Yamel Saraya Padua González
Expediente 370/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 370/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 31/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Yamel Saraya Padua González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
PRAL. 684/2019-IV CUENTA. El treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, da cuenta a la Jueza de Distrito, con el estado procesal que guardan los autos. Conste. La Secretaria Beatriz Eugenia Meza López Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, se recibió copia certificada de las constancias que conforman el juicio de amparo 348/2019, con motivo de la separación de juicios decretada por el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, motivo por el cual, este juzgado federal se avocó al conocimiento del asunto respecto a la quejosa María Nélida Larumbe Trujillo. Asimismo, se aprecia que en auto de diecisiete de julio del presente año, la Juez Sexto de Distrito en el Estado de Guerrero, ordenó remitir el cuaderno original del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 348/2019, de su índice, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la resolución interlocutoria de dos de mayo de dos mil diecinueve. Por tanto, tomando en consideración que el veintidós de agosto de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia definitiva emitida en el juicio de amparo en que se actúa, a fin de estar en aptitud de determinar lo relativo al archivo del sumario; en consecuencia, solicítese a la citada homóloga que de no existir inconveniente, informe si dicho medio de impugnación ya fue resuelto, y en su caso, remita copia certificada de las constancias respectivas. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Acapulco de Juárez, Guerrero; treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto; el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que el acto reclamado en esta instancia constitucional es la omisión de vigilar que se tomen las medidas necesarias para que se haga efectivo el descuento del 40% (cuarenta por ciento) por concepto de pensión alimenticia sobre el salario y demás prestaciones de Jafet Ríos Pacheco, el cual fue fijado en acuerdo de dos de diciembre de dos mil nueve, dentro del expediente 1435-1/2009, relativo al juicio especial de alimentos que promovió la aquí quejosa en su contra, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, con residencia en esta ciudad. En ese orden, el seis de marzo de dos mil veinte, se dictó sentencia y se concedió el amparo para los siguientes efectos: "Realice los actos necesarios a fin de que se garantice el pago de la pensión por concepto de alimentos que fue decretada a su favor de manera provisional dentro del juicio especial de alimentos 1435-1/2009, razón del cuarenta por ciento sobre el salario y demás prestaciones que percibe el demandado." Resolución que causó ejecutoria el diecisiete de agosto de dos mil veinte, y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento, sin que a la fecha haya dado cumplimiento total al fallo protector, no obstante de haber sido requerida en múltiples ocasiones y desahogado de manera parcial los mismos. La autoridad responsable informó que desconocía el domicilio donde pueda ser notificado el demandado Jafet Ríos Pacheco, por lo que giró oficios a diversas dependencias, a efecto de lograr su localización y giró diversos exhortos en los que solicitó a las autoridades exhortadas que agotaran las medidas necesarias para lograr la localización del antes mencionado, específicamente en relación a su fuente de trabajo. El once de enero de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita a la Administracion de Gestión Judicial del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, emplazó aludido Jafet Ríos Pacheco, al juicio especial de alimentos 1435-1/2019, lo que realizó de manera personal y lo requirió para que se pusiera al corriente del pago de la pensión alimenticia decretada en el mismo. Posteriormente, por auto de siete de julio de dos mil veintidós, se ordenó requerir nuevamente al demandado para que de manera inmediata se ponga al corriente con el pago de la pensión alimenticia decretado en auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, del expediente 1435-1/2009, y se ordenó girar oficio al Instituto Mexicano del Seguro Social y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, para que informen si el demandado antes señalado se encuentra dado de alta como empleado o patrón. De igual manera, en acato al acuerdo de ocho de agosto de dos mil veintidós, el juez responsable ordenó imponer multa al Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y al Jefe del Departamento Contencioso del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al no haber dado cumplimiento al requerimiento formulado. Asimismo, el cuatro de noviembre de dos mil veintidós, la Actuaria adscrita a la Administracion de Gestión Judicial del Juzgado Segundo Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, notificó el contenido del auto emitido en el juicio de origen el siete de julio de ese propio año, en el que se le requirió para que de manera inmediata se pusiera al corriente en el pago de la pensión alimenticia. De igual manera, en auto de veintiuno de marzo del presente año, se ordenó imponer al deudor alimentario una multa de cien unidades de medida y actualización (UMA), a favor del Fondo Auxiliar para la Administracion de Justicia, y ordenó requerirlo nuevamente para que se pusiera al corriente del pago de la pensión alimenticia, por lo que giró exhorto al Juez Segundo Familiar Oral del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, para que se le notificara dicha determinación, sin que a la fecha se obtuvieran resultados positivos a efecto de lograr garantizar el pago de la pensión por concepto de alimentos que fue decretada a favor de la parte quejosa de manera provisional dentro del juicio especial de alimentos aludido; documentales públicas que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, debe ponderarse que el artículo 192 de la Ley de Amparo, señala que una vez que la sentencia de amparo indirecto cause ejecutoria, el Juez de Distrito debe notificar tal circunstancia a las partes. En esa notificación requerirá a las autoridades responsables el cumplimiento respectivo, lo que desahogarán en un plazo de veinte días, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá multa y se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En esa misma notificación debe requerirse también, en su caso, al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que ordene a ésta a cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la responsable. