Yair Velasco Najera
Expediente 122/2021 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 36 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 122/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 12/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Yair Velasco Najera
- J.C. L. J.
- Sebastian Martínez Méndez
- Martín Huerta Moreno
- Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, doce de septiembre de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el escrito de cuenta signado por el quejoso Yair Velasco Nájera; atento a su contenido, con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo, 35, 36 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a Efrén Amaro Suárez, el acceso al expediente electrónico del presente asunto; así como que se le notifique en forma electrónica. Asimismo, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la citada ley a Efrén Amaro Suárez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que tiene registrada cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Con fundamento en lo establecido en el precepto 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, se tiene al promovente proporcionando el correo electrónico y número telefónico que refiere, a través de los cuales se podrán entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por otra parte, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa copia certificada de la constancia que refiere, hasta en tanto existan las condiciones necesarias para realizar el trámite de fotocopiado respectivo, autorizando para recibirla a la persona que menciona, previa identificación y razón que por su entrega y recibo se asiente en autos. De acuerdo con lo dispuesto en el precepto 22 del citado acuerdo general, se exhorta a las demás partes que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Finalmente, atento a lo establecido en el citado precepto 18, se hace constar que en el presente asunto no obra documento original exhibido por alguna de las partes. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidenta del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo que se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados (fojas 207 y 208), y al efecto el quejoso Yair Velasco Nájera, mediante escrito recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable (fojas 216 a 243). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno este órgano colegiado resolvió conceder al quejoso Yair Velasco Nájera, la protección constitucional, para el efecto que la Sala responsable procediera en los siguientes términos (foja 111 vuelta): "1) Deje insubsistente la sentencia reclamada únicamente por lo que hace al aquí quejoso Yair Velasco Nájera. 2. Dicte una nueva en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que la reclasificación jurídica hecha por el Ministerio Público al formular alegatos de clausura, no guarda congruencia con los hechos por los que formuló acusación; por ende, que no se demuestra la tentativa punible del delito de privación ilegal de libertad o secuestro. 3. Sin embargo, partiendo de la base que en los hechos sometidos a juicio subsiste la acusación ministerial por el delito consumado de privación ilegal de la libertad o secuestro agravado, en agravio de la víctima de iniciales J.C.L.J., con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, determine si se acreditan o no los elementos de dicho ilícito y las agravantes destacadas por la Representación Social, sólo por lo que hace al quejoso Yair Velasco Nájera. En caso de estimar acreditado tal ilícito, también con libertad de jurisdicción deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal o no del propio acusado en su comisión. En el entendido que, conforme a la acusación ministerial, el propósito que habría tenido la privación ilegal de la libertad, es la obtención para sí de un rescate, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya demostración plena para efectos de la sentencia, al tratarse de un elemento subjetivo del delito que atañe a la psique del sujeto activo, puede entonces constatarse por una exteriorización explícita o por la exteriorización de actos concluyentes; por ende, no se requiere que tal objetivo haya quedado materializado mediante algún acto de negociación o comunicación que se entablara con los familiares o con quien podría haber cubierto la suma pretendida por los plagiarios. Además, en caso de estimar acreditado el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro agravado y la responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, al individualizar las sanciones la Sala responsable no podrá imponerle una sanción mayor a la decretada inicialmente. Esto último, no solamente en