Yaira Guadaluipe Ceseña Tamayo
Expediente 1318/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur. 32 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1318/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 32
- Última actuación
- 22/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur · Baja California Sur
Partes del expediente
- Yaira Guadaluipe Ceseña Tamayo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 32.
- Principal
La Paz, Baja California Sur, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los presentes autos el escrito con anexo del quejoso ********************, a través del cual solicita lo siguiente: Autorizar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************. Asimismo manifiesta que el diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, le fue notificado del oficio ********************, por el que le requiere exhiba su cédula de identificación fiscal, misma que ya fue presentada ante la autoridad responsable y al efecto anexa copia del acuse correspondiente. Atento a lo anterior, por lo que respecta a su primer petición, se tiene por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y ********************, por tener registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, por así haberlo solicitarlo. Por lo que concierne, a la segunda de sus peticiones, a fin de evitar mayores dilaciones en el procedimiento, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Subdelegado de Prestaciones y Jefe del Departamento de Pensiones; ambos, de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California Sur, para que en el término de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, cumplan con los efectos decretados en la ejecutoria de mérito, consistentes en lo siguiente: "a) Deje de aplicar en el caso concreto y para el futuro, en perjuicio del quejoso, lo dispuesto en el párrafo segundo de la fracción III del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como toda aquella normativa que prescribe que en el caso de compatibilidad de las pensiones, la suma de las mismas, no podrá exceder el monto equivalente a diez veces el salario mínimo. b) Por lo mismo, debe dejar sin efectos todos los actos derivados de la norma reclamada, entre ellos, la liquidación de pago previa incorporación a nómina en la que se aplicaron los descuentos o reducciones bajo el concepto "compatibilidad de pensión". c) También determine las cantidades actualizadas que se le adeudan al quejoso desde que se aplicó la deducción y ajuste a su pensión por viudez y le pague a ésta, dichas diferencias. d) De igual manera, deberá determinar las cantidades correctas a pagar por pensión por viudez y por jubilación y las entere a la quejosa de manera íntegra, sin aplicar la limitante prevista en el citado precepto reglamentario declarado inconstitucional.". Haciéndose la precisión de la modificación realizada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con sede en La Paz, Baja California Sur, fue en el sentido siguiente: "(.) se precisa que cuando en la sentencia recurrida se refiera al "artículo 12, fracción III, párrafo segundo" o al "segundo párrafo de la fracción III, del artículo 12", se debe entender que se cita la porción normativa precisamente reclamada, a saber el "segundo párrafo del artículo 12 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los Trabajadores Sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado"." Atento a lo anterior, deberán remitir copia certificada de las constancias con las cuales acrediten su cumplimiento. Por tanto, se apercibe a la referida autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238, y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 1°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; y, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, constitucional. Al respecto, tiene aplicación al caso la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es de rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO.". En ese orden de ideas, requiérase al superior jerárquico de las autoridades responsables, es decir a la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se hará acreedor a una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley de la materia, en relación con los diversos 26, apartado B, sexto y séptimo párrafo y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los arábigos 3°, 4° y 5° de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuyo valor diario será de $103.74 (ciento tres pesos con setenta y cuatro centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés; además, de que incurrirá en la misma responsabilidad de la autoridad responsable mencionada. Notifíquese Así lo acordó y firma Maribel Camacho Fuentes, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, ante Francisco Dante Coronado Díaz Bonilla, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
agréguese escrito de autorizada de la parte quejosa en el presente asunto, por el que solicita el sobreseimiento en el presente expediente, dado que manifiesta que la quejosa y el tercero interesado, llegaron a un arreglo respecto de la pensión alimenticia de sus hijos. Atento a lo anterior, se tiene a la promovente haciendo las manifestaciones a que alude. En tal virtud, dígasele que se esté a lo acordado en auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente expediente.
- Incidental
agréguese el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, con residencia en esta ciudad, en el que transcribe el acuerdo dictado el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, emitido dentro del amparo en revisión (suspensión civil ***/2023). Al respecto, la autoridad oficiante informa que transcurrió el término de tres días para que la parte recurrente interpusiera recurso de reclamación en contra del acuerdo emitido el catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el cual se desechó por extemporáneo dicho recurso de revisión. Atento a lo anterior, acúsese recibo de estilo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo; y, glósese a los autos el expedientillo formado con motivo del recurso de revisión para los efectos legales correspondientes.
- Principal
agréguese oficio del Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar, con sede en Cabo San Lucas, Baja California Sur, por el que da cumplimiento al requerimiento de trece de febrero de dos mil veintitrés. se tiene a la autoridad oficiante dando cumplimiento al requerimiento formulado el trece de febrero de dos mil veintitrés, y en este sentido, remite las constancias solicitadas en dicho auto; por tanto, queda sin efectos el apercibimiento por el cual fue conminado, sin que sea necesario dar vista a las partes con su contenido, en atención a las siguientes consideraciones. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el presente juicio se reclama del Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Los Cabos, con residencia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, los siguientes actos reclamados: La omisión de dictar resolución en el incidente promovido el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio de divorcio 213/2020, de su índice. El auto de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictado en el referido juicio de divorcio 213/2020. Ahora bien, este órgano de control constitucional en torno a los actos antes precisados, advierte la actualización de la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. El citado precepto establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" De la interpretación que se realiza de la fracción antes transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: a) por revocación; y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos, sin dejar huella en su esfera jurídica o patrimonial; mientras que el segundo se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto, por el cual fue sustituido. De lo narrado anteriormente, se advierte que el Juez de Primera Instancia del Ramo Familiar del Partido Judicial de Los Cabos, con residencia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, el veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, llevó a cabo la celebración de plática conciliatoria en el incidente de pensión alimenticia, diligencia en la que las partes involucradas llegaron a un convenio a fin de dar por concluido el asunto de origen, convenio fue aprobado y ratificado en sus términos; en la misma diligencia, se ordenó el archivo del juicio de divorcio 213/2020, como asunto total y definitivamente concluido. Es claro que los actos reclamados en este asunto, fueron sustituidos procesalmente por la determinación de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, por la que se tuvo por aprobado y ratificado en sus términos el convenio celebrado en el juicio de divorcio 213/2020, y se ordenó el archivo del asunto como total y definitivamente concluido, de ahí que los actos impugnados, ya no pueden ser analizados a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretende la parte quejosa. Por tanto, no podría estudiarse la legalidad de la omisión y resolución reclamada, sin afectar el nuevo pronunciamiento que se hizo en la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, al haber sido sustituido procesalmente el acto reclamado, como ya se evidenció. Por lo aquí expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia en comento, lo procedente es sobreseer en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL CATORCE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS.
Quedan 28 actuaciones en este expediente
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