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 193, si la ejecutoria no se cumple dentro de los tres días, o bien dentro del término ampliado que puede otorgarse cuando la autoridad acredita estar en vías de cumplir o justifica la causa del retraso, entonces se hará efectivo el apercibimiento decretado en el requerimiento, esto es, se impondrán las multas procedentes y se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito. Si la autoridad de amparo recibe informe de la responsable de que ya cumplió la ejecutoria, en términos del artículo 196 dará vista al quejoso, y en su caso, al tercero interesado, para que en el terminó de tres días, tratándose de amparo indirecto, manifiesten lo que a su derecho convenga, de conformidad con el artículo. Transcurrido ese plazo, el órgano de amparo debe dictar resolución donde declare si la ejecutoria está cumplida o no lo está. De esa forma, solamente podrá declarar cumplida la ejecutoria, si las acciones de la responsable satisfacen totalmente, sin excesos ni defectos, los alcances y efectos de la protección constitucional otorgada. Así, podrá considerar que la sentencia de amparo no está cumplida en lo absoluto, no lo está correctamente o es imposible su cumplimiento. En esos casos, deberá remitir el asunto al tribunal colegiado de circuito, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, sin perder de vista que el artículo 214 del mismo ordenamiento legal, señala que no podrá archivarse ningún juicio de amparo, sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, o no exista materia para la ejecución y, así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada; lo que implica desde luego, agotar las gestiones necesarias para el cumplimiento de una sentencia protectora, a fin de obtener resultados favorables, hasta que se esté en condiciones legales de decidir si verdaderamente existe o no incumplimiento o imposibilidad en su ejecución. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, el tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del A quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable, y en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Por ende, conforme a ese precepto, los tribunales colegiados tienen la facultad de pronunciarse sobre la imposibilidad jurídica decretada por el resolutor, o determinar si no se llevó a cabo el procedimiento respectivo, en cuyo caso devolverá los autos al juez de distrito. De todo lo anterior se obtiene, que el legislador dispuso un procedimiento para garantizar el cumplimiento de las sentencias de amparo; y es en el incidente de inejecución de sentencia, originado por la declaratoria de imposibilidad para cumplir con la ejecutoria de amparo, conforme al citado numeral 196, quinto párrafo de la Ley de Amparo, donde el tribunal examinará la legalidad de esa determinación. En el caso, la autoridad responsable ha remitido diversas constancias de las que se advierte que a pesar de las diversas gestiones que ha realizado para que se garantice el pago de la pensión por concepto de alimentos que fue decretada de manera provisional dentro del juicio especial de alimentos 1435-1/2009, a razón del cuarenta por ciento sobre el salario y demás prestaciones que percibe el demandado, a pesar de los diversos requerimientos y múltiples gestiones que ha realizado para ello, a fin de obtener información del lugar donde labora a fin de estar en posibilidad de ordenar el descuento correspondiente. Ahora, si por imposible se entiende lo que no puede llevarse a cabo, es pertinente distinguir la imposibilidad material de la imposibilidad jurídica, para cumplir la sentencia de amparo. La primera se da cuando físicamente no pueden volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la realización del acto reclamado; y la segunda se refiere a la irreparabilidad jurídica, la cual se estima actualizada cuando por las circunstancias del caso, resulta imposible o desproporcionadamente gravoso, restituir la situación que imperaba antes de la violación, ya que lo que se persigue con el medio extraordinario de defensa, es obtener un beneficio en favor del peticionario de amparo, esto es, la salvaguarda de sus derechos, y no un perjuicio. En el asunto de que se trata, lo que motivó la concesión del amparo fue la consideración de que la conducta que atribuyó el quejoso a la responsable, es contraria al marco constitucional. Por tal razón, este órgano jurisdiccional determinó que en forma inmediata la responsable realizara las gestiones para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Sin embargo, no se logró el cumplimiento pues a pesar de las diversas gestiones que se han realizado para garantizar el pago de la pensión por concepto de alimentos que fue decretada de manera provisional dentro del juicio especial de alimentos 1435-1/2009, no fue posible obtener datos de la fuente laboral del deudor alimentario, ni se ha logrado que cumpla de manera voluntaria a pesar de los requerimientos que se le han realizado y la medida de apremio que se le impuso. En ese entendido, resulta imposible restituir a la quejosa Fabiola Vargas Mejía, por propio derecho y en representación de la menor Zuli Amairany Ríos Vargas, en el pleno goce del derecho violado, pues dicha actuación es excusable pues obedece a factores externos, aleatorios o imprevisibles, ajenos al control de la autoridad responsable obligada, y no derivada de omisiones culposas o dolosas de ésta, por tanto, no deben aplicarse las medidas establecidas en la fracción XVI del artículo 107 Constitucional. Consecuentemente, de conformidad con los artículos 192 y 193, de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General número 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, remítase en grado de incidente de inejecución de sentencia al Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito en turno, con sede en Chilpancingo de los Bravo, para que dicho órgano sea quien determine lo procedente a la conclusión alcanzada de la imposibilidad jurídica y material para acatar la sentencia protectora. Apoya lo expuesto, en lo conducente, se comparte la jurisprudencia 4417, Décima Época, Libro 42, Tomo I, pagina 490, mayo 2017 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro es el siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO." Asimismo, con fundamento en el artículo 113 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase de su conocimiento que el expediente en que se actúa, quedó habilitado para su consulta electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, a fin de que se substancie el medio de impugnación de mérito. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
