Yalena Balmaseda González
Expediente 842/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 842/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 09/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Yalena Balmaseda González
- YALENA BALMASEDA GONZÁLEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Agréguese el oficio vía electrónica signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual anexa diligenciado el exhorto 543/2022-IV, orden 710/2022, del índice de este Órgano Jurisdiccional, sin necesidad de acusar recibo, toda vez que éste se genera por la misma vía. En tal virtud, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, las constancias que integran el citado exhorto, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que acuerde lo conducente; toda vez que es quien aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de dicho asunto, radicándolo con el consecutivo 678/2022-V. Para tal efecto, encomiéndese al Secretario el envío de dicha constancia. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el cuaderno en que se actúa, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente, y con fundamento en lo dispuesto por el ordinal 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a pronunciarse sobre la valoración del presente asunto. Con fundamento en el artículo 20, fracción I, inciso a), del Acuerdo General antes citado, toda vez que el presente es un cuaderno auxiliar formado con motivo de la incompetencia planteada, es susceptible de destrucción dentro del plazo de seis meses, toda vez que este asunto no es de relevancia documental como lo dispone el numeral 15 del citado acuerdo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presente autos y de la certificación que antecede se advierte que, el diecinueve de junio de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo promovida por José Bernardo Cruz Trillanes a nombre de Yalena Balmaseda González, Lázaro Bryan Mora Ortega y Randy Daniel Calzadilla, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en San Luis Potosí y otras autoridades; en consecuencia el veinte de junio de dos mil veintidós se envió el exhorto 577/2022-IV, orden 433/2022, el cual, por razón de turno, tocó conocer al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. El cual en auto de veintisiete de junio del presente año, se agregó debidamente diligenciado. En veintidós de junio de dos mil veintidós, se agregaron los informes relativos a la suspensión de plano signados por los Jefes de Departamento de Asuntos Jurídicos de las Oficinas de Representación del Instituto de Nacional de Migración en los Estados de Nuevo León y San Luis Potosí, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación; requiriendo de nueva cuenta a las responsables del Estado de Nuevo León el cumplimiento a la suspensión de plano. Asimismo en esa misma data este Juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo con que se formó el juicio de amparo 842/2022-IV, remitiendo los autos originales al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, en turno; en cuya jurisdicción tiene ejecución el acto reclamado. En consecuencia a lo anterior, se ordenó girar exhorto al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, notificara personalmente a los quejosos Yalena Balmaseda González, Lázaro Bryan Mora Ortega y Randy Daniel Calzadillas el presente auto y, hiciera entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Nuevo León y Director o Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León. Asimismo, que una vez llevada a cabo una minuciosa revisión en los libros de gobierno respectivos, así como una búsqueda realizada en la página http://sise.cjf.gob.mx/Sise/Expediente/Comunes/ComunicacionesOficialesEnviadas.aspx se advierte que no se registró ni se envió el citado exhorto ordenado; por ende, no se entregaron los oficios 26127/2022 y 26128/2022 ordenados en el proveído de veintidós de junio del presente año. Por auto de ocho de julio del presente año, se tuvo al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, aceptando la competencia declinada y se avocándose al conocimiento de dicho asunto. Ahora bien del informe agregado el veintidós de junio del presente año, se advierte que citado de Jefe de Departamento del Estado de Nuevo León, manifestó que: 1. Se niegan los actos reclamados, toda vez que esa autoridad no ha emitido u ordenado mandamiento alguno tendiente a ejecutar dichos actos reclamados, por tanto no corresponde dictar medida alguna sobre lo particular; sin embargo quedan debidamente enterado de la medida de suspensión decretada. 2. Los quejosos no se encuentran en detención, sino que está sujeto a un procedimiento administrativo migratorio. 3. No hay detención, retención y/o privación de la libertad, en virtud de que los solicitantes de amparo se encuentran alojados temporalmente en la Estación Migratoria de esa oficina que representa, en atención a que se le inició un procedimiento administrativo, el cual no ha concluido conforme a lo establecido en el artículo 111 de la Ley de Migración. 