Yamileidis Rosendi Cancino y Otros.

Expediente 1678/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 6 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1678/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • Yamileidis Rosendi Cancino y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos: I. Del estado de autos del que se advierte que mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés, se reservó de proveer lo conducente en relación a la imposibilidad de localización de los directos quejosos Marcos Leandro Rosales Garces y Thalia Valdez Milan, hasta en tanto la autoridad migratoria Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración con residencia en la Ciudad de México, rindiera la información solicitada, a fin de tener certeza de la localización de los directos quejosos. II. El oficio firmado por el Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento a lo requerido en acuerdo de nueve de noviembre del año en curso, informa que de la búsqueda en el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), del Instituto Nacional de Migración, se encontró la siguiente información. a) Respecto del quejoso Marcos Leandro Rosales Garces, de nacionalidad cubana, localizó que fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración en la Estacón Migratoria de Tapachula, Chiapas, el doce de octubre de dos mil veintitrés, por ingresar al territorio nacional de manera irregular, donde se le inició el Procedimiento Administrativo correspondiente, otorgándole acuerdo administrativo el catorce siguiente. b) En relación a la quejosa Thalia Valdez Milan, no localizó información. Asimismo, señala delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones, y proporciona el correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos el oficio de cuenta. Respecto a lo indicado en los puntos I y II, inciso a), se tiene a la autoridad dando cumplimiento a lo ordenado por este juzgado en acuerdo de nueve noviembre de este año. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad oficiante a las personas que designa en su oficio, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que cita. Por otra parte, la autoridad oficiante proporciona correo electrónico para mantener contacto en relación con el presente juicio; en ese sentido, tomando en consideración que se trata de correo electrónico oficial, se deberá tomar notar de dicho dato; para que, en el caso de ser necesario, se pueda entablar comunicación a través de dicho medio, en términos del ordinal 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Ahora bien, toda vez que de lo esgrimido por la autoridad responsable se desprende que el directo quejoso ***, fue puesto a disposición ante la Estación Migratoria de Tapachula, Chiapas, el doce de octubre de dos mil veintitrés, dando inicio a su procedimiento administrativo migratorio correspondiente y en el que se otorgó el acuerdo administrativo el catorce de octubre siguiente; se hace del conocimiento al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, la suspensión de plano decretada a favor de la parte quejosa en proveído de cinco de noviembre del año en curso, el cual fue emitido en los siguientes términos: ".VII. SUSPENSIÓN DE PLANO. RESPECTO DE LA DETENCIÓN Y/O PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LOS QUEJOSOS POR MÁS DE TREINTA Y SEIS HORAS. Con fundamento en los artículos 126 y 164, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano respecto del acto reclamado consistente en la detención y/o privación de la libertad de los quejosos por más de treinta y seis horas; de los que refiere han sido objeto en el Albergue del Instituto Nacional de Migración en Berriozábal, Chiapas, con domicilio en Avenida Cedro, esquina Privada Particular, Barrio Rochester, Berriozábal, Chiapas, lugar en el que se encuentran actualmente, para el efecto de que las autoridades responsables dentro del ámbito de sus competencias, de haber transcurrido ese plazo dejen a los quejosos en inmediata libertad, sin perjuicio de dictar las medidas previstas legalmente, diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación -aseguramiento, medida de apremio, alojamiento o sanción-, a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración, a la luz de las diversas inmersas en el artículo 112 de dicha legislación, al existir menores de edad entre los quejosos, situación prevista en el capítulo VII denominado del Procedimiento en la Atención de Personas en Situación de Vulnerabilidad, que es del tenor siguiente: "Artículo 112. Cuando alguna niña, niño o adolescente sea puesta a disposición del Instituto, quedará bajo su total responsabilidad en tanto procede la notificación inmediata a la Procuraduría de Protección y la canalización al Sistema DIF correspondiente, y se deberá garantizar el respeto a sus derechos humanos, sujetándose particularmente a lo siguiente: I. Por lo que respecta a la seguridad y cuidado de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá ponerles de inmediato a disposición del Sistema Nacional DIF o su equivalente en las diferentes entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales y notificar del caso a la Procuraduría de Protección, para proceder a su gestión conforme a lo establecido en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De manera cautelar, el Instituto reconocerá a toda niña, niño y adolescente migrante la condición