Yalinka Aburto Mérida

Expediente 1144/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1144/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
17/12/2019

Partes del expediente

  • Yalinka Aburto Mérida

Actuaciones

  1. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS LA RESOLUCIÓN DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Yalinka Aburto Merida, por propio derecho, contra actos del Director de Incorporación de Escuelas Particulares, con sede en esta ciudad por violación a sus derechos fundamentales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1144/2019/VI-B DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Ahora, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la impetrante de garantías en esencia señala como acto reclamado: La medida cautelar de veinticinco de noviembre del año en curso, dictada dentro del procedimiento administrativo DIEP-PA-031-2019, mediante la cual impide a la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz, reinscribir y/o inscribir alumnos hasta en tanto se resuelva el citado procedimiento administrativo En el caso particular, se estima que el juicio de amparo intentado resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, y el ordinal 107, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Federal . De lo anterior, se desprende que uno de los principios fundamentales del juicio de amparo es que éste debe promoverse a instancia de parte agraviada, es decir, que la persona que demanda el amparo y protección de la justicia, debe ser el titular del derecho subjetivo transgredido, o quien tenga el interés legítimo, ya sea individual o colectivo, del derecho que está siendo violado por una norma general, acto u omisión de cierta autoridad. De ahí que, la afectación real y actual a los derechos públicos subjetivos de quien aduce ser titular de un derecho o tiene el interés legítimo en éste, resulta ser un elemento indispensable para que el juicio de amparo cumpla con el principio de instancia de parte agraviada, pues de no existir perjuicios en los derechos subjetivos del promovente, el acto que se reclama no podría ser materia de estudio y análisis constitucional. Esto es, para que sea procedente el análisis de un acto a través del juicio de amparo, debe acreditarse la existencia del agravio personal y directo sobre los derechos humanos y fundamentales del promovente, que la norma, acto u omisión que se reclama; entendiéndose como agravio en el juicio de amparo, a la privación de los derechos subjetivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales que México ha suscrito, prevean. Ahora, a contrario sensu de lo dispuesto por la fracción primera del artículo 107 constitucional, si la promovente del juicio de amparo aduce ser el titular de un derecho subjetivo o interés legítimo, individual o colectivo, pero la norma, acto u omisión que reclama no transgrede sus derechos fundamentales y humanos reconocidos por los diversos ordenamientos y por tanto, no le genera perjuicio alguno sobre éstos, se desprende que no se cumple con los principios de parte agraviada y la existencia de un agravio personal y directo sobre el promovente. De los referidos artículos se obtiene que podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés jurídico o legítimo, diferenciándose los componentes de dicho interés en tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues en esos casos se debe acreditar el primero de ellos -interés jurídico-; y en los restantes supuestos, lo que se debe demostrar es el interés legítimo, ya sea individual o colectivo. Debiendo destacarse en este segundo supuesto que para demostrarlo, se requieren los siguientes elementos: La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. La afectación a un derecho reconocido por la Constitución Federal. La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En este orden de ideas, tenemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de ese Tribunal, señaló las siguientes notas distintivas para efectos de la procedencia del juicio de amparo: "a) Implica la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso. b) El vínculo no requiere de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, es decir, la persona con interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante. c) Consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata de un interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple. Es decir, implica el acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En otras palabras, debe existir un vínculo con una norma jurídica, pero basta que la misma establezca un derecho objetivo, por lo que no se exige acreditar la afectación a un derecho subjetivo, pero tampoco implica que cualquier persona pueda promover la acción. d) La concesión del amparo, se traduciría en un beneficio jurídico en favor del quejoso, es decir, un efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto, mismo que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. e) Debe existir una afectación a la esfera jurídica del quejoso en un sentido amplio, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. f) Así, el quejoso tiene un interés propio distinto del de cualquier otro gobernado, consistente en que los poderes públicos actúen de conformidad con el ordenamiento jurídico, cuando con motivo de tales fines se incide en el ámbito de dicho interés propio. g) La situación jurídica identificable, surge por una relación específica con el objeto de la pretensión que se aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial. h) Si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible. i) Debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica. j) Finalmente, el interés debe responder a la naturaleza del proceso