Yaír Pérez González
Expediente 582/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 582/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yaír Pérez González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de noviembre de dos mil veintitrés Agréguese a los autos el oficio firmado por la autoridad responsable Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad del municipio de Jiutepec, Morelos, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada dentro del presente juicio de amparo. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en los preceptos 81, fracción I, inciso e), 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte autoridad responsable interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio. Se ordena distribuir entre las partes, las copias de los escritos de expresión de agravios y dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente al que se integre debidamente el expediente, infórmese al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en turno, sobre la interposición del presente medio de impugnación y póngase a su disposición el expediente electrónico de este juicio, en el cual se encuentra agregado el oficio de expresión de agravios presentado, para lo que tenga a bien determinar. Debido a la habilitación de la consulta del expediente electrónico para la Superioridad, se estima innecesaria la formación de un cuaderno de antecedentes, ya que este juzgado de distrito tendrá a su resguardo el expediente en que se actúa. Por otra parte, notifíquese personalmente la presente determinación a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito, corriéndole traslado con el escrito de expresión de agravios. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Erik Calderón Ocampo, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 582/2023, promovido por ********************, contra actos del Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, y; R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, ********************, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, Acuerdo del inicio del procedimiento de remoción bajo el expediente número ********************. SEGUNDO. El dos de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado radicó el asunto con el número de expediente 582/2023, admitió la demanda de amparo, requirió a la responsable su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Por tanto, debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que la parte quejosa reclama el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo interno en contra del elemento policial ********************, emitido el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que sí emitió la resolución reclamada. Lo que se corrobora de la revisión que se efectúa a la copia certificada del procedimiento administrativo ********************, que adjuntó a su informe justificado. A la documental antes referida se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. La autoridad responsable sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en razón a que el quejoso no agotó el principio de definitividad. Es infundada la causal invocada. Cabe precisar que, el presente juicio de amparo es procedente, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, dado que se reclama un acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, lo que afecta derechos sustantivos, en la medida en que de emitirse la resolución final aun cuando se advierta la ilegalidad del procedimiento o de la actuación procesal correspondiente no podría operar la reinstalación. La conclusón alcanzada encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 2011659, de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los agentes del Ministerio Público, de los peritos y de los miembros de las corporaciones policiales en los tres niveles de gobierno procede el juicio de amparo indirecto, por violaciones a las reglas que lo rigen establecidas en la legislación aplicable a cada caso en concreto, al constituir un acto de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que conforme al precepto 123, apartado B, fracción XIII, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está prohibido reinstalarlos aun cuando en las instancias judiciales se demuestre la ilegalidad del procedimiento y, en consecuencia, de la resolución respectiva; motivo por el que una violación acaecida durante el inicio del procedimiento se traduciría, en última instancia, en una transgresión que trasciende irremediablemente al derecho sustantivo al trabajo y a no ser separados injustificadamente de él, reconocido tanto a nivel constitucional como convencional". Además, por cuanto hace al principio de definitividad que indica la responsable, en el caso en estudio no era necesario que lo agotara el quejoso, pues sobre el tema, ya existe pronunciamiento al respecto, por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mismo que este Juzgado de Distrito comparte, mismo que establece: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE UN AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO O DE UN ELEMENTO DE LA POLICÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO (FGJEM), POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, SIN TENER QUE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD [SUSTITUCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA PC.II.A. J/14 A (10a.)]