aras de respetar el principio de "non reformatio in peius" que impide agravar la situación del quejoso, sino también porque si bien es incorrecta la clasificación técnica que al final el Ministerio Público otorgó a los hechos por los que formuló acusación, no podría soslayarse que en la audiencia de individualización de sanciones celebrada el cinco de junio de dos mil diecinueve (a partir de las 14:34 horas), la Representación Social expresamente solicitó que se aplicaran al sentenciado las sanciones correspondientes a la tentativa del delito e invocó, entre otros, los artículos 12 y 63 del Código Penal Federal, que como se indicó, establecen las reglas para la fijación de las sanciones en los delitos tentados." I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Por auto de trece de enero de dos mil veintidós dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 125). 2. El siete de marzo siguiente dictó una nueva sentencia (fojas 176 a 206); en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, determinó que la reclasificación jurídica hecha por el Ministerio Público al formular alegatos de clausura, no guarda congruencia con los hechos por los que formuló acusación; por ende, que no se demuestra la tentativa punible del delito de privación ilegal de libertad o secuestro (fojas 189 y 192). Sin embargo, partiendo de la base que en los hechos sometidos a juicio subsiste la acusación ministerial por el delito consumado de privación ilegal de la libertad o secuestro, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), agravado en términos del numeral 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de iniciales J.C.L.J., con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable determinó que se acreditan los elementos de dicho ilícito, y las agravantes destacadas por la Representación Social, previstas en la fracción I del numeral 10 invocado, esto es, que el ilícito se cometa en un lugar público, que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas, y que se cometa con violencia; ello, sólo por lo que hace al quejoso Yair Velasco Nájera (fojas 185 a 194). Para ello, se refirió a las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, con las que consideró se demostraba la comisión de dicho ilícito y las agravantes mencionadas, y además expuso diversas consideraciones que revelan también satisfecha la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo, consistente en fundar y motivar tanto la demostración del ilícito como las agravantes referidas. Igualmente, con libertad de jurisdicción, la Sala responsable consideró demostrada la plena responsabilidad penal del acusado Yair Velasco Nájera en la comisión del delito de secuestro agravado, en victimización de J.C.L.J., cometido en coautoría con otros sujetos, y citó las pruebas que consideró acreditaban ese extremo (fojas 195 a 197). Previamente, como se indicó en el fallo protector, conforme a la acusación ministerial consideró que el propósito que habría tenido la privación ilegal de la libertad, es la obtención para sí de un rescate, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya demostración plena para efectos de la sentencia, al tratarse de un elemento subjetivo del delito que atañe a la psique del sujeto activo, puede entonces constatarse por una exteriorización explícita o por la exteriorización de actos concluyentes; por ende, no se requiere que tal objetivo haya quedado materializado mediante algún acto de negociación o comunicación que se entablara con los familiares o con quien podría haber cubierto la suma pretendida por los plagiarios (foja 186 vuelta, 187, 189 vuelta y 190). Ahora bien, como el tribunal de alzada determinó, con libertad de jurisdicción, que se acredita el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro agravado, así como la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, como se estableció en la ejecutoria de amparo, al individualizar las sanciones no impuso al sentenciado alguna que fuera mayor a las que había establecido inicialmente en la sentencia reclamada, ya que reiteró las penas de treinta y tres años y cuatro meses de prisión, así como dos mil seiscientos sesenta y siete días por concepto de multa. Lo que evidencia que no trasgredió el principio de "non reformatio in peius" que en el recurso de apelación impide agravar la situación del quejoso, y también porque si bien fue incorrecta la clasificación técnica que al final el Ministerio Público otorgó a los hechos por los que formuló acusación, como se mencionó en el fallo protector, en la audiencia de individualización de sanciones la Representación Social expresamente solicitó que se aplicaran al sentenciado las sanciones correspondientes a