra injustificadamente actualmente. ********************La ilegal detención de ********************, pues no se les informo de opciones para regularizar su condición migratoria en el país de México.****************************************Consideración previa ****************************************El Estado Mexicano establece diversos derechos de las personas que son detenidas, que derivan del reconocimiento al derecho a la dignidad humana, entre ellos se encuentran el lugar donde se encontrará en prisión preventiva, el plazo máximo de detención ante autoridad judicial, la presunción de inocencia, la prohibición de ser incomunicado, torturado o intimidado, así como sus prerrogativas durante el proceso (artículos 18, 19 y 20 de la Constitución); además, tanto en la legislación nacional como en el marco del derecho internacional público, ha sido reconocido el derecho a la integridad personal así como el derecho a que toda persona privada de su libertad sea tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano (numerales 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos).****************************************Al respecto, es necesario destacar que la suspensión de plano que se prevé en el artículo 126 de la Ley de Amparo, procede contra actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales.****************************************Precisión de actos por los que se analizará la suspensión de oficio y de plano****************************************Ahora, si bien se señalaron los actos que reclama en la demanda de amparo la promovente, debe decirse que únicamente serán objeto de análisis para la procedencia de la suspensión de oficio y de plano los siguientes: ****************************************Deportación****************************************Lo anterior, sin que pase inadvertido que se señala como actos la detención en la Estación Migratoria de Tlaxcala, Tlaxcala; sin embargo, cuando una persona está sujeta a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, estamos ante un ataque a la libertad, pero dentro de procedimiento.********************En efecto, de conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento, el referido procedimiento se conoce como "procedimiento administrativo migratorio", el cual inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular y concluye con el dictado de una resolución en la cual se define su situación migratoria en nuestro país.********************De ahí que el acto reclamado identificado como detención en la Estación Migratoria de Tlaxcala, Tlaxcala, no encuadran en los supuestos de procedencia de la suspensión de plano.********************Apoya lo anterior, la tesis I.1o.P.6 P (11a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 9, Enero de 2022, Tomo IV, página 3113; Undécima Época; Materias Común y Penal; cuyo contenido es:********************"SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. NO PROCEDE OTORGARLA DE PLANO CONTRA LA MEDIDA DE ALOJAMIENTO DERIVADA DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO. Hechos: El quejoso afirmó ser extranjero y estar alojado en una estación migratoria; por ese motivo promovió amparo ante un Juez de Distrito en materia penal y solicitó la suspensión de plano para que fuera puesto en libertad. El referido juzgador se pronunció sobre esa petición de suspensión y la negó y, enseguida, declinó la competencia hacia un Juez de amparo en materia administrativa por estimar que tal acto era de esa materia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito advierte que no procede otorgar esa suspensión porque ese caso no se trata de un ataque a la libertad fuera de procedimiento y, en todo caso, es materia de suspensión incidental. Justificación: El artículo 126 de la Ley de Amparo establece que la suspensión de plano procede (para que el quejoso sea puesto en libertad inmediatamente) sólo cuando el ataque a la libertad personal ocurra fuera de procedimiento, y eso no es lo que sucede cuando el quejoso está sujeto a la medida personal de alojamiento en una estación migratoria, porque conforme a los artículos 3, fracción XXIX, 68, 99, 111, 118, 132 y 143 de la Ley de Migración y 222 del reglamento de esa ley, aunque sí se trata de un ataque a la libertad porque está materialmente detenido, ello ocurre dentro de procedimiento, el denominado procedimiento administrativo migratorio; éste inicia con la puesta a disposición de una persona extranjera en situación migratoria irregular; a continuación, dentro del plazo de 36 horas siguientes se emite el acuerdo de presentación, y si ese acuerdo es en el sentido de que continúa el procedimiento, aquélla puede continuar detenida bajo la figura de "alojado" o ser puesta en libertad bajo una medida diversa; en caso de que la autoridad opte por el alojamiento dispone de quince días hábiles, por regla general, o de sesenta días hábiles en los casos de excepción expresamente previstos, para resolver su situación migratoria (que podrá ser en el sentido de regularizarla, el retorno asistido o la deportación); de no emitir esa resolución en tales plazos, se otorgará al migrante la condición de estancia de visitante con permiso para recibir una remuneración en el país, mientras se resuelve". ********************Se concede suspensión de oficio y de plano.****************************************Por tanto, respecto a la deportación, con fundamento en los artículos 15, 126, párrafo segundo, y 147, párrafo segundo y 160 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano a los directos quejosos ********************, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran y no se ejecute la orden de deportación de los quejosos en mención; asimismo, en caso de que se haya emitido con motivo del ejercicio de la facultad de las autoridades responsables en materia migratoria conforme a la Ley de Migración, los directos quejosos quedarán a disposición del órgano de control constitucional respecto a su libertad personal y a disposición de las autoridades migratorias para la continuación del procedimiento correspondiente, ya que, de hacerlo, los actos reclamados quedarían irreparablemente consumados.****************************************Obligación de las autoridades responsables.****************************************Por cuanto a la privación de la libertad de los directos quejosos ********************, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que se encuentran obligadas a velar por la integridad física, psicológica y personal de los impetrantes, a fin de evitar situaciones que conlleven a una posible vulneración al derecho a la vida y a la salud de los mismos; lo anterior, en la inteligencia de que la seguridad y salud integral queda bajo su más estricta responsabilidad, sin que ello implique una orden para abstenerse a ejecutar los actos inherentes a sus funciones, así como la obligación de poner de inmediato a la quejosa a disposición de la autoridad ministerial o judicial que estime competente, o bien, dejarla en libertad con la misma prontitud, tal como lo dispone el artículo 16 constitucional. ****************************************La presente determinación no tiene el alcance de impedir que en su caso, el Ministerio Público ejerza la acción penal, en caso de ser procedente.