Yamel Chávez Ramírez
Expediente 211/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 211/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yamel Chávez Ramírez
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de abril de dos mil dieciocho. ACUSA RECIBO DE INCOMPETENCIA PLANTEADA. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional en auto trece de marzo de dos mil dieciocho, admitiendo a trámite la demanda de amparo de mérito. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de exhorto en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO GENERAL CONJUNTO 1/2009. En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve, se estima que el presente cuaderno de antecedentes, encuadra en la hipótesis contenida en la fracción I, punto vigésimo, del capítulo quinto del aludido acuerdo, por lo que se estima que el mismo ES SUSCEPTIBLE DE DESINCORPORARSE Y DESTRUIRSE, una vez que transcurran seis meses a partir del presente acuerdo, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, encargado del despacho por ministerio de Ley, con motivo de la licencia académica concedida al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/1114/2018, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con la licenciada Marbella Juárez García Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.svm
- Principal
Por lista notifico a la parte quejosa el siguiente auto: Morelia, Michoacán, trece de marzo de dos mil dieciocho. AUTO DE RADICACIÓN. Visto el oficio OCC/C11/JDM/133/2018, signado por el Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, por medio del cual en razón de turno, remite el oficio 4505/2018, copia certificada del juicio de amparo 107/2018 del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, promovido por Yamel Chávez Ramírez, por sí y en representación del menor de iniciales O.I.G.C., contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial; constancias de las que se advierte que por auto de veintisiete de febrero de dos mil dieciocho, se decretó de oficio la separación de juicios y se ordenó, con copia de lo actuado en el referido juicio, formar otro expediente, que es en el que se actúa, a efecto de que se resuelva lo relativo al acto reclamado consistente en el auto de dos de febrero de dos mil dieciocho dictado en el juicio especial oral familiar número 70/2018 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, en el que se desechó la demanda, intentada en el juicio especial oral familiar sobre custodia de menor. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, considera carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata, conforme a lo dispuesto por los artículos 47 y 170, de la Ley de Amparo, como se pondrá de manifiesto a continuación. Los numerales de mérito son del tenor siguiente. "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De los preceptos legales transcritos, se desprende que el juicio de amparo directo procede contra las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al procedimiento de que se trate; que de tales actos deberá conocer un Tribunal Colegiado de Circuito; y, cuando se presenta una demanda de amparo en esos términos ante un Juez de Distrito, éste de inmediato deberá declarase legalmente incompetente y mandará remitirla al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda. Luego, en la especie, la peticionaria de amparo reclama el auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el juicio especial oral familiar 70/2018, del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial mediante el cual desechó la demanda intentada en el juicio especial oral familiar sobre custodia de menor, por lo que se considera que dicho proveído es uno de aquellos que si bien no deciden el problema planteado por la actora en su demanda, dan por terminado el juicio relativo, por lo que su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Distrito, de lo que se colige que la competencia para conocer de la demanda de amparo de que se trata, se surte en favor de un Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, salvo su mejor opinión. Consecuentemente, con fundamento en el citado artículo 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, se declara legalmente incompetente para conocer de la aludida demanda, por lo cual se ordena remitir el expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar. Por analogía jurídica es aplicable a lo anterior la jurisprudencia sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2ª./J. 5/91, visible en la página 47, tomo VIII, Noviembre de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación del rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 206445 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo VIII, Noviembre de 1991 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a./J. 5/91 Página: 47 DEMANDA FISCAL, DESECHAMIENTO DE LA. EL AMPARO DIRECTO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCION QUE LO CONFIRMA. La resolución de una Sala del Tribunal Fiscal de la Federación que confirma el auto que desecha una demanda es de aquéllas a que se refiere el tercer párrafo del artículo 46 de la Ley de Amparo, que si bien no deciden el problema planteado por el actor en su demanda, dan por terminado el juicio relativo. Por tal motivo, su reclamación debe hacerse en amparo directo ante los Tribunales Colegiados de