. Hechos: El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito solicitó al Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito sustituir la jurisprudencia PC.II.A. J/14 A (10a.), porque al resolver la contradicción de tesis 454/2019, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue clara al expresar que el Pleno de Circuito debió resolver conforme a la jurisprudencia 2a./J. 49/2016 (10a.), por lo que existía obligación de este último de modificar el criterio que sostuvo y ajustarlo al criterio de la Segunda Sala. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito establece que contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de los servidores públicos de una corporación policiaca estatal procede el juicio de amparo indirecto, al constituir un acto de imposible reparación y, por ende, no están obligados a agotar el principio de definitividad. Justificación: En las jurisprudencias 2a./J. 72/2013 (10a.), 2a./J. 49/2016 (10a.) y 2a./J. 31/2018 (10a.), de títulos y subtítulos: "SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. CONTRA EL INICIO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DE SUS MIEMBROS PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS AL SISTEMA DE CARRERA MINISTERIAL, POLICIAL Y PERICIAL. CONTRA EL ACUERDO DE INICIO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO." y "PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DE LOS INTEGRANTES DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA. LAS VIOLACIONES COMETIDAS DURANTE EL PROCESO DE EVALUACIÓN AL QUE SON SOMETIDOS, EN EL CUAL SE OBTUVO EL RESULTADO DE 'NO APROBADO', DEBEN HACERSE VALER EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, entre otras cosas, que procede el juicio de amparo indirecto contra el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo de separación del cargo de miembros del servicio profesional de carrera ministerial, policial y pericial de la Procuraduría General de la República y de los integrantes del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, cuando en el procedimiento administrativo de origen esté involucrado un agente del Ministerio Público o un elemento de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y éste reclame un acto de esa naturaleza, también procede el juicio de amparo indirecto, al ser un acto de imposible reparación y del cual se encuentra exento de agotar el principio de definitividad, pues la prohibición de la reinstalación en su cargo es absoluta, lo que constituye una transgresión a su derecho sustantivo de no ser separado injustificadamente de sus funciones." En consecuencia, al no haber hecho valer las partes otra causa de improcedencia y al no advertirse de oficio su actualización, se procede al estudio del fondo del asunto QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Con el propósito de entrar al estudio de los conceptos de violación, debe precisarse en primer lugar que, resulta innecesario realizar su transcripción, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad de la sentencia, aunado a que no existe algún precepto en la Ley de Amparo que establezca esa obligación, por lo que queda al prudente arbitrio de la persona juzgadora el realizarlo, atendiendo a las particularidades de cada asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Ahora bien, para un mejor entendimiento de este asunto, en primer lugar se realizará una síntesis de los conceptos de violación expuestos en el escrito de demanda; luego, se procederá al estudio y análisis respectivo. Síntesis del concepto de violación. 1) Sostiene el quejoso que la responsable no contó con pruebas suficientes que acrediten la conducta referida ni realiza el estudio lógico-jurídico de la conducto. Además, se duele que la autoridad responsable no fue clara en establecer la conducta efectuada y no encuadra la misma con los artículos citados. Bajo esa tesitura, refiere que tampoco realizó el análisis debido de la gravedad de la conducta atribuida. 