En la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez, Guerrero, a las diez minutos con veinte minutos del doce de mayo de dos mil veintitres, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 370/2023-IV, promovido por *****, por derecho propio, ante la presencia de Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Con sustento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia sin la asistencia personal de alguna de las partes o sus autorizados. Acto seguido, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentran: Escrito inicial de demanda; auto admisorio; constancias de notificación a las partes; informe justificado y auto que lo tuvo por recibido; escrito por el cual se apersonó al juicio el tercero interesado y constancia de notificación. La Jueza de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede, para los efectos legales que en derecho corresponda. Abierto el periodo de ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas: La Secretaria da cuenta con la documental que allegó la autoridad responsable al momento de rendir su informe con justificación, así como el tercero interesado al apersonarse a juicio. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngase por admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver el sumario en que se actúa. Abierto el periodo de alegatos: La Secretaria da cuenta con los formulados por la parte tercero interesada. La Jueza de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 124de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos dichos alegatos, mismos que de ser procedentes serán tomados en consideración al resolver este sumario. Desahogada en todas sus etapas la presente audiencia constitucional, se dicta sentencia: Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 370/2023-IV, promovido por ******, por derecho propio, contra actos del Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda Por escrito depositado el doce de abril del año en curso, en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, domiciliados en Acapulco, Guerrero, remitido por razón de turno en ese mismo día, a este Juzgado Cuarto de Distrito, ****, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y el acto que se transcriben a continuación: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA MERCANTIL FEDERAL DEL VIGESIMO PRIMER CIRCUITO [.]. IV.- ACTO RECLAMADO. Bajo protesta de decir verdad manifiesto que el acto reclamado es el acuerdo de fecha veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado por el Juez de Distrito en Materia Oral Mercantil del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco Guerrero en el juicio oral mercantil 426/2023, promovido por *****, [.]". SEGUNDO. Trámite del juicio Por proveído de trece de abril del año en curso, se admitió la demanda de amparo, la cual se registró con el número 370/2023-IV; se solicitó a la autoridad responsable rendir su informe con justificación; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de dos mil trece, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este juzgado. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio. 5 TERCERO. Precisión de acto. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado;."; es necesario delimitar el acto reclamado, que se desprende del estudio y análisis en conjunto de la demanda de amparo, atendiendo a la Jurisprudencia 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. En esa tesitura, del análisis al escrito inicial de demanda y de las constancias de la autoridad responsable, se advierte que la parte quejosa, reclama lo siguiente: ? El acuerdo emitido por el Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, en el juicio oral mercantil 426/2023, promovido por la quejosa *****, en contra de CFE Suministrador de Servicios Básicos, empresa productiva subsidiarias de la Comisión Federal de Electricidad, División Centro Sur, Zona Acapulco y otra, en el que decretó la medida cautelar solicitada y condicionó su efectividad al pago de una garantía por la cantidad de $112,664.00 (ciento doce mil seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. CUARTO. Existencia del acto reclamado Al rendir su informe justificado la autoridad responsable Juez de Distrito en Materia Mercantil Federal en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, aceptó el acto reclamado. Circunstancia que se estima suficiente para tener por demostrada la conducta que se le imputa, pues lo aseverado en dicho informe constituye propiamente una confesión por parte de la aludida autoridad responsable.Resulta ilustrativa al respecto la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 89, Tomo 217-228 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. ACTOS CONFESADOS EN EL, POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE. ES BASTANTE PARA TENERLOS POR DEMOSTRADOS". QUINTO. Análisis de la procedencia Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada, se procede a analizar la procedencia de este juicio con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme a lo expuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En ese sentido, al no existir causa de improcedencia hecha valer por algunas de las partes o que este órgano jurisdiccional advierta de oficio, se procede a examinar la constitucionalidad del acto reclamado. SEXTO. Estudio de fondo En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe en la Ley de Amparo precepto alguno que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien 5 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que en el caso se hayan hecho valer. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 58/2010, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."6 La parte quejosa sostiene que la resolución recurrida viola los derechos humanos de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el juez responsable condicionó la efectividad de la medida cautelar solicitada a la exhibición de la cantidad de $112,664.00 (ciento doce mil pesos seiscientos sesenta y cuatro pesos 00/10 moneda nacional). Expone que esa cantidad constituye la suerte principal reclamada, es decir, es la establecida en el aviso de cobro del ajuste de facturación 3478/2022, de veintiocho de julio de dos mil veintidós. Asimismo refiere que al tratarse el suministro de energía eléctrica de un producto de naturaleza vital, debe concederse la medida cautelar sin fianza alguna, y en su caso, la fianza debe responder a los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la concesión de la medida cautelar, y no para el pago del valor del juicio. Concepto de violación infundado, atendiendo a las siguientes consideraciones, sin que opere en el presente asunto la suplencia de la queja contemplada en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Al resolver la contradicción de tesis 154/2005-SS, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció sobre un caso análogo al que se analiza en el presente juicio de amparo en el sentido siguiente: "Así es, en el párrafo primero del referido 125 se precisa que de resultar procedente la suspensión pero pudiere ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá aquélla si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieren causar si aquél no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Por su parte, en el párrafo segundo del mismo numeral, se establece que cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero perjudicado, que no sean estimables en dinero, la autoridad que conozca del amparo fijará discrecionalmente el importe de la garantía. Por su parte, en el artículo 130 se precisa que en caso de proceder la suspensión del acto reclamado conforme a lo dispuesto por