Circuito, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción III, inciso a), constitucional, así como 44 y 158 de la ley citada, de acuerdo con sus textos reformados vigentes a partir del 15 de enero de 1988, y no en amparo indirecto como procedía antes de las referidas reformas. Esto es así, porque, para los efectos del amparo, el juicio se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente, pues independientemente de las concepciones doctrinarias del concepto genérico de juicio, éste debe entenderse atendiendo a la intención de las reformas constitucionales y legales citadas. Cuando no se requieren pruebas no allegadas a la responsable para determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto procesal proveniente de tribunales administrativos, no se justifica la promoción de un amparo que admite hasta dos instancias y supone la celebración de una audiencia con un período probatorio, sino la de un juicio constitucional que normalmente se tramita en una sola instancia y que no requiere de la celebración de una audiencia con términos para el ofrecimiento y desahogo de pruebas. Lo anterior, por motivos de economía procesal. En el caso de la resolución que confirma el desechamiento de la demanda, los elementos para juzgar si ésta estaba o no en condiciones de ser admitida, ya debieron ser aportados ante la autoridad de primera instancia o ante la responsable. Contradicción de tesis. Varios 10/89. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y Segundo, Cuarto y Sexto Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del mismo Circuito. 18 de febrero de 1991. Cinco votos. Ponente: Carlos de Silva Nava. Secretario: Jesús Antonio Nazar Sevilla. Tesis de Jurisprudencia 5/91 aprobada por la Segunda Sala de este alto Tribunal en sesión privada celebrada el once de octubre de mil novecientos noventa y uno. Unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente Carlos de Silva Nava, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores y Noé Castañón León. Nota: Por ejecutoria de fecha 25 de febrero de 1998, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 5/98-PS en que participó el presente criterio. Sin que pase inadvertido, el hecho de que el Código Familiar del Estado de Michoacán, en sus artículos 1092 y 1097, prevé que la determinación o auto que ponga fin al juicio puede ser controvertido a través del recurso de apelación, como medio de defensa ordinario contra los autos que pongan fin al juicio, como lo es el caso concreto; no obstante, se estima que se actualiza una excepción, al estar involucrados los intereses legales de un menor, puesto que por una parte se alega por la parte quejosa que se pondría en riesgo el interés superior del menor. Además, aun cuando el recurso procedente en el caso sea el de apelación que puede admitirse en ambos efectos, no debe perderse de vista que al determinar una excepción al principio de definitividad, cuando se involucre a un menor de edad, según el contenido de la jurisprudencia 1ª/J.77/2013 (10a) la Primera Sala del Alto Tribunal analizó uno de los criterios contendientes conforme al cual el recurso ordinario que debía agotarse era precisamente la apelación. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: Época: Décima Época Registro: 2004677 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2 Materia(s): Constitucional, Común Tesis: 1a./J. 77/2013 (10a.) Página: 990 DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada. Contradicción de tesis 139/2013. Entre las sustentadas por el Décimo Primer Tribunal Colegiado del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, ambos en Materia Civil. 3 de julio de 2013. La votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos en cuanto a la competencia. Disidente y Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de cuatro votos en cuanto al fondo. Disidente: Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien reservó su derecho a formular voto particular. Secretaria: Mireya Meléndez Almaraz. Tesis de jurisprudencia 77/2013 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha catorce de agosto de dos mil trece. De modo que, al no ser necesario agotar el recurso ordinario procedente contra la resolución que aquí se reclama para efectos de la procedencia del juicio de amparo, válidamente puede estimarse que tal circunstancia también impacta precisamente en el juicio de amparo, respecto de la vía directa, ya que entonces la resolución reclamada puso fin al juicio de origen para efectos del amparo. Los criterios que antecede se invocan aun y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se oponen a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de los mismos; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en Vigor. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Téngase como domicilio de la parte quejosa el ubicado en la calle La Corregidora número 1156, en el centro de esta ciudad, y por autorizando para oír y recibir notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos a Gerardo Armando Ortiz Alanís y Mayra Janet Piña Mata, sin la plenitud de facultades que contiene el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no se las confiere expresamente. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días hábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.
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