4. No ha acontecido la deportación de los quejosos, dado que una vez que fueron puestos a disposición ante esa autoridad migratoria, los solicitantes de amparo quedaron alojados en la Estación Migratoria de Nuevo León con el carácter de presentados; en términos del artículo 68 de la Ley de Migración. 5. Respecto a la incomunicación que se reclama, manifiesta que no ha cometido ningún acto de tortura e incomunicación. Ante tales manifestaciones realizadas por la autoridad oficiante, es necesario, reiterarle los efectos decretados en la suspensión de plano, los cuales fueron dictados de la forma siguiente: I. Supuesto en el que ya hayan transcurrido más de treinta y seis horas de la detención de los quejosos. En auto de diecinueve de junio de dos mil veintidós, se concedió la suspensión de plano, para el único efecto de que cese de manera inmediata la incomunicación de que es objeto el quejoso; asimismo, para que no se lleve a cabo la deportación, expulsión, proscripción o destierro del quejoso; para que no se ejecute traslado de los quejosos a estación migratoria diversa a aquella en la que se encuentra; y para que sin demora cese la detención de Yalena Balmaseda González, Lázaro Bryan Mora Ortega y Randy Daniel Calzadilla, esto es, que sean puestos en libertad de forma inmediata, lo anterior, si en su caso ya pasaron más de treinta y seis horas sin que se hubiera emitido la resolución definitiva a que se refiere el artículo 101 de la Ley de Migración. Sin embargo, se precisa que ante la información presentada hasta este momento (informes de suspensión de plano), se precisan los efectos correspondientes: Se requirió a los quejoso Yalena Balmaseda González, Lázaro Bryan Mora Ortega y Randy Daniel Calzadilla para que en el acto de la diligencia de notificación del presente acuerdo o en el término veinticuatro horas, señalen domicilio en el cual residirá dentro de esta ciudad. Sin embargo, del informe de cuenta se advierte que los quejosos se encuentran el Nuevo León, Monterrey, por lo que se hace del comunica que los quejosos deberán señalar domicilio en esa ciudad. Igualmente, se les hizo del conocimiento a los quejosos que no podrán ausentarse sin previa autorización otorgada por este Juzgado y con fundamento en el artículo 166 de la Ley de Amparo, se indicó a los quejosos Yalena Balmaseda González, Lázaro Bryan Mora Ortega y Randy Daniel Calzadilla, que deberán comparecer a este Juzgado los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil -en caso de que se encuentren en esta ciudad-, para lo cual de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/20201, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberán generar la cita correspondiente en el Portal de Servicios en Línea, micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", sistema "Agenda OJ", a fin de que puedan estar en posibilidades de levantar la comparecencia correspondiente. Sin embargo, en el caso, los quejosos se encuentran en la Estación Migratoria de Nuevo León, en consecuencia deberán comparecer ante las autoridades migratorias de la citada Estación los días viernes de cada semana o el siguiente si fuera inhábil. También, se impone a los quejosos la obligación de comparecer ante las autoridades responsables, con residencia esa ciudad, cuantas veces sea requerida para la prosecución del procedimiento administrativo de migración. Bajo el apercibimiento que, de no cumplir con las obligaciones impuestas, quedará sin efectos la suspensión decretada en los términos anteriormente señalados. II. Supuesto en el que no hayan transcurrido más de treinta y seis horas de la detención de los quejosos. Ahora bien, para el caso de que al momento de recibir la notificación del presente proveído, no hayan transcurrido más de treinta y seis horas, las responsables deberán decretar las medidas necesarias para evitar el hacinamiento del quejoso con personas positivas a COVID-19, y deberán dar cumplimiento a las medidas de salud previstas en el Protocolo de actuación para la prevención y atención de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. No se soslaya que la autoridad responsable en el informe de cuenta manifestó que el alojamiento de los quejosos Yalena Balmaseda González, Lázaro Bryan Mora Ortega y Randy Daniel Calzadilla, no deriva de un acto privativo de libertad fuera de procedimiento, ni actos que importen peligro de privación de la vida, de los establecidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que el quejoso se encuentra sujeto a un procedimiento administrativo a efecto de determinar su situación migratoria en el país; sin embargo, no remitió constancia alguna de la que se advierta que se haya emitido el acuerdo de presentación, a que se refieren los artículos 68 y 100 de la Ley Migratoria, en tanto no existe constancia de ello, o que en su caso, no han transcurrido las treinta y seis horas a que se refieren dichos preceptos. En el entendido de que los quejosos quedan a disposición, en cuanto a su libertad, de este Juzgado y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para la continuación del procedimiento administrativo respectivo. Lo anterior siempre y cuando los quejosos cumplan con las obligaciones previamente