Yamila Flores Pardo
Expediente 1521/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1521/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/11/2023
Partes del expediente
- Yamila Flores Pardo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese el oficio y anexos de cuenta, recibidos en el correo institucional de este juzgado, que remite la Jueza Décima Primera de lo Familiar de la Ciudad de México; visto su contenido, se provee: Téngasele remitiendo en cumplimiento al requerimiento de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, copia certificada de diversas constancias de la sucesión testamentaria a bienes de ******************** número ******************** de su índice, de las que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: - Que se radicó el veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, con el número ********************; señaló día y hora para la junta de herederos; y, previno a las promoventes para que informaran el domicilio de ********************, quien fue designado como albacea por el de cujus ********************. - Mediante auto de trece de junio del año en curso, el Juez de que se trata, tuvo por recibido el escrito presentado el seis de junio de dos mil veintitrés, por quien se ostente como mandatario de las citadas promoventes, en el que informó que el domicilio del albacea ********************, es el ubicado en ********************, y lo agregó sin que lo haya acordado de conformidad por no tener la personalidad reconocida en término del cuarto párrafo del artículo 112 del Código Procesal Civil, debido a que el veintinueve de mayo del año en curso, lo previno para que exhibiera su constancia del Registro Único de Cédula de Profesional. En ese orden, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo solicítese a la Jueza Décima Primera de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que reciba el oficio correspondiente, informe lo que en su caso haya acordado en relación a la notificación al albacea ********************, del cargo conferido, a efecto de que este en aptitud de comparecer al presente juicio para continuar con el cabal cumplimiento del fallo protector. Lo anterior, a fin de que esta autoridad esté en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. En el entendido que sigue firme el apercibimiento de multa decretado en autos. Se requiere a la representante legal del finado quejoso. Por otra parte, visto de autos que mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, se reservó respecto de las peticiones de ********************, representante legal del quejoso ********************, personalidad que acredita con la copia certificada del Instrumento Notarial ********************de siete de julio de dos mil veintiuno, del índice de la Notaria Pública número Cuatro de Xicotepec de Juárez, Puebla, relativo al Poder General para Pleitos y Cobranzas, Actos de Administración otorgado por el aquí quejoso ********************, a favor de ******************** y ********************, para que lo ejerzan conjunta o separadamente; Poder General para Actos de Dominio para que lo ejerzan conjuntamente; Poder para otorgar o suscribir toda clase de títulos de crédito; y, Celebrar todo tipo de Operaciones de Crédito. Asimismo, que en dicho libelo solicitó se le autorizara en representación del finado quejoso para recoger el cheque certificado ********************, emitido por ********************, por un importe de ********************, lo que se reservó proveer hasta en tanto obrara en autos copia certificada del acta de defunción correspondiente. De igual forma, que en acuerdo de veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, se tuvo a la Jefa del Departamento de Archivo de la Dirección General del Registro Civil en Toluca de Lerdo, Estado de México, remitiendo el extracto de acta de defunción de ********************; en consecuencia, se provee lo siguiente: Es pertinente traer a colación el artículo 16 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 16. En caso de fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte sus derechos estrictamente personales, el representante legal del fallecido continuará el juicio en tanto interviene el representante de la sucesión." De dicho precepto legal dispone expresamente que en caso de fallecimiento del quejoso (siempre que lo planteado en el juicio de amparo no afecte derechos estrictamente personales), es el "representante legal" del fallecido el que continuará la sustanciación hasta en tanto interviene la sucesión. Ahora bien, toda vez que de la copia certificada de diversas constancias de la sucesión testamentaria a bienes de ********************número ******************** de su índice, que remite la Jueza Décima Primera de lo Familiar de la Ciudad de México; se advierte que fue designado ********************, como albacea del cujus ********************, el cual no ha sido notificado de dicho cargo; y que su domicilio es el ubicado en ********************. En consecuencia, dado que la materia del cumplimiento del fallo protector dictado en autos se materializa con la entrega del aludido cheque, y en el caso no se trata de derechos estrictamente personales del quejoso, sino patrimoniales, y a efecto de no causar un perjuicio a la sucesión testamentaria del quejoso; por tanto: 1. Se autoriza a ********************, para que debidamente identificada y dentro del término de veinticuatro horas se presente ante las oficinas del Centro SCT Puebla, y previa diligencia recoja el cheque certificado ********************, emitido por ********************, por un importe de ********************. 