la tentativa del delito (foja 198). Igualmente, con libertad de jurisdicción, la responsable consideró que no era dable examinar de manera oficiosa la condena a la reparación del daño decretada por el tribunal de enjuiciamiento, porque el recurso de apelación fue interpuesto por la parte sentenciada, no por la víctima, su asesor jurídico o el Ministerio Público; argumento que, al margen de que sea o no correcto, no es dable su análisis, porque sobre el particular no se dio algún lineamiento en la sentencia de amparo, sino que fue pronunciado con libertad de decisión (fojas 198 vuelta y 199). En ese sentido, también con libertad de jurisdicción la Sala responsable determinó que debía modificarse la sentencia de primera instancia recurrida (foja 199). II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de diez de marzo de dos mil veintidós (foja 207), la parte quejosa se pronunció en el sentido que existe defecto en el cumplimiento en la ejecutoria de amparo, y con la intención de demostrar su argumento, en recuadros realiza una comparación entre la sentencia de primera instancia recurrida, la de segunda instancia que constituyó el acto reclamado y la que dicta la responsable en cumplimiento al fallo protector. Luego de esta comparación, considera que no se encuentra demostrado el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro, por el cual se le dictó sentencia condenatoria, ni las agravantes que se tuvieron por acreditadas; que al momento de su detención no le fue encontrada algún arma de fuego, y que no obtuvo ningún beneficio lucrativo; asimismo, refiere que la víctima no lo señala como la persona que lo amenazó con matarlo si su tío no pagaba la cantidad de quinientos mil pesos, y que tampoco existe alguna llamada telefónica que demuestre que su actuar era para obtener algún beneficio. Finalmente, solicita que su conducta se encuadre, en su caso, en el artículo 258 del Código Penal vigente en el Estado, que dice prevé el delito de privación de la libertad personal (foja 242). Al respecto, esta autoridad considera que son inoperantes los argumentos en los que el quejoso sostiene no haber obtenido algún beneficio económico o lucrativo con la conducta que se le atribuye, y que no existe alguna llamada telefónica que demuestre que su actuar era para obtener algún beneficio. Lo anterior, obedece a que con ellos el quejoso pretende en parte el examen de aspectos que no motivaron el otorgamiento de la protección constitucional, sino que busca que se examinen temas que constituyen cosa juzgada por haber sido materia del juicio de amparo y no haber originado la concesión del amparo. Esto es así, toda vez que en la ejecutoria de amparo este Tribunal Colegiado estableció que conforme a la acusación ministerial, el propósito que habría tenido la privación ilegal de la libertad, es la obtención para sí de un rescate, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya demostración plena para efectos de la sentencia, al tratarse de un elemento subjetivo del delito que atañe a la psique del sujeto activo, puede constatarse por una exteriorización explícita o por la exteriorización de actos concluyentes. Por ende, que no se requiere que tal objetivo haya quedado materializado mediante algún acto de negociación o comunicación que se entablara con los familiares o con quien podría haber cubierto la suma pretendida por los plagiarios. Luego, si para oponerse al cumplimiento informado por la responsable, el quejoso aduce no haber obtenido algún beneficio económico o lucrativo con la conducta que se le atribuye, y que no existe alguna llamada telefónica que demuestre que su actuar era para obtener algún beneficio, es evidente que con ello pretende someter a debate temas que ya quedaron definidos en la ejecutoria, en sentido distinto a sus pretensiones, y que por lo mismo no ameritaron en esos aspecto la concesión del amparo. Se reitera, pues ha quedado establecido que el tipo penal del delito no exige para su configuración que se logre entablar algún tipo de negociación tendente a la liberación del sujeto pasivo, pues alude a propósitos perseguidos por los plagiarios al privar de la libertad a una persona, pero no que se hubiera materializado una negociación y menos aún que se hubiese concretado el pago exigido como rescate. De ahí que se consideren inoperantes estos argumentos. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 69/2006, cuya aplicación no se opone a las disposiciones de la actual ley de la materia, registro 174946, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 191, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN EL EXAMEN DE ASPECTOS QUE NO MOTIVARON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Los agravios expuestos en la inconformidad resultan inoperantes cuando no van dirigidos a controvertir lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de garantías, es decir, a si la autoridad realmente cumplió o no con la sentencia protectora, sino que dichos motivos de disentimiento pretenden el análisis de aspectos que constituyen cosa juzgada por haber sido materia del juicio de amparo y no haber originado el otorgamiento de la protección constitucional, aun cuando ésta se haya concedido por diverso motivo". El resto de las manifestaciones del peticionario de amparo, también se califican como inoperantes, pues con ellas pretende cuestionar aspectos de la nueva sentencia, como es la demostración del delito, sus agravantes y la responsabilidad penal; respecto de los cuales no estaba vinculada la autoridad responsable, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. De ahí que la legalidad o no de lo resuelto por la Sala responsable sobre estos temas concretos, no pueda ser materia de examen al revisar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Sustenta esta consideración, al no oponerse tampoco a las disposiciones de la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, registro 168905, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad". Así como la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesado víctima identificada con las iniciales J.C.L.J. y por oficio a la Agente del Ministerio Público Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
ASUNTO QUE SE LISTA POR SEGUNDA OCASION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO. Apizaco, Tlaxcala, a treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, con lo que se dio vista a la parte quejosa y terceros interesados (fojas 207 y 208), y al efecto el quejoso Yair Velasco Nájera, mediante escrito recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, realizó diversas manifestaciones respecto al cumplimiento informado por la autoridad responsable (fojas 216 a 243). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. En sesión de nueve de diciembre de dos mil veintiuno este órgano colegiado resolvió conceder al quejoso Yair Velasco Nájera, la protección constitucional, para el efecto que la Sala responsable procediera en los siguientes términos (foja 111 vuelta): "1) Deje insubsistente la sentencia reclamada únicamente por lo que hace al aquí quejoso Yair Velasco Nájera. 2. Dicte una nueva en la que, siguiendo los lineamientos de esta ejecutoria, determine que la reclasificación jurídica hecha por el Ministerio Público al formular alegatos de clausura, no guarda congruencia con los hechos por los que formuló acusación; por ende, que no se demuestra la tentativa punible del delito de privación ilegal de libertad o secuestro. 3. Sin embargo, partiendo de la base que en los hechos sometidos a juicio subsiste la acusación ministerial por el delito consumado de privación ilegal de la libertad o secuestro agravado, en agravio de la víctima de iniciales J.C.L.J., con plenitud de jurisdicción, pero de manera fundada y motivada, determine si se acreditan o no los elementos de dicho ilícito y las agravantes destacadas por la Representación Social, sólo por lo que hace al quejoso Yair Velasco Nájera. En caso de estimar acreditado tal ilícito, también con libertad de jurisdicción deberá pronunciarse sobre la responsabilidad penal o no del propio acusado en su comisión. En el entendido que, conforme a la acusación ministerial, el propósito que habría tenido la privación ilegal de la libertad, es la obtención para sí de un rescate, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya demostración plena para efectos de la sentencia, al tratarse de un elemento subjetivo del delito que atañe a la psique del sujeto activo, puede entonces constatarse por una exteriorización explícita o por la exteriorización de actos concluyentes; por ende, no se requiere que tal objetivo haya quedado materializado mediante algún acto de negociación o comunicación que se entablara con los familiares o con quien podría haber cubierto la suma pretendida por los plagiarios. Además, en caso de estimar acreditado el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro agravado y la responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, al individualizar las sanciones la Sala responsable no podrá imponerle una sanción mayor a la decretada inicialmente. Esto último, no solamente en aras de respetar el principio de "non reformatio in peius" que impide agravar la situación del quejoso, sino también porque si bien es incorrecta la clasificación técnica que al final el Ministerio Público otorgó a los hechos por los que formuló acusación, no podría soslayarse