precisadas. Sobre el tema, en lo que interesa y aplica, cabe destacar que existen diversas ejecutorias dictadas en los recursos de queja administrativas 40/2021, 365/2021, 367/2021 y 371/2021 del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en los cuales el recurrente es la ahora autoridad responsable -en la delegación de esta ciudad- y formuló, en agravio, los mismos argumentos que ahora hace valer; en esas resoluciones se determinó lo que transcribe enseguida: ".Así, contra lo alegado en vía de agravio, este tribunal colegiado determina que el juez federal no interpretó erróneamente las medidas que aseguran que los quejosos sigan el procedimiento, pues como se ha explicado, la suspensión de oficio y de plano prevista en el artículo 126 de la Ley de Amparo, a diferencia de la suspensión a petición de parte, prevista en el artículo 128 de la propia codificación que prevé requisitos de procedibilidad, deberá ser otorgada respecto de actos que, por su naturaleza, claramente contravienen la Constitución Federal, o bien, porque afectan bienes jurídicos irreductibles y de preservación preponderante, que exigen el otorgamiento de la medida cautelar sin mayor trámite o ponderación, de tal suerte que, ante la adecuación de un caso concreto a alguno de los supuestos previstos en el referido artículo, ya no corresponde al juzgador resolver sobre la suspensión discrecionalmente, sino ésta debe ser concedida a fin de evitar que se materialicen o consumen tales actos. En ese contexto, si la Ley de Amparo que regula la suspensión del acto reclamado no fija requisitos de procedibilidad para conceder la suspensión de oficio y de plano, debe concluirse que no existe base legal para que el juzgador deba acudir a la ley que rige el acto reclamado a fin de dilucidar si existen requisitos que el quejoso deba satisfacer a fin de que la medida surta sus efectos. Estimar lo contrario, rompería con los principios de urgencia y máxima protección de los derechos humanos que rigen en la suspensión de oficio y de plano. Aunado a lo antedicho, no se soslaya que, a fin de lograr el control migratorio que le es encomendado, la autoridad responsable puede dictar medidas que aseguren la presentación de extranjeros sometidos a un procedimiento administrativo en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, a saber: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del él sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Sin embargo, no debe soslayarse que tales medidas rigen expresamente para los procedimientos administrativos migratorios, pero de ningún modo son obligatorias en los procedimientos de amparo. (.). De ahí que, las medidas que adopte el juez federal deberán ser determinadas bajo su prudente arbitrio y no como erróneamente lo pretenden las recurrentes, esto es, conforme a las medidas que aseguren la presentación de extranjeros sometidos a un procedimiento administrativo en términos del artículo 102 de la Ley de Migración, pues se insiste, dicha legislación no rige en materia del juicio de amparo y las medidas que, en su caso, imponga el juzgador federal, atenderán a su prudente arbitrio y con la finalidad de conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio. Corolario de lo anterior, debe concluirse que las medidas impuestas por el a quo no trasgreden lo dispuesto por la Ley de Migración, por lo que resulta infundado el argumento en el sentido de que, dentro de las medidas impuestas debió fijar garantía en términos del artículo 102 de la Ley de Migración. Por otro lado, es inoperante el argumento por el que la parte recurrente adujo que es un hecho notorio y reiterado que los quejosos que promueven amparo en los propios términos, incumplen las medidas impuestas en la suspensión de plano, y se evaden del procedimiento administrativo migratorio, lo que obliga a decretar la imposibilidad material de continuarlo y queda el juicio de amparo sin materia. Que lo anterior evidencia que las medidas adoptadas por el juzgador no son efectivas y este tipo de juicios sirven para que los extranjeros irregulares salgan de las estaciones migratorias y sigan su camino hacia el norte, con lo que se incumple la Ley de Migración y se merman las facultades de la autoridad migratoria. Se afirma lo anterior, debido a que los argumentos que se hagan valer como conceptos de violación o agravios que se sustenten en situaciones o circunstancias individuales o hipotéticas, deben ser declarados inoperantes, en atención a que no sería posible cumplir la finalidad de dichos argumentos consistente en demostrar la ilegalidad de la resolución recurrida al través de situaciones no verificadas en el caso concreto. Por otro lado, es infundado el argumento consistente en que se inaplicaron normas de orden público e interés social, y se realizó una interpretación incorrecta del cuarto párrafo del artículo 21 constitucional, debido a que la suspensión exige otorgar la salida de personas alojadas en el término de treinta y seis horas, sin sustento legal, mientras que las figuras de presentación y alojamiento, así como su término de 5 días prorrogable hasta 60 en casos específicos, tienen