de Visitante por Razones Humanitarias, en los términos establecidos en la presente Ley y su Reglamento. El Instituto emitirá un acta de canalización de la niña, niño o adolescente en la que conste la notificación a la Procuraduría de Protección y la canalización de la niña, niño o adolescente al Sistema DIF correspondiente; II. Por lo que respecta a la determinación y resolución de la situación administrativa migratoria de niñas, niños y adolescentes, el Instituto deberá iniciar el procedimiento administrativo migratorio previa notificación a la Procuraduría de Protección para su oportuna intervención; III. Será el Instituto quien determine y resuelva el procedimiento administrativo correspondiente, atendiendo las determinaciones que en ese sentido provea el plan de restitución de derechos emitido por la Procuraduría de Protección. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección recomiende la permanencia de la niña, niño o adolescente, el Instituto lo podrá regularizar bajo los supuestos establecidos en los artículos 132, 133 y 134 de esta Ley, y tendrá derecho a la preservación de la unidad familiar. En el caso de que el plan de restitución de derechos que emita la Procuraduría de Protección estipule la posibilidad de que la niña, niño o adolescente salga del país, el Instituto procederá al retorno asistido y se notificará de esta situación al Consulado correspondiente, con tiempo suficiente para la recepción del niño, niña o adolescente en su país de nacionalidad o residencia. El retorno asistido de la niña, niño o adolescente migrante a su país de nacionalidad o residencia se realizará atendiendo al interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, con pleno respeto a sus derechos humanos y con la intervención de la autoridad competente del país de nacionalidad o residencia. Todo traslado y retorno asistido deberá de hacerse en acompañamiento de personal especializado en el tema de infancia. Tratándose de niña, niño o adolescente nacional no acompañado, corresponderá al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en coordinación y coadyuvancia con los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México que correspondan, garantizar el eficaz retorno asistido de la niña, niño o adolescente con sus familiares adultos o personas adultas bajo cuyos cuidados se encuentre habitualmente ya sea en virtud de ley o por costumbre, atendiéndose en todo momento el interés superior de la niña, niño y adolescente y su situación de vulnerabilidad, considerando las causas de su migración: reunificación familiar, en busca de empleo, violencia intrafamiliar, violencia e inseguridad social, entre otras; IV. Se informará en lenguaje claro y conforme a su edad y madurez a la niña, niño o adolescente de las implicaciones de la canalización al Sistema DIF, la notificación de su caso a la Procuraduría de Protección, del proceso administrativo migratorio, de sus derechos y del proceso de retorno a su país o comunidad de origen, en el caso de las niñas, niños y adolescentes nacionales repatriados; V. Se le pondrá en contacto con el consulado de su país, salvo que a juicio del Instituto o a solicitud de la niña, niño o adolescente pudiera acceder al asilo político, al reconocimiento de la condición de refugiado, o se identifiquen indicios de necesidad de protección internacional, en cuyo caso no se entablará contacto con la representación consular. En estos casos, además de a la Procuraduría de Protección, el Instituto deberá notificar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados de manera inmediata. En los casos en que corresponda, se notificará al consulado del país de nacionalidad o residencia del niño, niña o adolescente, sobre la canalización al Sistema DIF y la notificación a la Procuraduría de Protección, incluyendo los datos de contacto para ambos casos; VI. Personal del Instituto, especializado en la protección de la infancia, capacitado en los derechos de niñas, niños y adolescentes, podrá entrevistarles con el único objeto de conocer su identidad, su país de nacionalidad o residencia, su situación migratoria, el paradero de sus familiares y sus necesidades particulares de protección, de atención médica y psicológica. Dicha información se compartirá con los Sistemas DIF y la Procuraduría Federal en los términos que establecen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su Reglamento. Un representante de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos podrá estar presente en estas entrevistas, sin perjuicio de las facultades que le corresponden al representante legal o persona de confianza del niño, niña o adolescente." Aunado a lo anterior, en todo caso, deberá informar a este órgano jurisdiccional qué fue lo que realizaron y cuál es la situación legal de los quejosos en territorio nacional, para que este juzgado se encuentre en aptitud de proveer lo conducente. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si los actos reclamados son diversos o derivan de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa, como podría ser la comisión de un delito o, provienen de autoridades diversas a las designadas como responsables en la demanda de amparo; asimismo, dejará de surtir efectos si la parte quejosa no reporta su ubicación dentro del Estado de Chiapas en los términos indicados. En caso de haber sido detenidos en flagrancia, el plazo contará a partir de que sean puestos a disposición. INCOMUNICACIÓN. Con fundamento en los artículos 126 y 164, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano a Yamileidis Rosendi Cancio e Iván Concepción Concepción, y de sus menores hijos de iniciales E.C.C.R. y E.C.C.R., y de Marcos Leandro Rosales Garces y Thalia Valdez Milán, respecto del acto reclamado consistente en la incomunicación, para el efecto de que cese de inmediato dicho acto, así como cualquier acto u omisión que atente contra su integridad física o derechos humanos, prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, implica que de manera inmediata la autoridad responsable permita que los directos quejosos, tengan comunicación con gente de su confianza, abogados y familiares, lo cual deberá comprobar con las documentales correspondientes. Asimismo, se les garantice a los quejosos a decidir sobre si ejercer o no su derecho a la asistencia consular, en términos de lo que establece el artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, aplicado a nuestro sistema de protección de derechos fundamentales, de conformidad con lo determinado en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los siguientes términos: a) Para que la autoridad responsable informe de manera inmediata y sin demora al extranjero que haya sido detenido -en este caso, los quejosos-, o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tienen derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. b) En dicho caso, los aquí quejosos tendrán derecho a escoger si desean o no contactar a su respectivo consulado. c) Si es el caso que los extranjeros deciden que sí desean contactar a la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. En el entendido que dicha comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva. d) La autoridad responsable deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre los extranjeros y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar a los extranjeros una asistencia inmediata y efectiva, así como con sus abogados o quien legalmente lo represente. Lo anterior, en términos de lo señalado en las tesis 1a. CLXXI/2013 (10a.) y 1a. CXLII/2015 (10a.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubros y textos, corresponden respectivamente a los siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU CONTENIDO ESPECÍFICO Y RELEVANCIA PARA GARANTIZAR EL DERECHO FUNDAMENTAL A UNA DEFENSA ADECUADA DE LOS EXTRANJEROS. Del artículo 36, primer párrafo, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, se derivan, para el extranjero detenido en territorio mexicano, los siguientes derechos. En primer término, es necesario que las autoridades informen al extranjero que ha sido detenido, o se encuentre bajo cualquier tipo de custodia, que tiene derecho a comunicarse con la oficina o representación consular de su país. La información de este derecho debe ser inmediata y no puede ser demorada bajo ninguna circunstancia. En segundo lugar, el extranjero tiene derecho a escoger si desea o no contactar a su respectivo consulado. En tercer lugar, y una vez que el extranjero decide que sí desea contactar a la oficina consular de su país, la autoridad deberá informar de esta situación a la oficina consular correspondiente que se encuentre más cercana al lugar en donde se realizó la detención. Esta comunicación deberá ser inmediata y realizarse a través de todos los medios que estén al alcance de la autoridad respectiva. Por último, la autoridad deberá garantizar la comunicación, visita y contacto entre el extranjero y la oficina consular de su país, a fin de que esta última le pueda brindar al extranjero una asistencia inmediata y efectiva. Este último punto, que representa la asistencia consular en un sentido estricto, tiene a su vez una serie de implicaciones que deben ser especificadas. La exigencia de asistencia consular en el proceso penal tiene especial proyección debido a la complejidad técnica de las cuestiones jurídicas que en él se debaten y por la relevancia de los bienes jurídicos que pueden verse afectados. La asistencia consular, en cuanto derecho subjetivo, tiene como finalidad asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad de las partes y de contradicción que rigen un proceso penal, con la finalidad de evitar desequilibrios o limitaciones en la defensa del extranjero. En esta lógica, la asistencia consular es una garantía del correcto desenvolvimiento del proceso y una exigencia estructural del mismo. Así, el derecho fundamental a la asistencia consular de los extranjeros no puede ser concebido como un mero requisito de forma. Cuando una autoridad, ya sea policial, ministerial o judicial, impide a un extranjero la posibilidad de suplir sus carencias a través de los medios que el artículo 36 de la Convención de Viena pone a su disposición, no sólo limita sino que hace imposible la plena satisfacción del derecho a una defensa adecuada. DERECHO FUNDAMENTAL A LA ASISTENCIA CONSULAR. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES PARA TENER POR CUMPLIDO EL DEBER DE ASISTENCIA AL EXTRANJERO POR SU REPRESENTACIÓN CONSULAR. En términos del inciso c) del párrafo primero del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, las autoridades administrativas, policiales, ministeriales y judiciales deberán facilitar la libre comunicación entre los funcionarios consulares y la persona extranjera detenida, así como las visitas correspondientes, con el objeto de preparar la defensa del extranjero frente a los tribunales. Si hubiera oposición de la persona extranjera detenida a las visitas de los funcionarios consulares, éstas deberán interrumpirse. La trascendencia de esta decisión obliga a las autoridades a dejar constancia que la oposición del contacto, visita y asistencia consular se realiza por el extranjero con la comprensión de las consecuencias jurídicas que ello conlleva." Ahora bien, de la lectura de la demanda se advierte que la demanda de amparo se promovió, entre otra, en favor de dos quejosos menores de edad, aduciendo que se encuentran alojados en el Albergue del Instituto Nacional de Migración en Berriozábal, Chiapas, con domicilio en Avenida Cedro, esquina Privada Particular, Barrio Rochester, Berriozábal, Chiapas. Por tal motivo, ante una eventual situación de que pudiese poner en riesgo la integridad de los menores quejosos, se requiere a dicha autoridad para que en todo momento evite cualquier situación que ponga en riesgo y que pueda afectar la integridad física y emocional de éstos; situación que debe ser vigilada por esta juzgadora, ello en "pro" de una protección integral de los infantes, entre los cuales se encuentran su bienestar físico-psicológico y emocional. Cabe precisar que no pasa desapercibido para esta Juzgadora que la demanda recibida no cuente con firma del promovente, pues se está ante el supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida. ." REQUERIMIENTO DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, para el inmediato y debido cumplimiento de la suspensión de plano decretada, comuníquese a la autoridad responsable lo aquí decretado y para que en el término de VEINTICUATRO HORAS informe por oficio a este Juzgado de Distrito el cumplimiento que haya dado a la presente determinación, ya que esta deberá ser obedecida bajo su más estricta responsabilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra". EN ESA MEDIDA, DEBERÁN ACREDITAR CON DOCUMENTOS FEHACIENTES, ASÍ COMO LAS GESTIONES RELATIVAS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE DETERMINACIÓN, A EFECTO DE QUE ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL SE ENCUENTRE EN APTITUD DE DETERMINAR LO QUE EN DERECHO CORRESPONDA. En su caso, también podrán remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. Hágasele del conocimiento a la autoridad responsable que, dada la naturaleza urgente con la que se tramita el presente juicio, el término de veinticuatro horas aquí concedido para atender el requerimiento en comento, debe ser de momento a momento; por lo cual de manera excepcional y por única ocasión se autoriza a la citada responsable, para que remita las constancias realizadas al correo institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, debiendo confirmar su recepción con la secretaria de guardia al número de celular 961-774-16-02. SOLICITUD A LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y NÚMERO TELEFÓNICO. Asimismo, tomando en consideración las disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como herramientas para coadyuvar la labor jurisdiccional, se le solicita a la autoridad responsable, para que al MOMENTO DE RENDIR SU INFORME DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO PROPORCIONE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y NÚMERO TELEFÓNICO, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos; y, en el caso de estimarlo necesario, se mantenga comunicación a través de dichos medios tecnológicos. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Toda vez que de lo esgrimido por la autoridad oficiante, se desprende que el directo quejoso pudiera estar alojado en la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez; la cual, se encuentra fuera de la jurisdicción y residencia de este órgano de control constitucional, en consecuencia, con fundamento con los numerales 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese atento exhorto vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, en Turno, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, para que en auxilio de las labores de éste juzgado, comisione al actuario de su adscripción para que se constituya a las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, y efectúe lo siguiente: a) Realice la búsqueda del quejoso Marcos Leandro Rosales Garces, en el domicilio de la autoridad antes señalada o en algún otro lugar dentro de su jurisdicción donde tenga conocimiento que se encuentre y en caso de lograr su localización, le notifique el auto de cinco de noviembre de la presente anualidad, asimismo le requiera personalmente para que en la notificación o dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente a aquél en el que le surta efectos la legal notificación del citado acuerdo de tres de noviembre anterior, ratifique la demanda promovida en su nombre, con el apercibimiento que de no hacerlo, ésta se tendrá por no presentada y se dejarán sin efectos las providencias tomadas en el presente juicio. b) De igual forma, lo requiera para que en el mismo plazo, señale si desea recibir las notificaciones de manera electrónica al usuario designado en el escrito de demanda, o en su caso, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. c) Asimismo, solicítesele para que, en los mismos términos, indique si es su deseo nombrar como autorizado