2) Reclama el quejoso que se debió analizar la prescripción del inicio del procedimiento administrativo, en términos del artículo 159 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Estudio de los conceptos de violación. Son parcialmente fundados los conceptos de violación esgrimidos, pero suficientes para otorgar la protección constitucional solicitada. Como lo sostiene el quejoso, este Juzgado de Distrito, atendiendo a la causa de pedir, advierte que la autoridad responsable Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, en el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo que emitió el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, omitió estudiar la gravedad de la infracción que se atribuyó al quejoso ********************, a fin de otorgar seguridad y certeza jurídica respecto de ese procedimiento, conforme a lo ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En efecto, de la lectura realizada al acto reclamado, no se advierte que la autoridad responsable hubiere analizado tal circunstancia. Tal omisión trasciende al sentido del acto reclamado, dado que el estudio del elemento antes precisado, complementa la protección a los principios de seguridad y certeza jurídica, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos. Con el estudio de la gravedad de la infracción, se garantiza el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente. Lo anterior es acorde a la jurisprudencia número 2ª/J. 3/2018, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE REMOCIÓN DE AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. EL ESTUDIO DE LA GRAVEDAD DE LA INFRACCIÓN, ASÍ COMO EL RELATIVO A LA PRESCRIPCIÓN DE LAS FACULTADES SANCIONADORAS DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE SUSTANCIAR DICHO PROCEDIMIENTO, SON OBLIGATORIOS DESDE EL ACUERDO DE INICIO. Conforme al artículo 34 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (abrogada), las facultades punitivas de la autoridad administrativa tienen un plazo de prescripción genérico de 3 años y otro de 5 años para el caso de que la infracción se considere grave. En ese sentido, en atención al artículo 70 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, los agentes del Ministerio Público Federal pueden ser removidos de su cargo en caso de que la Visitaduría General considere que se actualiza alguna de las conductas consideradas como graves, por lo que es obligatorio que desde el acuerdo de inicio del procedimiento, se analice lo atinente a la gravedad de la conducta o infracción atribuida al servidor público, así como la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad encargada de sustanciarlo, toda vez que la gravedad de la infracción complementa la protección a los principios de seguridad y certeza jurídicas, en la medida en que el servidor público sujeto a investigación tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos, aspectos que impactan en la figura de la prescripción, la cual también es de estudio preferente y obligatorio, ya que ningún fin práctico tendría sustanciar el procedimiento administrativo en todas sus etapas, si en realidad las facultades para imponer las sanciones correspondientes ya prescribieron, con lo cual también se garantiza el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita del servidor público sujeto a un procedimiento de esta índole, evitando con ello que la autoridad pueda actuar arbitrariamente". Con base en la jurisprudencia anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación obliga a las autoridades que conozcan de los procedimientos administrativos de remoción que den a conocer a las personas sujetas a tales procedimientos, desde el acuerdo de inicio, la gravedad de la infracción y el análisis de la prescripción. Sin que se pierda de vista que esa jurisprudencia versaba respecto de la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, en relación con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. No obstante ello, los derechos que se pretenden tutelar, tanto en la jurisprudencia antes citada, como en el presente asunto, son los derechos de seguridad y certeza jurídica de las personas sometidas a procedimientos de remoción, cese o equivalentes. Ahora bien, es cierto que la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, no prevé de manera expresa o literal, un catálogo o clasificación de conductas graves o no graves; sin embargo, ello no impide que la autoridad responsable pueda clasificar esa gravedad al momento de dictar el acuerdo de inicio de procedimiento. A fin de corroborar tal afirmación, es menester traer a contexto el marco normativo del procedimiento de responsabilidad administrativa instaurado contra los elementos de las instituciones de seguridad pública, regulado por la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. En primer lugar el artículo 100 de la referida normatividad contempla las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública. "Artículo 100.- Con el objeto de garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos, los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública se sujetarán a las siguientes obligaciones: I. Conducirse siempre con dedicación y disciplina, así como con apego al orden jurídico y respeto a las garantías individuales y derechos humanos reconocidos en la Constitución; II. Preservar la secrecía de los asuntos que por razón del desempeño de su función conozcan, en términos de las disposiciones aplicables; III. Prestar auxilio a las personas amenazadas por algún peligro o que hayan sido víctimas u ofendidos de algún delito, así como brindar protección a sus bienes y derechos. Su actuación será congruente, oportuna y proporcional al hecho; IV. Cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad y sin discriminación alguna; V. Abstenerse en todo momento de infligir o tolerar actos de tortura, aún cuando se trate de una orden superior o se argumenten circunstancias especiales, tales como amenaza a la Seguridad Pública, urgencia de las investigaciones o cualquier otra; al conocimiento de ello, lo denunciará inmediatamente ante la autoridad competente; VI. Observar un trato respetuoso con todas las personas, debiendo abstenerse de todo acto arbitrario y de limitar indebidamente las acciones o manifestaciones que en ejercicio de sus derechos constitucionales y con carácter pacífico realice la población; VII. Desempeñar su misión sin solicitar ni aceptar compensaciones, pagos o gratificaciones distintas a las previstas legalmente. En particular se opondrán a cualquier acto de corrupción y, en caso de tener conocimiento de alguno, deberán denunciarlo; VIII. Abstenerse de ordenar o realizar la detención de persona alguna sin cumplir con los requisitos previstos en los ordenamientos constitucionales y legales aplicables; IX. Velar por la vida e integridad física de las personas detenidas; X. Actualizarse en el empleo de métodos de investigación que garanticen la recopilación técnica y científica de evidencias; (REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) XI. Utilizar los protocolos de investigación y de cadena de custodia adoptados por las Instituciones de Seguridad Pública, así como los lineamientos o protocolos de actuación que para el uso de la fuerza pública se emitan en base a las prevenciones generales a que refiere esta Ley; XII. Participar en operativos y mecanismos de coordinación con otras Instituciones de Seguridad Pública, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; XIII. Preservar, conforme a las disposiciones aplicables, las pruebas e indicios de probables conductas antisociales, hechos delictivos, o de faltas administrativas de forma que no pierdan su calidad probatoria y se facilite la correcta tramitación del procedimiento correspondiente; XIV. Abstenerse de disponer de los bienes asegurados para beneficio propio o de terceros; XV. Someterse a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de sus requisitos de permanencia, así como obtener y mantener vigente la certificación respectiva; XVI. Informar al superior jerárquico, de manera inmediata, las omisiones, actos indebidos o constitutivos de delito, de sus subordinados o iguales en categoría jerárquica; XVII. Cumplir y hacer cumplir con diligencia las órdenes que reciba con motivo del desempeño de sus funciones, evitando todo acto u omisión que produzca deficiencia en su cumplimiento; XVIII. Fomentar la disciplina, responsabilidad, decisión, integridad, espíritu de cuerpo y profesionalismo, en sí mismo y en el personal bajo su mando; XIX. Inscribir las detenciones en el Registro Administrativo de Detenciones conforme a las disposiciones aplicables; XX. Abstenerse de sustraer, ocultar, alterar o dañar información o bienes en perjuicio de las Instituciones; XXI. Abstenerse, conforme a las disposiciones aplicables, de dar a conocer por cualquier medio a quien no tenga derecho, documentos, registros, imágenes, constancias, estadísticas, reportes o cualquier otra información reservada o confidencial de la que tenga conocimiento en ejercicio y con motivo de su empleo, cargo o comisión; XXII. Atender con diligencia la solicitud de informe, queja o auxilio de la ciudadanía, o de sus propios subordinados, excepto cuando la petición rebase su competencia, en cuyo caso deberá turnarlo al área que corresponda; XXIII. Abstenerse de introducir a las instalaciones de sus instituciones bebidas embriagantes, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo cuando sean producto de detenciones, cateos, aseguramientos u otros similares, y que previamente exista la autorización correspondiente; XXIV. Abstenerse de consumir, dentro o fuera del servicio, sustancias psicotrópicas, estupefacientes u otras sustancias adictivas de carácter ilegal, prohibido o controlado, salvo los casos en que el consumo de los medicamentos controlados sea autorizado mediante prescripción médica, avalada por los servicios médicos de las Instituciones; XXV. Abstenerse de consumir en las instalaciones de sus instituciones o en actos del servicio, bebidas embriagantes; XXVI. Abstenerse de realizar conductas que desacrediten su persona o la imagen de las Instituciones, dentro o fuera del servicio; XXVII. No permitir que personas ajenas a sus instituciones realicen actos inherentes a las atribuciones que tenga encomendadas. Asimismo, no podrá hacerse acompañar de dichas personas al realizar actos del servicio, y (REFORMADA, P.O. 10 DE ENERO DE 2018) XXVIII. Las señaladas en el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás normativa aplicable." Por otra parte, el artículo 101 de la referida norma, especifica otras obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública: "Artículo 101.