sustento en el segundo párrafo del artículo 33 constitucional y no en el 21. Que, al ordenar la libertad de los quejosos en el término máximo de treinta y seis horas, sin que se haya resuelto su situación migratoria, causa un detrimento en las atribuciones conferidas a la autoridad migratoria. Lo anterior es así, pues de la resolución impugnada se desprende que la decisión del a quo tiene su fundamento en el artículo 68 de la Ley de Migración, que establece: "Artículo 68. La presentación de los migrantes en situación migratoria irregular sólo puede realizarse por el Instituto en los casos previstos en esta Ley; deberá constar en actas y no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición. Durante el procedimiento administrativo migratorio que incluye la presentación, el alojamiento en las estaciones migratorias o en los Centros de Asistencia Social para el caso de niñas, niños y adolescentes migrantes, el retorno asistido y la deportación, los servidores públicos del Instituto deberán de respetar los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de la presente Ley." Consecuentemente, debemos concluir que la determinación impugnada no se contrapone la normatividad que rige el acto reclamado, pues como puede constatarse, el artículo 68 preinserto establece que la presentación de los migrantes en situación migratoria irregular, no podrá exceder del término de 36 horas contadas a partir de su puesta a disposición; además, exige a los servidores públicos del Instituto, que respeten los derechos reconocidos a los migrantes en situación migratoria irregular establecidos en el Título Sexto de dicha ley A continuación, se procede al estudio de los argumentos contenidos en el segundo concepto de agravio, que no han sido analizados en esta ejecutoria. En ellos, las recurrentes sostuvieron que: La figura del alojamiento tiene una naturaleza protectora para el quejoso, pues existen personas que no conocen a nadie en el país, ni tienen medios para subsistir autónomamente, por lo que quedan vulnerables a múltiples violaciones de sus derechos. El hecho de darles salida a los migrantes sin establecer previamente ante qué persona y en qué domicilio habitarán durante la continuación de su procedimiento administrativo migratorio, los deja en mayor estado de vulneración. Con las medidas fijadas, los extranjeros tienen la obligación de permanecer en esta entidad federativa, sin posibilidad de realizar actividades para recibir remuneración y con ello vivir, lo que los orilla a salir del Estado e incumplir con las medidas de aseguramiento impuestas por el a quo, como con las fijadas por la autoridad migratoria. Es importante considerar -finalizaron-, que al encontrarse en contexto de migración existe la presunción del mayor grado de vulnerabilidad o riesgo y situación de desventaja respecto a los actos de autoridad, por lo que, el hecho de que prima facie se otorgue la mayor protección de los derechos humanos del quejoso en virtud de la protección internacional a que se encuentran sujetos en su calidad de migrantes, no implica la posibilidad de inobservar la norma migratoria y proceder a otorgar a los solicitantes sus requerimientos, a fin de que el Estado vele para que se garantice la protección de todos sus derechos humanos." Esto ese sentido, es pertinente indicar a la autoridad responsable lo siguiente: a. Los efectos y obligaciones de la suspensión de plano fueron decretados por este juzgador y son de estricto cumplimiento. b. Si la autoridad responsable no comulga con la determinación jurisdiccional tiene expedito su derecho a hacer valer los medios de impugnación previstos en la Ley de Amparo, pues mientras no se haga valer recurso alguno las mismas debe ser acatadas. c. Los Tribunales Colegiados del Noveno Circuito sostienen criterios respecto a la idoneidad de la aplicación de las condiciones y la legalidad de las obligaciones impuestas en este tipo de medidas cautelares. d. Como estableció el tribunal de alzada, los efectos de la suspensión y sus obligaciones están correctamente fundamentadas y motivadas en la Ley de Amparo y, orientadas por los criterios jurisprudenciales obligatorios, así como en las consideraciones de los órganos ante los cuales se ha analizado el mismo problema jurídico. Requerimiento En consecuencia, requiérase a las responsables para que, en el término de veinticuatro horas, de conformidad con los preceptos 17 y 22 Constitucionales, rindan su informe respecto del cumplimiento a los efectos de la suspensión de plano decretada en los términos en los que fue concedida, apercibida de que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se le impondrá una multa por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización vigente, en los términos de los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia. Se le hace del conocimiento que tal cumplimiento deberá ser hecho del conocimiento al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, que es quien aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de dicho asunto, radicándolo con el consecutivo 678/2022-V. Dado el carácter urgente de la medida suspensional decretada