el numeral 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados. Como se ve, en los preceptos relacionados se hace referencia al tercero diverso a las partes del juicio, cuyos intereses son objeto de indemnización a través de la garantía que el quejoso otorgue en el evento en que se conceda la suspensión del acto reclamado. Así lo destacó esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al fallar la contradicción de tesis 150/2005- SS, el veintiocho de octubre del año dos mil cinco, por 6 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo de 2010, Tomo XXXI, página 830, registro: 164618. unanimidad de votos, cuyo criterio quedó plasmado en la tesis de jurisprudencia pendiente de publicación que dice: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 8/97, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, página 395, con el rubro: 'MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO CONTRA LAS.', sostuvo que conforme a los artículos 124, 125 y 139 de la Ley de Amparo, para la suspensión que en su caso proceda contra el cobro de multas administrativas no fiscales debe exigirse garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causaren a algún tercero. Sin embargo, este órgano colegiado considera pertinente abandonar parcialmente tal criterio, para determinar que cuando se impugne el cobro de una multa administrativa no fiscal a través del juicio de amparo, deberá concederse la suspensión del acto reclamado siempre que se reúnan los requisitos señalados por el citado artículo 124, pero condicionada su efectividad a que el quejoso garantice el interés fiscal ante la autoridad exactora o en todo caso acredite que ya lo hizo, pues en términos de los artículos 125 y 130 de la ley indicada, el Juez de Distrito deberá resguardar los derechos de terceros y de las propias partes, hasta donde sea posible, por lo que la garantía del interés fiscal tendrá precisamente ese efecto, tanto en la suspensión provisional como en la definitiva." Con base en lo anterior, es dable afirmar que si esta Suprema Corte de Justicia de la Nación destacó la exigencia conforme a la ley de la materia, de garantizar a favor del tercero que no es parte en el juicio pero que puede resentir daños y perjuicios con la concesión de la medida cautelar solicitada, por mayoría de razón procede solicitar garantía a favor de los intereses de las partes. Ello se corrobora con el contenido del artículo 135 de la ley que se comenta, en el que se establece que de otorgarse la suspensión y ésta se pida contra la exacción de contribuciones, aquélla surtirá efectos previo depósito de la cantidad que se cobra, ante la Tesorería de la Federación o de la entidad federativa o Municipio que corresponda. Al respecto, es importante destacar que en el supuesto apuntado, el objeto de la garantía que se pide, son los intereses que defiende la misma autoridad responsable. Luego, es imperativo para el Juez de Distrito o para la autoridad que conoce del juicio de garantías, tomar las medidas que estime pertinentes para evitar perjuicios a los interesados (tercero, tercero perjudicado y autoridad responsable), con la finalidad de restituirlos de los daños que pudieren resentir con la concesión de la medida cautelar solicitada. En la especie, conviene recordar que de los antecedentes que informan este fallo, la Comisión Federal de Electricidad es autoridad responsable en los juicios de amparo en los que se reclamó de aquélla la suspensión o corte del suministro de energía eléctrica, y se concedió la suspensión para evitar dicho evento, por lo que, para definir si es necesario exigir garantía para asegurar su pago, es pertinente referirse a la naturaleza jurídica de la Comisión Federal de Electricidad así como al del servicio de energía eléctrica que suministra. Los artículos 1o., 7o., 8o., 9o., fracción I, 25, 26, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, dicen: "Artículo 1o. Corresponde exclusivamente a la nación, generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines." "Artículo 7o. La prestación del servicio público de energía eléctrica que corresponde a la nación, estará a cargo de la Comisión Federal de Electricidad, la cual asumirá la responsabilidad de realizar todas las actividades a que se refiere el artículo 4o." "Artículo 8o. La Comisión Federal de Electricidad es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio." "Artículo 9o. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto: "I. Prestar el servicio público de energía eléctrica en los términos del artículo 4o. y conforme a lo dispuesto en el artículo 5o..." "Artículo 25. La Comisión Federal de Electricidad deberá suministrar energía eléctrica a todo el que lo solicite, salvo que exista impedimento técnico o razones económicas para hacerlo, sin establecer preferencia alguna dentro de cada clasificación tarifaria. "El reglamento fijará los requisitos que debe cumplir el solicitante del servicio, y señalará los plazos para celebrar el contrato y efectuar la conexión de los servicios por parte de la comisión." "Artículo 26. La suspensión del suministro de energía eléctrica deberá efectuarse en los siguientes casos: "I. Por falta de pago oportuno de la energía eléctrica durante un periodo normal de facturación; "II. Cuando se acredite el uso de energía eléctrica a través de instalaciones que alteren o impidan el funcionamiento normal de los instrumentos de control o de medida; "III. Cuando las instalaciones del usuario no cumplan las normas técnicas reglamentarias; y (sic) "IV. Cuando se compruebe el uso de energía eléctrica en condiciones que violen lo establecido en el contrato respectivo; "V. Cuando se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado el contrato respectivo; y "VI. Cuando se haya conectado un servicio sin la autorización del suministrador. "En cualesquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Federal de Electricidad procederá al corte inmediato del servicio, sin requerirse para el efecto intervención de autoridad. En los supuestos a que se refieren las fracciones I, III y IV que anteceden, se deberá dar aviso previo." "Artículo 30. La venta de energía eléctrica se regirá por las tarifas que apruebe la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. "Las condiciones de la prestación de los servicios que deban consignarse en los contratos de suministro y de los modelos de éstos, serán aprobados por la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, oyendo a la de energía, minas e industria paraestatal. Dichas formas de contrato se publicarán en el Diario Oficial de la Federación." "Artículo 31. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial y a propuesta de la Comisión Federal de Electricidad, fijará las tarifas, su ajuste o reestructuración, de manera que tienda a cubrir las necesidades financieras y las de ampliación del servicio público, y el racional consumo de energía. "Asimismo, y a través del procedimiento señalado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá fijar tarifas especiales en horas de demanda máxima, demanda mínima o una combinación de ambas." "Artículo 32. El ajuste, modificación y reestructuración de las tarifas, implicará la modificación automática de los contratos de suministro que se hubieren celebrado. "En ningún caso serán aplicables las tarifas, mientras no sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación y cuando menos en dos periódicos diarios de circulación nacional." "Artículo 33. Los usuarios del servicio público de energía eléctrica garantizarán las obligaciones que contraigan en los contratos de suministro que celebren, mediante depósitos cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas. Dichos depósitos deberán constituirse y conservarse en la Comisión Federal de Electricidad. "La Comisión Federal de Electricidad podrá aceptar garantías distintas de los depósitos, en los casos de notoria solvencia económica del usuario, acreditada y previa solicitud expresa del mismo." "Artículo 34. El contrato de suministro de energía eléctrica termina: "I. Por voluntad del usuario; "II. Por cambio de giro o características del mismo que impliquen la aplicación de tarifa diversa; "III. Por cambio de propietario o arrendatario del inmueble, industria o comercio, en el caso de que sean usuarios; y, "IV. Por falta de pago del adeudo que requiere suspensión, dentro de los siguientes quince días naturales a la fecha en que se efectuó dicha suspensión." "Artículo 35. Terminado el contrato de suministro, la Comisión Federal de Electricidad tendrá derecho a aplicar a su favor el importe de la garantía, en la proporción correspondiente. El saldo, en su caso, deberá ponerlo a disposición del usuario." De la lectura anterior, se advierte que es actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica; la prestación de tal servicio público se realiza a través de la Comisión Federal de Electricidad que es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios. Dicho servicio es proporcionado a quien lo solicite a través de la celebración del contrato relativo previsto en los artículos 25, 30, 31, 32 y 33 ya señalados. Así también, de los numerales transcritos se desprende que los usuarios del servicio público de que se trata garantizarán las obligaciones que contraigan a la firma del contrato, entre las que se encuentran, conforme a la cláusula tercera del modelo de contrato publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de mil novecientos ochenta y seis, el pago del servicio de que se trata por parte del usuario. La garantía exigida consiste en el depósito cuyo importe se determinará con las reglas complementarias de las tarifas respectivas, depósitos que se constituirán y conservarán en la Comisión Federal de Electricidad. Por su parte, en los artículos 26 y 34 antes reproducidos se señalan las causas por las que debe suspenderse el suministro de energía eléctrica y aquellas que determinan la conclusión del contrato correspondiente. Para el asunto que ahora se resuelve es relevante indicar que la falta de pago que motive la suspensión del servicio, entre otras, provoca la terminación del contrato de suministro de energía, por lo que, en tal evento, la Comisión Federal de Electricidad puede realizar el corte inmediato del servicio respectivo sin necesidad de acudir ante alguna autoridad, por lo que tendrá derecho a la aplicación a su favor de la aludida garantía en la proporción correspondiente. Por otra parte, la naturaleza jurídica del servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la comisión de quien se habla, es un aspecto importante para el examen del tema propuesto, por lo que conviene precisar el marco constitucional que la rige, debiendo aclarar que parte del régimen legal ya fue expuesto. El párrafo sexto del artículo 27 de la Constitución General de la República, es del tenor siguiente: (Reformado, D.O.F. 10 de enero de 1934) "Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. "... (Adicionado N. de E. reformado, D.O.F. 6 de febrero de 1975) "En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y sustancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos, ni subsistirán los que en su caso se hayan otorgado y la nación llevará a cabo la explotación de esos productos, en los términos que señale la ley reglamentaria respectiva. Corresponde exclusivamente a la nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines..." Por su parte, el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2o., fracción IV, define a los derechos como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. En ese orden, de la interpretación sistemática de los ordenamientos constitucional y legales antes señalados, deriva que la generación, conducción, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica corresponde exclusivamente al Estado que, a través de la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado, presta el servicio de suministro de energía eléctrica a quien lo solicite y que, a través de las tarifas que fije la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con la participación de las Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Comercio y Fomento Industrial, a propuesta de la misma comisión se cubrirán las necesidades financieras y de ampliación del servicio público de que se trata, así como el racional consumo de dicha energía. Cabe destacar que si bien la correlación que existe entre la contraprestación por el servicio prestado y el monto de la tarifa que el usuario debe pagar por recibir aquél, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos, también lo es que participan de características semejantes, puesto que, según se desprende de lo señalado en la legislación fiscal antes referida, dicha contraprestación no se considera derecho, debido a que es prestada por organismos descentralizados no prevista en la referida ley federal, luego, si ésta la contemplara, tal contraprestación sería un derecho. Consecuentemente, la correlación existente entre el servicio prestado por el organismo descentralizado en comento en sus funciones de derecho público y el monto de la tarifa relativa, también llamada por la doctrina "precio fiscal", permiten afirmar que aquél es el supuesto generador de ésta. Lo anterior se corrobora con las tarifas fijadas por la entonces Secretaría de Comercio en el Acuerdo que fija las tarifas generales y disposiciones complementarias para la venta de energía eléctrica, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dos de agosto de mil novecientos ochenta y dos, modificadas por acuerdos similares publicados en el propio órgano de difusión oficial los días treinta y treinta y uno de diciembre de los años mil novecientos ochenta y tres a mil novecientos ochenta y cinco, respectivamente, en el que se precisan diferentes tarifas dependiendo de los kilowatthoras consumidos por el usuario, como ejemplo de lo anterior, en cuanto a la tarifa uno, relativa al servicio doméstico, se precisa, textualmente lo siguiente: "2. Cuotas aplicables mensualmente. "2.1 Cargos en relación con