- Además de lo señalado en el artículo anterior, los integrantes de las instituciones policiales, tendrán específicamente las obligaciones siguientes: (REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) I. Registrar en el informe Policial Homologado los datos de las actividades e investigaciones que realice, debiendo en el caso del empleo de la fuerza pública detallar de manera pormenorizada las condiciones o circunstancias que motivaron el uso de la misma; II. Remitir a la instancia que corresponda la información recopilada, en el cumplimiento de sus misiones o en el desempeño de sus actividades, para su análisis y registro. Asimismo, entregar la información que le sea solicitada por otras instituciones de seguridad pública, en los términos de las leyes correspondientes; III. Apoyar a las autoridades que así se lo soliciten en la investigación y persecución de conductas antisociales o delitos, así como en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres; IV. Ejecutar los mandamientos judiciales y ministeriales; V. Obtener y mantener actualizado su Certificado Único Policial; VI. Obedecer las órdenes de los superiores jerárquicos o de quienes ejerzan sobre él funciones de mando y cumplir con todas sus obligaciones, realizándolas conforme a derecho; VII. Responder, sobre la ejecución de las órdenes directas que reciba, a un solo superior jerárquico, por regla general, respetando preponderantemente la línea de mando; VIII. Participar en operativos de coordinación con otras corporaciones policiales, así como brindarles, en su caso, el apoyo que conforme a derecho proceda; (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) IX. Preservar el lugar de los hechos o del hallazgo, cuando sean la primera autoridad policial en conocer del hecho probable delictivo, conforme a los lineamientos, protocolos, manuales y cualquier otro dispositivo legal previstos en las leyes penales; (ADICIONADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) X. Recabar los datos e información mediante entrevistas a los testigos, debiendo dar aviso a la Policía Especializada en Procesamiento de la Escena del Hecho Delictivo y al Ministerio Público correspondiente; (ADICIONADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) XI. Mantener en buen estado el armamento, material, municiones y equipo que se le asigne con motivo de sus funciones, haciendo uso racional de ellos sólo en el desempeño del servicio; (ADICIONADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) XII. Abstenerse de asistir uniformado a bares, cantinas, centros de apuestas o juegos, u otros centros de este tipo, si no media orden expresa para el desempeño de funciones o en casos de flagrancia, y (REFORMADA, P.O. 10 DE ENERO DE 2018) XIII. Las señaladas en el artículo 74 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes y demás normativa aplicable. (REFORMADO, P.O. 26 DE JUNIO DE 2013) Siempre que se use la fuerza pública, se hará de manera racional, congruente, oportuna, cuando sea estrictamente necesario y con respeto a los derechos humanos. Para tal efecto, deberá apegarse a las disposiciones normativas y administrativas aplicables, realizándolas conforme a derecho." En esa vertiente, el precepto 104 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, enlista las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, ante el incumplimiento de sus obligaciones. "Artículo 104.- Las instituciones de seguridad pública impondrán las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables al incumplimiento de los deberes previstos en esta ley y en el reglamento de la materia. Los órganos competentes que conocerán de éstos serán los previstos en su propia legislación y reglamentos. Las sanciones y procedimientos de aplicación se especificarán en el reglamento de la presente ley y serán, al menos, las siguientes: (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) I. Correctivos Disciplinarios: a. Amonestación, y b. Arresto el cual no excederá de 36 horas, y (REFORMADA, P.O. 10 DE DICIEMBRE DE 2014) II. Sanciones: a. Cambio de Adscripción; b. Suspensión temporal de funciones, y c. Destitución o remoción." En el artículo 159 de la ley citada se prevé las causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por ende sin indemnización, en específico, en su primera fracción, prevé la comisión de una falta grave, como se advierte a continuación: "Artículo 159.- Serán causas justificadas de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y por consiguiente sin indemnización, previo desahogo del procedimiento establecido en esta Ley, para los elementos de las instituciones de seguridad pública y sus auxiliares: I. Cometer falta grave a los principios de actuación, deberes y obligaciones previstos en la presente Ley y demás normatividad aplicable, para las instituciones de seguridad pública;." Por otra parte, cabe destacar que el artículo 160, refiere a la gravedad de las sanciones y los parámetros para calificarlas y las autoridades competentes para hacerlo. "Artículo 160.