del cual forma parte, es decir, el interés legítimo requiere ser armónico con la dinámica y alcances del juicio de amparo, consistentes en la protección de los derechos fundamentales de las personas." Consideraciones que tienen sustento en la jurisprudencia En el caso, la promovente acude al presente juicio constitucional en su carácter de alumna de la Universidad Cuauhtémoc, y reclama la medida cautelar de veinticinco de noviembre del año en curso, dictada dentro del procedimiento administrativo DIEP-PA-031-2019, mediante la cual se impide a la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz, reinscribir y/o inscribir alumnos hasta en tanto se resuelva el citado procedimiento administrativo Así las cosas, se considera que la citada medida no es susceptible de generar un agravio personal y directo a la quejosa, pues ésta se encuentra dirigida a la "Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz" y no de manera personal a la promovente. Lo anterior, sin que pase desapercibido que la quejosa manifiesta que el acto reclamado le traerá como consecuencia vulneración a su derecho humano a la educación y a su esfera jurídica patrimonial, pues si bien, podrían ser afectados indirectamente, también lo es que para que un acto pueda ser combatido a través del juicio de amparo, se requiere de la existencia de un agravio personal y directo. Para ello, tendría que ser la destinara directa del acto que combate, y en el caso, el acto que se reclama es la medida cautelar de veinticinco de noviembre del año en curso, dictada dentro del procedimiento administrativo DIEP-PA-031-2019, mediante la cual impide a la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz, reinscribir y/o inscribir alumnos hasta en tanto se resuelva el citado procedimiento administrativo; de modo que es a dicha Universidad a quien, en todo caso, le podría generar alguna afectación directa, y no a la hoy quejosa, como usuaria del servicio de educación que se imparte en dicho centro educacional. Por ende, como se sostiene en párrafos precedentes, el juicio de amparo deviene improcedente, dado que el acto reclamado no afecta el interés jurídico ni legítimo de la quejosa, pues la prohibición contenida en la resolución que se reclama, se encuentra dirigida a la Universidad antes indicada; razón por la cual, la quejosa no resiente una afectación directa en su esfera jurídica, que la legitime para acudir a esta instancia constitucional a reclamar un derecho que no les corresponde. Ello, como se dijo, aun cuando aduzca que el acto reclamado produce una vulneración a sus derechos humanos a la educación y a su esfera jurídica patrimonial, pues para que un acto pueda ser combatido a través del juicio de amparo, se requiere de la existencia de un agravio personal y directo y en el caso, el acto combatido se encuentra dirigido a la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz. Cabe precisar, que dicha circunstancia no podrá ser acreditada en ningún momento de la secuela procesal del juicio de amparo, pues como se dijo, la resolución reclamada se encuentra dirigida a la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz; y no a la quejosa, como usuaria de los servicios educativos. De modo que, no podría existir otro elemento con el que la parte quejosa pudiera acreditar su interés, y dar trámite al juicio constitucional resultaría ocioso, siendo con ello notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada por este órgano jurisdiccional; al no demostrar la existencia de los derechos subjetivos que aduce se encuentran violados ni que lo reclamado a la autoridad afecte esos derechos. De manera que, si la quejosa acude al presente juicio en su carácter de usuaria del servicio educativo que presta el centro particular a quien se le impuso la citada medida cautelar, lo único que tendría sería un interés simple; ya que, con dicha calidad no demuestra que existe afectación alguna a sus derechos públicos subjetivos y, por ende, carece de interés legítimo para ejercer la acción constitucional. A más de lo anterior, debe decirse que contario a lo que aducido por la promovente, el acto reclamado no le depara perjuicio alguno, toda vez que la medida cautelar impuesta a la Universidad Cuauhtémoc, Plantel Xalapa, Veracruz, consistente en la prohibición reinscribir y/o inscribir alumnos hasta en tanto se resuelva el procedimiento administrativo, obedece a la necesidad de tener instituciones educativas que cumplan con todos los requisitos legales para funcionar con validez oficial, con lo que se le garantiza que la institución educativa a la que pertenece cuente con todos los requisitos legales avalados por la Secretaria de Educación Pública. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso artículo 5, fracción I, primer párrafo, este último, aplicado en sentido contrario, ambos de la precitada Ley de Amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por ser notoria e indudable su improcedencia. . DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el precisado en el proemio de su demanda y como autorizado de su parte en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Trejo Aldrete, toda vez que tiene su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y con las restricciones que impone dicho numeral a Eduardo Espino Ortega por no contar con dicho registro, con las mismas restricciones a Rogelio Amador García y Cinthia Posselt Casillas, por solicitarlo expresamente en su escrito de cuenta. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario Odín Edgardo Bonastre Díaz, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    .. notifiquese personalmente...

  3. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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