la energía consumida. "Los que resultan de multiplicar por el factor 1.025 (uno punto cero dos cinco) aplicado mensualmente y en forma acumulativa durante 16 (dieciséis) meses consecutivos, las siguientes cantidades: "Exento para los servicios con un consumo mensual hasta de 50 (cincuenta) kilowatthoras. "$15.00 (quince pesos) para los servicios con un consumo mensual entre 51 (cincuenta y uno) y 75 (setenta y cinco) kilowatthoras. "25.00 (veinticinco pesos) para los servicios con un consumo mensual entre 76 (setenta y seis) y 100 (cien) kilowatthoras. "60.00 (sesenta pesos) para los servicios con un consumo mensual entre 101 (ciento uno) y 250 (doscientos cincuenta) kilowatthoras. "120.00 (ciento veinte pesos) para los servicios con un consumo mensual superior a 250 (doscientos cincuenta), kilowatthoras."2.2 Cargos adicionales por la energía consumida. "Los que resultan de multiplicar por el factor 1.025 (uno punto cero dos cinco) aplicado mensualmente y en forma acumulativa durante 16 (dieciséis) meses consecutivos, las siguientes cantidades: "1.2490 (un peso veinticuatro centavos noventa centésimos de centavo, por cada uno de los primeros 50 (cincuenta) kilowatthoras."1,9459 (un peso noventa y cuatro centavos cincuenta y nueve centésimos de centavo) por cada uno de los siguientes 50 (cincuenta) kilowatthoras. "3.2946 (tres pesos veintinueve centavos cuarenta y seis centésimos de centavo) por cada kilowatthora adicional a los anteriores."En ese orden de ideas, cabe precisar que de una interpretación integradora de lo dispuesto por los artículos 125, párrafo primero, 130 y 135 de la Ley de Amparo se llega a la conclusión de que sí es necesario que el Juez de Distrito o la autoridad que conozcan del juicio fije garantía suficiente para asegurar el pago de la energía eléctrica que por virtud de la suspensión debe seguir suministrando la Comisión Federal de Electricidad a favor del quejoso; es decir, si el Juez de Distrito debe tomar las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios que con la medida cautelar se causen a terceros, según lo precisó esta Segunda Sala en la tesis de jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 150/2005- SS, antes referida, con mayor razón debe hacerlo tratándose de las partes en el juicio de garantías. En el sentido anterior, esto es, en la exigencia de garantizar el pago del suministro del servicio objeto de examen como efecto de la medida cautelar otorgada contra su corte o suspensión, el artículo 43 de la Ley del Servicio de Energía Eléctrica materia de análisis establece la procedencia del recurso de inconformidad contra las resoluciones dictadas por la secretaría competente (Secretarías de Energía, Minas e Industria Paraestatal y de Hacienda y Crédito Público, según corresponda), en los siguientes términos: "Artículo 43. En caso de inconformidad con las resoluciones de la secretaría competente, dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones derivadas de ella, el interesado podrá solicitar ante la propia secretaría, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes a su notificación, la reconsideración de dicha resolución. "En este recurso podrán ofrecerse toda clase de pruebas, excepto la confesional. Al interponerse deberán acompañarse los documentos en que conste la resolución recurrida y acreditarse la personalidad de quien promueva. "Para el desahogo de las pruebas ofrecidas se concederá al recurrente un plazo no menor de 8 ni mayor de 30 días hábiles, que la secretaría que conozca del recurso fijará según el grado de dificultad que el mencionado desahogo implique. Quedará a cargo del recurrente la presentación de testigos, dictámenes y documentos. De no presentarlos dentro del término concedido, la prueba correspondiente no se tendrá en cuenta al emitir la resolución respectiva. En lo no previsto en este párrafo, será aplicable supletoriamente, en relación con el ofrecimiento, recepción y desahogo de pruebas, el Código Federal de Procedimientos Civiles. "Los recursos serán resueltos por los funcionarios que corresponda, de conformidad con lo previsto en el reglamento interior de la respectiva dependencia; o en los acuerdos delegatorios de facultades; salvo cuando se trate de resoluciones que emita el secretario, caso en el cual le corresponderá resolver el recurso. "Las resoluciones no recurridas dentro del término de 15 días hábiles, las que se dicten durante el trámite del recurso o al resolver éste, así como aquellas que lo tengan por no interpuesto, tendrán administrativamente el carácter de definitivas. "La interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución recurrida por cuanto al pago de multas, de las indemnizaciones y demás prestaciones, por un plazo de 6 días hábiles. Cuando dentro de dicho plazo se garantice su importe en los términos del Código Fiscal de la Federación, continuará la suspensión hasta que la secretaría competente resuelva el recurso. De no constituirse la garantía cesará la suspensión sin necesidad de declaración y procederá la ejecución. "Respecto de otras resoluciones administrativas, la interposición del recurso suspenderá la ejecución de la resolución impugnada si así lo solicitare el recurrente y surtirá efectos hasta que el oficio o a petición del propio recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión, que sólo se otorgará si concurren los siguientes requisitos: "I. Que el recurrente la hubiere solicitado; "II. Que se admita el recurso; "III. Que la suspensión no traiga como consecuencia la consumación o continuación de actos u omisiones que impliquen perjuicios al interés social o al orden público; "IV. Que no se ocasionen daños o perjuicios a terceros, a menos que se garantice el pago de éstos para el caso de no obtenerse resolución favorable, y "V. Que la ejecución de la resolución recurrida produzca daños o perjuicios de imposible o difícil reparación en contra del recurrente." Deriva de la lectura del texto anterior, que la interposición del recurso señalado en sede administrativa suspende la ejecución de la resolución recurrida emitida por la secretaría competente por cuanto al pago de multas, indemnizaciones y demás prestaciones por un plazo de seis días hábiles en el que se podrá garantizar el importe de dichos conceptos en términos del Código Fiscal de la Federación, caso en el que continuará la suspensión hasta que se resuelva el recurso; en caso de no otorgarse la garantía cesarán los efectos de la suspensión sin necesidad de declaración y se procederá a la ejecución de la resolución recurrida. Respecto de otras resoluciones administrativas, en el numeral en examen se indica que la interposición del recurso de mérito suspenderá la ejecución de la resolución impugnada cuando lo solicite el recurrente y surtirá efectos hasta que de oficio o a petición del mismo recurrente se resuelva en definitiva sobre dicha suspensión; esta medida cautelar procederá cuando se satisfagan los requisitos fijados en las fracciones I a IV del propio precepto, entre los que se