en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo a Ramón de la Cruz Marroquín. d) De igual manera, el actuario judicial deberá dar fe del estado físico en que se encuentre el quejoso; así como verificar si se encuentra incomunicado o ha tenido acceso a comunicación con su defensa o familiares; lo anterior para lograr un efectivo cumplimiento de la medida suspensional otorgada y no sea incumplida o violada por parte de la autoridad vinculada. e) Además, se comisiona al aludido fedatario para el efecto de que en dicha diligencia obtenga los nombres y cargos de los elementos policiacos que se encuentren custodiando al directo quejoso en el lugar donde se encuentra detenido, les entregue copia certificada de este acuerdo y los aperciba de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. f) Realice la entrega del oficio y anexos dirigidos al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordoñez, que se adjunta en la comunicación de referencia. Deberá facultar al fedatario público de su adscripción, para que, en caso de que la denominación que aparece en la misiva a través de la cual se comunica este proveído, sea distinta, se sirva testar la misma, y en su lugar, señale la denominación correcta; a efecto de que no se encuentre impedido para realizar la entrega del oficio derivado de esta comunicación oficial. APERCIBIMIENTO Hágase saber a la autoridad vinculada y elementos de cualquier corporación de policía que estén custodiando al quejoso que deberán proporcionar de manera inmediata las facilidades para que el actuario le notifique este proveído, con el apercibimiento que cualquier obstrucción, limitación, entorpecimiento o prohibición para que realice su función de manera plena, podrá constituir el delito de "desaparición forzada" en términos de los artículos 2, 3 y 6, de la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas; I, II y III de la Convención Interamericana Sobre Desaparición Forzada de Personas; así como el diverso artículo 27, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; con el apercibimiento que de no cumplir, con independencia de dar vista al Fiscal Federal de la adscripción, para los efectos de la responsabilidad penal en que pudieran incurrir, e independientemente de que sean denunciados por el delito de desaparición forzada, con fundamento en los artículos 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá como medida de apremio una multa de cincuenta a mil veces el valor diario de Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, de la artículo 26, de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta al juzgado exhortado para que habilite días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. Hecho lo anterior, provéase lo conducente. Finalmente, respecto II, inciso b), advirtiéndose que no ha sido posible la localización de la diversa quejosa ***, REQUIÉRASE al promovente del amparo ***, para que dentro del plazo de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste bajo protesta de decir verdad, si tiene conocimiento del lugar en donde actualmente se encuentra la quejosa referida; asimismo, proporcione toda la información a su disposición para lograr su localización; apercibido que de no aportar datos suficientes con los cuales se pueda dar con su paradero, se tendrá por no presentada la demanda respecto dicha quejosa. NOTIFÍQUESE POR LISTA, POR EXHORTO AL QUEJOSO MARCOS LEANDRO ROSALES GARCES Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que obra acuse de recibido de trece de noviembre de este año, respecto del oficio 45423/2023 girado al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, en el que se le solicitó comunicara a este órgano jurisdiccional si los directos quejosos Marcos Leandro Rosales Garcés y Thalía Valdez Milán, se encuentran alojados alguna estación migratoria, o en su defecto, si existe registro de su ingreso y posterior salida del lugar de alojamiento correspondiente; sin que a la fecha lo haya rendido. Al efecto, se acuerda: Por lo antes indicado y en acatamiento a lo ordenado en el acuerdo de nueve actual, REQUIÉRASE nuevamente al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS contadas a partir de la legal notificación de este acuerdo, rinde el informe solicitado mediante diverso 45423/2023; es decir, informe a este juzgado federal si los directos quejosos Marcos Leandro Rosales Garcés y Thalía Valdez Milán, se encuentran alojados alguna estación migratoria, o en su defecto, si existe registro de su ingreso y posterior salida del lugar de alojamiento correspondiente. En el entendido que deberá remitir copia certificada completa, legible y ordenada de las constancias que acrediten sus manifestaciones, o en su caso, informar las razones por las que se encuentren imposibilitados. Con el apercibimiento, que de no hacerlo así o de no informar el impedimento que tenga para ello, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, de la Ley de Amparo, se le impondrá la medida de apremio a que se le conminó en el oficio 45423/2023; esto es, se hará acreedor a multa de cincuenta a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, contemplada en los párrafos sexto y séptimo del apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se reitera a la referida autoridad migratoria que de conformidad con lo que establecen los artículos 14 y 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, podrá