****************************************Plazo en el que las autoridades deben rendir informe sobre la suspensión.****************************************En el entendido que las responsables deberán informar el cumplimiento a la suspensión concedida dentro del término de veinticuatro horas, apercibidas que de no hacerlo, podrán ser puestas a disposición de la autoridad competente, por la actualización de la conducta prevista en el citado artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, independientemente de cualquier otro delito en que incurra.****************************************De igual forma, se les apercibe que si al rendir su informe correspondiente afirmaren una falsedad o nieguen la verdad, en todo o en parte, serán sancionadas en términos del artículo 262 de la ley de la materia; para tal efecto, remítanseles copia simple de la demanda de amparo.****************************************En el entendido de que tratándose de la medida suspensiva cualquier dependencia o autoridad está obligada a acatar la medida cautelar otorgada en un juicio de amparo, de conformidad con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 70, del tomo XII, de la Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que señala:****************************************"AUTOS DE SUSPENSIÓN. Cualquiera autoridad del país tiene obligación de acatar las órdenes de suspensión dictadas en los juicios de amparo."****************************************Se comisiona actuario.****************************************Por otra parte, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado, a fin de que se constituya en la Estación Migratoria en el Estado de Tlaxcala, efecto de que proceda a la búsqueda y localización de los directos quejosos ********************, a fin de requerirles, para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten su ratifican o no la demanda de amparo, promovida en su favor por ********************apercibidos que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda y se dejarán sin efectos las medidas provisionales decretadas.****************************************Además, el actuario en dicha diligencia deberá dar fe del lugar y condiciones en que se encuentran los directos quejosos, asimismo manifiesten si es su deseo autorizar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************y únicamente para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 24 segundo párrafo de la ley de la materia, a ********************, por no contar con dicho registro.********************Hecho lo anterior, al Actuario judicial deberá cerciorarse a disposición de qué autoridad se encuentran los quejosos y además asentar dicha información en el acta respectiva. ****************************************Se requiere al encargado de la custodia de los quejosos, para que permita el acceso del funcionario judicial, al lugar en que se encuentran y los ponga ante su presencia para el debido cumplimiento de lo acordado; apercibido que de no hacerlo se procederá en su contra por el delito de desacato a un mandato judicial, en términos del artículo 262 de la Ley de Amparo. ****************************************En la inteligencia que de no encontrar a los quejosos en las instalaciones citadas, se faculta al Actuario Judicial adscrito para que requiera a las autoridades responsables que informen el lugar donde se encuentren recluidos y, hecho lo anterior, se traslade a ese lugar o a cualquier otro y dé cumplimiento a lo ordenado en los párrafos que anteceden.****************************************Por otra parte, en atención al principio de economía procesal, en términos de lo establecido en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para el adecuado despacho del presente asunto.****************************************Domicilio y autorizados****************************************Por otro lado, respecto del domicilio señalado por el que promueve en representación de los quejosos para oír y recibir notificaciones, no ha lugar a tenerlo como señalado toda vez que el domicilio en mención se encuentra fuera de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco. Por lo que las notificaciones del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. ********************Ahora bien, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de los directos quejosos, el que señalan en su escrito de demanda, esto es el ubicado la Instancia del Instituto Nacional de Migración con domicilio en calle Santos Degollado, número sesenta y dos, colonia Centro, San Pablo Apetatitlan, Tlaxcala, Tlaxcala****************************************Se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales; y, únicamente para oír y recibir notificaciones a los profesionistas que indica.****************************************Se autoriza uso de medios electrónicos. ****************************************Asimismo, se autoriza el empleo de medios electrónicos, en términos de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Plano del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Por su aplicación, se cita en apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la tesis aislada I.3o.C.725 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847, del Tomo XXIX, Marzo de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Civil, Novena Época, con el texto siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA."****************************************Comunicación no procesal.****************************************Con fundamento en lo establecido en el precepto 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se tiene a la parte recurrente proporcionando el número telefónico y correo electrónico que refiere, a través de los cuales se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente.****************************************Habilitación de días y horas inhábiles.****************************************En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. ****************************************Autorización para firmar oficios.********************Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. ****************************************Integración de expediente electrónico.****************************************Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo, de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo.****************************************Supresión de datos.****************************************Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión.****************************************En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21.****************************************Notifíquese personalmente.****************************************Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretaria que autoriza y da fe.

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