- La gravedad de las sanciones será determinada por los Consejos de Honor y Justicia o la instancia correspondiente, de conformidad con el Reglamento de la presente ley, cuyos integrantes, deberán tomar en cuenta: I. La supresión de conductas que afecten a la ciudadanía o lesionen la imagen de la corporación e institución de Seguridad Pública; II. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial; III. Los antecedentes, el nivel jerárquico y las condiciones del sujeto a procedimiento; IV. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución; V. La antigüedad en el servicio policial; y VI. La reincidencia en que haya incurrido el sujeto a procedimiento, la cual haya sido concluida con una sanción." En cuanto al procedimiento de responsabilidad administrativa, el artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, prevé el trámite para su substanciación. "Artículo 171.- En los asuntos que conozcan las Unidades de Asuntos Internos, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular bajo el siguiente procedimiento: I. Al momento de tener conocimiento de la queja o denuncia, contará con quince días hábiles para integrar la investigación correspondiente, allegándose de la información que sea necesaria, así como de las pruebas ofrecidas por el quejoso; y, en caso de contar con pruebas suficientes, determinará el inicio del procedimiento administrativo, cuando la conducta atribuida encuadre o se encuentre prevista en el artículo 159; II. Concluido el término previsto en la fracción que antecede, se citará al elemento policial sujeto a procedimiento, para hacerle saber la naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se le imputan, entregándole copias certificadas del expediente formado para tal efecto, dejando constancia de ello; III. Notificada que sea el elemento, se le concederán diez días hábiles para que formule la contestación y ofrezca las pruebas que a su derecho convengan; concluido el término se procederá a abrir un período para el desahogo de las pruebas, por el término de cinco días hábiles. Dentro de dicho término, las partes deberán ofrecer las pruebas que a su derecho correspondan, relacionándolas con los hechos controvertidos; IV. Transcurrido el término probatorio, dentro de los tres días siguientes se dictará auto para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos, debiendo contener lugar, día y hora para el desahogo de las mismas, con el apercibimiento de ambas partes, que en caso de no comparecer sin causa justificada, se llevará a cabo la audiencia, teniéndose por precluido cualquier derecho que pudiera ejercitar en la misma. El plazo para el desahogo de esta audiencia no deberá exceder de quince días hábiles; V. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se desahogarán las pruebas ofrecidas y las partes deberán formular los alegatos que a su derecho convengan de manera verbal o por escrito; VI. Se elaborará la propuesta de sanción que se pondrá a consideración del Consejo de Honor y Justicia dentro de los cinco días hábiles siguientes al cierre de la instrucción, a efecto de que éste emita la resolución respectiva, que no deberá exceder del término de los diez días hábiles siguientes; y VII. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prevé este ordenamiento, se estará a lo dispuesto supletoriamente por la Ley de Justicia Administrativa en el Estado." Como se observa, los numerales transcritos establecen las obligaciones de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, así como las sanciones o correctivos disciplinarios aplicables por incumplimiento de esos deberes y las conductas que son causa de remoción, sin responsabilidad para las instituciones de seguridad pública y, por consiguiente, sin indemnización. Asimismo, disponen que la gravedad de las sanciones será determinada por los Consejos de Honor y Justicia o la instancia correspondiente para calificar esa gravedad, para lo que debe tomarse en cuenta: La supresión de conductas que afecten a la ciudadanía o lesionen la imagen de la corporación e institución de Seguridad Pública. Las circunstancias socioeconómicas del elemento policial. Los antecedentes, el nivel jerárquico y las condiciones del sujeto a procedimiento. Las condiciones exteriores y los medios de ejecución. La antigüedad en el servicio policial. La reincidencia. También, regulan el procedimiento por medio del cual se sancionan a los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, por incumplir con sus deberes y obligaciones, el cual es sustanciado por la Unidad de Asuntos Internos, la que elaborará la propuesta de sanción y la pondrá a disposición del Consejo de Honor y Justicia, para que esta emita la resolución respectiva, la que puede ser en el sentido de confirmar, modificar o negar la propuesta de sanción, respecto de los siguiente: Destitución o remoción de la relación administrativa. Suspensión temporal de funciones. Cambio de adscripción; y, Los recursos de queja y rectificación. En ese contexto, se estima que aun cuando la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, no contempla expresamente clasificación o catálogo de