Yamile Guadalupe Lizama Cabrera

Expediente 2242/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2242/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
31/05/2022

Partes del expediente

  • Yamile Guadalupe Lizama Cabrera
  • Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. V i s t o s los autos del juicio de amparo indirecto 1815/2019, para resolver si se ha cumplido o no la sentencia ejecutoriada; y, R e s u l t a n d o: Primero. En dicha sentencia ejecutoriada, se concedió el amparo en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, autoridad responsable, para los efectos siguientes: ". Efectos del amparo. Tomando en cuenta que el derecho humano a la impartición de justicia se vio afectado con el actuar de la Junta, de conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; y atendiendo a que la fecha señalada para la audiencia trifásica ya transcurrió, sin que se tenga conocimiento si se llevó a cabo o no, o si se señaló una nueva fecha; en tales condiciones, el efecto de la presente sentencia es para que la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, desahogue la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 654/2019, que promovió la parte quejosa, esto es, se deberá verificar si la fecha señalada está dentro del plazo legal, y de no ser así, se deberá dejar insubsistente la que ya se encuentra señalada y se deberá fijar en el plazo de ley..." Segundo. Por oficio número 835/2021, la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y, para acreditarlo exhibió diversas constancias relacionadas con el referido cumplimiento. Mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes con tales documentos para que dentro del término de tres días, manifestaran lo que a su interés conviniera; y, C o n s i d e r a n d o: Único. Las partes no hicieron manifestación alguna respecto a la vista que se les otorgó. Por tanto, con los elementos de convicción que obran en autos, este órgano de control constitucional procede a resolver si la ejecutoria se encuentra o no cumplida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, página 243, con el rubro siguiente: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Del examen de la documental antes descrita, que merece pleno valor, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se desprende que la responsable realizó lo siguiente: - El dos de febrero de dos mil veintiuno, desahogó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones dentro del plazo legal establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral número 654/2019, que promovió la parte quejosa. De lo anterior, se advierte el cumplimiento de la ejecutoria, para los efectos del artículo 192 de la Ley de Amparo. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de la Materia, al no advertirse exceso o defecto en el cumplimiento, procede declarar cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, hágase saber a las partes que cuentan con el término de quince días legalmente computados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, en términos de los artículos 201 y 202 del mencionado cuerpo legal, para que manifiesten ante este Juzgado su inconformidad con esta determinación, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término señalado se tendrá por consentida la misma. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan Armando Cortés Carabias, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, autoridad señalada como responsable en el presente juicio de amparo, el cual se ordena glosar a este expediente. Se hace del conocimiento de las partes, que en su caso podrán proporcionar un correo electrónico para la remisión digital del informe de cuenta. Por lo que refiere a la Agente del Ministerio Público Federal, en caso de que estime necesario imponerse del informe de cuenta, deberá solicitarlo a través del correo institucional 1jdo14cto@correo.cjf.gob.mx, a efecto de que se ordene la remisión del mismo a su correo electrónico. Ahora bien, se estima pertinente decretar el sobreseimiento en el presente juicio, aun fuera de la audiencia constitucional, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, de acuerdo con las consideraciones que a continuación se exponen. Cabe señalar que diversas tesis emitidas por Órganos del Poder Judicial de la Federación, sostienen que el sobreseimiento fuera de audiencia puede darse en casos notoriamente evidentes, tales como aquéllos en que hayan cesados los efectos del acto reclamado. Esto al tener en cuenta que la actualización de la hipótesis anterior, debe ser tan evidente que ni aun en la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con algún medio probatorio que pudieran allegar las partes, porque el sentido del fallo siempre sería el mismo. Robustece el criterio anterior la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el 14 de febrero de 2003, derivada de la contradicción de tesis 26/2002-PL, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Aunado a que ésta por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, puede analizarse de oficio y en cualquier etapa del juicio, como lo señala el artículo 62 de la Ley de Amparo, motivo por el cual se procederá a su estudio. De conformidad con lo anterior, en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..". La causal de improcedencia prevista en el precepto legal trascrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo. En efecto, se actualiza la mencionada causa de improcedencia, toda vez que de la lectura integral del informe con justificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades señaladas como responsables, lo siguiente: 1. La paralización del trámite en el juicio laboral 1134/2019 del índice de la la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida; así como la omisión de dictar el laudo correspondiente en el referido juicio. Sin embargo, de las constancias certificadas conducentes del expediente 1134/2019 que el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad de Mérida, remitió en apoyo a su informe justificado de cuenta, a las que este órgano de control constitucional les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que se emitió la resolución de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el referido expediente laboral, la cual fue elevada a categoría de laudo por acuerdo de uno de noviembre del año inmediato anterior, el cual fue notificado de manera personal a la parte aquí quejosa el diecinueve de enero de esta anualidad, según se desprende de la constancia que para tal efecto levantara la actuaria adscrita a la junta responsable; con todo lo anterior se reactivó el procedimiento laboral que se reclama. Lo anterior fue realizado con fecha posterior a la presentación de la demanda de amparo que lo fue el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, por lo que es evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; lo que impide a este órgano de control analizar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo, toda vez que en virtud de la cesación de efectos en cuestión, no se puede decidir sobre el acto reclamado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se impone sobreseer en el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento reglamentario. En virtud de lo anterior, se queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de enero de dos mil veintidós. Sin que sea obstáculo para arribar a esta conclusión, el hecho de que no se haya ordenado el emplazamiento de la parte tercera interesada señalada en la demanda de amparo, toda vez que por el sentido en que se resuelve el presente juicio de amparo, es evidente que no se le vulnera derecho alguno. Es aplicable la tesis P. V/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 45, Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, con el rubro y texto siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO POR FALTA DE SU EMPLAZAMIENTO LEGAL, CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARÁ. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 91, fracción IV, parte final, de la Ley de Amparo, cuando aparezca que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley, debe ordenarse la reposición del procedimiento. Ahora bien, siendo el tercero perjudicado parte en el juicio constitucional, según lo establece el artículo 5o., fracción III, del ordenamiento legal en cita, tiene derecho a ser oído en el juicio de garantías con el fin de que su pretensión consistente, básicamente, en la subsistencia del acto reclamado, se satisfaga a través de la negativa del amparo o del sobreseimiento en el juicio, por lo que en aquellos casos en que el tribunal revisor advierta de manera notoria que la sentencia será favorable al tercero perjudicado que no fue legalmente emplazado, ya que puede dictarse en cualquiera de los sentidos antes mencionados, no debe ordenarse la reposición del procedimiento, pues ello no le produciría beneficio alguno sino, por el contrario, le causaría perjuicio, cuando menos durante el tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiendo pronunciarse, en tal hipótesis, la resolución que corresponda, fundándose esta interpretación en que el propósito del aludido artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, es que no existan irregularidades procesales que puedan lesionar a alguna de las partes, lo que no acontece en el supuesto especificado." Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Juana Mecalco Collí, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA VII. Mérida, Yucatán, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la copia autorizada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de diez de junio del año en curso, se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente el acuerdo relativo a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictado el presente proveído. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno.Mérida, Yucatán, diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que está transcurriendo el término que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo se les concedió a las partes mediante proveído de dieciséis de noviembre del año en curso, respecto de los informes justificados rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario adscrito a la junta. Por tanto, a fin de permitir que las partes tengan oportunidad de conocer con la debida anticipación el contenido de dicho informe, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva hora y fecha para su celebración las trece horas con cuarenta minutos del diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno.

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