que en la audiencia de individualización de sanciones celebrada el cinco de junio de dos mil diecinueve (a partir de las 14:34 horas), la Representación Social expresamente solicitó que se aplicaran al sentenciado las sanciones correspondientes a la tentativa del delito e invocó, entre otros, los artículos 12 y 63 del Código Penal Federal, que como se indicó, establecen las reglas para la fijación de las sanciones en los delitos tentados." I. Ahora bien, del examen de las constancias remitidas por la Sala responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Por auto de trece de enero de dos mil veintidós dejó insubsistente la sentencia reclamada de veintitrés de octubre de dos mil diecinueve (foja 125). 2. El siete de marzo siguiente dictó una nueva sentencia (fojas 176 a 206); en la que, siguiendo los lineamientos del fallo protector, determinó que la reclasificación jurídica hecha por el Ministerio Público al formular alegatos de clausura, no guarda congruencia con los hechos por los que formuló acusación; por ende, que no se demuestra la tentativa punible del delito de privación ilegal de libertad o secuestro (fojas 189 y 192). Sin embargo, partiendo de la base que en los hechos sometidos a juicio subsiste la acusación ministerial por el delito consumado de privación ilegal de la libertad o secuestro, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), agravado en términos del numeral 10, fracción I, incisos a), b) y c), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en agravio de la víctima de iniciales J.C.L.J., con plenitud de jurisdicción, la Sala responsable determinó que se acreditan los elementos de dicho ilícito, y las agravantes destacadas por la Representación Social, previstas en la fracción I del numeral 10 invocado, esto es, que el ilícito se cometa en un lugar público, que quienes lo lleven a cabo obren en grupo de dos o más personas, y que se cometa con violencia; ello, sólo por lo que hace al quejoso Yair Velasco Nájera (fojas 185 a 194). Para ello, se refirió a las pruebas desahogadas en la audiencia de juicio oral, con las que consideró se demostraba la comisión de dicho ilícito y las agravantes mencionadas, y además expuso diversas consideraciones que revelan también satisfecha la obligación impuesta en la ejecutoria de amparo, consistente en fundar y motivar tanto la demostración del ilícito como las agravantes referidas. Igualmente, con libertad de jurisdicción, la Sala responsable consideró demostrada la plena responsabilidad penal del acusado Yair Velasco Nájera en la comisión del delito de secuestro agravado, en victimización de J.C.L.J., cometido en coautoría con otros sujetos, y citó las pruebas que consideró acreditaban ese extremo (fojas 195 a 197). Previamente, como se indicó en el fallo protector, conforme a la acusación ministerial consideró que el propósito que habría tenido la privación ilegal de la libertad, es la obtención para sí de un rescate, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya demostración plena para efectos de la sentencia, al tratarse de un elemento subjetivo del delito que atañe a la psique del sujeto activo, puede entonces constatarse por una exteriorización explícita o por la exteriorización de actos concluyentes; por ende, no se requiere que tal objetivo haya quedado materializado mediante algún acto de negociación o comunicación que se entablara con los familiares o con quien podría haber cubierto la suma pretendida por los plagiarios (foja 186 vuelta, 187, 189 vuelta y 190). Ahora bien, como el tribunal de alzada determinó, con libertad de jurisdicción, que se acredita el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro agravado, así como la plena responsabilidad penal del ahora quejoso en su comisión, como se estableció en la ejecutoria de amparo, al individualizar las sanciones no impuso al sentenciado alguna que fuera mayor a las que había establecido inicialmente en la sentencia reclamada, ya que reiteró las penas de treinta y tres años y cuatro meses de prisión, así como dos mil seiscientos sesenta y siete días por concepto de multa. Lo que evidencia que no trasgredió el principio de "non reformatio in peius" que en el recurso de apelación impide agravar la situación del quejoso, y también porque si bien fue incorrecta la clasificación técnica que al final el Ministerio Público otorgó a los hechos por los que formuló acusación, como se mencionó en el fallo protector, en la audiencia de individualización de sanciones la Representación Social expresamente solicitó que se aplicaran al sentenciado las sanciones correspondientes a la tentativa del delito (foja 198). Igualmente, con libertad de jurisdicción, la responsable consideró