YAMILA PAOLA SANTOS DELGADO y Otros.

Expediente 484/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 29 actuaciones registradas, la última del 23 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
484/2022
Año
2022
Actuaciones
29
Última actuación
23/08/2023

Partes del expediente

  • YAMILA PAOLA SANTOS DELGADO y Otros.
  • Yamila Paola Santos Delgado
  • NYNNA PAOLYN DELGADO FLORES y Otros.
  • Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de los Bravo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintitrés de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), signado electrónicamente por el Actuario Judicial del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que se admitió a trámite el incidente de inejecución de sentencia, por el que este Juzgado Federal declaró que existía imposibilidad para dar cumplimiento a la sentencia de amparo, el cual quedó registrado con el número 22/2023. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a catorce de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de veintiuno de junio del año que transcurre, se declaró la imposibilidad de la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, para dar cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte quejosa para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. En consecuencia, con fundamento los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, el expediente original y el tomo I de pruebas, para los efectos precisados en el artículo 193 de la mencionada ley. Fórmese cuaderno de antecedentes únicamente con la impresión del presente acuerdo, así como con el acuse del oficio por el que se envía el presente juicio de amparo, ya que acorde a los principios de austeridad y racionalidad presupuestaria se estima innecesaria la integración tradicional de copias certificadas al cuaderno de antecedentes, cuya destrucción es inminente; además de que conforme a lo previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la constitución política de los estados unidos mexicanos, el presente juicio se encuentra debidamente digitalizado en el expediente electrónico para la consulta de las partes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 23/2018 (10a.), con número de registro digital 2017828, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 274, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ***

  3. Incidental

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a treinta de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo, del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual solicita se le acuse de recibido del oficio por el cual se remitió la ejecutoria pronunciada en el incidente de revisión 211/2022, de su índice; por tanto y en obvio de mayores dilaciones procesales, acúsese el recibo de estilo correspondiente. Notifíquese.