2. Se requiere a ********************, para que dentro de las veinticuatro horas posteriores a que reciba el cheque certificado de que se trata, de manera inmediata lo deposite a una cuenta a nombre del quejoso, a fin de rendir cuentas a la sucesión legal respectiva, y remita las constancias que lo acreditan. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se le impondrá una multa de mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 117 párrafo cuarto, 238 y 260, fracción II de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia PC.I.C.J/46C 10a., visible en la página 2170, del libro 43, Junio de 2017, tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2014526, de rubro y texto: "MANDATO. ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DEL MANDATARIO DESPUÉS DE LA MUERTE DEL MANDANTE. La interpretación del artículo 2600 del Código Civil vigente en la Ciudad de México, a través de la aplicación de distintos argumentos jurídicos, es concurrente en que la obligación impuesta a quien se desempeñó como mandatario en la relación extinta, de continuar con la administración de los bienes o derechos que constituyeron su objeto (ultractividad), a fin de no causar perjuicios, no está sujeta, para su conclusión, a una temporalidad genérica o específica, a la realización u omisión de actos no precisados en el texto legal o al surgimiento de ciertos hechos, sino exclusivamente a la eventualidad prevista expresamente en la disposición, consistente en que los herederos se hagan cargo de los negocios de que se trate, y tampoco está limitada para su ejercicio a gestiones concretas, a asuntos específicos o a determinados procesos judiciales iniciados durante la vigencia del mandato, sino comprende todas las actividades que se requieran para alcanzar la finalidad de la gestión impuesta. Por tanto, el administrador queda en aptitud legal de llevar a cabo los actos necesarios para el éxito de la encomienda. Verbigracia, si la administración recae sobre un inmueble dado en arrendamiento, deberá deducir las acciones procedentes para exigir el cumplimiento de las obligaciones del arrendatario, como el pago de renta, la resolución o terminación del contrato, su prórroga, etcétera, por ser actos evidentemente conducentes al éxito de la gestión, para que los herederos no sufran perjuicios en el tiempo que tarden en encargarse del negocio. El sentido literal es claro en su alcance. La interpretación gramatical revela en qué consiste la obligación fijada en el precepto analizado, a partir de cuándo surge y cuándo termina, de manera que no cabe la posibilidad de cuantificar numéricamente una temporalidad, porque con esto se alteraría el significado de las palabras empleadas y las reglas gramaticales que las rigen. La interpretación teleológica revela que el legislador propende a la conservación y dinamismo del negocio que fue objeto del mandato, al estar consciente de que la extinción de este contrato podría llevar a que el contenido patrimonial del asunto quedara en peligro, por no darse las condiciones necesarias para su administración, dado que el mandante no lo podría hacer, por haber fallecido, ni los herederos por desconocimiento de la herencia, dificultades para su acreditación, conflictos entre ellos, etcétera, por lo que se inclinó por obligar a quien tuvo la calidad de mandatario a continuar con la administración del negocio hasta que los herederos la asumieran, pero facultó a éste para liberarse de esa carga, acudiendo ante el juez, para que otorgue a los herederos un plazo corto para asumir esa actividad. La visión doctrinal, con base en un autor portugués, dado que de allí proviene la norma, y autores mexicanos reconocidos, se orienta claramente a que la ultractividad debe seguir hasta que los herederos se hagan cargo de los negocios o el exmandatario se libere de la obligación. Desde la óptica del contenido económico del contrato, la intelección se inclina en igual sentido, porque tutela la continuación de esa función sin interrumpirla; además, es más fácil perseguir al administrador infidente que a personas ignoradas que se aprovechan de los bienes ante la falta de custodia. Finalmente, la senda de la interpretación judicial se ha inclinado preponderantemente por el criterio que aquí se sostiene. No obsta, para todo lo anterior, la posibilidad de un mal manejo ante la falta de la vigilancia y control del mandante, porque debe partirse del principio de buena fe que se presume en todas las personas y en que existe un régimen de responsabilidad para los administradores infidentes." Así como la tesis I.6°.C.29 C (10ª), visible en la página 3359, del libro 26, Enero de 2016, tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número de registro 2010776, de rubro y texto: "MANDATO. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "EN LA ADMINISTRACIÓN" A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 2600 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES. Si bien el artículo 2595, fracción III, del citado código, establece que el mandato termina por la muerte del mandante; sin embargo, el diverso artículo2600 del mismo ordenamiento señala que el mandatario debe continuar "en la administración" en tanto los herederos provean por sí mismos a los negocios, siempre que de lo contrario pueda resultar algún perjuicio a la sucesión del mandante. Así, tratándose de la tramitación de procedimientos jurisdiccionales, el mandatario debe continuar con ésta hasta en tanto no se apersone a juicio la sucesión por conducto del albacea o se promueva la sustitución correspondiente, pues tomando en consideración que si no hacen valer los recursos, defensas o derechos que la ley concede en los procedimientos jurisdiccionales, entonces precluyen los derechos correspondientes, con lo que se puede causar perjuicio al patrimonio de la sucesión, lo cual traería consigo el incumplimiento en las obligaciones a cargo del mandatario, dentro de las cuales se encuentran la salvaguarda de los derechos del mandante. Lo anterior, si se parte de la base de que entre los actos de administración deben contarse aquellos que tienden a la conservación de los derechos del mandante, sin que se estime necesaria la precisión de dichos actos dentro del poder general para pleitos y cobranzas, toda vez que la obligación de velar por los intereses del mandante en el juicio del que emana el acto impugnado, se encuentra implícita en el mandato de esa naturaleza en el cual quedó facultado para hacer uso de todos los recursos y medios de defensa que conceden las leyes en beneficio de los bienes puestos a su cuidado." Se hace del conocimiento de la autoridad. Lo anterior, hágase del conocimiento del Director General del Centro SCT Puebla, para que entregue a ********************, en su calidad de representante legal del quejoso ********************, el que cheque certificado respectivo, quien deberá identificarse plenamente con el documento oficial respectivo, y previa diligencia que levante. Lo que deberá hacer del conocimiento de este dentro del término de tres días posteriores a que lleve a cabo la diligencia respectiva. En el entendido que sigue firme el apercibimiento de multa decretado en autos. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Autoridad informa se requiere cumplimiento. Agréguese el oficio y anexos de cuenta registrado con el número 22789 remitido por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla por conducto de la Magistrada Presidente y por el Magistrado representante del Estado. Se tiene a las autoridades oficiantes en cumplimiento a la ejecutoria de amparo remitiendo copia certificada del auto de cuatro de octubre del año en curso dictado en el expediente de su índice en el que fijó las once horas del veintitrés de octubre de dos mil veintitrés a fin de llevar a cabo la diligencia de cumplimiento de laudo por el monto de ...... tomando en consideración que en la diversa diligencia de nueve de agosto del año en curso la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Puebla Requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de veinticuatro horas a partir de la fecha que señaló para a cabo la diligencia de cumplimiento de laudo remita copias certificadas del resultado de la misma y del auto que haya dictado al respecto. En la inteligencia de que subsiste el apercibimiento decretado. Tribunal Colegiado radica recurso de reclamación y lo admite. Por otra parte agréguese a los autos el oficio de cuenta visto su contenido se provee: Téngase a la Secretaria de acuerdos adscrita al Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito informando que registró el recurso de reclamación interpuesto por el titular de la Dirección General y Jurídica y de Transparencia de la Secretaría de Educación....en su carácter de representante legal de la misma en contra del diverso auto de veinticinco de septiembre del año en curso* dictado en la queja * de su índice. Firma del expediente De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 25******************** del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal******************** que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma******************** adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se le requirió manifestara si era su voluntad formular ampliación de demanda en relación a las autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Segunda Mesa de Trámite, de la Dirección Regional de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur y Subprocurador de Averiguaciones Previas y Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del Estado; en tal virtud: Diferimiento de la audiencia constitucional. Difiérase la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, para dar oportunidad a lo anterior. Se fijan, de nueva cuenta, para su celebración las diez horas nueve minutos del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
- Incidental
Agréguese a los autos el oficio de cuenta; visto su contenido, se provee: Tribunal Colegiado radica revisión. Se tiene a la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, informando que registró el recurso de revisión incoado en autos, con el número ********************y lo admitió a trámite, estando en espera de lo que determine. Firma del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 252 y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo; esta determinación se firmará electrónicamente. Notifíquese.
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