que no era dable examinar de manera oficiosa la condena a la reparación del daño decretada por el tribunal de enjuiciamiento, porque el recurso de apelación fue interpuesto por la parte sentenciada, no por la víctima, su asesor jurídico o el Ministerio Público; argumento que, al margen de que sea o no correcto, no es dable su análisis, porque sobre el particular no se dio algún lineamiento en la sentencia de amparo, sino que fue pronunciado con libertad de decisión (fojas 198 vuelta y 199). En ese sentido, también con libertad de jurisdicción la Sala responsable determinó que debía modificarse la sentencia de primera instancia recurrida (foja 199). II. Ahora bien, al desahogar la vista dada por este Tribunal Colegiado en auto de diez de marzo de dos mil veintidós (foja 207), la parte quejosa se pronunció en el sentido que existe defecto en el cumplimiento en la ejecutoria de amparo, y con la intención de demostrar su argumento, en recuadros realiza una comparación entre la sentencia de primera instancia recurrida, la de segunda instancia que constituyó el acto reclamado y la que dicta la responsable en cumplimiento al fallo protector. Luego de esta comparación, considera que no se encuentra demostrado el delito de privación ilegal de la libertad o secuestro, por el cual se le dictó sentencia condenatoria, ni las agravantes que se tuvieron por acreditadas; que al momento de su detención no le fue encontrada algún arma de fuego, y que no obtuvo ningún beneficio lucrativo; asimismo, refiere que la víctima no lo señala como la persona que lo amenazó con matarlo si su tío no pagaba la cantidad de quinientos mil pesos, y que tampoco existe alguna llamada telefónica que demuestre que su actuar era para obtener algún beneficio. Finalmente, solicita que su conducta se encuadre, en su caso, en el artículo 258 del Código Penal vigente en el Estado, que dice prevé el delito de privación de la libertad personal (foja 242). Al respecto, esta autoridad considera que son inoperantes los argumentos en los que el quejoso sostiene no haber obtenido algún beneficio económico o lucrativo con la conducta que se le atribuye, y que no existe alguna llamada telefónica que demuestre que su actuar era para obtener algún beneficio. Lo anterior, obedece a que con ellos el quejoso pretende en parte el examen de aspectos que no motivaron el otorgamiento de la protección constitucional, sino que busca que se examinen temas que constituyen cosa juzgada por haber sido materia del juicio de amparo y no haber originado la concesión del amparo. Esto es así, toda vez que en la ejecutoria de amparo este Tribunal Colegiado estableció que conforme a la acusación ministerial, el propósito que habría tenido la privación ilegal de la libertad, es la obtención para sí de un rescate, previsto en el artículo 9, fracción I, inciso a), de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuya demostración plena para efectos de la sentencia, al tratarse de un elemento subjetivo del delito que atañe a la psique del sujeto activo, puede constatarse por una exteriorización explícita o por la exteriorización de actos concluyentes. Por ende, que no se requiere que tal objetivo haya quedado materializado mediante algún acto de negociación o comunicación que se entablara con los familiares o con quien podría haber cubierto la suma pretendida por los plagiarios. Luego, si para oponerse al cumplimiento informado por la responsable, el quejoso aduce no haber obtenido algún beneficio económico o lucrativo con la conducta que se le atribuye, y que no existe alguna llamada telefónica que demuestre que su actuar era para obtener algún beneficio, es evidente que con ello pretende someter a debate temas que ya quedaron definidos en la ejecutoria, en sentido distinto a sus pretensiones, y que por lo mismo no ameritaron en esos aspecto la concesión del amparo. Se reitera, pues ha quedado establecido que el tipo penal del delito no exige para su configuración que se logre entablar algún tipo de negociación tendente a la liberación del sujeto pasivo, pues alude a propósitos perseguidos por los plagiarios al privar de la libertad a una persona, pero no que se hubiera materializado una negociación y menos aún que se hubiese concretado el pago exigido como rescate. De ahí que se consideren inoperantes estos argumentos. Apoya esta consideración la jurisprudencia 2a./J. 69/2006, cuya aplicación no se opone a las disposiciones de la actual ley de la materia, registro 174946, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, junio de 2006, página 191, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA INCONFORMIDAD. LO SON AQUELLOS QUE PRETENDEN EL EXAMEN DE ASPECTOS QUE NO MOTIVARON EL OTORGAMIENTO