rendir el informe solicitado a través de los medios electrónicos autorizados, atendiendo en su caso a los acuerdos de interconexión o a través del correo electrónico institucional 2jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx, siempre y cuando sean signados con firma electrónica FIREL; caso contrario, no se tendrá por rendido el mismo, ni se otorgará validez a la comunicación recibida, por lo que será acreedor a la multa a que fue apercibido en el párrafo que precede. En su caso, también podrá remitirlo a este juzgado en formato impreso con firma autógrafa, en el domicilio ubicado en Boulevard Ángel Albino Corzo, número 2641, colonia Las Palmas, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, código postal 29040. De igual forma, infórmese que dada la naturaleza urgente con la que se tramita el presente asunto, el término aquí concedido para atender el requerimiento en comento, debe ser de momento a momento. Tomando en consideración las disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como herramientas para coadyuvar la labor jurisdiccional, nuevamente se le solicita a la autoridad en comento, para que al MOMENTO DE RENDIR SU INFORME PROPORCIONE UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL Y NÚMERO TELEFÓNICO, para que este órgano jurisdiccional pueda generar una base de datos; y, en el caso de estimarlo necesario, se mantenga comunicación a través de dicho medio tecnológico. Para dar celeridad al oficio que se remita al juzgado del orden común, conforme lo establece el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con base en el artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza al Actuario Judicial que corresponda diligenciar el presente asunto, remitir el oficio que se gire con motivo del presente proveído, al correo electrónico juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx, señalado por la autoridad migratoria en el juicio de amparo 1667/2023, de esta estadística; lo se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo cual puede ser traído a juicio oficiosamente por este juzgado. Ilustra a lo anterior la jurisprudencia de rubro "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYE PARA UN JUEZ DE DISTRITO LOS DIVERSOS ASUNTOS QUE ANTE ÉL SE TRAMITAN.". Debiendo el fedatario judicial levantar la constancia de notificación correspondiente y la confirmación respectiva; en el entendido, que en el supuesto de no poder obtener la confirmación de recibido, deberá remitir el mismo vía mensajería acelerada -estafeta-, a fin de evitar mayores dilaciones. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; el comunicado signado de manera electrónica por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, por medio del cual devuelve diligenciado el exhorto 128/2023 con número de orden 335/2023, de este índice; en virtud que, el trece de noviembre del año que transcurre, se realizó la entrega del oficio 45423/2023 remitido al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, intégrese de manera electrónica a los autos el oficio y anexos. Tomando en consideración que de las constancias remitidas por la autoridad oficiante derivan del exhorto 128/2023, con número de orden 335/2023, de esta estadística, en el que se ordenó la remisión del similar 27530/2023 al Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, para que informe a este órgano de control constitucional si en alguna estación migratoria, se encuentran alojados los directos quejosos Marcos Leandro Rosales Garcés y Thalía Valdez Milán; o en su defecto, si existe registro de su ingreso y posterior salida del lugar de alojamiento correspondiente, anexándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo. En esa medida, téngase por cumplida la encomienda solicitada al juzgado exhortante. Por lo anterior, se instruye el Oficial Judicial "A" encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este órgano jurisdiccional, deberá realizar gestiones pertinente para dar de baja el exhorto 128/2023, con número de orden 335/2023, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la observación que fue diligenciado en los términos solicitados. Sin que resulte necesario acusar recibo, toda vez que el sistema lo genera automáticamente. Este órgano federal queda a la espera del informe requerido a la Titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, tomando en cuenta que la entrega del comunicado relativo, fue recepcionado por la oficiada el trece de noviembre actual. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos; I. La certificación de cuenta, de la que se advierte que el expediente principal del juicio de amparo 895/2021-VIII, se encuentra turnado para la elaboración del proyecto de sentencia. II. Los escritos signados por Juan Eduardo Martínez Figueroa, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, de la parte quejosa, mediante el cual: a) Realiza diversas manifestaciones en vía de alegatos. b) Solicita se asiente si se llevó a cabo o no, la audiencia constitucional señalada para las diez horas con veinticinco minutos del ocho de noviembre de la anualidad en curso. Al efecto, se acuerda: En atención a lo anterior, con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos y resérvese proveer respecto de su contenido hasta en tanto se dicte la sentencia respectiva en el juicio principal. CÚMPLASE.

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