en autos y tomando en cuenta el requerimiento formulado a las responsables; con fundamento en los artículos 298, 299 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento exhorto con los insertos y anexos necesarios al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado, instruya al personal correspondiente para que: 1. Haga entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Nuevo León y Director o Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, que se adjuntan a la comunicación oficial correspondiente. De igual manera, en aras de tutelar el artículo 17 constitucional, se faculta al actuario de su adscripción, testar de ser necesario la denominación incorrecta y, colocar, de su puño y letra, el nombre correcto de cada autoridad a fin de notificar a las autoridades vinculadas en el cumplimiento de la suspensión de plano, o la autoridad donde sea localizado el quejoso. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles para que la referida autoridad esté en aptitud de cumplir con la diligencia encomendada. Se remite comunicación oficial electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). El exhorto de mérito remítase a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) como comunicación oficial electrónica, sin que haya necesidad de requerir al Juzgado exhortado el acuse de recibo respectivo, en razón de que éste se genera automáticamente una vez enviada la comunicación oficial por la referida vía (SISE). Para tal efecto, encomiéndese al Analista Jurídico SISE el envío de dichas comunicaciones que se validarán con las firmas electrónicas del Suscrito y del Secretario que da fe de este acuerdo. En la inteligencia que no será necesario volver ingresar en la comunicación oficial generada, en el apartado de "autoridad a la que se envía" la firma electrónica del titular de este órgano jurisdiccional, dado que la misma será generada con motivo de la autorización del presente acuerdo a través del módulo "panel condensado" disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Se hace del conocimiento al juzgado exhortado. Finalmente, se solicita la devolución de la presente comunicación oficial a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, en cumplimiento a la expedita impartición de justicia que prevé el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
- Principal
Agréguese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, mediante el cual transcribe el proveído de cinco de julio del presente año, dictado en los autos del juicio de amparo 678/2022-V, de su índice, del cual se advierte que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de dicho asunto. Se vincula amparo. Por otra parte, tal y como lo establece el numeral 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se pone a disposición del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, la consulta de este expediente electrónico a través el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, se instruye a la Analista Jurídica de la adscripción, para que, la disponibilidad y el acceso del expediente electrónico dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, esto, a fin de que el citado Juzgado, pueda realizar la consulta. Estado de autos y certificación. Ahora bien, vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que, auto de veintisiete de junio del presente año, se reservó enviar las constancias de notificación que obran en el exhorto 577/2022-IV, orden 433/2022, del índice de este Órgano Jurisdiccional, a fin de que dicté las providencias que considere oportunas, hasta que se tuviera conocimiento del Juzgado que seguirá con el trámite del juicio de amparo 842/2022. En tal virtud, como lo anterior ya aconteció, remítase al Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, las constancias anteriormente mencionadas, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que acuerde lo conducente. Del conocimiento. Asimismo, del oficio de cuenta se advierte que la citada Secretaria solicita que remitamos el origina o copia certificada de los informes relativos a la suspensión de plano; por lo anterior, hágasele del conocimiento en proveído de veintidós de junio del presente año, se ordenó remitir los autos originales del juicio de amparo 842/2022-IV, en los cuales obran los citados informes los cuales fueron recibidos el veintiuno y veintidós del citado mes y año; no obstante lo anterior remítase copia simple de los mismos que obran en el cuaderno de antecedentes formado por motivo de la incompetencia planteada. De igual manera, se hace del conocimiento que el citado veintidós de junio del presente año, se giró el exhorto 461/2022-IV, orden 607/2022, al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, a efecto de que entrega de los oficios dirigidos a las autoridades responsables Encargado de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Nuevo León y Director o Encargado del Despacho de la Estación Migratoria de Guadalupe, en el Estado de Nuevo León, que se adjuntan a la comunicación oficial correspondiente; sin que a la data obre el mismo devuelto, por lo que una vez esto acontezca se enviara el mismo.