DE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. Los agravios expuestos en la inconformidad resultan inoperantes cuando no van dirigidos a controvertir lo resuelto por el órgano de amparo en relación con el cumplimiento del fallo dictado en el juicio de garantías, es decir, a si la autoridad realmente cumplió o no con la sentencia protectora, sino que dichos motivos de disentimiento pretenden el análisis de aspectos que constituyen cosa juzgada por haber sido materia del juicio de amparo y no haber originado el otorgamiento de la protección constitucional, aun cuando ésta se haya concedido por diverso motivo". El resto de las manifestaciones del peticionario de amparo, también se califican como inoperantes, pues con ellas pretende cuestionar aspectos de la nueva sentencia, como es la demostración del delito, sus agravantes y la responsabilidad penal; respecto de los cuales no estaba vinculada la autoridad responsable, sino que fueron emitidos con la libertad de jurisdicción que tenía para hacerlo. De ahí que la legalidad o no de lo resuelto por la Sala responsable sobre estos temas concretos, no pueda ser materia de examen al revisar el cumplimiento dado por la responsable a la ejecutoria de amparo. Sustenta esta consideración, al no oponerse tampoco a las disposiciones de la actual Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 115/2008, registro 168905, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008, página 222, que dice: "INCONFORMIDAD. SON INOPERANTES LOS AGRAVIOS QUE CUESTIONAN EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA PROTECTORA, EN LA PARTE EN LA QUE SE DEJÓ LIBERTAD DE JURISDICCIÓN A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Conforme al artículo 105 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad se circunscribe a examinar la determinación que tuvo por cumplida la sentencia protectora. En ese sentido, si la protección constitucional se concedió contra una sentencia o laudo por irregularidades procesales o formales y para el efecto de que, con libertad de jurisdicción, la responsable dicte nuevo fallo en el que las subsane, los agravios de la inconforme encaminados a combatir la decisión emitida por aquélla son inoperantes por plantear aspectos ajenos a la determinación que tuvo por cumplida la sentencia de amparo, en razón de que la nueva resolución no es materia de la inconformidad". Así como la jurisprudencia 2a./J. 14/2016 (10a.), registro 2010983, publicada en la página 717 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, febrero de 2016, Tomo I, Décima Época, Materia Común, emitida también por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, que dice: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2014 (10a.) (*), sostuvo que al no existir, además del recurso de inconformidad, otro medio de defensa para garantizar la efectividad de la sentencia protectora o corregir los posibles excesos o defectos en su observancia, corresponde al juzgador vigilar, a través de ese medio de impugnación, la satisfacción de los deberes impuestos a las autoridades responsables, dejando a salvo del estudio únicamente las consecuencias derivadas del propio cumplimiento. En ese sentido, la materia de análisis en el recurso de inconformidad debe atender a los alcances fijados por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó el amparo, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo, pues si bien es cierto que el artículo 196 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional puede analizar el exceso en que incurra la responsable al dictar la resolución en cumplimiento, también lo es que ello lo obliga a estudiar si las consecuencias generadas con motivo del cumplimiento pueden ser objeto de estudio en el recurso de inconformidad, para lo cual, deben tomarse en cuenta los lineamientos precisados en la concesión del amparo. Por tanto, no puede analizarse el cumplimiento de la autoridad responsable sobre cuestiones respecto de las cuales no estaba vinculada; de ahí que los agravios formulados para impugnar dichos argumentos resulten ineficaces". De lo anterior se concluye que, atento a lo resuelto por la autoridad responsable, en el caso concreto, ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de amparo. Notifíquese, personalmente a las partes quejosa y tercero interesado víctima identificada con las iniciales J.C.L.J. y por oficio a la Agente del Ministerio Público Justicia para Adolescentes del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala. Así lo proveyó y firma la Magistrada Myriam del Perpetuo Socorro Rodríguez Jara, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
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