Yamile Nuñez Ramirez
Expediente 1862/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1862/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Yamile Nuñez Ramirez
Actuaciones
- Principal
MESA IV-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. SE DECLARA QUE LA RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DICTADA EN EL PRESENTE ASUNTO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación de cuenta, se desprende que a la fecha, ha fenecido el término de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión [medio de impugnación establecido en el diverso numeral 81, fracción I, inciso e), de dicha legislación], en contra de la sentencia constitucional dictada en el presente asunto, sin que ninguna de las mismas lo hubiera hecho. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 288, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución causó ejecutoria para todos los efectos legales. SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL Y NO SE TRAMITÓ INCIDENTES DE SUSPENSION En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido, en virtud de que no existe actuación pendiente por realizar. En relación con tal determinación, se hace constar que a través de la sentencia constitucional dictada en este asunto, se sobreseyó en el presente juicio de amparo. En tal virtud, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se acuerda lo siguiente: El presente expediente y el original del cuaderno incidental de suspensión, serán resguardados en el archivo de éste juzgado de Distrito durante de tres años, por lo que una vez se cumpla dicho término, los mismos serán transferidos al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el entendido que el expediente principal concerniente al presente juicio, será susceptible de destrucción, transcurrido más de cinco años a partir de la emisión de este acuerdo. El presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental, jurídica e histórica, en virtud que el mismo no tiene especial trascendencia jurídica, política, social o económica. SE ORDENA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. ANOTACIONES Háganse las anotaciones correspondientes en los libros que para tal efecto se llevan en este juzgado. SE HACE CONSTAR QUE NO EXISTEN DOCUMENTOS PENDIENTES DE DEVOLVER Finalmente, se hace constar que en el expediente no obran documentos originales susceptibles de devolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Alma Delia García Gutiérrez, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
MESA IV-A ÚNICO: SE SOBRESEE EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO
- Principal
MESA IV-A Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a once de julio de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario de la adscripción se advierte que no le fue posible entregar el oficio 4897, en virtud de que no existe la autoridad que se precisa en dicho oficio. Atento a lo anterior, con fundamento en la fracción II del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa en su numeral 2, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que quede legalmente notificado del contenido del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por inexistente a la autoridad arriba apuntada. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Mario Francisco García Cancino, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, por el periodo comprendido del ocho al veintidós de julio de dos mil diecinueve, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con la autorización comunicada mediante oficio CCJ/ST/2161/2019, de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la secretaria con quien actúa y da fe, licenciada Alma Delia García Gutiérrez. Doy fe. Bmd. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido del licenciado Alma Delia García Gutiérrez, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
- Principal
MESA IV-A Tapachula de Córdova y Ordoñez, Chiapas, a dos de julio de dos mil diecinueve. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Yamilé Núñez Ramírez, mediante la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado Regional del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, con sede en esta ciudad; fórmese el cuaderno correspondiente y regístrese en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), bajo el número 1862/2019. SUSPENSIÓN DE PLANO Del análisis integral de la demanda de amparo, se obtiene que la parte quejosa reclama, en esencia, lo siguiente: Orden de detención, deportación, expulsión, repatriación asistida de este país y su ejecución. Luego, con la finalidad de garantizar una pronta y expedita impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional, y además, ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, con fundamento en el artículo 125 de la legislación de la materia, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Se ordena a las autoridades responsables hacer cesar de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, en correlación directa con el 126 de la Ley de Amparo; particularmente, deberán abstenerse de detener a la parte quejosa para ser deportada, expulsada o repatriada a su país de origen de manera arbitraria, es decir, sin agotar el cauce legal previsto en la normatividad aplicable. La medida cautelar concedida no surtirá efectos y, por consiguiente, no impedirá la detención de la parte quejosa si se le pretende privar de la libertad en cumplimiento de una orden librada en su contra por autoridad diversa de las aquí señaladas como responsables o se le haya sorprendido en la comisión de delito flagrante. Por otro lado, toda vez que de la lectura de la demanda se advierte que la parte quejosa se duele de una posible restricción de su libertad de tránsito, es necesario establecer que esta prerrogativa debe sujetarse a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, conforme al cual queda claro que tal derecho no es absoluto ni irrestricto, pues está sujeto a límites y subordinado a las facultades de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración; cuestiones todas ellas de interés social y de orden público. En ese contexto, si la detención (o presentación) de la parte quejosa ante las autoridades migratorias obedece a que no se encuentra legalmente en el país, ya que refiere ser extranjera, estas últimas deberán sujetarse a los plazos y términos previstos en la ley de la materia y su reglamento, a fin de que se regularice o resuelva su situación migratoria acorde a las particularidades del caso; lo cual a su vez implica la obligación de iniciar y proseguir los procedimientos administrativos respectivos, dar respuesta a las gestiones que en ese entorno se realicen y, en general, el respeto al derecho humano al debido proceso. Finalmente, debe subrayarse que esta medida cautelar en ningún momento representa un salvo conducto, ni sustituye a la resolución que, en su caso, debe emitir la autoridad competente. Se apercibe a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a esta medida cautelar o de no informar el impedimento legal o material existente, se impondrá a la omisa, multa equivalente a cincuenta unidades de medidas y actualización de conformidad con el numeral 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, y se procederá en su contra en términos del artículo 262, fracción III, de la legislación de la materia. Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibidas que de no hacerlo, se impondrá a la omisa, la medida de apremio antes apuntada. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea sustancial, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por realizada, además de que se le impondrá multa de cien unidades de medidas y actualización de conformidad con el artículo 251 de la Ley de Amparo, en vinculación con el artículo segundo transitorio del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1o, fracción I, 5o, 6o, 33, fracción IV, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, 119 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En virtud de que la suspensión de plano fue decretada a favor de la parte quejosa, no se tramita el incidente de suspensión. SOLICITUD DE INFORME JUSTIFICADO De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se pide a la autoridad responsable que rinda informe justificado dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio por el que se le comunica el presente acuerdo. Al tiempo, se hace del conocimiento de la aludida potestad que: * En caso de que omita rendir su informe se presumirán ciertos los actos reclamados que se le imputan. * En el informe deberá exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reprochados, al que deberá acompañar además, copias certificadas de las constancias necesarias para apoyarlo; pues de no hacerlo así, o de no remitir las aludidas documentales de manera completa y legible para la solución del presente asunto, se le sancionará con una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, conforme lo dispuesto en la fracción II, del artículo 260 de la Ley de Amparo. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se hace saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de improcedencia y/o sobreseimiento, así como la existencia de otro u otros juicios constitucionales que se relacionen con el presente, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, incluso aun celebrada la audiencia constitucional o que el asunto se encuentre en revisión y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten. En caso contrario, se les impondrá multa de treinta a trescientas unidades de medida y actualización, en términos del numeral 251 de la invocada legislación. INTERVENCIÓN LEGAL AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL Con fundamento en los artículos 5, fracción IV, 26, fracción I, inciso k) y 29, de la Ley de Amparo, se ordena dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, corriéndole traslado con copia simple de la demanda de amparo, para lo cual notifíquesele personalmente el presente auto. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se cita a las partes a la audiencia constitucional, que tendrá lugar a las diez horas con diez minutos del veinte de septiembre de dos mil diecinueve. La fijación de esta fecha y hora, es decir, fuera del término a que se refiere el aludido ordinal, obedece a la necesidad de utilizar con eficiencia la agenda de este juzgado federal, sin violentar los derechos laborales del personal de este órgano jurisdiccional. En lo conducente, sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE". PRUEBAS De acuerdo al contenido de los dispositivos 119 al 123 de la Ley de Amparo, se indica a las partes que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. En ese sentido, con fundamento en el primero de los numerales invocados en el párrafo anterior y 124 del citado ordenamiento legal, se tiene a la parte quejosa ofreciendo como prueba la documental que allega con su demanda de cuenta, ya que por su propia naturaleza no requiere de desahogo especial, sin perjuicio de dar cuenta con ella al momento de celebrar la audiencia constitucional. DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS De conformidad con lo dispuesto en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles [aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia], se tiene a la parte demandante señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el referido en su escrito de demanda. Asimismo, se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a José Miguel Gutiérrez López, toda vez que cuenta con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Con fundamento en el párrafo segundo del aludido numeral, se habilita para el único efecto de oír y recibir notificaciones a los demás profesionistas que señala en su escrito, por no contar con dicho registro. AUTORIZACIÓN EN EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y COPIAS Desde ahora se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa. Por tanto, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.3º.C725C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". También se autoriza expedir, en un solo tanto, las copias simples o certificadas que a su costa solicite cualquiera de las partes al comparecer a este juzgado, previa toma de razón y recibo que de ello se deje en autos para constancia legal; lo anterior de conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ello, en el entendido de que, de encontrarse algún motivo por el que deba ampliarse esa prerrogativa, el compareciente deberá solicitarla por escrito en la oficialía de partes de este juzgado, la cual se acordará como legalmente corresponda. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. SIGNATURA DE OFICIOS Se autoriza a los secretarios de este órgano jurisdiccional a firmar los oficios que se originen de la presente determinación. RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de once de junio del año dos mil dos, y con el artículo 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el referido medio de difusión oficial el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor al día siguiente, así como el artículo 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, cabe señalar a las partes el derecho que les asiste para oponerse a hacerse públicas las sentencias, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Los responsables en el manejo de este expediente, procederán a la oportuna digitalización de las constancias que lo integren (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y proceso técnico informático y documental), con excepción de los anexos que dadas sus características y voluminosidad la dificulten. Todo ello a efecto de cumplir con el artículo 3, párrafos quinto y sexto de la ley de la materia Notifíquese personalmente a la parte promovente y por oficios a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, asistido del licenciado Pedro Castillo Castañón, Secretario del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.
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