  4. Principal

    Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiuno de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término otorgado a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto del cumplimiento que la autoridad responsable pretende dar a la concesión de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, este juzgado Federal, concedió la protección constitucional a ****, en representación de su menor hija de iniciales Y.P.S.D., para el efecto de que la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos la resolución interlocutoria de seis de mayo de dos mil veintidós. 2. En su lugar emita otra en la que, tomando en consideración los lineamientos descritos en el fallo que se dicta, declare fundado el recurso de reconsideración. 3. Consecuencia de lo anterior, deberá revocar el auto de once de marzo de dos mil veintidós cuya finalidad será que cancele el oficio 214/2022 de dieciséis de marzo de la presente anualidad, dirigido al Subdirector de Recursos Humanos de la Secretaría de Salud Guerrero. 4. Sin para ello, dicha autoridad deje de observar el hecho de que prevalezca o continúe surtiendo efectos la medida provisional de alimentos decretada en el juicio especial de alimentos 24/2021-III, hasta en tanto se resuelva el recurso de apelación y adquiera firmeza la sentencia emitida en el sumario de origen que ha quedado precisado." Una vez que ésta causó ejecutoria, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Luego, mediante oficio 996/2022, recibido en este órgano jurisdiccional el nueve de diciembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable, informó que se encontraba jurídicamente impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, dado que por resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, emitida en el Toca número 243/2022, por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, modificó la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, dictada por la Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, en el expediente 24/2021-III, relativo al juicio especial de alimentos promovido por ***s, (parte quejosa en el presente asunto), en representación de su menor hija de iniciales Y.P.S.D., aunado a que dicha resolución causó estado, puesto que no fue impugnada por las partes dentro del término de ley; documental a la que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. En este tenor, mediante proveído de doce de diciembre de dos mil veintidós, este órgano jurisdiccional ordenó dar vista a la parte quejosa, con la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós y el proveído de siete de diciembre del mismo año, que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto de la imposibilidad para dar cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó al autorizado de la peticionaria del amparo, el trece de diciembre de dos mil veintidós, sin que oportunamente hubiera desahogado esa vista, por lo que esta juzgadora Federal, procedió a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto, se realizó el estudio de las constancias a fin de determinar si se encontraba cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, o, si existe imposibilidad para ello, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, en acuerdo de treinta y uno de enero del año en curso, se determinó que la autoridad responsable se encontraba imposibilitada para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que manifestó que mediante resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, por ***s, (parte quejosa en el presente asunto), en representación de su menor hija de iniciales Y.P.S.D., en el toca número 243/2022, aunado a que dicha resolución causó estado, puesto que no fue impugnada por las partes dentro del término de ley. Con base en lo anterior, se reitera, se concluyó la imposibilidad jurídica para que la mencionada responsable pueda cumplir con lo que le fue ordenado en la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo, por lo que se tuvo por justificado su impedimento para dar cumplimiento a la misma. Por tanto, se ordenó que una vez que transcurriera el término de quince días, que establece el numeral 202 de la Ley de Amparo, para que las partes de considerarlo pertinente, interpusieran el recurso de inconformidad respecto al citado, sin que lo hubiesen hecho así; en consecuencia, se remitieron los presentes autos, al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, a fin de que se pronunciara respecto a la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo dictado en el expediente en que se actúa. Luego mediante auto de quince de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado electrónicamente por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual devolvió los autos originales del juicio de amparo número 484/2022, asimismo, envió copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el incidente de inejecución de sentencia civil 2/2023. Cuyo punto resolutivo fue del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se ordena reponer el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de amparo indirecto 484/2022, del índice del Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, en los términos precisados en la parte final del considerando último de esta resolución" En cumplimiento a lo ordenado por el tribunal de alzada, se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante oficios 508/2023 y 529/2023, recibidos en este órgano jurisdiccional el veintitrés y veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable Jueza Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Los Bravo, con residencia en esta ciudad, informó nuevamente, que se encuentra jurídicamente impedida para dar cumplimiento a la ejecutoria del amparo, dado que el catorce de febrero de dos mil veintidós, dictó sentencia definitiva en el juicio especial de alimentos 24/2021-III, de su índice, contra la cual la aquí quejosa interpuso recurso de apelación, en el que al resolver la Sala Familiar en el toca 243/2022, ordenó la modificación de la precitada sentencia, además decretó el porcentaje de pensión alimenticia definitiva en el juicio especial de alimentos de la que deriva el acto aquí reclamado misma que no fue controvertida por las partes litigantes; asimismo remitió los diversos oficios 496/2023 y 171/2023, de los que se advierte que las partes no apelaron la resolución pronunciada en el Toca familiar 234/2022, emitida por la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en la que modificó dicha sentencia, aunado a que dicha resolución causó estado. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2. En este tenor, mediante proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, este Órgano Jurisdiccional ordenó dar vista a la peticionaria del amparo con la resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós y el proveído de siete de diciembre del mismo año, que remitió la autoridad responsable, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera; apercibido que de no hacer manifestación alguna respecto de la imposibilidad para dar cumplimiento del fallo protector, se acordaría lo que en derecho procediera. Tal acuerdo, se notificó al autorizado de la quejosa el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, vista que fue desahogada mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo del año en curso, ante la Oficialía de Partes de este juzgado Federal, por lo que se procede a pronunciarse sobre tal aspecto y para tal efecto se realiza el estudio de las constancias a fin de determinar si se encuentra cumplida o no la sentencia que concedió la protección constitucional a la parte quejosa, por ser una cuestión de orden público y de análisis oficioso. En ese tenor, se advierte que la autoridad responsable manifestó que tenía imposibilidad para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el argumento de que mediante resolución de diecinueve de agosto de dos mil veintidós, la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, resolvió el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de catorce de febrero de dos mil veintidós, por****, (parte quejosa en el presente asunto), en representación de su menor hija de iniciales Y.P.S.D., en el toca número 243/2022, aunado a que dicha resolución causó estado, puesto que no fue impugnada por las partes dentro del término de ley. Circunstancias que acreditó con las constancias correspondientes y que fueron previamente valoradas, en términos de la legislación civil aplicable a la ley de la materia. En esta tesitura, esta juzgadora de amparo, concluye, que efectivamente, como lo argumenta la autoridad responsable, existe imposibilidad jurídica para que la mencionada responsable pueda cumplir con lo que le fue ordenado en la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo y se tiene por justificado su impedimento para dar cumplimiento a la misma. Resulta aplicable al caso, la tesis P. XCIV/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Tomo V, junio de mil novecientos noventa y siete, página cientos sesenta y siete del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS DE AMPARO. LAS AUTORIDADES RESPONSABLES TIENEN DERECHO A DEMOSTRAR LA IMPOSIBILIDAD DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación lógica sistemática de los artículos 104 a 112 de la Ley de Amparo, que consagran el procedimiento mediante el cual la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, pueden constreñir a las autoridades responsables al cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, se advierte que el legislador estableció dicho procedimiento obedeciendo a un principio unitario, con propósitos definidos, con espíritu de coordinación y enlace, como lo es el que se acaten los fallos protectores y no, primordialmente, la aplicación de las sanciones a las autoridades remisas; lo que se corrobora con la obligación que establece la ley a cargo de los Jueces de Distrito, o Tribunales Colegiados de Circuito, de hacer cumplir, por sí o por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública, si es necesario, la sentencia constitucional, cuando ello sea jurídicamente posible; con el hecho de la intervención de los superiores jerárquicos, quienes también son responsables del cumplimiento aun cuando no hayan sido señalados como tales en la demanda de amparo, cuya injerencia persigue el propósito de facilitar, por la presión que dicha intervención implica, la ejecución del fallo en los plazos determinados por el legislador; así como del deber de las autoridades sustitutas de las destituidas para cumplir con la ejecutoria; y, por último, con el establecimiento del procedimiento incidental de cumplimiento sustituto de la sentencia. Por consiguiente, si una autoridad, responsable del cumplimiento de una sentencia protectora, manifiesta la imposibilidad material o jurídica del mismo, tiene derecho a que se le dé oportunidad de demostrarlo en forma fehaciente, pues si ello es así el Tribunal Pleno no podría imponer las sanciones a que se refiere el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que con la separación y consignación de la autoridad, no podría el Juez del conocimiento hacer cumplir la sentencia, ni tampoco lo podría hacer la autoridad sustituta y el único camino a seguir sería, a petición del quejoso, mientras no se reglamente el artículo 107, fracción XVI, constitucional reformado, el pago de daños y perjuicios, o el que el expediente se fuera a reserva, hasta en tanto cambiaran las condiciones o la situación jurídica en el asunto." En consecuencia, una vez que transcurra el término de quince días, que establece el numeral 202 de la Ley de Amparo, para que las partes si así lo consideran interpongan el recurso de inconformidad respecto al presente auto; sin que lo hubiesen hecho así, se remitirán los presentes autos; al Tribunal Colegiado de Circuito quien por materia y turno corresponda a fin de que se pronuncie respecto a la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento al fallo dictado en el expediente en que se actúa. Se cita en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J.44/2017 (10a.), con número de registro digital: 2014210, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Materias(s): Común, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 490, cuyo y rubro y texto el del tenor literal siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." En cuanto a lo manifestado por Onofre Leyva Leyva, autorizado de la parte quejosa, en el escrito de cuenta, deberá estarse a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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