encuentra el que no se causen perjuicios a terceros, a menos que se garantice su pago para el evento en que el recurrente no obtenga resolución favorable. De esta forma, y sin prejuzgar sobre la procedencia del juicio de amparo, el recurso de inconformidad en sede administrativa prevé la suspensión de las resoluciones administrativas dictadas en aplicación de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, precisando como requisitos para su otorgamiento, entre otros, que no se ocasionen daños a terceros, salvo que se otorgue garantía para asegurar su pago. Así, se puede afirmar que si el recurso en sede administrativa en comento señala la procedencia de la suspensión contra la ejecución de resoluciones administrativas dictadas en aplicación de la ley en examen, y dispone la necesidad de exigir garantía para indemnizar daños y perjuicios a terceros que se pudieren ocasionar con su concesión, la interpretación integradora anteriormente dada a los numerales 125, 130 y 135 de la Ley de Amparo es coherente con el sistema normativo que rige en la materia de la suspensión del acto reclamado tratándose del corte de energía eléctrica y el resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros, mediante la exigencia de la garantía correspondiente. No pasa inadvertido que conforme a lo dispuesto por el artículo 33 de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, los usuarios del servicio de energía eléctrica garanticen las obligaciones contraídas a la celebración del contrato relativo, entre las que se encuentra el pago del propio servicio mediante depósito que se constituirá y conservará en la Comisión Federal de Electricidad, caución que se fija en las reglas complementarias a las tarifas respectivas y que, para el caso del ejemplo destacado con anterioridad relativo al consumo de energía eléctrica para servicio doméstico, el Acuerdo que fija las tarifas generales y disposiciones complementarias para la venta de energía eléctrica, también precisado, destaca lo siguiente: "l. Depósito de garantía. "$80.00 (ochenta pesos) para los servicios suministrados con 1 (un) hilo de corriente. "400.00 (cuatrocientos pesos) para los servicios suministrados con 2 (dos) hilos de corriente. "1,000.00 (un mil pesos) para los servicios suministrados con 3 (tres) hilos de corriente." Derivado de lo anterior, conforme a lo dispuesto por los artículos 125, párrafo primero y 130, párrafo primero, de la Ley de Amparo, en donde se señala que en los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo y que el Juez de Distrito con la sola presentación de la demanda de amparo, podrá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, cabe concluir que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y proceda conceder la medida cautelar solicitada del acto reclamado, en el caso de que se reúnan los requisitos señalados por el artículo 124 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá condicionar su efectividad a la circunstancia de que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado a la celebración del contrato correspondiente o acredite haberlo garantizado ante el propio organismo. Tampoco pasa inadvertido para este Alto Tribunal la circunstancia que en unos asuntos denunciados como contradictorios se hizo pronunciamiento sobre la suspensión provisional y en otros sobre la definitiva, ya que el señalamiento de las medidas para que surta efectos la medida cautelar en un caso y en otro son los mismos. En las anotadas condiciones el criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el que se redacta a continuación. -De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo, se advierte que cuando proceda la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros (no necesariamente al tercero perjudicado), o se pida contra el cobro de contribuciones, se concederá si el quejoso otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar a los interesados si no obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo. Ahora bien, la correlación existente entre el servicio de suministro de energía eléctrica prestado por la Comisión Federal de Electricidad y el monto de la tarifa relativa (precio fiscal) que el usuario debe pagar, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos; sin embargo, debe tomarse en cuenta que en dicha contraprestación concurren características semejantes, pues en términos de los artículos 27, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., 8o. y 9o. de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, el servicio relativo es prestado por el Estado a través de la Comisión Federal de Electricidad en su carácter de organismo público descentralizado, y la tarifa se fija en función de los kilowattshora consumidos por el usuario. En congruencia con lo anterior, se concluye que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica y proceda conceder la suspensión del acto reclamado, el Juez de Distrito debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado en el momento de la celebración del contrato correspondiente, o acredite haberlo pagado ante la Comisión Federal de Electricidad.(.)". Ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 6/2006, con número de registro 176015,7 de rubro: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA LA ORDEN DE CORTE O SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR SU PAGO ANTE EL JUEZ DE DISTRITO O ACREDITAR HABERLO HECHO ANTE AQUEL ORGANISMO.". De acuerdo con lo anterior, la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, sostuvo el criterio de que, de resultar procedente la suspensión, pero se pudieran ocasionar daños y perjuicios a tercero, se concederá aquélla si quien la solicite otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que se pudieren causar si aquél no obtiene sentencia favorable. Que si existe la obligación de garantizar a favor de tercero que no es parte del juicio, pero que pudiera resentir daños y perjuicio con la concesión de la medida cautelar solicitada, por mayoría de razón procede solicitar garantía a favor de los intereses de las partes. Destacó que debido a la naturaleza de la Comisión Federal de Electricidad, así como al servicio de energía eléctrica que suministra, es actividad exclusiva del Estado generar, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica y, que la prestación de tal servicio público se realiza a través de la mencionada Comisión. Que la falta de pago que motiva la suspensión del servicio, entre otras, provoca la terminación del contrato de suministro de energía, por lo que, en tal evento, la Comisión Federal de Electricidad puede realizar el corte inmediato del servicio respectivo sin necesidad de acudir ante alguna autoridad, por lo que tendrá derecho a la aplicación a su favor de la aludida garantía en la proporción correspondiente. Que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 2o., fracción IV, define a los derechos como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando, en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la Ley Federal de Derechos. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Que si bien la correlación que existe entre la contraprestación por el servicio prestado y el monto de la tarifa que el usuario debe pagar por recibir aquél, no participa de la naturaleza jurídica de los derechos que como contribución percibe el Estado por los servicios que presta en sus funciones de derecho público, establecidos en la Ley Federal de Derechos, también lo es que participan de características semejantes, puesto que, según se desprende de lo señalado en la legislación fiscal que estudia en dicha ejecutoria, la contraprestación no se considera derecho, debido a que es prestada por organismos descentralizados no prevista en la referida ley federal, luego, si ésta la contemplara, tal contraprestación sería un derecho. Consecuentemente, dicha correlación existente entre el servicio prestado por el organismo descentralizado en comento en sus funciones 7 Registro digital: 176015, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materia(s): Administrativa, Tesis: 2a./J. 6/2006, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 658, Tipo: Jurisprudencia de derecho público y el monto de la tarifa relativa, también llamada por la doctrina "precio fiscal", permite afirmar que aquél es el supuesto generador de ésta. En ese orden de ideas, precisó que sí es necesario que el Juez de Distrito o la autoridad que conozcan del juicio fije garantía suficiente para asegurar el pago de la energía eléctrica que por virtud de la suspensión debe seguir suministrando la Comisión Federal de Electricidad a favor del quejoso; es decir, el Juez de Distrito debe tomar las medidas necesarias para evitar daños y perjuicios que con la medida cautelar se causen a terceros, con mayor razón debe hacerlo tratándose de las partes en el juicio de origen. También, afirmó que si el recurso de inconformidad (Ley de Servicio de Energía Eléctrica) en sede administrativa señala la procedencia de la suspensión contra la ejecución de resoluciones administrativas dictadas en aplicación de la mencionada ley, y dispone la necesidad de exigir garantía para indemnizar daños y perjuicios a terceros que se pudieren ocasionar con su concesión, la interpretación integradora anteriormente dada a los numerales 125, 130 y 135 de la Ley de Amparo es coherente con el sistema normativo que rige en la materia de la suspensión del acto reclamado tratándose del corte de energía eléctrica y el resarcimiento de los daños y perjuicios que se pudieran causar a terceros, mediante la exigencia de la garantía correspondiente. Finalmente, puntualizó que cuando se impugne el corte o suspensión del suministro de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad y proceda conceder la medida cautelar solicitada del acto reclamado, en el caso de que se reúnan los requisitos señalados por la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe condicionar su efectividad a que el quejoso garantice suficientemente el pago del suministro de energía eléctrica que sobrepase el monto previamente garantizado a la celebración del contrato correspondiente o acredite haberlo garantizado ante el propio organismo. Trasladadas las premisas anteriores, que se insiste, tuvieron su origen en un caso análogo al que se analiza, es evidente que, contrario a lo aducido por la parte quejosa en su concepto de violación, el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, pues se trata de un juicio oral mercantil, en el que se concedió una medida cautelar solicitada por el ahora quejoso, luego entonces, la autoridad responsable estaba obligada a condicionar su efectividad a la exhibición del monto que se determinó en el ajuste de facturación, por concepto de daños y perjuicios que se le pudieran ocasionar a la parte demandada de aquéllos autos. Así es, pues sólo de esa manera se garantizará el pago de la energía eléctrica que por virtud de la medida deberá seguir suministrando la Comisión demandada a favor del actor del juicio natural (supuesto generador). Lo anterior, no implica el pago del valor del juicio, como lo refiere la parte quejosa, pues la autoridad responsable fijó la garantía con los únicos datos proporcionados en autos por concepto de ajuste de facturación contenidos en el aviso de cobro respectivo, monto que le sirvió de parámetro para pronunciarse sobre la garantía de efectividad relacionada con la protección de los daños y perjuicios que podrían ocasionarse con la concesión de la medida en caso de que la parte aquí quejosa no obtuviera sentencia favorable. Monto que la parte demandada en el juicio original, podrá solicitar en su caso, previo tramite respectivo, con motivo de los daños y perjuicios que pudieron haberse ocasionado en el eventual supuesto de que resulte absuelta de las prestaciones que se le reclaman. Máxime, que existe el criterio8 jurisprudencial 2a./J. 195/2006, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sentido de que tratándose de contribuciones, a efecto de que cobre efectividad la medida suspensional solicitada, deberá depositarse el total del monto de la contribución, aprovechamiento, multa y accesorio que se llegue a causar, asegurando con ello el interés fiscal. De ahí que el concepto de violación analizado es infundado en la medida de que fue correcto que la autoridad responsable condicionara la efectividad de la medida decretada al pago de la cantidad señalada en el auto reclamado. En consecuencia, al resultar infundado el concepto de violación hechos valer por la parte quejosa, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Finalmente, en relación con los alegatos presentados por la parte tercero interesada, al no formar parte de la litis, no existe obligación de pronunciarse sobre ellos, ya que estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Cobra aplicación al caso la Jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página catorce, materia común, tomo 80, del mes de agosto de mil novecientos noventa y cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Octava Época, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E. ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, en contra de la autoridad y el acto mencionados en el considerando tercero de esta sentencia, por los motivos expuestos en el último considerando de la misma. Notifíquese. Lo resolvió Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de mayo de dos mil veintitrés. Visto; se tiene por recibido y agréguese a los autos sólo para que obre como corresponda, el escrito firmado electrónicamente por *****, quien se ostenta como de apoderada legal de la tercera interesada *****, a través del cual vierte diversas manifestaciones relacionadas con los actos reclamados; toda vez que no acredita fehacientemente la personalidad que ostenta, ni la tiene reconocida en este sumario. Notifíquese. Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida por Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.
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