- Principal
Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 371/2022-IV, orden 357/2022-IV de su índice, formado con motivo del diverso 322/2022-IV, orden 442/2022-IV de este Juzgado; sin necesidad de acusar recibo, toda vez que éste se genera por la misma vía. Ahora bien, de dicha comunicación oficial, se advierte que, el siete de junio de la presente anualidad, la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, notificó el acuerdo dictado en el presente juicio de amparo el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós a Adriana García García y Zaira Pérez Arellano, en el que se les requirió para que manifestaran en el acto de la diligencia o en el término de tres días por escrito si aceptaban y protestaban el cargo de defensoras de los quejosos en el presente asunto. La primera de ellas, precisó el impedimento para aceptar y protestar el cargo, toda vez que se rige administrativamente por las designaciones que realiza el Director de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, por lo tanto es al Director a quien corresponde designar defensor que asistirá a los quejosos en el presente asunto, por lo que solicita se le haga del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; por su parte, Zaira Pérez Arellano, refirió que no acepta y protesta el cargo conferido como defensora publica de los quejosos, toda vez que no cuenta con designación hechas por parte de su superior jerárquico. Asimismo, en diligencias de diez de junio del año actual, la Actuaria adscrita al Jugado exhortado, hizo constar que, atento al citatorio dejado a las defensoras Paula Abigail Durán Camargo, Esther Osnaya Osnaya y Claudia Ivonne Dañino López el siete de los corrientes, se comunicaron vía telefónica dentro de los días siguientes hábiles, expresando que presentarían por escrito en el plazo concedido de tres días las manifestaciones correspondientes ante este Juzgado en relación con la protesta ordenada en el presente juicio. Ahora bien, del estado que guardan los autos, se advierte que, en acuerdo de quince de junio de dos mil veintidós, se giró el oficio 24852/2022 al Director de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que, en el término de tres días manifestara si Paulina Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García, se encuentran en condiciones de representar a los quejosos en el presente juicio de amparo y, en caso de ser así, les hiciera saber a las nombradas dicha designación, a efecto que por escrito aceptaran y protestaran el cargo conferido. Sin que se provea respecto a lo manifestado por Adriana García García y Zaira Pérez Arellano, toda vez que del estado que guardan los autos, se advierte que, en acuerdo de catorce junio de dos mil veintidós, se giró el oficio 24581/2022 al Director de la Consejería Jurídica y Servicios Legales de la Defensoría Pública de la Ciudad de México, para que, en el término de tres días manifestara si Paula Abigail Durán Camargo, Claudia Ivonne Dañino López, Zaira Pérez Arellano, Esther Osnaya Osnaya y Adriana García García, se encuentran en condiciones de representar a los quejosos en el presente juicio de amparo y, en caso de ser así, les hiciera saber a las nombradas dicha designación, a efecto que por escrito aceptaran y protestaran el cargo conferido. Por otra parte, de la certificación que antecede, se desprende que por auto de trece de junio anterior se tuvo por recibido el oficio signado por Manuel Sánchez Vera, Defensor Público Federal adscrito al Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México, quien aceptó el cargo como representante de los quejosos, en atención a la designación provisional formulada por el Director de la Unidad de Defensa Penal. Ahora bien, tomando en consideración que, mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, se requirió al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón para que precisará en el acto de la diligencia a quién señalaba como representante común y el domicilio para oír y recibir notificaciones; asimismo, para que en el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surtiera efectos la notificación de dicho auto, por escrito precisará lo siguiente: "1. Quiénes son los quejosos que fueron reubicados; 2. Cuándo fueron reubicados; 3. El motivo por el cual fueron reubicados; y, 4. Qué autoridad ordenó dicha reubicación. Con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento con lo anterior dentro de dicho término, no se admitirá el incidente de que se trata." Asimismo, se dio vista con el requerimiento precisado al representante de los quejosos Manuel Sánchez Vera, el trece de junio anterior, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera. En tal virtud, de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de tres días concedido al quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, así como al representante de los quejosos, sin que hayan dado cumplimiento al requerimiento que se le hizo. Por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veintisiete de abril del año que transcurre y, con apoyo en el artículo 208, de la Ley de Amparo, no se admite la denuncia de la violación a la suspensión de plano decretada el diecinueve de abril de este año, por los actos atribuidos a las responsables, interpuesta por el quejoso Carlos Alberto Angelino Barrón, en la diligencia de veintidós de abril de este año. Finalmente, no se tienen por hechas las manifestaciones que realizó el referido quejoso en la mencionada diligencia de veintidós de abril del año actual, relativas a quién señala como representante común y el domicilio para oír y recibir notificaciones, en virtud de que no precisó nada al respecto, no obstante estar debidamente notificado. Notifíquese y, personalmente al representante de la parte quejosa.
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