las conductas graves o no graves, lo cierto es que en sus numerales 100, 101 y 159 establece las obligaciones y deberes de los integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública, así como las conductas que dan lugar a su remoción de manera justificada, entre otras sanciones; aunado a que, el precepto 160 prevé la atribución legal de los "Consejos de Honor y Justicia o de la instancia correspondiente" para calificar la gravedad de esas infracciones o conductas, de acuerdo a los parámetros que la misma ley prevé. Sobre esa base, atendiendo a que, el Director de Asuntos Internos, es el competente para conocer las quejas o denuncias contra los elementos de las instituciones de seguridad pública, integrar la investigación y emitir el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, en términos de lo previsto en la fracción I del artículo 171 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos; se considera que, también es quien debe establecer de manera clara y precisa cuáles son las conductas descritas en la ley, que se adecuan al comportamiento del quejoso sujeto al procedimiento, y al respecto, debe examinar si las conductas por las que se iniciará dicho procedimiento, son graves o no graves, clasificación que debe realizar atendiendo a los parámetros que dispone el numeral 160 de dicho ordenamiento legal. Sin que sea suficiente el argumento vertido en el acuerdo de inicio reclamado, pues únicamente se limita a establecer que ".la conducta desplegada violenta gravemente el principio de legalidad e incurre en indisciplina, dando con esto la actualización de las causas de remoción sin responsabilidad para la Secretaría de Seguridad Pública.". Ello en razón de que, la autoridad recurrente cuenta con atribuciones legales para analizar las conductas atribuidas a dichos elementos de seguridad pública, derivadas del artículo 160 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos, al ser la instancia correspondiente que resuelve sobre el inicio del procedimiento de responsabilidad. De ahí que, no sólo al emitir la resolución con la que concluye el procedimiento administrativo es posible analizar la gravedad de la conducta atribuida al miembro de la institución de seguridad pública, sino que también puede realizarse por la Unidad de Asuntos Internos, al emitir el acuerdo de inicio del procedimiento, con el objeto de cumplir con los principios de seguridad y certeza jurídica, en la medida de que tiene conocimiento pleno de los hechos u omisiones que se le imputan, con la finalidad de que pueda trazar la estrategia jurídica necesaria para desvirtuarlos. Además, también debe considerarse la trascendencia que implica la instauración de un procedimiento administrativo de responsabilidad en contra de un miembro de las instituciones policiales, ya que de conformidad con el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cualquiera que sea el sentido de una resolución, en ningún caso procede su reincorporación al servicio. Se invoca por los motivos que la sustentan, la jurisprudencia PC.I.A. J/25 A (11a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro digital 2025768, que establece: "PRESCRIPCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. DESDE EL ACUERDO DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO, LA AUTORIDAD PUEDE CLASIFICAR COMO GRAVE LA CONDUCTA REPROCHADA AL SERVIDOR PÚBLICO, A PESAR DE QUE ÉSTA NO HAYA SIDO DEFINIDA EXPRESAMENTE COMO TAL POR EL LEGISLADOR EN UNA NORMA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron de forma discrepante respecto a si para efectos de la prescripción de la responsabilidad administrativa, prevista en la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, desde el acuerdo de inicio del procedimiento, la autoridad puede clasificar como grave la conducta reprochada al servidor público, si ésta no ha sido expresamente definida como tal por el legislador en una norma. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito determina que para efectos de la prescripción de la responsabilidad administrativa prevista en la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, desde el acuerdo de inicio del procedimiento, la autoridad puede clasificar como grave la conducta reprochada al servidor público, a pesar de que ésta no haya sido expresamente definida como tal por el legislador en una norma. Justificación: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 179/2016, que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 3/2018 (10a.), resolvió que el estudio de la gravedad de la infracción, así como el relativo a la prescripción de las facultades sancionadoras de la autoridad, deben realizarse desde el acuerdo de inicio del procedimiento. En ese sentido, sí es posible que la autoridad en el acuerdo de inicio del procedimiento, previa justificación debidamente fundada y motivada, califique como grave la conducta infractora que se atribuye al servidor público, sin importar que ésta no haya sido clasificada como tal por el legislador en una norma, a efecto de computar el plazo de la prescripción prevista en la abrogada Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos." En atención a lo anterior, este Juzgado de Distrito se abstiene de analizar las restantes argumentaciones de la quejosa, esto en virtud de que los efectos del presente fallo tienen como finalidad la emisión de un nuevo acto que podrá modificar las condiciones en las que se emita la nueva resolución. SEXTO. Efectos de la concesión. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, resulta procedente conceder el amparo y protección de la justicia federal, para que en el plazo de tres días hábiles contados a partir del momento en que sea legalmente notificada del acuerdo por el que la presente determinación cause ejecutoria, la autoridad responsable realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acuerdo de inicio de procedimiento administrativo, dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente ********************. 2. Emita un nuevo acuerdo en el cual, con plenitud de jurisdicción, determine la gravedad de la imputación atribuida al quejoso ********************, y hecho lo anterior, dicte el acuerdo que legalmente corresponda en relación con la conducta atribuida a la solicitante del amparo. 3. Notifique personalmente al quejoso la determinación que emita en cumplimiento a este fallo. Finalmente, debe precisarse que la presente determinación no obliga a la autoridad responsable a que emita su acto en un determinado sentido, por lo que tiene libertad de jurisdicción para emitir el acuerdo de inicio de procedimiento, en términos de las leyes aplicables. Por lo expuesto y fundado se resuelve, con fundamento en los artículos 1° y 77, fracción I, y demás relativos de la Ley de Amparo se: R E S U E L V E : ÚNICO. La justicia de la unión ampara y protege a ********************, por el acto reclamado al Director de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública, Tránsito y Vialidad de Jiutepec, Morelos, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con la asistencia de Manuel Alejandro Peñafiel Salazar, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy tres de octubre de dos mil veintitrés, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Claudia Mazari Torres, Presidenta Municipal, Horacio Jiménez Melgar, Síndico Municipal y Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual en cumplimiento al auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, informan las gestiones que realizan ante el Comité de Evaluación del Fondo de Aportaciones Estatales Concursables para el Pago del Laudos y Sentencias Ejecutoriadas dictadas en contra de los Municipio de la Entidad, asimismo, solicitaron una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal dos mil veintitrés ante el Pleno del Congreso del Estado de Morelos, con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones de pago que corresponden al presente juicio de amparo. Al respecto, se tienen por hechas sus manifestaciones para los efectos legales a que haya lugar y con relación a su contenido, dígase que por auto de treinta de mayo de la presente anualidad, se le requirió el debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que deberá de estar a lo ordenado en el citado proveído. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por José Luis Galindo Cortez, Secretario de Desarrollo Sustentable del Poder Ejecutivo Estatal, mediante el cual remite un diverso oficio emitido por el Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, con el que refiere que ya se llevó a cabo el emplazamiento de Control Ecológico Corpus Christy, Sociedad Anónima de Capital Variable. Sin embargo, contrario a sus manifestaciones, no se le solicitó a dicha autoridad que informara si ya se llevó a cabo el emplazamiento de la moral quejosa, sino para que remitiera el acuerdo donde se ordenó llevar a cabo el emplazamiento de Control Ecológico Corpus Christy, Sociedad Anónima de Capital Variable, ya que lo remite es un oficio emitido por el citado Procurador, sin adjuntar el acuerdo solicitado por auto de diez de mayo del año en curso, el cual se hace necesario para que este juzgado se pronuncie sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, y para evitar dilaciones procesales, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a Carlos Saldívar Salazar, Procurador de Protección al Ambiente del Estado de Morelos, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, dé cumplimiento a lo siguiente: Remita copia certificada del acuerdo (y no así del oficio), donde se advierta la orden de emplazamiento a Control Ecológico Corpus Christy, Sociedad Anónima de Capital Variable, de acuerdo a lo informado en su oficio con terminación 173/2022 de siete de julio de dos mil veintidós. Para su mayor conocimiento se remite copia del oficio y anexo de cuenta para que provea lo conducente. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jacobo Jaimes Brito, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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